Consejo de ministros. 
 Aprobada la reforma fiscal     
 
 Informaciones.    25/07/1977.  Página: 2-3. Páginas: 2. Párrafos: 61. 

Aprobada la reforma fiscal

• SE INCLUYE DENTRO DE UN PLAN DE URGENCIA EN MATERIA ECONÓMICA

• AMPLIACIÓN DEL GASTO PUBLICO PARA COMBATIR EL PARO

• MODERACIÓN EN EL CRECIMIENTO DE LOS SALARIOS PARA REDUCIR LA TASA DE

INFLACIÓN

• INMEDIATA LIBERALIZARON DEL SISTEMA FINANCIERO

• PRÓXIMO DEBATE PARLAMENTARIO SOBRE EL TEMA DE LA ENERGÍA

« SE ELEVA UN PUNTO PORCENTUAL EL TIPO DE INTERÉS DEL BANCO DE ESPAÑA

• EL CONJUNTO DE MEDIDAS SE DESARROLLARAN CONFORME A UN PROGRAMA

GRADUAL

MADRID, 25 (INFORMACIONES).

EL Gobierno, reunido el sábado en Consejo de ministros, al tiempo que hacia público el plan de urgencia

de medidas económicas reiteró que el momento actual de nuestra economía es sumamente delicado y que

los ajustes, aunque dolorosos, son inevitables. En consecuencia, ha diseñado un programa que en su

primera fase constituye un verdadero plan de urgencia y pide a todos los grupos sociales que participen en

el esfuerzo, de acuerdo con sus posibilidades efectivas y según su criterio de justicia.

Al mismo tiempo señaló el Gobierno que las medidas propuestas se hallan interrelacionadas y el conjunto

permitirá el desarrollo progesivo del programa completo que irá exponiendo en los próximos meses y que

abordará los problemas estructurales que la actual economía española tiene pendientes. A continuación se

reseña el contenido básico del plan de urgencia en materia económica.

REFORMA FISCAL Y POLÍTICA DE RENTAS

El Gobierno considera que la reducción de las tasas de inflación constituye un tema crucial, prioritario y

urgente en el tratamiento de los problemas que .tiene planteados la economía española. Porque una

inflación tan intensa como la que actualmente padecemos es un factor básico en la generación de

desempleo, impide la corrección del déficit exterior que amenaza la continuidad del proceso de

crecimiento y actúa regresivamente sobre la distribución del bienestar social.

Entre los diversos métodos para reducir la intensidad del proceso inflacionista, el Gobierno se propone

seguir el que impone menores costes sociales en términos de paro y estancamiento productivo y que

"supone la aceptación colectiva de un esfuerzo solidario expresado en una moderación en el ritmo de

crecimiento de las rentas monetarias disponibles para´ el gasto.

Como prueba de que esta vez la solidaridad proclamada será efectiva, el Gobierno ha situado en el centro

de su programa una reforma fiscal moderna, justa y eficaz que satisfaga una aspiración secular del país y

garantice la colaboración de las clases con rentas y patrimonios más elevados al esfuerzo colectivo

necesario. El Gobierno ha asumido el compromiso de enviar a las Cortes los proyectos de ley de Reforma

del Impuesto sobre la Renta, de Impuesto sobre el Patrimonio y sobre Sucesiones antes del 30 de

septiembre y el proyecto de ley de Reforma de la Imposición Indirecta antes del 30 de noviembre.

Asimismo el Gobierno presentará totes de esta última fecha un proyecto de ley tendente a combatir la

especulación del suelo.

MEDIDAS URGENTES DE REFORMA FISCAL

Existe un proyecto de medidas urgentes de Reforma Fiscal que se concretará en un proyecto de ley que el

Gobierno ha acordado remitir a las Cortes y que se ha estructurado alrededor de tres núcleos

fundamentales que constituyen otros tantos objetivos inmediatos de la política tributaria.

El primer núcleo está formado por un conjunto de medidas dirigidas a sanear el panorama tributario,

potenciando un clima de sinceridad y transparencia fiscal que constituya el´ presupuesto básico para

proceder posteriormente, en plazo inmediato, a abordar los proyectos más ambiciosos de la reforma

tributaria. Este grupo de acciones son las siguientes :

— El establecimiento del delito fiscal se diseña con una figura aplica ble en aquellos casos de

fraude que, por su transcendencia económica o condiciones en que se lleva a cabo, comportan

una repulsa de la sociedad. La configuración del mismo quedará tipificada dentro de la

normativa penal española. -La investigación de las operaciones bancarias constituía

tradicionalmente una importante limitación para las comprobaciones tributarias, pues se situaba

al margen del conocimiento cíe la Administración las cuentas corrientes de los contribuyentes.

