Elecciones a cortes. Encuestas de Ya: candidatos por Madrid. 
 M.Villar Arregui: La libertad es incompatible con una situación de injusticia     
 
 Ya.    27/05/1977.  Página: 18. Páginas: 1. Párrafos: 18. 

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INFORMACIÓN NACIONAL

27-V-77

ELECCIONES A CORTES

ENCUESTAS DE YA: CANDIDATOS POR MADRID

M. VILLAR ARREGUI:

La libertad es incompatible con una situación de injusticia

Al Estado compete la remoción de los obstáculos económicos y sociales que limiten de hecho la libertad •

La Constitución ha de establecer una distribución de competencias entre el Estado y los países y regiones

• Tal distribución ha de responder a los criterios de solidaridad, autonomía y participación • Voto de

censura constructivo en las Cortes • El Consejo del Reino, institución innecesaria

YA ha realizado una encuesta entre los candidatos al Congreso y al Senado por Madrid sobre las ideas

esenciales que cada uno llevaría a una reforma constitucional. Nuestro cuestionario enumera una serie de

temas, sobre los que hemos pedido que contesten los candidatos.

Hoy responde a nuestra encuesta el abogado don Manuel Villar Arregui, de la Federación de la

Democracia Cristiana, candidato en la lista que, bajo la denominación "Senadores para la Democracia",

promueven la Federación de la Democracia Cristiana, el Partido Socialista Obrero Español y Alianza

Liberal.

Las tres grandes familias ideológicas que han fraguado la convivencia democrática en Europa Occidental

son la democracia cristiana, la socialista y la liberal. Aunque las tres no cubren la totalidad del espectro

democrático, unidas tienen títulos bastantes para haber promovido una agrupación de electores que ha

propuesto la candidatura Senadores para la Democracia.

A) PRINCIPIOS ECONÓMICOS.—Una constitución democrática ha de ser integradora, ha de reflejar el

consenso básico de una sociedad y ha de permitir que en su seno convivan diversas corrientes culturales,

distintas ideologías y plurales sistemas de valores. Por ello no debe contener principios económicos que

respondan a un modelo acuñado desde una específica visión del mundo. Pero la democracia se

fundamenta hoy en un principio irrenunciable: la defensa de los derechos del hombre, derechos que han

de ser proclamados y protegidos por la Constitución. Y éstos no han de limitarse a las libertades formales;

han de ampliarse a los derechos económicos y sociales. La libertad es incompatible con una situación de

injusticia. Por ello la Constitución deberá Incluir el principio de que al Estado compete la remoción de

todos los obstáculos de orden económico y social que limiten de hecho la libertad, como consecuencia de

las desigualdades existentes e impidan el pleno disfrute de los derechos humanos protegidos por la

Constitución.

B) ESTRUCTURA DEL REGIONALISMO.—No habrá convivencia civil posible entre los españoles si

no somos capaces de comprender que España está formada por una pluralidad de países y regiones. Esta

realidad, que es consustancial al ser de España, deberá ser reflejada en la Constitución. ¿Cómo? Es

necesario abandonar el modelo de Estado unitario centralista, de raíz jacobina, para satisfacer las

legítimas aspiraciones de los países y regiones de España, mediante el reconocimiento de los derechos

que derivan de su personalidad. La fórmula más adecuada en este momento histórico es que la

Constitución establezca una distribución de competencias entre el Estado y los países y regiones que lo

componen. Los criterios a que esta atribución de competencias ha de responder son tres: solidaridad,

autonomía y participación.

Las potestades y competencias de cada país o región deberán ser fijados en sus respectivos estatutos, cuya

elaboración ha de corresponder a los representantes de aquéllos. Habrán de ser aprobados por el

Parlamento y, por último, sometidos a referéndum de cada una de las diversas comunidades regionales.

Es cabalmente el Senado la Cámara en que deberán estar representados ponderadamente todos los países

y regiones, y de él emergerá el profundo sentido de solidaridad en que se exprese la irrenunciable unidad

de España.

C) RELACIONES IGLESIA-ESTADO.— La paz religiosa es Inseparable de la paz civil. Y ella es

sólo posible hoy sobre la base de dos principios: el de libertad religiosa y el de la aconfesionalidad del

Estado. La neutralidad del Estado en materia de confesiones religiosas no obsta a que pueda y deba

mantener con la Iglesia católica y las demás confesiones relaciones amistosas de cooperación,

siempre dentro del principio de separación Institucional.

Las confesiones religiosas cumplen funciones altamente positivas para el progreso civil y moral de una

sociedad. Por ello se han de arbitrar fórmulas adecuadas por las que el Estado contribuya a los gastos de

las distintas religiones en proporción al número de sus respectivos fieles.

