Autor: Gil-Robles Gil-Delgado, José María. 
   La hora de gobernar     
 
 Diario 16.    16/11/1977.  Páginas: 1. Párrafos: 12. 

Miércoles 16 noviembre 77/DIARIO 16

La hora de gobernar

José María Gil-Robles y Gil-Delgado

Más vale tarde que nunca. Hace algo más de diez meses me dirigí a los secretarios generales de todos los

demás partidos políticos y organizaciones de trabajadores y empresarios calificando a la situación

económica como una de las "cuestiones que revisten en estos momentos especial urgencia y gravedad" y

afirmando: "Abordar con coraje y decisión la aplicación de las medidas necesarias para enderezarla es una

decisión que reviste a nuestro entender suma urgencia y que el Gobierno, por temor a la impopularidad o

por incapacidad de resolver las increpancias que se producen en su seno, no se decide a tomar. Ponderar

el riesgo que ello entraña en el delicado momento de transición que atravesamos me parece ocioso.

También respecto de esta cuestión sería decisivo lograr un amplio consenso de las fuerzas políticas

responsables que, para tener eficacia y operatividad, no podría limitarse a los partidos, sino que habría

que articularse en un diálogo en el que participasen con pleno protagonismo las organizaciones de

trabajadores y empresarios. Un acuerdo de este tipo tendría tras de sí todo el peso de la opinión pública,

decepcionada ante la evanescencia puramente retórica de las últimas medidas gubernamentales y deseosa

de ver que los problemas económicos se aborden con rigor y seriedad."

Han tenido que pasar esos diez meses, que se desplomase la Bolsa, que las empresas más fuertes del país

lleguen a no poder pagar la nomina y que el paro aumentase alarmantemente, para que el Gobierno y los

partidos políticos con representación parlamentaria se decidiesen a escuchar aquella seria advertencia

demócrata-cristiana y llegasen al consenso que entonces intentamos.

Las medidas tendrán que ser ahora más enérgicas, los sacrificios más importantes, pero, en fin, ya

tenemos pacto de la Moncloa. Es decir, tenemos unas orientaciones aceptadas por todos, que ahora hay

que poner en práctica. Se está de acuerdo sobre el camino a seguir, lo cual no es poco, pero falta

recorrerlo. Convenir las líneas de solución de los problemas pendientes no equivale —lo ha señalado

algún agudo comentarista— a tenerlos solucionados. Conviene no olvidarlo, para no volver a incurrir en

ilusiones luego frustradas.

El precio de la impopularidad

Porque poner en práctica esas medidas no va a ser fácil ni popular. Al Gobierno y a su presidente les va a

traer una buena dosis de impopularidad. Pero ése es coste inevitable de gobernar en épocas difíciles. Ha

obtenido un pleno respaldo político y ahora seria inexcusable que no aplicase las medidas acordadas con

todo el rigor y autoridad necesarios. Supongo que no caerá en la ingenuidad de pensar que por el hecho de

haber obtenido el consensos de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria el plan de

estabilización llamado pacto de la Moncloa va a ser aplicado sin reticencias ni resistencias por todos los

sectores sociales.

El pacto es un plan de austeridad, que van a pagar, como otras veces, quienes no puedan ajustar

fácilmente sus ingresos al alza del coste de vida, ya cifrada en el 22 por 100 por lo menos: parados,

pensionistas, jubilados, funcionarios públicos, etc. Sin olvidar que los acuerdos de la Moncloa,

especialmente en sus vertientes fiscal y escolar, van a afectar muy duramente a la ya sufrida clase medía,

cuyos intereses no han estado representados en las negociaciones de la Moncloa, y que sigue sin un

partido que defienda sus puntos de vista.

Sindicatos y partidos cuentan con un nivel de afiliación aún muy insuficiente y están, en pleno periodo de

organización. Sería ilusorio pensar que bastarán sus recomendaciones para que las medidas de aplicación

del plan surtan efecto. Quien ha recabado y obtenido para sí todo el poder tendrá que usar de él para

imponerlos, aunque ello le suponga un inevitable desgaste. A fin de cuentas no hay nada más impopular

que la falta de Gobierno. Y de esto se trata ahora, de gobernar. Nada más ni nada menos.

El país no le pide a Suárez y a sus ministros más que tengan confianza en sus propias recetas y se decidan

a aplicarlas de una vez. Que no le engañen una vez más haciéndole ver que la salida del túnel está a la

vuelta de la esquina, cuando la realidad es que llevamos cuatro años de retraso en abordar unos problemas

que otros países más fuertes, ricos y poderosos sólo empiezan a superar ahora.

Responsabilidad de la oposición

Pero la responsabilidad no es sólo del Gobierno. Los partidos que han obtenido representación

parlamentaria tienen también, como recordó en un momento de euforia Felipe González, su cuota de

poder. Poder que hasta ahora han demostrado una sorprendente tendencia a ejercer más a nivel de

componendas de pasillo que de exigencia pública y parlamentaría, cuando tantas facetas del sistema

político y administrativo están reclamando a gritos luz y taquígrafos. Quizá no esté de más recordar,

ahora que las Cortes democráticas han de enfrentarse con su primer presupuesto, que los Parlamentos han

ganado y conservado su prestigio tan sólo cuando han sabido ser la garantía de que el dinero del

contribuyente no se malgastaba. El origen de la institución parlamentaria, la fuente de su poder ha estado

siempre ahí.

Que no se engañen a sí mismos los partidos de la oposición parlamentaria. Pactar con el Gobierno puede

ser indispensable y patriótico. En esta ocasión lo ha sido. Pero su función fundamental no la cumplirán si

no son capaces de utilizar los instrumentos de control que el mayor o menor éxito electoral ha puesto en

sus manos. Dedicar todos sus esfuerzos a poner el pie en nuevos centros de poder, arrancar parcelas de

éste por vía de negociación y de toma y daca puede ser una tentación tan fácil como peligrosa.

Contribuiría a reforzar esa sensación de alejamiento entre las preocupaciones del país y las de su clase

política que vuelve a producirse.

La democracia no se consolida así. La democracia se consolida demostrando en la práctica que es el más

eficaz de los mecanismos conocidos para controlar el ejercicio del poder. Es necesario hacer palpable que

el elevado coste que suponen unas elecciones tiene como contrapartida una redacción mucho más

importante del despilfarro de los caudales públicos. Y esa tarea no hay peligro de que desate ninguna

amenaza real o supuesta de involución. Más bien lo contrario.

Gobierno y oposición parlamentaria ya se han puesto de acuerdo, dejando olímpicamente de lado a loa

demás, en por dónde nos van a llevar. Ahora tienen sobre sí la responsabilidad de que ese camino se

recorra de una vez, sin titubeos, con transparencia y claridad. El pueblo no les perdonará fácilmente que

fracasen.

 

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