Tribunales. 
 No hubo terrorismo, sino desordenes públicos     
 
 ABC.    27/04/1974.  Página: 49. Páginas: 1. Párrafos: 8. 

A. B. C. SÁBADO 27 DE ABRIL DE 1974. EDICIÓN DE LA MAÑANA. PAG. 49.

NO HUBO TERRORISMO, SINO DESORDENES PÚBLICOS

Madrid. (De nuestra Redacción.) Pese a su extensión, transcribimos los fundamentos legales de la

sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que distingue entre terrorismo y desórdenes públicos,

no sólo en el plano jurídico doctrinal, sino en relación con un. hecho concreto acaecido en un centro

universitario de Madrid. Es especialmente interesante el considerando de la sentencia, por abordar un

fenómeno tan extendido en el mundo como la subversión, y que, pese a su gravedad intrínseca, tiene

grandes matices que no puede pasar por alto el Derecho, cuyo imperio, y no el de la represión in-

discriminada y ciega, no puede inquietar a nadie, porque es la única tutela que aceptan las sociedades

fuertes. La otra, la represión sin justicia en cabeza ajena, es el sostén de las enfermas. El hecho, por lo

demás, no queda impune, y la discrepancia entre los dos Tribunales deja, en este caso como en todos a

salvo e incólume el prestigio de todos. No es otro el significado de los recursos que la ley establece.

En la mañana del día 14 de abril de 1972, y precedido de un abundante lanzamiento de impresos suscritos

por agrupaciones extremistas, efectuado los días anteriores, fueron colocadas en la entrada de la Facultad

de Ciencias Económicas, de Somosaguas de Madrid, una bandera roja, amarilla y morada y otra roja con

la hoz y el martillo superpuestos. Un piquete de la Policía Armada y varios agentes del Cuerpo General de

Policía, que acudieron a retirarlas, fueron recibidos por un numeroso grupo de estudiantes que los

apedrearon e insultaron, logrando los agentes que se retiraran los alborotadores, unos hacia el interior y

otros por el «campus», continuando éstos el lanzamiento de proyectiles. Fueron detenidos los procesados

Francisco Martínez Iglesias, Ignacio Somme Pérez-Galdós y Manuel Egea Gallego, estudiantes. Con todo

ello se originó un profundo desorden en dicho establecimiento docente, del que resultó destrozada una

gran puerta de cristales.

El Tribunal de Orden Público consideró que estos hechos constituían un delito de terrorismo y condenó a

los tres procesados, como autores del mismo, a sendas penas de seis meses y un día de prisión menor.

Los defensores de los así condenados recurrieron ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo,

combatiendo la calificación Jurídica de los hechos, que consideraban más acertado fuese la de

desórdenes, públicos.

Aceptando esta tesis, la Sala del Alto Tribunal ha dictado sentencia, anulando la del T. O. P. y en la que

establece la siguiente doctrina:

La extraordinaria proliferación experimentada en estos últimos tiempos, en todo el mundo, por los delitos

llamados de terrorismo, que por medio de actos de extraordinaria violencia o grave intimidación,

secuestros, daños, etc., tratan de infundir el terror en la población para conseguir determinados fines

subversivos, políticos o sociales, han inducido a los Gobiernos a celebrar reuniones a escala internacional

como el Convenio de la Organización de Estados Americanos y el Convenio Internacional de París,

celebrados ambos en el año 1971, y a introducir en sus Códigos una serie de medidas profilácticas y

represivas, que han tenido reflejo en nuestra Patria, a través de la ley de reforma del Código Penal, de 15

de diciembre de 1971, en la que se ha dado nueva redacción a algunos preceptos y creado otros,

construyendo en el nuevo articulo 263 una figura de delito intermedia entre los tipos contenidos en los

artículos 260 y 261 y aquellos otros contemplados en los articulos 246 y siguientes, denominados

desórdenes públicos o delitos contra el orden público, de menor gravedad, que pudiéramos llamar de

terrorismo impropio o pequeño terrorismo, en el que las acciones realizadas son de menor gravedad y

originan menor alarma que las señaladas en los artículos anteriores, pero van más allá que lo que supone

la alteración objetiva del orden publico, en tanto en cuanto que si no necesitan producir terror, sí son

suficientes para perturbar lav paz pública, que constituye el bien jurídico atacado en esta figura, porque si

bien la paz pública es en gran modo expresión y logro del mantenimiento del orden público, todavía

puede ser perturbado éste sin que resulte aféctada aquélla, como sucede precisamente con las algaradas y

manifestaciones estudiantiles celebradas en los centros docentes y «campus» universitarios, que en su

mayor parte y salvo casos de excepcional gravedad no alcanzan a perturbar la tranquilidad espiritual y

política de una gran mayoría de ciudadanos que si no se sienten ajenos, por lo menos son indiferentes a

tales problemas.

Terrorismo impropio que por haber surgido en la zona limítrofe de aquellos delitos que sólo perturban

materialmente el orden público, son a veces confundibles con éstos, sobre todo, en las figuras contenidas

en los artículos 260 y siguientes del mismo Cuerpo legal, de las que en este caso concreto se diferencia no

sólo por la finalidad perseguida en ambas, que es distinta, así como el bien jurídico atacado, pues en el

supuesto que nos ocupa no puede decirse que haya alterado la paz pública del pueblo de Madrid, dado el

sitio donde los hechos tuvieron lugar y la escasa trascendencia de los mismos, sino también diferenciables

por el sujeto activo. Mientras en el delito del articulo 263 tiene que ser un grupo actuante, coordinado y

por tanto previamente organizado o comando, como en. lenguaje contestatario se le denomina, en el delito

de desórdenes públicos está constituido por una masa que sólo asume una mera cohesión temporal y

episódica, a impulsos de una momentánea excitación pasional no persistente y por tanto de menor

peligrosidad en la generalidad de los casos; grupo que en este caso no se da como existente y no aparece

probado que de existir formasen parte del mismo los recurrentes, sino también por no haberse realizado

las acciones y resultados materiales especificados en el mentado precepto, puesto que no se produjeron

lesiones ni coacciones a ninguna persona determinada, ni siquiera ocupación del edificio ni desperfectos

en el mismo, ya que no consta que los causados en la puerta de entrada de la Facultad hubiesen sido

producidos intencionalmente con fines terroristas y no como consecuencia de las avalanchas de

estudiantes que entraban y salían con gran desorden.

Se condena a los tres procesados a sendas penas de cuatro meses de arresto mayor, por delito de

desórdenes públicos.

 

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