Autor: Ruiz Gallardón, José María. 
   La modificación de la ley de orden público     
 
 ABC.    16/01/1977.  Páginas: 1. Párrafos: 12. 

ABC. DOMINGO 16 DE ENERO DE 1977.

APUNTE POLÍTICO

LA MODIFICACIÓN DE LA LEY DE ORDEN PUBLICO

Por José María RUIZGALLARDÓN

Por un real decreto-ley acordado en el último Consejo de Ministros se modifican diversos artículos de la

vigente Ley de Orden Público. Comenzaré por decir que el contenido del decreto fue insuficientemente

explicado en la referencia que dieron en el Telediario de las ocho y media del viernes último y muy

claramente expuesto —incluso con buen tono jurídico, lo que dice mucho de quien es, profesionalmente,

ingeniero industrial por el ministro de la Gobernación.

Pero vayamos al tema. Tema que, en esencia se reduce a la adopción de las siguientes medidas:

1. Que desaparece la responsabilidad penal subsidiaria —la cárcel— por impago de multas

administrativas en materia de orden público.

2.Que un mismo acto no puede ser penado doblemente: en vía judicial-penal y en vía administrativa (non

bis in indem).

3. Que, pese a lo dicho en el primer punto, durante un año podrá la autoridad gubernativa seguir

aplicando el arresto sustitutorio en sólo dos casos: piquetes de huelga y atentados a establecimientos

públicos.

Lo que más me importa decir, y muy alto, es que por estas medidas no van a sufrir, no tienen por qué

sufrir en nada, las debidas y rectas facultades sancionadoras atribuidas a jueces y Tribunales. O,

expresado de otra manera, que no se da patente de corso a los delincuentes. Si un acto es delictivo, el

autor pasará por él. Pero serán los jueces quienes impongan la sanción. Si el acto es sancionable con

multa, administrativamente, el impago de ésta no da lugar a la cárcel.

A mi todo lo que sea devolver competencias a la Magistratura, suprimiendo facultades a la

Administración, me parecerá bien. Tengo mucha más fe en un juez que en un agente de la autoridad. Y,

¡ojo!, también me inspira mucho más respeto.

Por ello con este decreto-ley se consiguen, por lo menos los siguientes efectos:

1. Se eliminan arbitrariedades, antes siempre posibles. Lo que sea sancionable penalmente, debe ser

sancionado, pero por aquel que goza de independencia, conocimientos y formación adecuadas.

2. Se faculta EXCEPCIONALMENTE Y TRANSITORIAMENTE a la autoridad gubernativa para que,

con rapidez y eficacia, respondan, como dijo el ministro, al reto que en materia de piquetes de huelgas y

asaltos a librerías —por ejemplo— plantea, en la calle la subversión.

3. Se da otro paso más —el primero fue la supresión de jurisdicciones especiales, acordado a propuesta

del ministro de Justicia— en la configuración del nuestro como un Estado de Derecho. Esté tranquilo el

ciudadano. Su causa —la del orden y la paz públicas— no puede estar en mejores manos; los jueces saben

lo que hacen y lo hacen bien.

Enhorabuena. Ahora falta que los señores jueces tengan los medios materiales de que hoy están privados.

Que todo hay que decirlo.

J. M. R. G.

 

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