Autor: Morodo, Raúl. 
   La función político-social del consensus     
 
 El País.    23/09/1978.  Páginas: 1. Párrafos: 15. 

PAIS, sábado 23 de septiembre de 1978

OPINIÓN

TRIBUNA LIBRE

La función político-social del "consensus"

RAUL MORODO

Catedrático de Derecho Político, portavoz del Grupo Mixto del Congreso de

Diputados

En todas las grandes etapas constituyentes, de sustitución de régimen político o

de transformación del

sistema socioeconómico, se introducen y se revalorizan términos que, con mayor o

menor precisión

conceptual, expresan el cambio que se ha efectuado en una determinada sociedad

política. Hasta el

plano jurídico, más reacio a las innovaciones por su naturaleza conservadora, se

evidencia esta novedad

semántica. De tal modo el lenguaje, definidor de una realidad concreta, va

acuñando nuevas acepciones,

modificando otras o relegando al olvido .histórico aquellas que ya no resultan

funcionales.

En el ámbito español, y por lo que se refiere al campo político-constitucional,

hay varios momentos

claves de la modernización lingüística y, en consecuencia, ideológica: así, en

las Cortes de Cádiz, con la

introducción -y constitucionalización- de la terminología liberal preburguesa;

durante la etapa

canovista y su desarrollo critico político-social posterior, y, finalmente, el

nuevo lenguaje que, a raíz de la

guerra civil, se introduce en el «Nuevo Estado». Lenguaje e ideología -como

fórmulas de dominación- se interrelacionan y, dialécticamente, se contraponen,

asentándose en la sociedad política.

La actual etapa de transición, predemocrática y democrática, ha producido

también innovaciones y

revisiones que, en su día, se irán analizando. La oposición democrática, de modo

especial en los últimos

años, recogió nuevos términos, con mayor o menor elaboración, alguno de los

cuales -como es, por

ejemplo, el de consensus-,ha adquirido carta de naturaleza y operatividad

política y social. En el inicial

contexto de «resistencia», y su confrontación política ulterior, es en donde los

nuevos términos, o viejos

términos con nuevos contenidos, irán definiendo el cambio producido de forma

gradual.

Introducción y elaboración ideológica del "consensus"

Tal vez sean útiles algunas precisiones a fin de captar el con-tenido que recibe

el consensus en nuestra

situación política actual. En primer lugar, como se sabe, este término no es una

invención de nuestra clase

política, aunque ésta haya tenido, y tenga, una participación importante en su

desarrollo y contenido

específico, dentro de! peculiar proceso de transición hacia un sistema

pluralista. Tampoco nuestras

autoridades lingüísticas más tradicionales constatan el término -ni en el

diccionario de la Real Academia Española, ni en el diccionario ideológico de

Casares-, aunque sí aparece castellanizado, como

consenso, en una definición esquemática y, por extensión, re-ferido a una

corporación (es decir, como

«acuerdo, asentimiento general y, especialmente, el de las personas que componen

una corporación»).

También es significativo que el diccionario etimológico de Corominas no haga

referencia a él.

Por el contrario, en otras áreas culturales próximas a nosotros el término

consensus se desarrolla

ampliamente. En Francia, como ha señalado Pucheu, aparece primero definido en un

sentido fisiológico

(relación de diversas partes del cuerpo, como «consensus vital»), recogido en

Littré y Larousse, y, más

tarde, revestido de aceptaciones socio-lógicas y políticas, lo introducen

Bethelot Comte, Durkheim,

Manvila, Robert, Lampereur. Así, el término lanzado al mercado literario por

Cicerón (Ernout, en

Philológica II), evoluciona con contenidos doctrinales diversos, productos de la

ilustración, en una

primera fase, y, más tarde, se amplia a los campos de la política -nacional y,

sobre todo, internacional-,

recibiendo trata-miento sistemático en la sociología americana (Parsons) y

europea. En otras palabras,

se enriquecen sus acepciones, se discute su contenido ideológico, se generaliza,

metodológicamente,

como procedimiento para obtener acuerdos y, finalmente, se internacionaliza su

utilización doctrinal y

política. En este orden de cosas, el número monográfico de Pouvoirs (París,

1978) sobre el tema es

sugerente e ilustrativo.

