Autor: Pérez Fernández, Herminio. 
 Cortes españolas. 
 La comisión de defensa nacional acordó devolver al gobierno el proyecto de ley sobre prestación del servicio militar por los objetores de conciencia  :   
 La única enmienda a la totalidad, formulada por el señor Vizcaíno Márquez, fue aprobada por veintiún votos frente a nueve. 
 ABC.    10/07/1970.  Página: 27-28. Páginas: 2. Párrafos: 22. 

ABC, V I E R N E S 10 DE JULIO ísE 1970. EDICIÓN PE LA MAÑANA. PA«. S7.

CORTES ESPAÑOLAS

LA COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL ACORDÓ DEVOLVER AL GOBIERNO EL PROYECTO

DE LEY SOBRE PRESTACIÓN DEL SERVICIO MILITAR POR LOS OBJETORES DE

CONCIENCIA

La única enmienda a la totalidad, lormulacta par el señor Vizcaíno Márquez, fue aprobada por veintiún

votos frente a nueve

Madrid. (De nuestro redactor en las Cortes, Herminio Pérez Fernández.) La Comisión de Defensa

Nacional, a la que se había encomendado el dictamen sobre el proyecto de ley relativo a la prestación del

servicio militar por los objetores de conciencias que alegan motivos de confesión religiosa, acordó ayer,

al cabo de dos horas de debate, la devolución del proyecto al Gobierno.

Prosperaba así, con veintiún votos favorables y nueve adversos, la única, enmienda a la totalidad

formulada en tiempo y forma por el procurador don Miguel Vizcaíno Márquez, proponiendo que el

proyecto fuera devuelto al Gobierno, a fin de que formule otro nuevo "por el que se regule el servicio

militar de los objetantes, dentro de los limites establecidos por las Leyes Fundamentales, la del Servicio

Militar, Libertad Religiosa y sin perjuicio de las facultades que al Gobierno correspondan en el orden

reglamentario".

La sesión dio comienzo a las cinco y diez de la tarde; Presidió el teniente general Galera Paniagua, que,

como vicepresidente, sustituyó al titular, teniente general Muñoz Grandes, ausente por enfermedad. Le

acompañaban el secretario de la Comisión, señor Vizcaíno Márquez, y los componentes de la Ponencia

que había informado el proyecto, señores Almagro y Montes de Oca, Azcárraga Bustamante, Castilla Pé-

rez, Hertogs Echemendía y Riestra del Moral.

Se dio por leída el acta de la sesión anterior, y por indicación del presidente la Ponencia leyó el informe

elaborado, en cuyo texto se recogen muchas de las sugerencias formuladas por las nueve enmiendas

escritas, presentadas dentro de plazo.

Conviene señalar que mientras el proyecto del Gobierno autorizaba a éste, en su artículo primero, "para

que regule, mediante decreto, la prestación del Servicio Militar en Unidades o Servicios Especiales y

durante un período de hasta tres años" por los objetores de conciencia, el texto de la ponencia, si bien

autorizaba también al Gobierno para dicha regulación, establecía e3 plazo máximo de seis meses y

formulaba cuatro bases concretas, a las que debía someterse tal regulación.

El señor Vizcaíno Márquez, primer enmendante a quien la Presidencia concedió la palabra, se oponía,

defendiendo su postura, a que materia tan trascendente en el orden moral y político, que afecta —dijo—a

la unidad, a la estabilidad y a la propia esencia del Ejército, fuera regulada por decreto. El determinar a

quiénes pueda comprender la ley, estableciendo las debidas garantías y límites, el tiempo y la naturaleza

del servicio a prestar y las normas penales que lo garanticen, exige el rango de ley para la disposición que

regule la situación que por este proyecto se trata de prever".

Con textos de la ley de Libertad Religiosa señaló la extraña situación de hecho por la que los ministros de

los cultos no católicos habrían de cumplir el servicio militar normalmente, mientras que los objetores de

conciencia, pertenecientes en su mayoría a sectas que no están reconocidas en España como asociaciones

confesionales, recibirían un trato distinto.

El señar Vizcaíno Márquez destacó también las dificultades tfíie el proyecto presenta en el orden penal,

insistiendo en que el texto "exige tilia reconsideración, tanto para el cumplimiento de los requisitos for-

males de respeto a preceptos de rango superior como para darle el perfecto encaje en nuestro

ordenamiento jurídico".

Ante el elevado número de procuradores aue, al finalizar la bien argumentada exposición del señor

Vizcaíno, solicitaron la palabra, manifestó el presidente que, en principio, sólo la concedería a quienes

trataran de referirse a la enmienda a la totalidad.