D) RELACIONES GOBIERNO-CORTES Y CORONA.—El Gobierno debe ser una emanación

de las Cortes y, por ello, ha de estar sostenido por una mayoría parlamentaria. Este principio debe

acompañarse del establecimiento de procedimientos que faciliten la estabilidad gubernamental necesaria

para una eficaz labor de gobierno. La fórmula que parece más idónea es el "voto de censura constructivo",

es decir, para que prospere una moción de censura contra un gobierno, el Parlamento, simultáneamente,

ha de proponer por mayoría absoluta su sustituto. El Congreso de Diputados y el Gobierno deberán tener

la iniciativa legislativa, sin perjuicio de la función colegisladora, que corresponderá al Senado.

Pero las relaciones Gobierno-Cortes no se agotan en la investidura de aquél por éstas. Las Cortes deberán

asumir la función de fiscalización y de estímulo, de manera constante, a través de procedimientos como

las mociones, interpelaciones, comisiones de encuestas, y asimismo deberán desarrollar una efectiva

colaboración en la adopción de las grandes directrices políticas sobre los problemas más fundamentales

de la comunidad.

A la Corona deberán corresponder las funciones propias de representación simbólica del Estado y del

poder arbitral. La estabilidad de la Monarquía en España necesita una reducción del protagonismo

político del Rey. Este ha de serlo de todos los españoles y no deberá implicarse en las contiendas políticas

cotidianas. Se advierte, por ello, con preocupación, que la ley para la Reforma Política prefigure un

monarca más "presidencialista" que arbitro, cuando le confiere, por ejemplo, la facultad, por propia

iniciativa, del recurso al referéndum. Si al Rey le ha correspondido la honrosa tarea de ser "el motor del

cambio", una vez establecida la democracia, deberá ser el Rey de la concordia, el Monarca constitucional.

E) CONSEJO DEL REINO Y GRANDES CONSEJOS ASESORES.—El Consejo del Reino es una

institución innecesaria y que podrá ser perturbadora para el normal funcionamiento de una Monarquía

constitucional. En el régimen de Franco era una pieza más del entramado autocrático. En la Ley de

Reforma Política se convierte en un residuo de aquél. La idea de que el Consejo

del Reino contribuye a formar la "voluntad institucional" de la Corona responde a la concepción de un

monarca preso todavía en el entremado de estructuras autoritarias.

Un Estado de Derecho necesita la existencia de consejos asesores. Entre ellos, el Consejo de Estado debe

ser mantenido. Un Estado social de Justicia exige el flujo constante de las iniciativas populares y,

singularmente, de las que proceden del mundo del trabajo, se articulen por el cauce sindical y puedan

formalizarse en un Consejo Económico-Social.

F) REGENCIA.- La institución de la regencia debe regularse conforme a las normas tradicionales de la

monarquía española: es decir, recaerá la regencia en el padre o la madre del Rey y en su defecto en el

pariente más próximo a sucederle en la Corona.

G) TRIBUNAL DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES.—Sí, y con la principalísima misión de velar

por la constitucionolidad de las leyes, de interpretar la Constitución, de la adecuación a ésta de los

Estatutos regionales, así como de la legislación autónoma de las regiones. Interesa subrayar que tal misión

puede ser relevante en el próximo período de vida política, puesto que competería a tal Tribunal velar no

sólo por la constitucionalidad de las leyes posteriores a la promulgación de la Constitución, sino también

de las anteriores, elaboradas en un contexto autoritario. Ello convertiría al Tribunal en un motor para la

adecuación de la vieja legislación a las exigencias jurídicas de la democracia.

H) REGULACIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS.—La Constitución debe amparar la plural existencia de

partidos políticos, sin cuyo consenso es imposible la democracia y ha de reconocer la función que les

incumbe en la formación de la voluntad popular. Leyes ordinarias regularán lo concerniente al régimen

económico de los partidos y a la transparencia de sus actividades.

I) REGULACIÓN DEL GOBIERNO EN SI MISMO. — La Constitución debe establecer los principios

en que se basen la estructura y el funcionamiento del Gobierno. Entre ellos son importantes: a) El carácter

colegiado del Gobierno, b) La preeminencia de la figura de su presidente en cuanto dirige la política

general del Gobierno, mantiene su unidad y responde en su nombre ante el Parlamento, c) La

responsabilidad colegiada de los actos adoptados en Consejo de Ministros y, por tanto, su plena

solidaridad interna, d) La responsabilidad individual de cada ministro en los actos de su competencia.

 

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