Autor: Vega García, Pedro de. 
   Bases para una política constitucional     
 
 Diario 16.    21/07/1977.  Páginas: 1. Párrafos: 13. 

Jueves 21-julio 77/DlARIO 16

Bases para una política cons

Pedro de Vega García (Catedrático de Derecho Político)

Se ha repetido, y con razón, que la próxima Constitución deberá ser el producto del pacto entre las

distintas fuerzas que operan en las Cortes En estas circunstancias, aspirar a una Constitución

ideológicamente monolítica o de precisas definiciones conceptuales no pasaría de ser una pretensión

banal. No se necesita excesiva perspicacia para prever que nuestro futuro ordenamiento fundamental no

va a ser contundentemente liberal ni socialista, sino que, inscribiéndose en la linea de las llamadas

constituciones anfibológicas, típicas en los más recientes sistemas democráticos, pretenderá servir a las

ideologías y a los intereses más dispares. Pasaron ya los tiempos de los radicalismos jacobinos, en que la

Constitución se configuraba como una especie de gran programa político de la nación. Hoy, por el

contrario, se piensa que su tarea es más modesta, aunque luego resulte mucho más operativa. Se trata

simplemente con ella de fijar las reglas del juego para que en la lucha política cotidiana, y a través de la

mecánica electoral, cada uno de los partidos pueda desarrollar libremente sus opciones. De esta forma, la

pérdida de carga utópica y de elementos ideológicos se ve suficientemente compensada por su virtualidad

práctica y su eficacia real.

Ficciones jurídicas e Intereses reales

Como es obvio, este nuevo planteamiento de la política constitucional se traduce en una orientación

distinta en lo que ^respecta a la composición, actuación y funciones de las Asambleas Constituyentes,

que, a diferencia de lo que ocurría en la pasada centuria, no se conciben ya como representación mítica de

esas ficciones jurídicas llamadas "voluntad popular" o "voluntad de la nación". Mucho más realistas, los

hombres del siglo XX sabemos que una voluntad abstracta del pueblo o de la nación no existe. Lo que

existe realmente es una sociedad fraccionada en múltiples, abigarrados y contradictorias intereses. Y son

esos intereses encontrados y divididos los que tienen su representación separada en las Asambleas

Constituyentes. Pretender construir la gran síntesis con todos ellas entraría en el mundo de la mística

política o de las buenas intenciones, pero no en el del más elemental realismo. Más correcto parece, por lo

tanto, el camino de la renuncia a las gloriosas formulaciones ideológicas, propias de otras épocas, para

proceder por la vía de la negociación y del acuerdo al establecimiento de las reglas del juego, que, porque

todos suscriben, todos también se comprometen a respetar. Por pedestre y falto de grandezas simbólicas

que eí procedimiento pueda parecer, lo cierto es que, de hecho, se ha logrado así una estabilidad y una

operatividad constitucionales mucho mayores que las obtenidas por la obra de las famosas Constituyentes

del siglo XIX

Ahora bien, que la Constitución sea producto de compromisos plurales y que, en cuanto mera formulación

de garantías para que puedan darse las reglas del juego político democrático, se concierta en ana

construcción jurídicoformal, no deja de tener sus notables consecuencias. Significa, en primer término,

que las Asambleas Constituyentes tienen que tecnificarse. No se trata, como ocurrió en las Cortes de

1931, de pronunciar altisonantes discursos sobre los principios de la parte dogmática, y abandonar

lastimosamente la discusión de la parte orgánica, sino a la inversa. Y significa, en segundo término, que la

vida de las constituciones pasa a depender más de sus virtualidades y de su perfección técnicojurídica que

de los embates y vaivenes de la lucha política partidista.

Es en este sentido en el que acaso no esté de más recordar tres principios de la Teoría Constitucional

clásica que, en estos momentos, pueden ser de alguna utilidad. Estas principios son: el de unidad, el de

claridad y el de coherencia.