Intervinieron en este sentido nueve procuradores: en primer lugar, el señor García Bravo-Ferrer médico

militar, subrayó aue está comprobada la existencia de un elevado tanto por ciento de neuróticos y

psicópatas entré los objetores de conciencia y solicitó que se señale, como condición ineludible, un

reconocimiento psiquiátrico de los objetores.

El señor Pérez Salamero suscribió íntegramente la enmienda del señor Vizcaíno Márquez por entender

que un oro-bleina tan gravé no podía dejarse a la resolución del Gobierno por Decreto y porque, además,

en su opinión la Ponencia había elaborado un nuevo proyecto de ley desconocido para el resto de los

procuradores que, por tanto, se veían impedidos de enmendarlo.

Para el señor Sanz Orrio el proyecto "rodeado de un halo de modernismo y de progreso" constituye un

ataque a la igualdad, puesto que mientras la mayor parte de los ciudadanos se someten a ese deber hon-

roso, peligroso, áspero y difícil que es el servicio de las armas, unos pocos alegando unas razones

nobilísimas se verán eximidos de ese deber. La misión fundamental del soldado no es la violencia, sino

impedir la violencia. Si se trata de anormalidades psíquicas, como ha dicho el doctor García Bravo-Ferrer,

rio creo que para proteger a unos anormales haga falta traer un proyecto de ley qué puede suponer un

ataque a fondo a una Institución fundamental del país. Si hoy son pocos los objetores de conciencia, con

este proyecto de ley serán pronto muchos más. Por otra parte, subrayó que, en realidad, no se trataba de

un proyecto de ley, sino de una autorización al Gobierno que no se sabe dónde puede llegar. Por todo ello

apoyó la devolución para que sea enviado otro texto con orientaciones muy distintas.

El teniente general Iniesta comenzó su intervención declarándose totalmente opuesto a la aceptación de

los objetores de conciencia. Las creencias religiosas —dijo—-no han de constituir un motivo de

desigualdad ante la Ley. Citó textos de prelados y conciliares, en apoyo de sus argumentos abundantes y

afirmó: "No pretendo forzar a empuñar las armas a quienes demuestren que se lo impide su conciencia,

pero tampoco que la conciencia se convierta en un cómodo sillón para que unos pocos eludan sus

obligaciones, mientras los demás las cumplen. Y que no se nos diga que establecemos discriminaciones;

son los propios objetores quienes las establecen. Finalizó su briosa Intervención señalando dos extremos

que deben incluirse en la Ley: Que quienes fie una manera fehaciente demuestren objeciones de

conciencia, si no son destinados al servicio de armas sí lo sean a los puestos de mayor peligro y fatiga y,

por otra parte, que deben prestar servicio por un período mínimo de seis años, estableciéndose un numero

máximo admisible de objetores de conciencia.

El teniente general Lacalle Larraga afirmó que, por un defecto de forma, el texto presentado por la

Ponencia no podía prosperar, ya que se trataba de un proyecto nuevo, desconocido por muchos

procuradores, y apoyó la enmienda del señor Vizcaíno.

La única vos que se alzó para defender el proyecto del Gobierno, apoyar a la Ponencia y romper una lanza

en favor de los objetares de conciencia fue la del procurador señor Merino García, que subrayó la

importancia del hombre y de la conciencia individual, de los valores religiosos y morales, por encima de

las instituciones, y de tos valores individuales sobre los colectivos. Si a la persona—dijo—se le niega él

derecho a la libertad de conciencia, no se la trata como a una persona. Expuso la forma en que este, pro-

blema ha sido resuelto en Finlandia, Holanda, Norteamérica, Israel y otros países, para terminar

subrayando que si siempre ha defendido la prerrogativa de las Cortes en materia legislativa por esta ves se

mostraba partidario de facultar al Gobierno para resolver esta materia por decreto, puesto que se trata de

matizar aspectos de la ley del Servicio Militar, ya aprobada por las Cortes. Recordó que hay actualmente

más de treinta objetores de conciencia cumpliendo condenas, algunos por tercera vez; "Estar dispuestos a

permanecer años en la cárcel no es fácil ni agradable. Esta situación hay que resolverla y esta disposición

la resuelve; aunque sólo sea por eso, debemos otorgarle nuestro voto de confianza al Gobierno."