La incidencia política del "consensus"

La generalización e internacionalización del consensus, y su aplicación a

sociedades" políticas

diferenciadas, constituye, pues, un recurso que compatibiliza la evolución de

dichas sociedades y la

conservación de la necesaria complejidad que las caracteriza. La teoría

sociológica del consensus se

conecta, de esta manera, con la teoría del conflicto. El consensus aparece, así,

como una respuesta

estratégica política a una situación social determinada que suscita múltiples

cuestiones. Entre otras, su

ideologización y el nuevo juego político que puede provocar en las relaciones

Gobierno-Oposición. Se

trata, en palabras de Brand, de «un deseo de facilitación de la dominación»,

idealizando, en cierta medida, el poder coactivo del aparato estatal, y

excluyendo la noción de fuerza. El consensus funcionaría,

según este punto de vista, como una «violencia simbólica», que ocultaría los

«conflictos de

racionalidades en la sociedad global, asegurando así, a la vez, cohesión mínima

y la legitimación de

pretensiones». En este sentido, el análisis, dialéctica-mente, es correcto. El

consensus no puede

institucionalizarse per-manentemente y transformarse en un consensus orgánico

com-tiano. El consensus

tiene, pues, como soporte procedimental, un carácter de coyuntura en función de

determinadas y

específicas condiciones sociales y políticas dinámicamente entendidas. Una

sociedad política plenamente

consensualizada sería, por principio, antidemocrática o utópica-mente

democrática (sociedad russoniana). Lo que no implica que, en un proceso de

asentamiento inicial, deje de producirse una fase de

acuerdos globales -casi un «consensus omnium»- para establecer reglas de juego

aceptadas por la

inmensa mayoría.

Por ello, la política del consensus, como estrategia estabilizadora o

constituyente, es excepcional, y

dentro de esta excepcionalidad -que no excluye etapas con consensus diferentes-

es en donde pueden

situarse las relaciones entre poder y oposición. O dicho en otros términos: la

oposición, entendida

genéricamente, desempeña una función coadyuvante de gobierno, con independencia

de que participe o

no formalmente en tareas directamente ejecutivas. Con la política del consensus

se diluyen y se desnaturalizan los esquemas jurídicos clásicos y esta es la

razón de que, más que como concepto jurídico, el

consensus tienda a elaborarse sociológicamente. La oposición adquiere, así, un

rol complementario a su

función tradicional de alternativa de gobierno: la opción de poder se

transforma, temporalmente, en

acelerador político-social o en asentador de un sistema dado.

En este orden de cosas, un sector de socialismo europeo -obviamente, el más

pragmático-, el

laborismo inglés, es el que ha desarrollado, en la década de los cincuenta

(Anthony Crossland, en The

Future of Socialism y en sus The New Eabian Essays) la teoría político-social

del consensus que, años

más tarde, Wilson (The Labour Gobernment) y otros dirigentes, no sin discusiones

ideológicas internas

(Jenkins-Callaghan vs. Benn), concretarán en el «pacto social». Pero, de igual

modo, en un sector del

comunismo europeo -también pragmático, como el italiano- la aplicación

estratégica del consensus se

tradujo en una política de «compromiso histórico», elaboración teórica

gramsciana, desarrollada por

Togliatti, y que servirá de base teórica para la aplicación a determinadas

sociedades en donde el sistema

social puede ser modificado gradual-mente, pero difícilmente

revolucionariamente; o en aquellas otras

sociedades políticas que se acogen al sistema de las «grandes coaliciones» con

hegemonía compartida.

