Objetores: ¿A la tercera va la vencida?     
 
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¿A LA TERCERA VA LA VENCIDA?

YA está en las Cortes el tercer proyecto de ley qué el Gobierno envía a la Cámara sobre el tema de los

objetores de conciencia al servicio militar, Se trata de un proyecto de ley meramente punitivo por el que,

en tiempo de paz, se condena a cuatro años de prisión a quienes se nieguen a vestir el uniforme militar al

ser llamados a filas. Con ello —de ser tal ley aprobada— se evitarían las condenas continuadas de los

objetores, que actualmente son penados sucesivamente hasta que superan la edad militar. Aunque este

proyecto de ley implica un avance sobre la situación legal de los objetores (se evita la concatenación de

condenas por un mismo delito), estamos ante un proyecto regresivo respecto a anteriores posturas

gubernamentales y respecto al pensamiento que sobre este problema tienen ilustres personalidades de

nuestro Ejército.

Hagamos la historia de la regulación de la figura del objetor de conciencia:

La ley de Libertad Religiosa, de junio de 1967, y el Reglamento de la ley General del Servicio Militar, de

diciembre de 1969, abrieron indirectamente el camino para el reconocimiento y regulación legal de la

objeción de conciencia. Por un lado se admitía la existencia legal de confesiones como la de los Testigos

de Jehová quienes, como es perfectamente sabido, no eompatibilizan sus creencias con la prestación de

servicios armados. Por otra parte, el artículo 533 de3 citado Reglamento del Servicio Militar establecía

que «tendrán prioridad para disfrutar exenciones aquellos mozos que, reuniendo las condiciones que se

fijen por disposiciones especiales, ´sean seleccionados para llevar a cabo misiones en países extranjeros

relacionadas con programas socio-asistenciales, de tipo cultural u otros de cooperación apostólica».

Con estas bases de partida y ante la existencia en España de al menos 17.000 Testigos de Jehová y de

algunos mozos, que objetaban el servicio de armas por motivos ético-morales, el Gobierno remitió a las

Cortes un primer proyecto tíe ley que le permitiría regular por decreto la objeción de conciencia. En julio

de 1970, la Comisión de Defensa de las Cortes devolvía ai Gobierno el proyecto fle ley.

Un año después, el Gobierno volvía a intentar la solución del conflicto, enviando a la Cámara un proyecto

de ley más definido, pleno de garantías para evitar la picaresca y que, de haber sido aprobado, hubiera

supuesto una especie de «estatuto del objetor». Entonces la Comisión de Defensa de las Cortes alteró en

tal manera el proyecto del" Gobierno que éste lo retiró del hemiciclo antes de que llegara al Pleno. La

mencionada Comisión excluyó a los católicos del tema y estableció que los objetores áe otras confesiones

juraran bandera, sirvieran en filas y con uniforme, quedando únicamente exentos del empleo de

armamento.

Entonces una ilustre personalidad militar como el teniente general don Manuel Díez-Alegría se retiró de

la Comisión antes de flue finalizaran las votaciones con palabras como estas: «Nunca alimenté ilusiones

sobre la eficacia práctica fie esta ley, pero creí que con ella se presentaría al menos una opción sufi-

cientemente amplia para salvar ciertos sectarismos.» Sorprendidos, escribíamos en aquellas fechas (julio

de 1971) que contrariamente a la regla de los Parlamentos occidentales, el Gobierno estaba resultando

mucho más progresista y bastante menos cauteloso que los señores procuradores.

Estos son en lineas generales los precedentes de este tercer proyecto de ley sobre la objeción de

conciencia. Los objetores de conciencia en este nuevo proyecto son tratados como reos de delito y parece

como si hubiera triunfado la incomprensión que de el problema tiene una minoría parlamentaria.

Condenar a los objetores a cuatro años de cárcel no resuelve el fondo del problema y la solución

insatisfactoria a la que el Gobierno —creemos— se ha visto abocado ante los dos tropiezos anteriores

como única salida posible para evitar la continuidad de condenas por un mismo hecho de desobediencia

militar. Llegado el momento de los debates, tenga esto en cuenta la Comisión de Defensa de las Cortes.

 

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