Sobre el Consejo del Reino     
 
 ABC.    29/07/1977.  Páginas: 1. Párrafos: 6. 

SOBRE EL CONSEJO DEL REINO

El primer punto serio de fricción en las Cortes, entre el partido del Gobierno —apoyado por Alianza

Popular en este punto— y el P. S. O. E.-P. C. E.-P. S. P. y agrupaciones vascas y catalanas ha sido el

relativo a la elección de los consejeros del Reino por el Congreso y el Senado. La batalla dialéctica, que

se resolvió, como todos saben, con el triunfo de la U. C. D., presenta diversos aspectos que no es ocioso

analizar.

El primero de ellos, la absoluta necesidad de que se procediera a la mencionada elección. No se trataba de

un capricho ni cabía aplazamiento. Tanto el Congreso como el Senado se han constituido en función de

unas elecciones generales que arrancan de la aprobación de la ley para la Reforma Política. El referéndum

del 15 de diciembre pasado legitimó la consulta electoral del 15 de junio, pero entonces lo aprobado tenía

que ser cumplido en su integridad y sin ambigüedades ni moratorias. Otra conducta, otra pretensión, eería,

amén de anticonstitucional, muy poco democrática. La soberanía popular reside en las Cortes, pero

procede del pueblo: y ha sido y es la voluntad popular, explícitamente manifestada en referéndum, quien

imponía el exacto cumplimiento de la ley para la Reforma política, en la que se modificaba la

composición del Consejo del Reino, adaptado ya a las nuevas circunstancias políticas.

¿Que todo ello es revisable? Sin duda alguna. Pero sólo si se procede a esa revisión, por los cauces

previstos en la legalidad vigente. Y existe un camino: la nueva Constitución que habrán de elaborar las

actuales Cortes y aprobar, también, por referéndum, el pueblo. Es en las Cortes y en ese momento cuando

el tema del Consejo del Reino debe ser planteado para moldearlo con criterios de cuidadosa racionalidad

democrática y utilidad institucional. Otra postura —como las adoptadas por el P. S. O. E. y sus

compañeros circunstanciales en el senado— es claramente criticable.

El problema se desplaza, pues, al terreno de si conviene o no, en la nueva legalidad democrática, con un

Parlamento elegido por sufragio igual, directo y secreto, pero en un contexto constitucional que encabeza

la Corona como suprema institución política, mantener, aun modificado, el Consejo del Reino. Nuestra

Opinión, que hoy adelantamos en un puro boceto, pues es tema para largas disqui-siciones sobre el que

será preciso volver en su momento, se concreta en esta proposición: el mantenimiento del Consejo del

Reino es una medida prudente por las funciones de asesoramiento que deben encomendársele y es,

también, necesario por cuanto constituye el cauce más importante y de mayor eficacia a través del cual la

Corona realiza funciones arbitrales y moderadoras, de las que no es prudente prescindir.

Que conviene institucionalizar el asesoramiento regio parece evidente. Si es bueno que el Rey se asesore,

es bueno que una parte de ese asesoramiento se institucionalice. Que ello se consigue mejor a través de un

organismo que, en esencia, representa una reproducción a escala reducida de las Cortes españolas, no

debe ofrecer serias dudas. Que, en ese sentido, la composición del Consejo del Reino debe responder a su

naturaleza representativa de esas mismas Cortes en su integridad y no sólo a la mayoría

circunstancialmente dominante en una determinada etapa, también parece lógico.

Pero más importante nos parece aún el segundo orden de razones en que apoyamos nuestra tesis favorable

al mantenimiento del Consejo del Reino. Porque, en efecto, si éste desaparece, se merman de tal manera

las facultades regias, que la Corona, más que un papel arbitral y moderador —conceptos ambos que

implican una cierta facultad decisoria, pues no se entiende cómo se puede arbitrar sin que los grupos

opuestos deban sujetarse a la suprema decisión del arbitro—, quedaría reducida a la más pura, inocua y

vacía función representativa. El Rey, reina pero no gobierna. El Rey no gobierna, pero reina. Pero el

reinar dice, o debe decir, mucho más que encarnar tan sólo la máxima magistratura, si esa magistratura

permanece legalmente ciega y muda, sometida, en fin, en un todo, a la tornadiza voluntad de unas

mudables mayorías. El superior criterio real, en el que se integran todos y cada uno de los intereses y las

aspiraciones de todos y cada uno de los españoles, de todas y cada una de sus regiones, exige un cauce

jurídico en el que el Rey, no partidista ni comprometido, pueda arbitrar con eficacia.

 

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