Autor: Vega García, Pedro de. 
   Cortes constituyentes y gobierno provisional     
 
 Diario 16.    27/06/1977.  Páginas: 1. Párrafos: 8. 

Cortes Constituyentes y Gobierno provisional

Pedro de Vega

Es un principio básico de la Teoría Constitucional democrática que el Poder Constituyente no puede ser,

en ningún caso, heredero de su propia obra, y, en consecuencia, debe disolverse una vez redactada y

aprobada la Constitución. No es el momento ahora de discutir las razones profundas que, tanto desde la

lógica política democrática, como desde la más elemental coherencia jurídica, fundamentan este viejo

principio heredado de la tradición burguesa y jacobina de la Revolución Francesa. Lo que importa es

dejar constancia de que, en las actuales circunstancias políticas españolas, su cumplimiento ha de

resultar inexorablemente necesario, siempre y cuando lo que se pretenda sea la instauración definitiva de

un régimen democrático en nuestro país.

Para empezar, esta claro que las próximas Cortes van a ser unas Cortes Constituyentes. También es obvio

que, en la Constitución que en ellas se elabore, la composición, la estructura, el funcionamiento y las

competencias de los poderes del Estado tomara una configuración distinta a la que tienen ahora. En

especial, por lo que al poder legislativo hace referencia, a nadie se oculta que, en e1 supuesto de

permanecer la actual estructura bicameral, el sistema de relaciones entre ambas cámaras y, sobre todo, la

composición y atribuciones de la Cámara Alta (Senado), habrán de ser absolutamente diferentes.

Y he aquí la cuestión. Una vez que la Constitución sea aprobada y ratificada en referéndum por el pueblo,

conforme a lo establecido en la Ley para la Reforma Política, ¿qué hacer con unas Cortes que ni en su

composición, ni en su funcionamiento, ni en sus competencias coincidirán con lo estatuido en el nuevo

ordenamiento constitucional? Por enojosa que pueda resultar la alternativa no cabe, sin embargo, eludir su

planteamiento: o el poder legislativo su acopla a la nueva Constitución, en cuyo caso la disolución de las

Cortes Constituyentes es obligada, o las Cortes no se disuelven, en cuyo supuesto la Constitución futura,

por no poderse aplicar, iniciará su vida desde la incertidumbre y la ambigüedad.

Es cierto que la historia registra abundantes ejemplos de Asambleas Constituyente que prolongaron su

existencia, transformándose en órganos legislativos ordinarios. De las experiencias francesas de 1973 y

1852 (en que la institución Jurídica de la prerogatio, aparece claramente recogida), a la experiencia del

Sejm polaco o de la propia segunda República española, son muchos y muy distintos los ejemplos que

podrían aducirse. Pero no es menos cierto que cuando esos fenómenos se produjeron la obra

constituyente terminó siendo, unas veces, una obra históricamente inútil y, otras, una operación política

desastrosa.

Carecemos los españoles de un sentimiento constitucional lo suficientemente enraizado para permitirnos

el lujo de hacer juegos malabares con el futuro ordenamiento fundamental, y no sería ni lo más lógico

jurídicamente, ni lo más útil políticamente para lograr ese respeto que la Constitución debe inspirar, el

que en nombre de la crítica situación económica, o de las complicaciones que un próximo proceso

electoral pudiera llevar consigo, se intentará prolongar la vida de las Cortes mas allá de sus límites

naturales. En este sentido, y dada la penuria conceptual y el lamentable abandono a que, por razones

obvias, se ha visto sometida la problemática constitucional en nuestro país, acaso no esté de más que se

recuerde lo siguiente:

l.-Que apelar a la crítica .situación de nuestra economía, y a la necesidad de tomar medidas urgentes

para solventar sus problemas, como criterio justificador de una prórroga de las próximas Cortes no pasa

de ser un argumento falaz e inconsistente. En primer lugar, porque todos los momentos históricos de

transición en que se plantea la necesidad de forjar un poder constituyente son, por definición, críticos y

angustiosos. Sería estúpido pensar que en una situación de pleno florecimiento económico y de notable

estabilidad social y política, se planteara en ningún país la necesidad de transformar las instituciones

fundamentales. Y, en segundo lugar, porque la existencia y el funcionamiento de un poder constituyente

no significa que el resto de las actividades estatales (como puede ser el establecimiento de un plan

económico) queden suspendidas. Para eso surgió la teoría de los gobiernos provisionales cuya eficacia,

autoridad y prestigio, en la mayoría de las ocasiones, nadie puede discutir. Corresponde al presidente

Suárez acertar en el nombramiento del nuevo Gobierno. Lo que en cualquier caso resultaría inadmisible

sería que, para asegurar la permanencia del Gabinete que ahora se forme, se intentará falazmente

prolongar la vida de las Cortes, poniendo en peligro toda una operación de renovación histórica en la que,

fuerza es reconocerlo, los méritos que al propio presidente le corresponden son numerosos.

2.-Por otro lado, no se debe olvidar que si el problema económico es importante, lo es aún más el

establecimiento adecuado de las reglas del juego político democrático. Y si por salvar la economía se

enrarece y confunde la atmósfera política es muy probable que, a la postre, ni se resuelvan los problemas

políticos, ni los económicos.

3.-Por último, habría que indicar la incoherencia que supone, y los lamentables efectos que puede

producir, el preconizar una Constitución breve y clara, como probablemente sea la que ahora

necesitamos, y apelar al mismo tiempo a abundantes disposiciones de derecho transitorio para limitar su

aplicación o corregir su contenido Pero se trata de otro tema que ya tendremos ocasión de desarrollar más

ampliamente.

 

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