Un debate incompleto y desordenado     
 
 ABC.    02/12/1982.  Página: 14. Páginas: 1. Párrafos: 6. 

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OPINIÓN

JUEVES 2-12-62

Un debate Incompleto y desordenado

Hubo tres errores formales en el decisivo debate parlamentario para la investidura de don Felipe

González. Errores formales, pero graves en tanto que vician el desarrollo de esta decisiva ocasión

parlamentaria. En primer término hay que detectar la anomalía de un candidato obligado a exponer, según

la Constitución, su programa de Gobierno frente a la realidad de un programa que no se ofreció a la

Cámara en la sesión de anteayer, sino que fue explicado ayer, en el curso del debate y solo parcialmente.

Resulta, por ello, segundo error, que los portavoces de los distintos partidos se han visto obligados a un

juicio de intenciones sobre el futuro presidente del Gobierno hecho sobre su programa electoral y no

sobre el discurso de investidura: así, no se ha discutido el programa, todavía incógnito del señor

González, sino una declaración genérica del socialismo español de 1982. Hay que señalar, por último —

tercer error— la impropiedad de un reglamento que concede la palabra a los portavoces de minorías

exiguas para dársela, en un final de sesión maratoniana, a la única oposición consistente que el vencedor

tiene en la Cámara.

Estos vicios de origen han privado al Congreso y a la opinión publica del cumplimiento suficiente de un

mandato constitucional: si el programa de gobierno se hubiera conocido en la sesión de anteayer, hubiera

existido la posibilidad de clarificar las grandes líneas de la política nacional de los próximos años. Hay

que temer, por el contrarío, que los españoles amanezcan hoy con la misma incertidumbre que esperaban

despejar con los debates de la investidura. Por eso este primer paso del Partido socialista y constituye un

pobre servicio al sistema democrático. El mal funcionamiento de la técnica parlamentaria descubre

defectos fácilmente corregibles: sobre ellos conviene llamar la atención de quienes tienen facultades para

modificar el Reglamento de la Cámara y de quien puede aplicarlo mejor.

¿Cómo negar al debate, a pesar de esas graves imperfecciones, un grado de utilidad? Es preciso reconocer

que la tediosa, farragosa y difusa sesión parlamentaria cambió de signo con las intervenciones del jefe de

la oposición, señor Fraga, y del líder de la Minoría Catalana, señor Roca. Porque ha sido al final del

debate —en la franca y democrática confrontación entre don Felipe González y don Manuel Fraga, y en la

previa discusión económica con don Miguel Roca— cuando han surgido tos grandes temas que van a

determinar el decurso de estos años: situación de España en el mundo, lucha contra la crisis económica,

defensa de la democracia y garantías sobre la información. No se trata de que estos capítulos transformen

directamente la vida de los españoles: las prioridades educativas y culturales tienen, por ejemplo, un

calado muy superior en la vida colectiva. Pero sí es cierto que de esos cuatro capítulos va a depender la

viabilidad del sistema que haga posible una verdadera política nacional.

El partido vencedor en las elecciones ha dedicado una atención mínima a la política exterior y se ha

limitado, en una evolución cada, vez más ambigua de su posición sobre la OTAN, a

prometer un referéndum sin fecha y a congelar el efectivo ingreso de España en la organización, militar

de la Alianza. La ignorancia dramática que se mantiene, y quizá se fomenta, en torno a datos

fundamentales de la interdependencia y a los condicionamientos externos de los que depende nuestra vida

diaria como nación, han impedido a los españoles, a lo largo de la campaña electoral y también durante el

debate da ayer, tener una idea clara referente a las decisiones que se toman sobre España fuera de sus

fronteras: desde las que afectan a una deuda de 29.000 millones de dólares, -hasta los puntos más críticos

de nuestra defensa, pasando por el empleo, los precios, el comercio exterior y la competitividad. De ahí la

utilidad del enfrentamiento producido entre él señor Fraga y el nuevo presidente del Gobierno sobre la

posición atlantista de los socialismos europeos y sobre el giro determinante que acaba de producirse en la

URSS. La vaguedad, la oscuridad y las contradicciones en que se ha movido, el PSOE en el frente de la

política exterior van a constituir, junto a los retos económicos, las claves de la etapa que ahora comienza.

En este sentido es alarmante pensar, por ejemplo, cómo toda la defensa aérea española puede quedar en

inmediata situación de ceguera si nuestra ruptura con la Alianza nos privara de los sistemas de detección

que operan sobre cielo europeo. Se trata, insistimos, de un mero ejemplo. Si la vida parlamentaria es útil,

lo es también por su capacidad para poner luz en los asuntos peor conocidos del interés nacional.