Principio de unidad

Cabe perfectamente la posibilidad de que la normativa constitucional aparezca recogida en diversos

textos. De hecho, son múltiples los países en que esto ocurre. Sin embargo, existen razones poderosas

para sostener entre nosotros la conveniencia del principio de la unidad de texto. En primer lugar, y desde

un punto de vista estrictamente político, porque colocar frente al sistema de Leyes Fundamentales del

franquismo una Constitución perfectamente individualizada en su estructura formal servirá para marcar a

nivel simbólico la diferencia de régimen. No en vano decía Garner que una Constitución nueva es como

una obra de arte, expresión de un deseo consciente y voluntario do organizar por otros rumbos la vida

colectiva.

En segundo lugar, desde una perspectiva jurídica, y es aquí donde hay que recordar la argumentación

clásica, porque a nadie se le oculta que la unidad de texto es lo que permite separar con nitidez en todo

momento lo que son materias constitucionales de lo que no lo son. La estabilidad, permanencia y

prestigio de una Constitución dependen, en definitiva, de su condición de ley superior y suprema. Y es lo

cierto que la existencia de varios textos constitucionales se convierte con frecuencia en la puerta abierta

para que. a través de prácticas viciosas y procedimientos subrepticios, materias constitucionales pierdan

su rango y materias no constitucionales adquieran una condición que no deben tener. Con ello, la

distinción entre lo constitucional y lo que no lo es se desvirtúa, y la Constitución pierde prestigio y

entidad simbólica. Así se explica que fenómenos como la constitucionalidad de doble grado o las

denominadas reformas constitucionales tácitas sean expresamente prohibidas en muchos ordenamientos.

Reforma y ruptura

No obstante, la cuestión no poseería mayor trascendencia si no fuera por una afirmación absolutamente

improcedente, que, de día en día, adquiere más consistencia en la opinión de los llamados expertos. Con

el mayor desatino, se repite que nuestra Constitución debe ser flexible. Aparte de que toda Constitución

escrita´ tiende por naturaleza a la rigidez, y aparte de que las constituciones flexibles escritas que ^conoce

la historia (Estatuto Albertino italiano, Constituciones Francesas de la Restauración y de la Monarquía de

Julio...) fueron siempre creación de preclaros antidemócratas, no se comprende cómo se podrían evitar

esas prácticas viciosas de constitucionalización y de desconstitucionalización a través del establecimiento

de una Constitución rígida y del arbitrio de un sistema depurado y riguroso de reforma constitucional.

Surge así el tema de la reforma como cuestión capital del futuro ordenamiento, sobre el que conviene

llamar ahora la atención del legislador constituyente. Máxime cuando la reforma constitucional ha sido

desvirtuada por su explotación política, convirtiéndola en instrumento de una operación de

transformación histórica verdaderamente encomiable, pero asignándola funciones que no podía cumplir.

El tránsito del franquismo a la democracia, es hora ya de proclamarlo abiertamente, no podía hacerse a

través de la reforma, sino de la ruptura de la Constitución. Entre otros motivos, porque la reforma opera

sólo como técnica de transformación dentro de la democracia constitucional y no como instrumento para

pasar de un régimen totalitario a uno democrático. Se hace necesario por ello devolverla, y con urgencia,

su auténtico y prístino significado.

ES evidente que cualquier Constitución, por rígida que sea, necesita transformarse e ir paulatinamente

acoplándose a la realidad y a la historia. Para ello fue para lo que se ideó la técnica de la reforma. Lo que

ocurre es que los obligados cambios constitucionales que el tiempo impone no pueden dejarse en manos

del aventurismo político o de un partido que por azar gane unas elecciones. La revisión de la normativa

fundamental exige procedimientos especiales y agravados. En esto consiste la rigidez constitucional. Y si

a través de la reforma no puede cambiarse un régimen político, lo que no puede hacerse tampoco es, por

necesidades políticas, destruir el sentido de una institución cuya misión no es otra que la de ser defensora

del ordenamiento constitucional.

Principio de claridad

Fueron los padres del constitucionalismo moderno quienes comenzaron por insistir en la necesidad de que

para que la Constitución cumpla las funciones que está abocada a desempeñar es necesario que posea una

gran claridad en su normativa. "Feliz aquella nación —dijeron los clásicos— donde las leyes no fueran

una ciencia", dando a entender con ello que el ideal jurídico consistiría en que las normas tuvieran una

transparencia tal que hicieran innecesaria la labor interpretativa y el trabajo del jurisconsulto.

