Autor: Vega García, Pedro de. 
   Control del Gobierno y legalidad democrática     
 
 Diario 16.    16/09/1977.  Páginas: 1. Párrafos: 11. 

Control del Gobierno y legalidad democrática

El hecho de que a los tres meses de unas elecciones generales a Cortes Constituyentes se tenga que seguir

recordando el supuesto medular de la democracia parlamentaria, según el cual el Gobierno debe

responder de su gestión ante el Parlamento, no deja de ser grave y sintomático. Por un lado, porque pone

de manifiesto que no se han olvidado aún las nocivas prácticas y los viejos modos de los gobiernos de la

dictadura, acostumbrados a operar desde la impunidad más absoluta. Ahí está, si no, para demostrarlo el

penoso y lamentable procedimiento que se está siguiendo para la restauración de la Generalitat en

Cataluña. Sólo desde la impericia, la ignorancia y el más absoluto desprecio por los> mecanismos

democráticos se comprende que un asunto tan importante, y que, además, afecta no sólo a Cataluña, sino

también al resto de las regiones del Estado, pueda gestionarse al margen de las Cortes, y sin explicar las

consecuencias políticas y económicas que de él van a derivar.

Pero, por otro lado, lo que la actual situación pone también en evidencia con toda claridad es la quiebra de

los más elementales principios de una política constituyente realmente democrática. 3ue el Gobierno

olvide que son las Cortes quienes representan y encarnan la voluntad popular y que, en consecuencia, son

ellas quienes deben aprobar o vetar las decisiones políticas fundamentales, no tiene por qué causar

estrañeza. A fin de cuentas, y salvo algunas excepciones, si se repasa el elenco del actual equipo

gubernamental, nadie puede poner en duda su ?enuina estirpe y abolengo franquistas. Lo que resulta

extraño y sorprendente es que la oposición &> curra en el error de no contraponer a la confusión, al

maniqueísmo y a los usos antidemocráticos que se prodigan por doquier el más contundente y claro

comportamiento democrático. Comportamiento que, naturalmente, debería haber comenzado por una

definición mucho más decidida y rigurosa de la política constituyente que la que se está llevando a cabo,

La ausencia de legalidad

Sí es cierto que, en buena lógica democrática, el Gobierno debe responder ante el Parlamento, no

lo es menos que esa función controladora del Legislativo sobre el Ejecutivo debe ser previamente

regulada con toda precisión. En otros países donde la mecánica democrática funciona, se conoce de

antemano que un voto de confianza, por ejemplo, supone un importante aval para el equipo de Gobierno,

de igual modo que un voto de censura acarrea una inexorable crisis ministerial. Nos encontramos los

españoles, sin embargo, en la1 anómala situación de estar fabricando la democracia sobre una ausencia de

legislación, o lo que es más grave, sobre una legislación heredada de la dictadura que no deja de producir

sus consecuenictas. Por lo pronto, ignoramos cuáles podrían ser las repercusiones y los efectos derivados

de una confrontación profunda entre el Legislativo y el Ejecutivo. Lo cual, además de absurdo, resulta

extraordinariamente peligroso. En primer lugar, porque supone abandonar la política a la pura

irracionalidad de los hechos, que es en donde, como bien se sabe, encontraron siempre su caldo de cultivo

los demagogos fascistas. Y, en segundo lugar, porque implica la renuncia, el olvido o el desprecio por el

valor y el significado que la legalidad ´ier.e para la vida política democrática.

Conviene recordar, frente a lo que lastimosamente está ocurriendo, que la legalidad y el respeto por la

legalidad constituyen condiciones indispensables para que ia democracia funcione. Máxime, en un país

como el nuestro, donde el respeto por la ley no. ha sido, precisamente, una constante de la historia política

nacional.

La "Pequeña Constitución"

Se comprende de este modo que los poderes constituyentes democráticos que registra la historia (existen

también poderes constituyentes antidemocráticos) comenzaran siempre su actuación estableciendo una

mínima legalidad en la que se regulaban y se definían sus competencias y relaciones con los otros poderes

del Estado, durante el periodo de la transición constituyente. Que esa mínima legalidad haya tenido unas

veces una dimensión precaria, como ocurrió en la República de 1931, o que, por el contrario, haya

adquirido perspectivas modélicas, como en 1918 sucedió en Austria, bajo la inspiración del eminente

jurista Kelsen, no es lo que ahora mas importa. Lo que importa es señalar que no se concibió nunca el

nacimiento de una democracia desde el arbitrismo, la incongruencia

legal o las simple? buenas intenciones, como al parecer se pretende en España.

