Declaración del Consejo de Ministros. 
 Elecciones. Única vía  :   
 Para, a través de unas Cortes democráticas, acometer las soluciones definitivas de todos los pueblos de España. 
 Pueblo.    21/05/1977.  Página: 8. Páginas: 1. Párrafos: 39. 

Declaración del Consejo de Ministros

PAÍS VASCO-NAVARRO: Sus problemas desde hace más de un siglo no han podido resolverse en el

breve plazo de diez meses, y no podrán resolverse mientras no existan unos representantes legitimados

por las urnas

PRESOS POLÍTICOS: Conmutación de la pena de prisión por la de extrañamiento del territorio

nacional, a petición de los interesados

VIOLENCIA: El Gobierno no puede tolerar que sea un medio de acción política. Hechos legítimos están

siendo aprovechados por minorías radicalizadas para sus intereses particulares Felipe Huerta Palacios,

director general de Régimen Jurídico de la Prensa

MADRID. (PUEBLO.)—El Consejo de Ministros, reunido ayer en el palacio de la Moncloa, bajo la

presidencia de Adolfo Suárez, formuló la siguiente declaración:

«Durante los últimos días se han manifestado en diversos puntos de la nación, especialmente en el País

Vasco-Navarro, un intento de deterioro de clima de orden y convivencia pacifica. El Gobierno español,

que reafirma su voluntad de pacificar y normalizar la vida de la nación, entiende que hechos legítimos en

si mismos están siendo utilizados por sectores extremistas para sus fines particulares, con proposito de

desestabilizar la convivencia. El Gobierno, ante estas acciones, que ya fueron advertidas por su

presidente, en sus últimas alocuciones a la nación, considera preciso insistir, como responsable de la

política nacional, en aquellos aspectos de los que se ha de derivar una efectiva conciliación nacional. El

Gobierno comprende que nobles sentimientos puedan reivindicar pacíficamente la amnistía como

instrumento de reconciliación y señala su coincidencia con quienes, desde una perspectiva de desarrollo

democrático, aspiran a una institucionalización de las regiones. Estos principios figuraban ya en su

declaración programática, y no se han regateado esfuerzos para convertirlos en realidad. Otros problemas

concretos que afectan al pueblo vasco y que vienen arrastrándose desde hace más de un siglo no han

podido resolverse en el breve plazo de diez meses y no podrán tener una solución definitiva, mientras no

existan unos representantes del pueblo legitimados por las urnas.

En este momento, pues, «1 Gobierno considera que su actuación pública debe con. centrarse en dos

esfuerzos básicos:

Primero, proteger la participación de los ciudadanos a través de las elecciones y por vía pacífica para la

consecución de procedimientos de solución de los problemas, y segundo, proteger el derecho de todo

ciudadano a la seguridad en su vida cotidiana, en el trabajo, en la escuela, en la percepción de sus salarios,

o en el simple disfrute de su tiempo libre. En la consecución de estos fines, el Gobierno está convencido

del respaldo que le prestan la opinión mayoritaria del pueblo y las declaraciones expresas de los partidos

políticos y de que sólo unas Cortes democráticas, nacidas dé las próximas elecciones generales, pueden y

deben acometer las soluciones definitivas de todos los pueblos de España.

En cuanto a las reivindicaciones concretas del pueblo vasco, el Gobierno señala con toda claridad que no

prescinde de esfuerzos para.darles la respuesta que mere* cen, pues no duda de que en su espíritu late el

mismo deseo de pacificación que el Gobierno promueve.

Ha sido decidido propósito

del Gobierno, desde que asumió el compromiso ante el pueblo español de garantizar su tránsito hacia un

sistema plenamente democrático a través de elecciones libres, promover o adoptar cuántas medidas de

pacificación y concordia fueran necesarias para alcanzar este objetivo. Fiel a ese propósito, el Gobierno

comenzó promoviendo el 30 de julio de 1976, a través del correspondiente real decreto-ley, una amplia

amnistía de todos los delitos de intencionalidad política y de opinión. Esta amnistía alcanzaba a todos los

hechos anteriores al 30 de julio, con la única excepción de aquellos que hubieran lesionado o puesto en

peligro la vida o la integridad de la persona. Esta medida benefició a 330 penados o presos preventivos.

