Autor: Gil-Robles, José María. 
   El paso por la ventanilla     
 
 ABC.    16/11/1976.  Página: 3. Páginas: 1. Párrafos: 13. 

EL «PASO POR LA VENTANILLA»

CONFORME el proceso constituyente se va dibujando como una posibilidad menos remota, el

problema del reconocimiento legal de los partidos políticos va adquiriendo actualidad creciente.

¿Va a continuar el actual régimen de tolerancia para los grupos que no se han decidido a

cumplir los requisitos exigidos por la nueva ley reguladora de las asociaciones políticas?

¿Entrará en los planes del Gobierno utilizar esta situación anómala para aplicar criterios

diferenciales a las actividades de los grupos según encarnen unas u otras tendencias, o como

moneda de cambio para determinadas concesiones? Concretamente, cuando se entre en la

segunda fase del periodo constituyente, ¿quedarán excluidos del proceso electoral los partidos

que no hayan "pasado por la ventanilla"?

No ha prestado un servicio al Gobierno quien ha puesto en circulación la poco feliz expresión,

que encierra un matiz de imposición ligeramente humillante. Pero creo con igual sinceridad que

tampoco ganarían quienes por pura susceptibilidad ante la frase se negasen a acogerse a una

norma legal obligatoria.

No me parece, sin embargo, que la clara resistencia que muestran ciertos partidos a legalizar

su asistencia obedezca a tan nimias motivaciones.

Existe el recelo, no totalmente infundado, de que el Gobierno, tras haber obligado a los partidos

a pasar por sus normas asociacionistas, niegue en la práctica el reconocimiento basándose en

posibles irregularidades de tipo meramente formal; o que aplique en la resolución de los

expedientes criterios arbitrariamente discriminatorios. Los vericuetos de la burocracia ofrecen

en este orden las más amplias posibilidades. ¿Se ha olvidado, por ejemplo, que un partido de

la oposición democrática que se acogió a la ley de asociaciones de 1964 cuando aún no había

entrado en vigor la nueva ley todavía no ha tenido una contestación, aunque sólo fuera para

decirle que debe seguir otro camino?

El recelo que señalo se alimenta, además, con otros materiales.

La elevación de una ley de asociaciones políticas es tarea que por su enorme trascendencia

política debió dejarse a las futuras Cortes. Un Gobierno cuya única autoridad depende de la

voluntad del Monarca expresada a través del filtro antidemocrático de la terna del Consejo del

Reino no obró prudentemente al echar sobre sí una tarea tan delicada como es la regulación

del pluralismo político después de casi cuarenta años de régimen de partido único.

Es cierto que la ley de diciembre de 1974 resultaba de tal modo inviable que sucumbió bajo la

carga de sus errores aun antes de que se ensayara su aplicación. Cierto también que la ley de

1964 carecía de previsiones reguladoras de la actividad de los partidos en un período electoral.

Pero, ¿por qué no acudió el Gobierno al procedimiento más sencillo de colmar esas lagunas

mediante una disposición provisional, con vigencia hasta la elección de unas Cortes

Constituyentes, que actualizara determinadas disposiciones de la ley electoral de 8 de agosto

de 1907?

Bastaría conque se autorizase, una vez publicado el decreto de convocatoria de elecciones, la

creación de "comisiones electorales" que pudieran obtener la proclamación de candidatos por

medio de las adhesiones a que se refiere el apartado d) del articulo 41 de la ley de 1907;

asesorar a los candidatos proclamados y colaborar con ellos en la campaña electoral; realizar

suscripciones, colectas y toda clase de actividades licitas para sufragar los gastos de

propaganda; y, en una palabra, realizar en este orden las actividades que normalmente

desarrollan los partidos en los sistemas constituidos ya en régimen democrático normal.

Estas agrupaciones electorales no constituyen una novedad. Marcelo Castaño las implantó en

Portugal, y a su amparo se constituyeron los primeros grupos integrantes del pluralismo político

que el país desconocía desde que se implantó la dictadura de Oliveira Salazar. SI, por

desgracia, fracasaron no fue por fallos de su mecanismo, que se reveló altamente eficaz, sino

porque el carácter fraudulento que se quiso imponer desde el Gobierno al proceso electoral

obligó a los candidatos demócratas a retirarse de la lucha.

Esta fórmula permitiría al Gobierno no entrar de momento en el delicado problema del

reconocimiento de los partidos y establecería una legalidad suficiente para permitir la

intervención de todos los grupos en el mecanismo electoral y en la garantía de autenticidad de

la expresión de la voluntad de los españoles.

Una decisión de este género no sólo desvanecería los recelos existentes, sino que contribuiría

a aclarar un ambiente cada día más enturbiado por el anuncio de posibles pactos con vistas a

la aprobación del proyecto de reforma en las Cortes.

Seria, desde luego, una prueba de que para el Gobierno existe en el panorama político algo

más que los restos del pasado, con lo que hay que negociar si de veras se desea una

evolución sustancial en la paz.

José María GIL ROBLES

 

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