Sería probablemente exagerado e injusto pedir a nuestros constituyentes la extraordinaria pulcritud

jurídica que han mostrado otras asambleas foráneas a´ lo largo del siglo XX. Las particulares

circunstancias en que se ha producido ia evolución política española no pueiden ni deben desconocerse.

No «tratante, lo que no se puede ni se debe ignorar tampoco «a que desde una legalidad abierta y

decididamente antidemocrática, como «6 la legalidad, hoy por hoy, vigente en España, aspirar a que el

Estado funcione democráticamente BO pasa de ser una ingenuidad.

Pudo servir en su momento la ley para la Reforma Política del presidente Suárez de cláusula derogatoria

de una buena parte de nuestro ordenamiento jurídico fundamental. Pero pa:a lo que dicha ley no estaba

oens^da era para resolver los infinitos problemas que habían de presentarse al día siguiente de la

celebración de las elecciones.

Correspondía a his actuales Cortes haberse percatado de que durante el periodo de transición, y hasta el

momen´o ei que se apruebe la Constitución futura, se hacia necesaria la regulación jurídica de una serie de

supuestos que, como es natural, ni sstaoan previstos ni se podían solucionar con la legislación

constitucional anterior. El problema de las relaciones entre Parlamento y Gobierno es simplemente uno de

ellos.

Un singuar despropósito

Por desgracia, n; las Cortes se han decidido a aprobar ese Estatuto Provisional, esa "Pequeña

Constitución" ´tal y como se llamó en Polonia en 1919) para la transición, ni el Gobierno tuvo la sensata y

generosa ocurrencia de gobernar lo m¿nos posible. Con io cual, la original vía española hacia la

democracia se está convirtiendo en uno ´le los más singulares despropósitos que conoce la historia. Nos

encontramos, por un lado, ante un Podei Constituyente que, incapaz de asumir su suprema misión

legisladora, se está perdiendo en preocupaciones eolíticas de menor alcance, y, por otro lado, ante un

Gobierno que, no queriendo aceptar el caráder provisional y transitorio que por definición le

correspondía, se empeña en seguir siendo protagonista, motor y arbitro de la presente situación. Ni que

decir tiene que este intercambio absurdo de papeles no va a terminar beneficiando a ninguno de los dos,

Si hasta ahora la política de adelantarse a los acontecimientos ha propiciado éxitos indiscutibles al

presidente Suárez0, a partir de este momento puede resultarle suicida. Las aparentes realizaciones del

Gobierno sólo servirán para abrir la brecha y acelerar el momento de su confrontación con las Cortes, De

esta suerte, el principio de la responsabilidad del Gobierno ante el Parlamento puede conducir a Suárez a

su más estrepitoso fracaso. Pero de esta suerte, a su vez, el fracaso de Suárez puede dar paso a una crisis

mucho más profunda, por no estar previstas legalmente en parte alguna las posibles soluciones y

alternativas. Lo que propiciaría la voz de los agoreros y de los nostálgicos para recordarnos que otros

tiempos pasados fueron mejores.

Es lamentable que, a tres meses de unas elecciones generales a Cortes Constituyentes, amplios sectores

del poder no se hayan dado cuenta aún de que los viejos modos y maneras del franquismo so casan con la

nueva situación del país. Pero es igualmente lamentable y grave que nuestros constituyentes no hayan

percibido todavia que de lo que se trata en estos momentos es de institucionalizar, con urgencia y

claridad, la convivencia democrática. Suárez, al menos tiene en su haber, y sería Injusto no reconocerlo,

el ser el protagonista de una operación de transformación histórica que permitid la celebración de las

elecciones generales. Los hombres surgidos de ellas es muy poco to que, por el momento, pueden

ofrecernos. Esperemos y confiemos que el panorama cambie er breve.

Pedro de Vega García

 

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