La comprobación de las operaciones bancarias estará rodeada de las garantías necesarias de

privacidad para los sujetos investigados. Su ordenación dependerá de la Administración,

llevándose a cabo siempre, con arreglo a criterios objetivos, en los establecimientos bancarios y

con la presen cía del contribuyente o su representante legal.

— La regulación de sociedades interpuestas está prevista que se lleve a cabo dentro del contexto

más amplio de la reforma tributaria. Sin embargo, parecía obligado fijar la atención es algunos

casos de especial transcendencia social por constituir caminos Obvios y frecuentados de

eva.sión. Por ello se establece el sometimiento al impuesto de sociedades de aquellas perte-

necientes a la inversión mobiliaria que no coticen en Bol.. sa por la parte de beneficio no

distribuido. Adiciorialmente se deroga la actual regulación en cuanto a las plusvalías de

adquisición de valores por las sociedades de inversión mobiliaria y, finalmente, se contempla en

la ley un caso muy próximo al fraude de ley, cual es la transmisión de bienes inmuebles

mediante la venta de fes acciones de la sociedad propietaria.

Las anteriores disposiciones quedarán incompletas si no se procediese simultáneamente a potenciar los

medios de la Administración Fiscal. A tal fin se amplía la dotación de los Cuerpos Inspectores hasta

aquellos niveles compatibles con los objetivos que se perdiguen.

— Con objeto de. acentuar la nueva etapa que en tantos órdenes inician nuestro país y que también

afecta al campo fiscal, se establece un período de moratoria durante el cual los sujetos pasivos

del impuesto sobre la renta de las personas físicas y del impuesto de sociedades podrán regu-

larizar, sin sanción ni recargo por el ejercicio actual o los pasados, su situación tributaria.

El segundo conjunto de medidas pretende conseguir recursos extraordinarios, de acuerdo con las

necesidades del Tesoro, que supongan una acción de solidaridad social por parte de todos los grupos en

esta hora difícil y permitan, principalmente, impulsar gastos públicos que ayuden a disminuir el paro e

incrementar el subsidio de desempleo. Para ello se establece:

— El gravamen extraordinario sobre el patrimonio se configura como una exacción de carácter personal,

que se girará sobre el valor del patrimonio de las personas físicas, descontando los pasivos a unos tipos

moderados como corresponde a su naturaleza. Dado que el propósito de este´ gravamen

excepcional es claramente progresivo, se establecen mínimos exentos, atendiendo a la situación

familiar del contribuyente. Para un matrimonio con dos hijos, este mínimo exento se establece

en el proyecto del Gobierno en seis millones de pesetas.

— El recargo excepcional sobre las rentas más elevadas se instrumenta a través de un gravamen

extraordinario sobre los ingresos del trabajo, que afectará exclusivamente a aquellos contribuyentes cu-

yas rentas excedan de dos millones de pesetas anuales. Es de destacar el propósito del Gobierno de

que los profesionales contribuyan de acuerdo a sus verdaderas rentas, para lo cuál se establece la

obligación de que los mismos declaren tanto sus ingresos como sus gastos reales.

Este recargo se girará al tipo del 5 por 100 sobre la porción de renta que exceda de la cantidad antes

indicada.

— Asimismo se establece

una corrección de los tipos en el impuesto sobre el lujo, que recaen sobre aquellos consumos y gastos

expresivos de una mayor capacidad de pago.

APOYO FISCAL AL EMPLEO Y OTRAS MEDD3AS

El tercer campo de actuación de las medidas fiscales constituye un estímulo para el empleo,

instrumentado mediante un apoyo fiscal, al que podrán acogerse aquellas empresas que aumenten el

número de puestos de trabajo. De acuerdo con este proyecto de ley, se deducirá de la cuota de beneficios

del impuesto industrial o del impuesto de sociedades una cantidad fija por cada empleo anual

efectivamente incrementado.

Finalmente se establecen dos medidas adicionales cíe carácter técnico. La primera es una autorización al

ministro de Hacienda con objeto de que puedan paliarse, a efectos de la cuota de beneficios del impuesto

industrial y del impuesto de sociedades, las consecuencias fiscales del cambio de paridad de nuestra

moneda. En segundo lugar, con objeto de adecuar nuestro sistema de ingresos a aquellos otros que

resultan habituales en los países desarrollados, se establece un sistema de pagos a cuenta, que se aplicará

al impuesto general sobre la renta de las personas físicas, al impuesto sobre sociedades y la cuota de

beneficios del impuesto industrial.

