Autor: Villar Arregui, Manuel. 
   Tratamiento constitucional del hecho religioso     
 
 Ya.    08/12/1977.  Página: 7-8. Páginas: 2. Párrafos: 16. 

Tratamiento constitucional del hecho religioso

ERA difícil acertar en la formulación feliz del derecho a la libertad religiosa y de la posición del Estado

con referencia a las iglesias en el texto del borrador constitucional. No sorprende, por ello, y por la

naturaleza provisional del avance recientemente conocido, que sus autores hayan ofrecido una redacción

deficiente y poco afortunada.

Nada seria, en estos críticos momentos, menos conducente a la necesaria concordia que convertir la

cuestión religiosa en bandera de partido. Tampoco nunca, como ahora, el magisterio eclesiástico ha sido

tan respetuoso con la autonomía del poder civil. Las condiciones históricas son óptimas, por tanto, para

superar el tenia en una formulación certera y neutra que permita a las confesiones religiosas el espacio de

libertad que necesitan para el ejercicio de las funciones que les son propias.

Tan sectario y tan impropio resulta que el Estado reenvíe a la doctrina "de la Santa Iglesia Católica,

Apostólica y Romana, única verdadera..." la inspiración de su función legislativa (principio segundo del

Movimiento Nacional) como el desconocimiento de la dimensión personal y social -institucional del

hecho religioso. Es sencillamente absurdo que el Estado defina cual sea la Iglesia verdadera y es

absolutamente intolerable para una sociedad civil plural mente religiosa -y con un amplio espectro de

agnosticismo- el enfeudamiento del Estado que la representa en los criterios específicos de una

determinada confesión religiosa.

MAS he aquí que el hecho religioso no se agota en su dimensión personal, esto es, en la religación del

hombre desde la intimidad de su conciencia con su Creador. Las Iglesias son comunidades de creyentes

institucionalizadas. Por eso no basta aludir en el texto constitucional a la garantía individual de la libertad

religiosa y a la de cultos. Es menester que el Estado garantice la libertad de las iglesias en cuanto tales

para el ejercicio de sus especificas funciones y de sus ministerios. No basta con la protección

constitucional del derecho a la libre asociación. La comunidad religiosa tiene una evidente especificidad y

es asumida romo tal por una gran parte -poco importa que sea o no mayoritaria- de la sociedad

española. Aun en el caso en que esa parte de la sociedad sea, de hecho, minoritaria, su reconocimiento y

su garantía vendrían Imperados por el deber del Estado de proteger los legítimos derechos de las

minorías.

Las constituciones alemana, italiana, belga y holandesa, entre otras, reconocen y garantizan, en su triple

vertiente personal, comunitaria e institucional, el fenómeno religioso. ¿ Lo hace en suficiente medida el

borrador constitucional elaborado por la ponencia del Congreso ?

EN su artículo tercero, el texto revela una mera formulación negativa al decir que "el Estado español no

es confesional". Resulta cuestionable la necesidad de esta declaración. Desde luego, ni es oportuno ni

tiene hoy sentido repetir la idea expresada en el artículo sexto del Fuero de los Españoles, según el cual

"la profesión y practica de la reli gión católica, que es la del Estado español, gozará de la protección

oficial". El Estado, en rigor, no es ni puede ser confesional o aconfesional, por la sencilla razón de que el

Estado es la suprema persona Jurídica en que cristaliza su propio ordenamiento civil.

Las comunidades humanas v los hombres pueden confesarse religiosos y, más específicamente, creyentes

en una determinada fe y miembros de una determinada Iglesia. Aunque históricamente reinos y estados se

hayan apropiado de una determinada religión, sólo, por vía de analogía, tal hecho pudo tener algún

sentido en otro contexto harto distinto del sffitual. A la luz del Evangelio ¿tiene algún sentido que el

imperio se "bautizara"?

La expresión "no es confesional" es un residuo, que debe eliminarse, de una larga tradición española en la

que todos los constituyentes se consideraron en el caso de calificar al Estado desde el ángulo religioso.

En cambio, incumbe al Estado reconocer y garantizar el fenómeno religioso en todas las dimensiones en

que afecta a los ciudadanos: la personal, la social y la instituonal. Los concretos términos en que el

texto exprese estas ideas debería ser cuidadosamente estudiados.

HAY, por último, una consideración que debe ser tenida en cuenta por el legislador constituyente, de

modo análogo a como ha sido aceptada en otros textos constitucionales contemporáneos. Determinadas

confesiones religiosas, desde tiempo inmemorial, asumen, jurídicamente y con arreglo a sus propios

ordenamientos internos, el carácter de sujetos de Derecho Público aun en la esfera Internacional.

Por vía de aportación provisional a la Constitución que se gesta, puede avanzarse el esquema de un texto

que satisfaga las exigencias de amparo constitucional del fenómeno religioso en los términoa aquí

esbozados:

- Queda garantizada la libertad religiosa y de cultos a todas las personas que residan en el territorio

español.

- El Estado reconoce la función social que, en el orden espiritual, moral y asistencial, concierne a las

confesiones

religiosas.

- La Constitución asegura libertad e independencia plenas a las iglesias en el cumplimento de su misión y

en su organización institucional interna.

- El Estado podrá celebrar convenios con las iglesias para regular sus recíprocas relaciones en interés de

los ciudadanos miembros de aquéllas.

- La actuación de las iglesias no podrá vulnerar los derechos garantizados a las personas en

la Constitución.

Manuel VILLAR ARREGUI

 

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