La política del "consensus" en España

Al margen de consideraciones históricas españolas, es decir, más que del

consensus, de la constante

inexistencia del mismo, en la actualidad, tres cuestiones, en síntesis, podrían

plantearse. En primer lugar,

lo que se denomina hoy estrategia del consensus empieza ya a elaborarse en el

seno de la oposición

democrática, como método y praxis política de lucha por el restablecimiento de

las libertades públicas.

Es, así, un valor y dato de la resistencia democrática: ayudando a resolver los

conflictos internos de la

oposición y a superar las contradicciones en las diversas tácticas. En segundo

lugar, el consensus, concluida esta fase, se traslada y alarga a un plano

político-social más general. La estrategia del consensus

disuelve, entonces, las contradicciones reforma-ruptura, en que se desenvolvía

el inicial proceso de

transición hacia la democracia. La formalización jurídico-política de este

resultado, es decir, la

Constitución, sería, de esta manera, el ejemplo más claro y valioso. Ejemplo

valioso, no tanto como

expresión de técnica constitucional, sino por un nivel político de aceptabilidad

máxima y de

funcionalidad, que evita actuaciones globales perturbado-ras, que vinieran

producida por una falta de

legitimación.

La tercera y última cuestión, en la que nos encontramos en gran medida, podría

plantearse así: ¿Ha

terminado, incluso con la Constitución aprobada, la transición hacia la

democracia pluralista? ¿Tiene o no

sentido todavía la continuación de una política de consensus, como política de

asentamiento y de

consolidación de las nuevas instituciones que van a funcionar? ¿Puede esta

estrategia convertirse en un

consensus orgánico que paralice y agudice las relaciones sociales o que provoque

confusión o cansancio

en la opinión pública?

La respuesta, formalmente, es fácil: el nuevo sistema de legalidad debe implicar

necesariamente una

operatividad institucional indiscutible y, en consecuencia, el consensus debe

ser sustituido por el sistema

normal de competitividad social y política. Sin embargo, tengo mis dudas que los

esquemas formal-

constitucional sean, en un cierto período, suficientemente fuertes para asegurar

y dar culminación al

proceso democrático. La estrategia del consensus ha facilitado un cambio

político difícil y, por lo mismo,

ha tenido que ocultar o diferir, consciente-mente, y en aras de este mismo

proceso, graves problemas

socia-les y económicos de la comunidad nacional. Tener el Gobierno no es tener

necesariamente el poder; haber acertado en el camino hacia la democracia no es

asentar todavía la democracia. Parecidos

principios pueden aplicarse a la oposición, porque, en definitiva. Gobierno y

oposición han funcionado,

en términos generales, dentro de los mismos esquemas y objetivos, al menos en el

actual abanico centro-

izquierda.

No se trata, por tanto, de una cuestión de simple aritmética parlamentaria, sino

de replanteamientos de

reflexión, afondo, de nuestra situación global. Es decir, tomando en

consideración los datos reales y los

problemas concretos de la sociedad española actual y las perspectivas de futuro.

Son, así, los partidos

políticos, las fuerzas sindicales y empresa-riales, las organizaciones cívicas,

con el apoyo crítico

necesario de los medios de comunicación de masas, los que tienen que elaborar

las opciones que puedan

producir un proyecto político de despegue hacia una democracia consolidada y

avanzada. La concretización político-social de este nuevo proyecto puede adoptar

fórmulas diversas que, obvia-mente,

tendrán una traducción de colaboración parlamentaria y de gobierno diferentes, y

que podrán basarse en

modelos exteriores o en constituir un modelo propio, resultado de los datos

específicos de nuestra

sociedad. En todo caso, con la aprobación de la Constitución, se da por

finalizada una primera etapa: a

partir de ahora, el actual consensus no tiene sentido. Podrá elaborarse un nuevo

consensus o, alternativamente, relanzar un nuevo proyecto en donde se articule

una nueva estrategia político-social. Acertar en

este nuevo proyecto o consensus es asegurar la vía efectiva de la democracia

española.

 

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