MODERACIÓN DE LAS RENTAS SALARIALES

El Gobierno considera que la moderación del ritmo de crecimiento de los salarios monetarios es

condición indispensable para reducir la tasa de inflación. El Gobierno juzga necesario señalar que cuando

la inflación de costes reviste la intensidad que ha adquirido en España, las fuertes tasas de incremento de

los salarios son una forma de generar y repercutir la inflación entre los propios asalariados, que al mismo

tiempo son consumidores, sin eficacia redistributiva alguna. Por el contrario, las fuertes subidas de

salarios son un factor de perturbación en la distribución de la renta, especialmente a costa de los

trabajadores parados. El Gobierno quiere subrayar este aspecto fundamental y, sin embargo,

habitualmente ignorado, de la distribución de la renta entre trabajadores ocupados y trabajadores parados,

e insiste en que los actuales ritmos de inflación constituyen un factor decisivo de generación de

desempleo.

Por ello, el Gobierno estima imprescindible negociar un acuerdo con todos los grupos afectados, para que

la masa salarial pueda experimentar una sustancial reducción de su ritmo de aumento. La política de

salarios tiene que proyectarse sobre un período de tiempo, en el que las retribuciones que perciban los

trabajadores se reordenen según principios de justicia y de solidaridad, con sacrificios por parte de

aquellos que gozan de mayores disponibilidades económicas y con mejoras para quienes reciben

retribuciones bajas.

Como criterio para el primer año, los convenios colectivos que hayan de negociarse a partir de la entrada

en vigor de las normas de limitación salarial, deberán establecer incrementos de salarios lineales, esto es,

iguales para todos los trabajadores, cualquiera que sea su categoría, y con un tope máximo. Con ello se

conseguirá un importante efecto redistributivo de las rentas salariales y los estratos de ingresos más bajos

no soportarán sacrificio alguno.

De otra parte, el Gobierno reforzará la política de gasto encaminada a proveer bienes y servicios públicos,

con objeto de contribuir a una mejor distribución del bienestar social que se dirijan y afecten a las clases

con menor nivel de renta.

POLÍTICA MONETARIA

En la medida que el anterior programa de moderación en el crecimiento de las rentas monetarias resulte

efectivo, será posible dominar progresivamente la inflación sin recurrir a procesos bruscos de contracción

monetaria y crediticia. En consecuencia, el Gobierno, que considera que la reducción de las altas tasas

actuales de expansión monetaria es condición necesaria para vencer la inflación, se pro-pone abordar el

proceso de desaceleración monetaria a un ritmo muy lento que no genere graves tensiones en los

mercados financieros. La estrategia antiinflacionista que propone el Gobierno tiene por objeto,

precisamente, evitar una operación monetaria estabilizadora de corte clásico.

El Gobierno ha considerado necesario, por otra parte, introducir un mayor realismo en los niveles de los

tipos de interés y ha decidido elevar en un punto porcentual el tipo de interés básico del Banco de España,

que queda fijado, por tanto, en un 8 por 100. Esta medida se completa con las relativas a la reforma del

sistema financiero, que se expondrán más adelante.

MEDIDAS PARA COMBATIR EL PARO

El Gobierno se propone compensar los efectos transitorios que sobre el empleo puedan ejercer las

medidas anteriores mediante un esfuerzo de ampliación del gasto público orientado a aliviar el paro,

especialmente en las zonas más duramente afectadas, y a mejorar las prestaciones del Seguro de

Desempleo. A este fin, el Gobierno:

— Incrementará los fondos destinados al Subsidio de Desempleo y a reforzar el gasto público

generador de puestos de trabajo.

— Lanzará una emisión extraordinaria de Deuda Pública,, por un importe de 20.000 millones de pesetas,

en condiciones de mercado, que se destinará a financiar obras públicas, urbanización del suelo y

construcción de viviendas modestas.

— Activará, con carácter urgente, el programa de construcción de «viviendas sociales).

— Concederá beneficios fiscales, como ya se ha indicado a las empresas que registren una

ampliación neta de sus plantillas.

MEDIDAS ENCAMINADAS A CORREGIR EL DÉFICIT EXTERIOR

La reducción de la tasa de inflación constituirá la más sólida contribución a la mejora del déficit de la

balanza de pagos. A ello contribuirá también la fijación de un tipo de cambio realista de la peseta, que el

Gobierno ha fijado teniendo en cuenta la creciente disparidad entre la acelerada inflación interior y la

descendente tasa media en los países industriales. El nuevo tipo de cambio de la peseta, actuará como

estímulo de los sectores exportadores y contribuirá al necesario. desplazamiento de recursos productivos

para corregir el déficit exterior.

Es necesario, para que la depreciación del tipo de cambio resulte efectiva, que sea repercutida sobre los

precios interiores y que sus efectos no se vean acompañados de un movimiento compensatorio al alza de

los demás precios y las rentas de la economía. El Gobierno, para atajar repercusiones excesivas, ha

dictado un decreto sobre control de precios con efectividad hasta el 30 de septiembre próximo, que tiene

carácter transitorio hasta que haya podido articularse una política de precios relacionada con la política de

rentas que se desean negociar. Por otra parte, se ha suprimido el recargo transitorio lineal existente del 20

por 100 sobre los derechos arancelarios, pues la depreciación del cambio debe ser compatible con la

eliminación de los excesos de proteccionismo.

