Consejo, dimite     
 
 Diario 16.    30/07/1977.  Páginas: 1. Párrafos: 11. 

Consejo, dimite

El Consejo del Reino, cuya entrada en escena puede producirse de un momento a otro, supone el más

serio peligro de retroceso legal sufrido desde hace meses.

Cuando la oposición parlamentaria trataba de impedir por todos los medios la elección de diputados y

senadores que representen al Parlamento en el Consejo, preveía este peligro, que puede suponer una

enorme dificultad al proceso de democratización.

Falta saber si la oposición se equivocó en sus métodos. Es posible que, en lugar de abstenerse a la hora de

votar a los diez nuevos consejeros, hubiera debido imponerse el pragmatismo de presentar candidatos

socialistas, comunistas, nacionalistas, para ocupar asientos en el franquista Consejo del Reino.

Puede que estas aparentes paradojas tengan que ser aceptadas. ¿No es acaso una paradoja que la coalición

gubernamental, UCD, atacando verbalmente al Consejo del Reino, defendiese su continuidad en el

Parlamento? El portavoz del Centro para la ocasión, el letrada Miguel Herrero de Miñón, ha rechazado

esta institución más de una vez. Lo hizo, incluso, en su discurso de defensa de la votación de nuevos

consejeros. Pero la idea de la transformación de la legalidad desde la legalidad sigue primando en las filas

centristas.

La ley (orgánica) del Consejo del Reino dedica todo un capítulo a enumerar, implacable, las atribuciones

del Consejo. Entre ellas, pedir autorización a las Cortes para declarar la guerra; adoptar medidas

excepcionales cuando la seguridad exterior, la independencia de la nación, la integridad de su territorio o

el sistema institucional del Reino estén amenazados de modo grave e inmediato (¿y quién determina

cuándo comienzan a producirse estos supuestos?); someter a referéndum nacional los proyectos de ley

trascendentales... Además, poponer la terna para el nombramiento del presidente del Gobierno y declarar

su incapacidad, proponer la terna para el nombramiento de los presidentes del Tribunal Supremo, del

Consejo de Estado, del Tribunal de Cuentas del Reino y del Consejo de Economía Nacional.

Sucede que el presidente del Tribunal Supremo, Valentín Silva Melero, designado senador por el Rey,

debe ser inmediatamente sustituido en el cargo; el Consejo del Reino será el encargado de elaborar la

terna de la que saldrá el sustituto. Y esto será sólo el primer "round".

¿Quiénes van a elaborar esta Lerna? En la página 5 puede el lector encontrar la composición ideológica

del Consejo. El simple recuerdo de las actuaciones políticas de hombres como Antonio María de Oriol,

cuyo extraño secuestro continúa sin estar completamente aclarado, basta para presagiar las más negras

tormentas. Oriol, sin duda, no desaprovechará la oportunidad para servir a la ideología que durante tantos

años ha servido, a su vez, a sus intereses. Y esta vez, lo hará desde los más estrictos cauces legal-

orgánicos que las normas franquistas dejan, ahora como antes, en sus manos.

Y Oriol no es el único franquista en el Consejo. Baste recordar que dos miembros de Alianza Popular han

sido elegidos en el Parlamento para entrar a formar parte de esta institución.

Una correcta interpretación de la excepcionalídad del momento podría haber evitado —no sería la

primera vez que desde el poder se hacen lecturas "atípicas" de las normas legales— la elección de los

consejeros del Reino. Lo cual, a su vez, hubiese permitido que este organismo siguiese languideciendo en

un muy provechoso sueño del olvido. Ahora, probablemente la semana próxima, el Consejo del Reino

volverá a reunirse, nacerá de sus decizas.

La argumentación que UCD dio para este renacimiento "necesario" se basaba, fundamentalmente, en dos

puntos: no romper la legalidad —el Consejo es un organismo previsto aún en las leyes vigentes e incluso

se le cita en la ley de Reforma— y facilitar la provisión de los cargos en cuyo nombramiento interviene el

Consejo (señaladamente, por la proximidad del evento, el de presidente del Tribunal Supremo). Da la

impresión de que UCD pretendería obtener alguna ventaja política con el mantenimiento de la institución:

no hubiera sido difícil arbitrar nuevos métodos para la provisión de! cargo vacante.

Por coherencia política, por patriotismo, los consejeros del Rei-ao, la mayor parte de ellos, deben

reconocer que, al menos, la otra España, la del ala izquierda del hemiciclo, admite su intervención en un

proceso político ya de por sí delicado y desgastante. Deben comprender que han de dimitir de cualquier

protagonismo político. De lo contrario, mucho podría seguir atado y bien liado.

 

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