En el capítulo de la economía, el debate, dentro de las respuestas en réplica a los turnos —intuitivas e

instintivamente críticas— de la oposición, no aportó la luz esperada y necesaria. Las intervenciones de

don Felipe González, que en su discurso rozaron lo tautológico, vinieron a componer para la óptica liberal

de la economía algo así como el entero glosario de la cuadratura del círculo. Es decir, con las propuestas

consecutivas de un aumento del ahorro y de incremento de la presión impositiva a través de la culmina-

ción de la reforma fiscal, tanto por la vía de una presión mayor acentuando la progresividad, o por medio

de una nueva normativa para las sucesiones y las donaciones..., se mantuvo un objetivo y se sostuvo su

contrario.

Se advirtieron, pues, contradicciones graves para la política económica en la peculiar y sincopada fórmula

de exponer el programa del nuevo Gobierno. De nada sirve incrementar la inversión incentivándola

fiscalmente si, fiscalmente también, se bloquea con la progresividad impositiva la acumulación del ahorro

que se necesita para ello. La inversión que resulta posible desde tal planteamiento es bastante más la

inversión pública que la inversión privada. Y quede aparte la consideración de que con formulaciones de

tal porte dentro de la actual crisis de la economía española, el incremento de la presión fiscal no se

traducirá en un crecimiento paralelo de las recaudaciones, sino en una segura caída de las mismas por el

empobrecimiento económico derivado de la progresiva presión de la fiscalidad.

Las contradicciones fueron al cabo salvadas desde la coherencia específica de la lógica socialista, que si

nada tiene que ver con la lógica liberal, tampoco se compadece excesivamente, como la experiencia

francesa ha demostrado, con la lógica inamovible de la realidad económica.

El tercer gran tema de los surgidos en el debate de ayer fue suscitado primero por el señor Roca y luego

por el señor Fraga: una mayoría absoluta no genera un poder absoluto, del mismo modo que la razón

jurídica no depende de la razón política. Es un problema central, que hubiera servido de eje a un gran

debate. También en este punto volvió a oírse la repetida garantía del secretario general del PSOE, en tanto

que el partido vencedor se ratifica como «partido de las libertades». Por eso quizá, también, hubo una

precisión necesaria de don Manuel Fraga a la razón de ser de la alternancia en el poder. El sistema

democrático se funda en la posibilidad de sustituir al Gobierno, pero esa posibilidad depende de la

pervivencia efectiva de las libertades reales. Una democracia formal, sin libertad real de información, de

opinión, de iniciativa económica y de pluralidad cultural, llevará indefectiblemente a la perpetuación de

los vencedores en el poder.

Mención aparte merece la hecha por el candidato a la presidencia del Consejo, en el humorado y

distendido tono de sus intervenciones de ayer, sobre la ejemplaridad con que en los Estados Unidos se

persiguen y castigan ciertos delitos fiscales cometidos en la evasión de impuestos. La cita hubiera sido

enteramente oportuna de haberse completado con las justas referencias al rigor con que son aplicados y

controlados los recursos públicos en la democracia americana. Los problemas en que se debate en estos

momentos la Hacienda municipal madrileña, al que dedicamos comentario aparte, justifica nuestra

apreciación. La insuficiencia de las seguridades aportadas por don Felipe González para lo que concierne

a la libertad de expresión, se hace más visible en el tema de la libertad industrial de información.

Preocupa, en efecto, que el derecho de la sociedad española a disponer de canales privados de televisión,

formalmente sancionado por el Tribunal Constitucional, no haya sido asumido como corresponde en los

propósitos legislativos del nuevo Gobierno socialista contra lo dicho por el nuevo titular de la Presidencia

del Consejo de Ministros, la sentencia del alto Tribunal es entera y rigurosamente vinculante para el poder

ejecutivo.

Y cuando frente a la meridiana claridad del mandato judicial el Gobierno del señor González define sus

propósitos en la forma que lo ha hecho, se abre de inmediato un período de grave inquietud para la

libertad informativa en España. Retraer un derecho de la sociedad al albur de las discrecionalidades

administrativas es algo que ni casa ni se aviene con el Estado de Derecho. Veladuras e indeterminaciones

de este porte como respuesta alternativa a facultades sociales consolidadas por el Derecho, no enriquecen

las bases y los soportes para esa solidaridad nacional demandada por don Felipe González.

Estas son las primeras consideraciones de una nueva etapa política que habrá de merecer nuestro atento

seguimiento editorial.

 

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