La misión de las fuerzas armadas     
 
   14/01/1975.  Páginas: 1. Párrafos: 8. 

LA MISIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS

UN PLENO

UN ARBITRO

UNOS PRECIOS

LAS declaraciones coincidentes, la semana pasada, de los tres titulares de carteras militares, han venido a

sentar una doctrina, que no por conocida en su sustancia deja de tener significación en estos momentos.

Coinciden los tres ministros en señalar que «la naturaleza de la misión de las fuerzas armadas está más

allá de las opciones políticas concretas».

En la hora en que se abren en el país posibilidades de organización política según una pluralidad de

opciones programáticas, las declaraciones de los ministros militares equivalen no sólo a una actitud de

imparcialidad, sino también a un espaldarazo a la existencia misma del pluralismo político. Así, el

ministro del Ejército se ha referido al «deber de respetar cualquier opción de las que tienen cabida en el

orden institucional». Es con éste con el que existe,un compromiso por parte de jas fuerzas armadas. Sin

olvidar, por otra parte, que el orden Institucional ha de ser entendido en un sentido evolutivo y abierto,

que incluye la posibilidad legal de su reforma desde dentro de sí mismo y la necesidad de su-

perfeccionamiento y adaptación.

El artículo al de la ley Orgánica del Estado confiere a las fuerzas armadas un mandato constitucional de

«defensa del orden Institucional». Al ser el Ejército soporte y garantía de la soberanía del Estado

(soberanía en el Interior e independencia en lo exterior), viene a cumplir de hecho una función política.

Pero conviene precisar ésta. La misión política constitucional hace que el Ejército no sea apolítico. Pero

el Ejército no es político en el sentido de que no tiene actividad política en el Estado de Derecho. Su

intervención en lía vida pública sólo se justificaría por la .existencia de una anormalidad previa de

carácter decididamente grave. Y sólo podría tener como objetivo el restablecimiento de una soberanía

popular. Por otra parte, nuestro ordenamiento jurídico contempla una posible intervención parcial y gra-

duada (casos de ayuda, socorro, etc.), del Ejército ante circunstancias que puedan requerir un empleo

dosificado de la fuerza. Estas intervenciones, reguladas jurídicamente, han de producirse a requerimiento

de la autoridad civil, y no pueden confundirse con los «pronunciamientos», que no bu´scan restablecer la

normalidad, sino la asunción del Poder directa o indirectamente por el estamento militar.

Ciertamente, no puede negarse al militar individual el derecho y la obligación de asumir su parte alícuota

de responsabilidad en la vida pública. Lo contrario sería convertirle en ciudadano de segunda clase. El

militar-ciudadano tendrá, inevitablemente, sus propios criterios e inclinaciones políticas, pero, como ha

dicho el ministro de Información y Turismo, el militar en activo debe sacrificar su vocación política, y

mientras dé curso a ésta debe separarse de las filas del Ejército. La justificación de esta posición es clara:

el Ejército está al servicio del Estado y de la nación; esto le hace depositario de una fuerza pública, y ésta

no puede ser empleada al servicio de una determinada, opción política; Su función política es

precisamente la de evitar que la vida política, que tiene tanto de lucha .y de debate, se salga de los cauces

jurídicos.

La vida política española transcurre con las dificultades propias de la etapa en que se encuentra, y que

supone el paso desde un régimen de adhesión a otro de participación. Es importante definir cuál es su

exacto papel constitucional de las fuerzas armadas en un Estado de Derecho. Que no es secundar a

quienes Invitan a los militares a ocupar el Poder o amparar a una determinada visión de las soluciones po-

líticas. Tampoco la inhibición, sino la neutralidad ante las diferentes opciones jurídicamente legítimas.

Luz y taquígrafos pedían nuestros tiernos liberales en las Cortes de principios de siglo. Luz y taquígrafos

habría que pedirle al señor alcalde de Torrejón, que ayer acordé, por ordeno y mando, declarar secreto un

Pleno municipal convocado como público y echar sin más ni menos a los informadores allí presentes.

Torrejón —80.000 habitantes— es una ciudad con problemas. El Ayuntamiento se halla dividido y los

concejales andan á la greña o poco menos. Problemas de infraestructura, problemas urbanísticos,

problemas de crecimiento... Como Móstoles, como Alcorcón, como tantos y tantos otros núcleos urbanos

de la periferia madrileña, ha visto levantarse en su panza torres de pisos que han ido a habitar los

inmigrantes de toda España. Estas inmensas ciudades-dormitorio que cercan la capital, pobladas de gentes

de todas nuestras tierras, sin arraigo en el suelo que hoy pisan, en el trabajo que hoy hacen, en el aire —ya

contaminado hasta allí— que hoy respiran, sufren las consecuencias del arbitrismo y del abandono, de la

anarquía administrativa. En ningún lugar de nuestra geografía está tan claro, tan a flor de piel, que la

política debería haberse inventado para servir al hombre. Pero aquí el hombre no ha sido servido por la

política.

El del partido Málaga-Real Madrid, que ha sido contestado, como ahora se dice, por el club andaluz y por

las Imágenes de la televisión. Un arbitro, el señor Sánchez Ibáñez, acusado de parcialidad a favor del

equipo merengue. El mismo día que se daba luz verde á las asociaciones políticas, los arbitros de los

campos de juego de todo el país deberían haber extremado su objetividad. A partir de ahora ei s*— va a

estar más pendiente de otros arbitrajes: los del Consejo Nacional sobre los equipos políticos que se

formen. Y la exigencia de imparcialidad será máxima por parte de la opinión. En cualquier caso, el señor

Sánchez Ibáñez sabe qué el peligro es su profesión. Siempre tiene que haber un campo de juego y siempre

tiene que haber un arbitro, allí donde dos o más entablan algún tipo de competencia. El fútbol ha sido la

gran pasión nacional de la posguerra. Otros arbitros, vestidos también de negro, y otros equipos, vestidos

también de arrebatados colores, van a venir a competir entre nosotros. Esperemos que esos Jueces no se

pongan nerviosos, como Sánchez Ibáñez, ni llamen «indios» o cosa parecida a quienes estén en la cancha.

De su prudencia y su objetividad depende cómo se desarrolle el partido, que puede acabar, si no, como el

rosario de la aurora.

Televisión, que según declaraciones de un portavoz oficia? aplica precios políticos a los programas que

exporta, por lo que no puede al parecer remunerar «orno se debiera a los actores que en ellos intervienen.

Ya es de alegrarse que entre tanto aumento del coste de la vida algo sea barato. Los actores, sin embargo,

no están de acuerdo y amenazan con ir a un conflicto colectivo con la «tele». Algún día habrá que

plantearse «orno es debido el problema de personal que late bulliciosamente en Prado del Bey: una

empresa con más de cinco mil millones de presupuesto al año que no acaba de tener estructura de

verdadera empresa. ¿Podrán los actores con su protesta desencadenar otras actitudes? ¿Acabará TVE con

los precios políticos cara al exterior? Aunque en la Televisión se despoli tíz´ -ran los precios, ya sería

empezar por algo.

 

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