El 15 de diciembre el pueblo español decidió en referéndum darse a si mismo un futuro democrático. Está

decisión política del pueblo, llevaba consigo una nueva exigencia de reconciliación que el Gobierno no

podía ignorar. En consecuencia, el 14 de marzo de 1977 se dictaron dos decretos en los que, aparte de una

reducción general de penas, se ampliaban los límites anteriores para abarcar hechos delictivos hasta el 15

de diciembre, dejando ya solamente excluidos los condenados como autores de delitos de sangre. Estas

medidas dieron lugar a la excarcelación de 108 penados o presos preventivos, aparte de la reducción

general de penas. Para el reducido grupo de los que habrían de continuar en prisión se abrió la posibilidad

de indultos particulares o de conmutación de penas. De conformidad con ello, fueron concedidos indultos

totales la semana pasada.

En estos momentos y con respecto al pueblo vasco, quedan sin habérseles aplicado medidas totales de

gracia 15 detenidos preventivos pendientes de juicio y ocho condenados como autores de delitos de

sangre. En relación con ellos el Gobierno tiene que asegurarse de que las medidas de gracia no generen,

por acción de grupos extremistas, una nueva espiral de violencia con gravísimas consecuencias para la

convivencia nacional, por lo que en alguno de los supuestos pendientes, la excarcelación sólo puede

producirse con salida del territorio nacional y a petición de los interesados.

El Ministerio de Justicia ha recibido hoy las peticiones de cinco de los condenados para la conmutación

de la pena de prisión por la de extrañamiento fuera del territorio nacional.

El Consejo de Ministros ha estimado procedente acceder a la petición y para ello ha iniciado los trámites

légales necesarios y las gestiones precisas con el posible Estado receptor. De la misma forma serán objeto

de tramitación las demás solicitudes que se formulen a efectos de aplicar la excarcelación por indultos

particulares o el extrañamiento por conmutación de penas, de conformidad con aquellas normas y en

función de los criterios de equidad, justicia o conveniencia pública a que las mismas se refieren. Quien

examine en sinceridad y objetividad todo este proceso de medidas de gracia puede comprobar que

obedece a un propósito coherente de gobierno, como respuesta a la voluntad nacional de reconciliación

total, aplicando ininterrumpidamente los procedimientos legales.

El análisis sereno de los pasados acontecimientos demuestra que existen minorías radicalizadas, que quie-

ren impedir la celebración de las elecciones o restarles credibilidad; que tienen miedo a la expresión de la

voluntad del pueblo; fuerzan un ambiente de violencia para anular así la posibilidad de reconciliación;

que aprovechan la manifestación popular para provocar a las fuerzas del orden, porque quieren victimas

inocentes para utilizarlas como instrumento de agitación; que en estos días y hoy mismo han realizado

nuevos incalificables actos de violencia. Muchas de estás acciones se encubren en un objetivo aparente: la

amnistía, aunque su objetivo real es impedir un proceso democrático que evidenciaría la escasa repre-

sentatividad de las minorías radicalizadas, de cualquier signo. El Gobierno tiene la seguridad de que, por

mucho que hoy se presenten cómo defensores de un pueblo noble, ese pueblo debe encontrar la defensa

en si mismo, en la acción de un Gobierno representativo, en la actuación de los partidos políticos y en la

solidaridad de todo el país.

Eí Gobierno expresa su firme voluntad de actuar con la máxima energía en defensa del orden y del

derecho al trabajo, dado que el pueblo español, sus organizaciones representativas y los partidos políticos

han dado muestras evidentes de querer instaurar la libertad, la justicia y la democracia. En consecuencia,

el Gobierno no puede tolerar que la violencia sea un medio de acción política. Pero en su repulsa no

puede igualar la violencia incidental provocada por desmanes callejeros con la fría y trágica realidad del

asesinato premeditado de ejemplares servidores del orden público. Y agradece, por lo mismo, que los

partidos y la opinión del pueblo vasco hayan condenado el último asesinato.

Como a toda la sociedad española, al Gobierno de España le duele que, en pleno proceso hacia el

ejercicio de la soberanía por el pueblo, la violencia continúe siendo el recurso de algunas minorías; que,

ante la proximidad de una transferencia de poder a representantes legitimados por la voluntad popular, se

continúen produciendo graves muestras de insolidari-dad; que pueda ser manipulado un noble sentimiento

sobre la amnistía, precisamente cuando el Gobierno comparte la necesidad de concordia y la está

haciendo posible con la única condición de evitar los efectos contrarios a los que se persigue.

