Autor: Gil-Robles Gil-Delgado, José María. 
   Nada justifica la intervención del Rey     
 
 Ya.    02/04/1977.  Páginas: 2. Párrafos: 15. 

NADA JUSTIFICA LA INTERVENCIÓN DEL REY

Intervención del Rey

EN el número de YA correspondiente al día 1 del presente (paginas 5 y 6), en la información referente a

los temas a tratar en el primer Consejo de Ministros, se recoge una noticia de Cifra según la cual yo

afirmé que "no hay ningún argumento legal que permita o aconseje recurrir al Soberano para que resuelva

un contencioso". A continuación, el periódico, con loable afán de restablecer la verdad, me recuerda la

existencia de la ley dé14 de julio de 1972 sobre procedimiento de coordinación de funciones de los altos

órganos del Estada y en especial su articulo tercero, que echa por tierra - según el comentarista - la tesis

que me he atrevido a sostener.

PODRIA acogerme a la explicación, absolutamente exacta en este caso de que las referencias de

conversaciones telefónicas no recogidas en cinta magnetofónica adolecen con frecuencia, sobre todo si se

tiene en cuenta la premura, con que sé trabaja, de inexactitudes o faltas de precisión, que desfiguran -

desde luego, sin el menor asomo de mala fe - el pensamiento de la persona, entrevistada.

LO que dije con. toda seguridad al redactor de la agencia, y que ratifico en estas líneas, es qué no existía

argumento legal alguno que. aconsejase someter al Soberano la resolución de la posible diferencia entre el

Tribunal Supremo y el Gobierno en orden al reconocimiento de los partidos políticos.

LA ley de 14 de julio de 1972, al igual que la de 17 de julio de 1948 sobre "Conflictos jurisdiccionales",

es una disposición típica de un régimen totalitario. Su preámbulo no puede ser más significativo: "El

sistema institucional del Estado español responde a los principios de unidad de poder y coordinación de

funciones y al jefe del Estado corresponde, según dispone el articulo sexto de la ley Orgánica del Estado,

garantizar el regular funcionamiento de los altos órganos del Estado y la debida coordinación de los

mismos.

NO parece que pueda encontrarse expresión más clara de ese principio de absoluta concentración de todos

los poderes en una sola mano, característico de. los regímenes totalitarios y que tuvo su definición

dogmática en el articulo sexto de la ley Orgánica del Estado.

DE acuerdo con esa inspiración, la ley de 11 de julio de 1972, en su artículo segundo, atribuye la

iniciación del procedimiento para resolver las cuestiones que se promuevan entre las altas instituciones

estatales "al mismo jefe del Estado" en primer lugar.

Es decir, a un jefe del Estado que, según el propio régimen en que apoya sus títulos, obrará bajo su

exclusiva responsabilidad, ya que es discutible que para ello precise, como no precisaba Franco, refrendo

de ninguna clase. Confirma esta interpretación el artículo cuarto de la propia ley, el cual, al regular los

trámites a que han de sujetarse las cuestiones de coordinación de funciones, dice en su apartado a): "En el

plazo máximo de dos meses a contar desde el día en que por el jefe del Estado se declare procedente el

planteamiento de dicha cuestión..."

QUE en un sistema como el que encarnó el Generalísimo Franco se atribuya al jefe del Estado, titular de

un poder absoluto, la facultad y la responsabilidad de promover y resolver una cuestión de este género,

me parece perfectamente lógico. Que se arroje la misma carga sobre los hombros de un Rey que aspira a

ser constitucional lo más pronto posible, aunque las circunstancias todavía no se lo permitan, me parece

tan peligroso como incongruente. Aunque esté todavía formalmente en vigor, la ley de 14 de julio de

1972 debería considerarse inaplicable en relación con el Rey, y máxime cuando el problema es de tanta

trascendencia como pretender obligar al más alto organismo de la Justicia a resolver cuestiones

estrictamente políticas, y mucho más tal como el Gobierno las ha planteado.

PORQUE, aparte de la notoria inconveniencia del intento de mezclar al Rey en un conflicto tan serio

como el que separa al Tribunal Supremo y al Gobierno - en la hipótesis de que el primero o se declare

incompetente , una interpretación de las disposiciones legales permite sostener la integra tesis que me ha

sido puesta en mis labios por Cifra.

LA ley de 11 de junio de 1976 sobre el derecho de Asociación Política dice en su artículo 8." (garantías

jurisdiccionales) lo siguiente: "Una Sala del Tribunal Supremo conocerá de todos los asuntos

contenciosos que puedan plantearse al amparo de esta ley. El procedimiento se regulará por ley."

ESTA regulación por ley no ha tenido aún lugar, y el Gobierno, acogiéndose a lo previsto en la segunda

disposición transitoria de la ley reguladora del derecho de asociación política, ha preferido dictar con

carácter provisional las normas del real decreto-ley de 8 de febrero de 1977, en cuyo articulo 12 se

autoriza al ministro de la Gobernación, en caso de duda acerca de la licitud penal de una disociación

política que ha solicitado el registro, a enviar el asunto "a la Sala del Tribunal Supremo a que se refiere el

artículo 8." de la ley". ¿Cuál es esa Sala? "Una", según la imprecisión del texto legal. Es decir, cualquiera

de las seis Salas que componen nuestro más Alto Tribuna!.

EL Gobierno ha enviado los expedientes a la Sala IV una de las de lo contencioso-administrativo -

por entender seguramente que las resoluciones que este Tribunal pueda adoptar -suspensión o

disolución - no suponen el ejercicio de las funciones atribuidas a la Sala II (de lo Criminal).

EL ministro de la Gobernación, al remitir a la Sala IV los expedientes relativos a uno cualquiera de los

partidos que han solicitado el registro, ha realizado, por consiguiente, un acto administrativo, que además

puede no ser considerado como firme, por ser susceptible de recurso en vía administrativa. Por este

motivo, o más sencillamente por entender que la resolución del Gobierno es de carácter político, la Sala

IV puede declararse incompetente por razón de la materia del acuerdo con el apartado b) del artículo 2."

de la .ley reguladora de lo contencioso-administrativo.

NO parece, en consecuencia, que una resolución del Tribunal declarándose incompetente pueda

considerarse como una de esas cuestiones entre los altos órganos del Estado, que justifique la

intervención del Rey.

EL peligroso periodo de interinidad institucional en que nos encontramos da origen a Interpretaciones

equivocas acerca de la parte que pueda alcanzar al Rey en determinados problemas políticos. ¿Qué interés

puede haber en mezclar al Jefe del Estado en las consecuencias de los errores políticos que se están

cometiendo en materia tan delicada como es el reconocimiento de los partidos políticos ?

EL Gobierno, que siguió un camino equivocado, debe rectificar noblemente y asumir las

responsabilidades que le corresponden. Lo contrario sería suicida.

José María GIL-ROBLES

 

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