Adoptadas estas medidas precautorias, el Gobierno insiste en la necesidad de que los efectos de la

depreciación del cambio sobre los precios de importación sean aceptados como único medio de hacer

efectiva dicha medida. En consecuencia, se revisarán los precios de los productos derivados del petróleo,

del café, del aceite de soja y de los servicios de transporte.

La energía constituye un campo crucial de problemas en la situación actual de nuestra economía, que no

puede continuar primando el consumo energético como ha venido haciéndolo hasta ahora. El tratamiento

del problema energético excede, sin embargo, del ámbito estricto de los precios y requiere la preparación

de un proyecto de actuación que aborde todos los aspectos de la situación, y que sirva de base para un

debate parlamentario sobre el tema de la energía, que el Gobierno se propone plantear próximamente. Por

el momento, y de modo transitorio, se ha limitado a repercutir sobre la estructura anterior d e precios los

efectos de la depreciación de la peseta, conservando un sistema de subvenciones que benefician a la

agricultura, la pesca y algunos consumos modestos, como el gas butano y el gas ciudad.

MEDIDAS ORIENTADAS A FOMENTAR LA COMPETENCIA

El Gobierno está dispuesto a flexibilizar el funcionamiento de los mercados eliminando las protecciones e

intervenciones injustificadas y fomentando un clima de competencia. Y considera urgente iniciar este

camino en el sistema financiero, que ocupa una posición estratégica en la economía. El Gobierno se

propone en este campo varios objetivos.

Primeramente liberar progresivamente los tipos de interés de modo que reflejen adecuadamente la escasez

relativa de los fondos de préstamo, el ahorro sea retribuido de modo razonable y asignado a los puntos de

gastos más eficientes, y su retribución y su coste adquieran transparencia.

— Reducir progresivamente la Importancia de los circuitos privilegiados de financiación

¿tejándolos limitados a la cuantía mínima necesaria para atender objetivos de interés general.

— Hacer más homogéneo el tratamiento legal y administrativo de las distintas entidades de

depósito, dejando su especialización a la voluntad y vocación de cada una de ellas.

— Reforzar la competencia en los mercados financieros para mejorar su eficacia en la asignación de

recursos.

El conjunto de medidas que resultan de la aplicación de esos objetivos y criterios es, necesariamente, muy

importante, y la sensibilidad de los mecanismos financieros obliga a desarrollarlas de acuerdo con un

programa gradual que evite cualquier perturbación. En consecuencia, el Gobierno ha adoptado el

siguiente conjunto de decisiones integrantes de una primera fase de actuación:

— Inmediata liberación de los tipos de interés activos y pasivos de la Banca, Cajas de Ahorro y

entidades de crédito cooperativo sobre operaciones a plazo igual o superior a un año.

— Fijación del tipo de interés sobre las cédulas de inversión en un 6 por 100, revisión al alza de los tipos

de interés de las operaciones incluidas en los circuitos privilegiados de financiación y reducción

gradual de los coeficientes de inversión y de préstamos de regulación especial de las instituciones

financieras.

— Supresión de la Junta de Inversiones del Ministerio de Economía y calificación genérica, a

efectos de computabilidad en el correspondiente coeficiente de las Cajas de Ahorro, de las

obligaciones emitidas por las Corporaciones locales, el I.N.I., la Compañía Telefónica Nacional

de España y las empresas eléctricas.

— Liberación de tipos de interés en la emisión de obligaciones no computables.

— Creación de un fondo de garantía de depósitos para el conjunto de las instituciones crediticias.

— Ampliación del sistema de préstamos de regulación monetaria del Banco de España y elevación

programada del coeficiente legal de caja de las Cajas de Ahorros hasta igualarlo ai de los

Bancos.

— Supresión de la obligación dé depositar en el Banco de España el 100 por 100 de la contrapartida

de los incrementos en las cuentas extranjeras en pesetas.

La liberalización del sistema financiero producirá efectos favorables en el funcionamiento del mercado de

valores. Con objeto de mejorar la estructura de este mercado, se crea una Comisión para el Estudio del

Mercado de Valores, que, en el plazo más breve posible, analizará en profundidad los problemas actuales

de la Bolsa, con objeto, principalmente, de proponer medidas que aumenten la transparencia del mercado

y mejoren su eficiencia, se perfeccionen los procedimientos de contratación, se establezca una regulación

de las operaciones a plazo y se crea un mercado de obligaciones.

 

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