Por ello, a la hora de adoptar las anteriores medidas, el Gobierno ratifica su propósito de continuar la

normalización política que haga inútil la incitación a la violencia como método. Se compromete, una vez

más, a hacer posible que las aspiraciones del pueblo español se conviertan en realidad desde la

normalidad de una convivencia en la democracia. Invita a construir esa convi_ vencía a todos aquellos

grupos y ciudadanos que creen en un sistema fundado er la paz civil y la concordia. Insiste en que de aquí

a las elecciones, no debe hacerse uso del derecho de manifestación, dado que se evidencia que puede ser

utilizado por grupos extremistas, Y pide, con la convicción de que es positivo el ritmo de evolución, la

existencia de un clima que haga posible el entendimiento y la solución de los problemas en un ambiente

de diálogo. Considera el Gobierno que todo ello es un compromiso que deben aceptar en bien de la

comunidad todas aquellas fuerzas que están dispuestas a someterse al veredicto popular.»

OTROS TEMAS GOBERNACIÓN

El ministro de la Gobernación informó ampliamente al Consejo sobre los sucesos ocurridos en la región

vasco-navarra. También informó sotare cuestiones políticas y de ´orden público en general, y sobre su

visita a Lisboa y las entrevistas mantenidas con el Presidente del Gobierno, el ministro de Negocios

Extranjeros y con su colega, el ministro de Administración Interna.

Asimismo, el ministro informó al Consejo sobre los trabajos dé la Comisión Nacional del Juego, que se

constituyó el 21 de abril pasado, y que tiene en avanzado estado de redacción y propuesta, entre otros, el

Reglamento de los Casinos de Juego, el Reglamento provisional de Orden ación del Juego del Bingo, el

Catálogo de Juegos y el Informe sobre la Planificación Nacional del Juego. En relación con esta

materia, el Consejo acordó sancionar con cinco millones de pesetas de multa a don Emilio Luis Vicente,

empresario de Villa Romana, de Madrid, por organizar la práctica de juegos de azar sin autorización.

El ministro informó, finalmente, sobre otros asuntos de su Departamento.

• TRABAJO

Entre otros informes de carácter laboral, el ministro de Trabajo presentó uno relativo a la situación de

desempleo en la segunda quincena del mes de abril, resultando el paro registrado del 3,69 por 100, y el

estimado, del 4,21 por 100, ambos sobre la población activa

INDUSTRIA

El Gobierno aprobó, á propuesta del ministro de Industria, una modificación del precio del gas-oil y de la

gasolina en Canarias, Ceuta y Melilla, de forma que únicamente se repercutan en los usuarios los

aumentos de costes acaecidos hasta la fecha en la comercialización de estos productos. Este aumento

supone el incremento de 70 céntimos en el precio de la ´gasolina» y de 80 ó 30 céntimos, respectivamente,

para usos de automoción o industriales, y ha sido propuesto tanto por la Junta do Carburantes de Canarias

o la Delegación del Gobierno en Ceuta y Melilla e informado favorablemente por la Junta Económica

ínterprovincial de Canarias.

• RELACIONES SINDICALES

El Consejo ha prestado su conformidad a un detallado informe, presentado por el ministro de Relaciones

Sindicales, relativo a la Organización Sindical, la incidencia de la libertad sindical y la conveniencia de

abordar urgentemente una nueva fase para la reestructuración de aquélla.

En síntesis, el informe del ministro plantea la necesidad de cancelar la sindicación obligatoria y fijar el

plazo en el que la exacción parafiscal —antigua cuota sindical— debe quedar extinguida y sustituida por

la financiación directa del Estado.

La Administración Institucional de Servicios Socio-profesionales (A.I.S. S.), normalizada su situación

como organismo autónomo del Estado, transferirá a éste sus actuales cometidos mediante una Comisión

de Transferencia a la que se encomendará el rápido traspaso de las obras, servicios y determinadas

funciones sindicales a los diferentes Departamentos, organismos y servicios de la Administración central.

Por ultimo, se presta particular atención a los funcionarios sindicales, hoy funcionarios públicos de la A.

I. S. S., cuyas situaciones quedarán garantizadas, despejando toda clase de incertidumbres, de forma que

aquéllos sean definitivamente integrados en la Administración del Estado una vez extinguida la A. I. S. S.

 

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