Autor: Sebastián Aguilar, Fernando. 
   La financiación de las Universidades privadas     
 
 Informaciones.    03/01/1977.  Páginas: 2. Párrafos: 15. 

La financiación de las Universidades privadas

Por Fernando SEBASTIAN AGUILAR (Rector de la Universidad Pontificia de Salamanca)

HA comenzado ya la preparación de una ley de Universidades. Ojalá se encuentren las fórmulas para que

con ella renazca una Institución como la universidad, llena en estos momentos de problemas y de tanta

importancia para el vigor y la prosperidad de un país. Entre las pocas cosas que han transcendido a la

opinión pública, se habla de ía intención de clasificarlas entres grupos: Universidad del Estado,

universidades dependientes de los Organismos Autónomos y Universidades privadas, como de pasada, se

dice que estas últimas habrán de ser autofinanciadas.

Esto me mueve a reflexionar sobre un tema que no se puede dar por resuelto sin un examen detenido y

desapasionado. ¿Es tan claro que las Universidades privadas no deben ser financiadas con fondos

públicos? En el fondo de esta postura está la opinión generalizada, y poco discutida entre nosotros, de que

la enseñanza, la Universidad en este caso, es un deber y un derecho del Estado. Sólo son verdaderos

enseñantes, sólo es verdadera Universidad la que está organizada, dirigida y controlada por la

Adminiátración estatal. Desde luego, la historia de las Universidades no ha sido asi. Aun hoy en los

países democráticos la situación no es exactamente esta. Pero en España, desde la reforma napoleónica,

parece que no sabemos pensar de otra manera.

Es evidente que la enseñanza universitaria, y más si está tan estrechamente ligada a las actividades

profesionales como ocurre en nuestro país, tiene que ser controlada y reglamentada por ei Estado. Está

claro también que una enseñanza universitaria de calidad difícilmente puede existir sin la financiación

oficial. Aquí está el punto clave de la cuestión. El hecho de ser financiada por los fondos públicos,

¿quiere decir que la Universidad tiene que ser promovida y regida exclusivamente por las instancias

oficiales? Con eso se priva a los grupos sociales de la posibilidad de intervenir eficazmente en la creación

y promoción de la cultura. Todo el tema de la enseñanza no estatal está intimamente ligado al tema de la

libertad de la cultura. ¿Puede una sociedad que quiere ser libre dejar en manos del Estado toda la red de

instituciones dedicadas a la creación y transmisión de la cultura?

Por supuesto que en los centros oficiales se guarda, a veces celosamente, la libertad de cátedra y de

pensamiento. Pero, ¿no queda mejor respetada la intrínseca libertad de la actividad cultural, si los grupos

sociales con características culturales y de pensamiento, pueden también promover sus propios centros en

una. labor coherente y noblemente competitiva? Pero para que la sociedad conserve el ejercicio de esta

libertad, los centros no estatales carácterizados por unas u otras cualidades, deben estar asistidos por los

fondos públicos. Esta asistencia no es ninguna malversación. No se pretende utilizar los fondos públicos

para financiar los gustos de unos caprichosos ni las exquisitas ideologías de una clage privilegiada. Se

pretende simplemente ftue la red de centros de enseñanza, en los diferentes niveles permita la actividad

cultural de los grupos que realmente existen en ´la sociedad, que. las instituciones docentes reflejen de

verdad la vida cultural de la sociedad de la que nacen y a la que tienen que servir

Ordinariamente, las cosas se piensan así: La enseñanza es derecho primordial del" Estado. La existencia

tío centros privados es algo marginal y superfino que el ciudadano puede tener en ejercicio de sus

derechos individuales, pero respecto de lo cual el Estado no tiene ninguna obligación. Esta mentalidad

refleja la imagen de un Estado absoluto peligrosamente desmesurado en el campo de la cultura. Las

alternativas para la enseñanza presentadas por algunos partidos tratan de democratizar este esquema, pero

no se desprenden totalmente de la hipótesis estatista y totalitaria.

Una visión democrática de la enseñanza tiene que partir del derecho del ciudadano a recibir o dar a sus

hilos una educación adecuada en conformidad con sus propias tradiciones y creencias culturales o

religiosas. Ha de partir igualmente del derecha de los grupos sociales, de la sociedad misma, a promover

y transmitir la cultura en centros adecuados. En esta perspectiva la intervención del Estado no es la del

dueño y primer responsable de la cultura y de la educación, sino, como él, regulador de una actividad

común y de primera importancia para toda la sociedad y el administrador de unos fondos provenientes de

todos los ciudadanos para hacer posible el ejercicio de la libertad de todos según sus derechos y sus

legítimas aspiraciones. ¿No hay que llegar hasta aquí para poder hablar de una sociedad verdaderamente

libre?