Para don Blas Pinar introducir por un decreto una derogación de un derecho fundamental reconocido en el

artículo séptimo del Fuero de los Españoles podría llevar a contrafuero. Planteó, en términos concisos y

clarísimos, su postura: Él tema de los objetores de conciencia está fuertemente politizado; o lo admitimos

o no; si lo admitimos, el servicio militar obligatorio se transforma en un servicio voluntario o convertible.

Si lo entendemos como un deber inexcusable, no podemos admitir la objeción de conciencia. Pero el

objetor se da, como se da el prófugo o él desertor: con la diferencia de que la objeción no está tipificada

como delito y ha tenido que ser castigada como desobediencia; lo que hay que hacer es tipificarla como

utilización moral para el servicio militar o como una figura típica de delito dentro del Código Militar.

El teniente general Barroso apoyó las tesis sostenidas por los señores Hiniesta y Piñar, mostrándose

también partidario de devolver el proyecto.

Por último, el señor Díaz Llanos señaló que si bien el artículo séptimo del Fuero de los Españoles

establece que el servicio militar constituye un honor, añade luego que todos están obligados a prestarlo

cuando sean llamados con arreglo a la Ley", lo que significa que hay individuos a los que la Ley, por

diferentes razones, no llama. Por cuesitión de principios se mostró enemigo de las delegaciones legis-

lativas al Gobierno. Y eso es precisamente, lo que otorga este proyecto de ley. Son las Cortes las que

deben elaborar las leyes, y, sobre todo, en un problema tan arduo como éste. Rebatió, uno por uno, el

contenido de los diíerenjjies artículos del proyecto, y terminó afirmando que "ífebe ser devuelto al

Gobierno para que presente, en su lugar, una ley adecuada".

La última intervención estuvo a cargo del señor Hertogs Echemendía, que, en nombre de la Ponencia,

justificó con abundantes argumentos las razones que habían movido a los ponentes elaborar su informe

recogiendo las enmiendas más sobresalientes, con el deseo de solucionar, cuanto antes, un problema que,

se quiera o no, existe y que con la devolución del proyecto al Gobierno va a ver demorada su solución una

vez más.

A las siete y veinticinco, y ante el insistente deseo de la mayoría de la Comisión —manifestado con voces

de "¡A votar, a votar!"—el presidente sometió a votación la enmienda del señor Vizcaíno Márquez,

acordándose, por aplastante mayoría, la devolución del proyecto al Gobierno.

El señor Merino García pidió que la Comisión elevara una moción solicitando el indulto para los

objetares que actualmente cumplen condena, pero el señor Díaz Llanos señaló una serie de razones jurí-

dicas y penales que harían inoperante la moción, por lo que no llegó a aceptarse.

Tampoco se aceptó la sugerencia del señor Pérez Serrabona en el sentido de marcar al Gobierno un plazo

para la remisión del nuevo proyecto.

Recursos de los procesados como peligrosos sociales

Otros diez artículos del proyecto de Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social fueron dictaminados ayer

por la Comisión de Justicia de las Cortes.

Restan aún por aprobar otros seis preceptos, además de las disposiciones finales, transitorias y

adicionales.

Los artículos aprobados abarcan del 20. al 29, ambos inclusive. Se refieren a normas de procedimiento en

los Juzgados, al establecimiento del recurso de apelación, a la ejecución de las medidas de seguridad y al

juicio de revisión.

Se afirma en eí artículo 21 que el juez —una vez practicadas las pruebas—oirá, al fiscal y al presunto

peligroso. Transcurrido el plazo señalado, el juez declarará probada la peligrosidad del sujeto, en cuyo

caso calificará ésta con arreglo a la Ley, consignará los hechos que la acrediten y señalará las medidas de

seguridad aplicables. En otro caso, declarará que no ha lugar a la adopción de medidas de seguridad por

no darse las condiciones del estado de peligrosidad y por ser infundada la denuncia.

El juez, previo informe de la Junta de tratamiento—podrá acordar el cese de la medida impuesta que

corresponda y la sustitución, en su caso, por sucesiva.

Mediante el juicio de revisión, se dice dentro ya del capítulo cuarto del proyecto, puede el Juzgado

cancelar, confirmar, sustituir, reducir o prolongar las medidas, de seguridad que se hubieran acordado. La

revisión de las mismas corresponde al Juzgado que hubiera conocido el expediente en que aquéllas se

impusieron. Antes de entrar en la discusión del artículo 29, la Ponencia acordó reunirse para modificar su

informe y en vista de lo avanzado de la hora, el presidente de la Comisión optó por suspender la sesión

hasta hoy, a las oinoo de la tarde.—Pyresa.

 

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