Desgraciadamente, todos sabemos que no pasa de ser ésta una aspiración imposible. La complejidad de

las materias objeto de regulación constitucional impide muchas veces alcanzar las cotas dé claridad

deseadas y preceptos jurídicos equívocos aparecen en todos los ordenamientos. Ahora bien, una cosa es

que la equivocidad re• sulte en ocasiones inevitable y otra que se propenda o exista una predisposición

intencional hacia ella. De hecho es lo que está ocurriendo en España, al proclamarse por doquier, con una

inconsciencia digna de mejor causa, que la futura Constitución debe ser breve.

Precisamente el carácter ambivalente en el orden ideológico que nuestro futuro ordenamiento ha de

revestir, permitiendo el funcionamiento dentro de él de las opciones políticas más dispares obliga a que

los preceptos alusivos a la organización, funciones, atribuciones y relaciones de los distintos poderes del

Estado eslén lo suficientemente desarrollados como para que sobre ellos DO quepan interpretaciones

interesadas. La ambigüedad en el plano dogmático-ideológico impone la máxima concreción posible en la

parte orgánica. Lo que significa que la Constitución debe ser extensa. Proceder de otro modo equivaldría

a institucionalizar lagunas y vacíos que los partidos políticos mayoritarios, en elecciones sucesivas, ya se

encargarían de llenar a su modo.

Principio de coherencia

Por último, hay que recordar que el derecho es, ante todo, sistema. Y no basta con que los preceptos

considerados aislada mente sean transparentes en su significado. Es, además, necesario que el conjunto

del ordenamiento fundamental no se siembre de contradicciones. De donde derivan dos corolarios

extraordinariamente importantes: En primer término, que las Cortes no deben perder de vista en la

discusión del articulado la congruencia de cada uno de los preceptos que vayan aprobando con todos los

demás. De ahí la decisiva importancia del proyecto sobre el que se inicien los debates y la atención

escrupulosamente interesada que nuestros parlamentarios Hieben prestarle. Y, en segundo término, que la

bondad de una institución respecto a otra, de un determinado mecanismo constitucional en relación a su

contrario. . no debe ser juzgada por su efectividad en ordenamientos foráneos, sino por su posible eficacia

pensando en el caso español. El mimetismo acrítico de lo extranjero ha representado siempre un serio

peligro en todas las Asambleas Constituyentes, olvidándose que lo que en unos países puede ser

modélico, en otros resulta, a veces, catastrófico. Hoy se habla, por ejemplo, como si se tratara de una

especie de necesidad ineludible, de la creación de un Tribunal de Garantías Constitucionales. Ño seré yo

quien, aquí y ahora, me pronuncie a su favor o en su contra. Lo que me importa es señalar que si oponerse

apriorísticamente a él carecería de fundamento, no menos injustificado resulta defender de antemano su

existencia.

La defensa del principio de coherencia constitucional impone el que seriamente se tome conciencia de las

implicaciones y condicionamientos que cada institución acarrea en todas las demás. Del grado de

madurez de nuestros constituyentes en esta obra, sin duda difícil, pero de dimensiones históricas, en

buena medida depende el futuro de la democracia. En un país como el nuestro, donde los hábitos

democráticos, las prácticas constitucionales y \el respeto por la legalidad han brillado casi siempre por su

ausencia, resultaría nefasto que la propia Constitución se convirtiera en fuente de incongruencias y

contradicciones.

Para que exista estabilidad constitucional, como decíamos al principio, es necesario que las fuerzas que

intervenga en ese gran compromiso histórico de redactar una Constitución estén dispuestas a respetarlo.

Pero se requiere, además, que la Constitución, bien arbitrada técnicamente, en lugar de crear problemas

ayude efectivamente a resolverlos. Sólo así se logrará obtener lo que los alemanes llaman sentimiento

constitucional (Verfas-sungsgefiihl). Otra cosa sería dar vida a un fantasma incapaz de inspirar el mínimo

respeto.

 

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