Si estas consideraciones valen para justificar la existencia de Universidades no estatales dentro de los

marcos autónomos de los diferentes pueblos de España, porque tienen unas individualidades culturales,

¿por qué no va a valer para otras Universidades no estatales, que respondan a las características culturales

de otros grupos sin unidad geográfica pero con una "verdadera diferenciación cultural e histórica?

Por supuesto que no estoy abogando por la anarquía en un campo tan complejo y tan importante como la

vida universitaria. EL Estado debe regular la existencia, la planificación regional o local, el crecimiento y

las características fundamentales de la Universidad para que responda a las expectativas y a las

necesidades de la sociedad. Pero si hay Universidades no estatales, que cumplen estas exigencias

comunes del servicio a la sociedad, debe el Estado reconocerías como tales y asistirlas en el servicio a

unos ciudadanos, que tienen derecho a ir libremente a aprender donde quieren y como quieren. Sin

libertad de centros no hay libertad de enseñanza. Y sin financiación pública de los centros no estatales no

hay verdadera libertad de centros.

(Pasa a la pág siguiente.)

LA FINANCIACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES PRIVADAS

(Viene de la pág. anterior.)

De otra manera se perpetuarán situaciones absurdas como las actuales: Profesores Numerarios de, una

Universidad no estatal son contratados por la Universidad del Estado. Acabadas sus clases en la

Universidad propia, con diez minutos de diferencia, van a explicar los mismos cursos a la Universidad del

Estado. Lo que explican y trabajan en ésta, vale, y lo que explican en la Universidad no estatal, no vale:

sus alumnos tienen que someterse a un Tribunal mixto para que el Estado reconozca la validez de sus

estudios. Los Departamentos de la Universidad del Estado merecen ser sostenidos por los fondos

públicos. Y los de la Universidad no estatal, donde acuden, libremente unos ciudadanos por las razones

que sean, no merecen esta asistencia. Aunque sus alumnos pasen luego a /ocupar las cátedras de los

centros del Estado. ¿No son éstas situaciones absurdas e injustas que habría que examinar a fondo?

Contra lo que algunos puedan pensar, la enseñanza universitaria no estatal en España está gravemente

discriminada y reprimida. No existe ninguna legislación que regule de manera general el teórico

reconocimiento de la libertad de enseñanza universitaria recogido en la actual ley general de Educación.

Existe únicamente un convenio entre la Santa Sede y el Estado español, a cuyo amparo han vivido

penosamente los centros universitarios de la Iglesia. Esta situación ha dado lugar a una doble perversión,

muy española, por desgracia. Por una parte, las Universidades no estatales, unas con más fortuna que

otras, han tenido que buscar la benevolencia de los hombres de la Administración para recibir

aleatoriamente las ayudas no previstas oficialmente. Estas ayudas a las Universidades no estatales, por

parte del Ministerio de Educación y Ciencia, han sido escasas hasta el escarnio. La Pontificia de

Salamanca, con casi 2.000 alumnos en sus cinco Facultades civiles, recibió el año pasado del M.E.C. dos

millones cuatrocientas mil pesetas. Es decir, mil doscientas pesetas por alumno, aproximadamente. Por

otra, las mismas Universidades del Estado han sido presa codiciada por diferentes grupos con inedios no

siempre claros. ¿No es. más limpio y más democrático dejar que todos los grupos puedan desplegar su

actividad en el campo de las instituciones universitarias con un tratamiento equitativo por parte de

quienes administran los bienes de la sociedad?

Si la nueva ley de Universidades admitiera de verdad la existencia de las Universidades no estatales con

un desarrollo valiente del principio de libertad de enseñanza y de la autonomía universitaria, habríamos

dado un paso importante en el camino de la libertad y de la democratización de la cultura. Lo demás es

seguir prisioneros de la mentalidad estatista y centralista. Que los grupos culturales tengan todos las

mismas oportunidades, que cada Universidad se mantenga con su propio prestigio.

Y por si acaso, una última reflexión. No es cierto que la cultura sea aséptica y neutral ideológicamente.

Esto podrá valer para ciertas ciencias. Pero en filosóficas y humanísticas es esencialmente falso. Aquí no

cabe plena libertad ni verdadera neutralidad por parte del Estado si no hay libertad de actuación plena y

coherente para los diferentes grupos culturales. La libertad de enseñanza es un test para la democracia.

Sin libertad de enseñanza no hay sociedad pluralista ni democrática.

Quienes quieran vivir en una sociedad libre, no manipulada ni dirigida culturalmente por nadie, tendrán

que luchar por conseguir una verdadera y completa libertad de enseñanza. La insensibilidad o la

suspicacia frente al tema de la libertad de enseñanza son resabios del totalitarismo que hemos vivido o del

que podríamos volver a vivir.

 

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