Autor: Sotelo, Ignacio. 
   Balance de la reforma     
 
 Diario 16.    09/11/1978.  Página: 2. Páginas: 1. Párrafos: 9. 

Balance de la reforma

Cuando el 6 de diciembre la Constitución quede aprobada en referéndum, se habrá cerrado una etapa

importante de la historia contemporánea de España. Lo que ha ocurrido.—y, sobre todo, lo que no ha

ocurrido— en los tres últimos años, es decir, el modo singular como hemos arribado a un régimen

democrático de factura occidental, enmarca ya el acontecer posible dé las próximas décadas.

Intentar un balance, tomando buena cuenta de lo conseguido, pero también de lo definitivamente perdido

—la historia es también una serie de ocasiones perdidas— tiene en este momento dos objetivos políticos

claros. Primero, frente al repicar de campanas de la España oficial, conviene insistir en el capítulo

olvidado de los costos de la reforma. Segundo, únicamente a partir de un análisis crítico de la experiencia

vivida, cabe definir nuevas nietas para el futuro.

Ruptura o reforma

Punto de partida para una consideración global del proceso de cambio político sigue siendo la ya vieja

polémica en torno al dilema ruptura p reforma. Estos dos conceptos resultan claves como eje de referencia

de las aspiraciones y de la estrategia de la "oposición democrática" y del Gobierno. El concepto de

reforma es el pivote fundamental sobre el que gira toda la concepción política del primer Gobierno

Suárez. El de ruptura, el que da coherencia a la estrategia de la oposición democrática. Los fines de estas

dos estrategias coinciden formalmente en el establecimiento de una "democracia moderna". Los

contenidos, sin embargo, son fundamentalmente distintos, en cuanto en política el modo de llegar a una

meta, condiciona y define su contenido.

No cabe duda que el concepto de reforma que aporta Suárez lo aproxima al de ruptura que emplea la

oposición, en cuanto implica una misma ruptura de legitimidad con el mismo fin de establecer un régimen

democrático. Pero no por ello desaparecen diferencias .importantes; La reforma suarista supone ruptura

de legitimidad, manteniendo la legalidad vigente. La ruptura democrática, ruptura de legitimidad y de

legalidad, abriendo, por tanto,, un proceso realmente constituyente, que conforme de nueva planta todas

las instituciones que regulan la con vi vencía política.

Ignacio Sotelo (*)

La ley para la Reforma Política con su ruptura de legitimidad, manteniendo y aun reforzando la legalidad

vigente, constituye el instrumento adecuado para, conservando las mismas estructuras de poder y dentro

del mismo´ orden institucional, intentar legitimarlos democráticamente. En la misma ley que se establece

él principio de legitimidad democrática, se ratifica la vigencia del orden constitucional del régimen

franquista —la nueva ley tendrá rango de ley fundamental—, lo que implícitamente comporta el

reconocimiento y ratificación de las anteriores leyes fundamentales en todo lo que no venga derogado por

la presente ley.

La Monarquía, institución clave

Se comprende la reforma, si se pondera en todo su valor la ruptura dé legitimidad que implica, pero

también la continuidad legal, como expresión de las mismas estructuras de poder, que pone de manifiesto.

El gozne institucional que vincula el viejo y el nuevo régimen. El factor que hace posible la pervivencia

de una legalidad sin legitimidad, impidiendo así se abra un proceso realmente constituyente; es la forma

monárquica del Estado, es decir, el Rey como institución, como poder y como persona. Cuando la ley

para la Reforma Política introduce el principio de legitimidad democrático, rompe de hecho con un

sistema político para el que este principio resulta incompatible e inasimilable. Cuando la misma ley, al

elevarse al rango de ley fundamental, ratifica la vigencia de las anteriores leyes fundamentales,´ lo que en

el fondo está ratificando es la forma monárquica del Estado.

Hay que distinguir, por tanto, nítidamente entre el concepto de "proceso constituyente" que maneja la

oposición y el de "reforma constitucional", que introduce la ley para la Reforma. El primero supone una

ruptura, tanto de la legitimidad como de la legalidad franquistas, iniciando un proceso en el que la

soberanía popular remodelaría de nueva planta todas las instituciones del Estado. Un Gobierno

provisional, en él que estuvieran representadas, todas las fuerzas democráticas, convocaría un referéndum

sobre la forma monárquica o republicana del Estado, así como elecciones a una Cámara constituyente,

encargada de confeccionar «na :nueva Constitución. En cambio, la "reforma constitucional", por los

mismos mecanismos que establece, prejuzga los principios básicos del nuevo ordenamiento

constitucional: forma monárquica del Estado, bicameralismo, etc.

Ahora bien, el que no -se haya abierto un proceso "realmente constituyente, ni el que las Cortes elegidas

el 15 de junio fuesen constituyentes no quiere decir que no estuvieran capacitadas, más aún, obligadas por

la fuerza de las cosas a elaborar una Constitución. La ley para la Reforma Política de ningún modo

excluye la posibilidad de que se redactase una nueva Constitución, y en los debates que precedieron a su

aprobación se mencionó más de una vez esta eventualidad, que, desde luego, estaba en el aire. Nada.se

entiende del actual proceso de cambio político si no se tiene claro que el hecho de hacer una Constitución

no erige sin más a unas Cortes en constituyentes ni convierte a la reforma en ruptura.

La reforma, única posibilidad

Una cosa está clara: en 1976-77 eran escasísimas las probabilidades de que se produjera una ruptura como

en 1931. El factor determinante de.la restauración y de la reforma en la segunda mitad de los años setenta

hunde sus raíces en los acontecimientos de los años treinta. El resultado de la guerra civil y los cuarenta

años de dictadura enmarcan el cauce posible de la reforma. La desaparición física del dictador no conlleva

el hundimiento de la clase dominante. La correlación de fuerzas se inclina claramente hacia la derecha. La

ruptura fue por completo inviable. Por lo menos en este punto no cabe la menor duda.

Estamos en camino de, estabilizar un régimen formalmente democrático, obtenido sin traumas excesivos,

pero al precio de haber legitimado el poder político de una derecha que se quedó en el aire a la muerte del

dictador. Cierto que no existía otro camino para un cambio pacífico, pero ^no por ello hay que dejar de

reconocer que el cauce trazado por la ley para la Reforma Política fue especialmente angosto. Las

limitaciones impuestas a la voluntad de los españoles se reflejan claramente en sus resultados. La

Monarquía ha resultado tan indiscutible como ambigua la Constitución. Pero no había otro remedio.

(*´) Universidad libre de Berlín».

 

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