La declaración del Gobierno /1     
 
 El País.    13/07/1977.  Páginas: 1. Párrafos: 8. 

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La declaración del Gobierno/1

AFORTUNADAMENTE HAN pasado los tiempos en que una declaración de propósitos e

intenciones

del Gobierno -como el célebre «espíritu del 12 de febrero»- era glosada por los

órganos de opinión en

busca de las expresiones o deslices que pudieran servir de argumentos de

autoridad a la hora de defender

la liberalización o apertura del franquismo. Si la declaración del primer

Gobierno Suárez, hace un año,

sirvió de guía efectiva a la actuación del Estado, no hay razón alguna para no

considerar como un

documento de primordial importancia el texto difundido por el Consejo de

Ministros en la noche del

pasado lunes.

El cumplimiento de la mayoría de sus anteriores compromisos por el señor Suárez

hace concebir

fundadas esperanzas en el programa esbozado por su segundo Gobierno.

En los lemas de orden político no existen graves riesgos de que el Gobierno

incumpla sus promesas. No

sólo porque nada hay en el horizonte inmediato que lo impida. También por la

relativa modestia de los

objetivos propuestos. La aceptación de las líneas maestras de las Constituciones

de las democracias

pluralistas por el Gobierno estaba ya explícitamente incorporado al programa de

la UCD. La urgencia de

la convocatoria de las elecciones municipales es una necesidad que se desprende,

no sólo de la exigencia

de homologar democráticamente a la Administración Local con la Administración

Central, sino de tos

aires de fronda que han penetrado ya en los ayuntamientos. No deja de ser un

contrasentido que los

grandes derrotados en las elecciones del 15 de junio, los hombres de Alianza

Popular, sigan detentando

puestos claves en la periferia del sistema de poder; y son los propios

triunfadores en los comicios, la

UCD, los primeros interesados en fortalecer sus posiciones en la Administración

Local. En cuanto a los

propósitos de hacer suya «otra manera de entender la política» y de asumir «usos

y hábitos cívicos de

clara inspiración democrática» no cabe sino levantar acta de tales intenciones.

Cabe señalar, por eso mismo, que el lenguaje y tos conceptos utilizados para

ocuparse de las autonomías

se hallan pesadamente lastrados por los hábitos mentales del inmediato pasado.

Los televidentes pudieron

ya comprobar, hace pocos días, cómo el ministro adjunto para las Regiones, señor

Clavero, hacía gala de

la peor retórica de los viejos tiempos, al hablar, ante el Rey, de ese espinoso

tema. No le va a la zaga la

declaración gubernamental. Después del plebiscito autonomista en Cataluña yen

Guipúzcoa y Vizcaya,

es un reflejo de avestruz seguir hablando de regiones en general y de régimen de

autonomía, también en

general. Ciertamente, los desequilibrios económicos entre Cataluña y Euskadi,

por un lado, y las zonas

subdesarrolladas del resto de España, por otro, habrán de ser tenidas muy en

cuenta a la hora de establecer los ámbitos de competencia autonómica, a fin de

evitar que una reivindicación histórica legítima se

con-vierta en la tapadera de un negocio; pero sería miopía, o incluso ceguera

franquistas, desconocer que

los Estatutos de Autonomía de catalanes y vascos pertenecen a un orden de

cualidad distinto a la mera

descentralización administrativa. Sin duda, puede haber «institucionalización de

las regiones en régimen

de autonomía» para Andalucía. Aragón o Castilla; pero ni su arraigo popular ni

su alcance pueden ser

similares a las instituciones de autogobierno que reclaman las «nacionalidades

históricas». Hora es ya de

llamar a las cosas que son diferentes con nombres diferentes. No hagamos de Eos

términos una cuestión

de principios. Pero es faltar a la precisión y a la claridad seguir utilizando

para Cataluña y Euskadi la

misma designación que para las regiones —esas sí— del resto de la Península. En

esa perspectiva, la

alusión a las Mancomunidades de Diputaciones como paso transitorio hacia las

autonomías es un símbolo

de mal agüero.

Pero más grave es todavía el giro mediante ef que las Cortes Constituyentes

quedan relegadas a la

penumbra de un segundo plano en favor de un Gobierno constituyente. Por una

parte, el Gobierno se

declara a sí mismo, modestamente, «expresión de una de las fuerzas políticas

presentes en las

elecciones» y hace «patente su respeto a lodos tos partidos políticos y su deseo

de colaborar con ellos».

Por otra, asume la tarea de elaborar, por su cuenta y riesgo, un proyecto de

Constitución, arrebatando a las

Cortes, incluido su propio grupo parlamentario, esa tarea. Se dirá que la

declaración anuncia la

colaboración de «destacados especialistas en Derecho Político» para esa labor,

promete «oír» a todos los

partidos políticos presentes en las Cortes, y asegura su propósito de recoger

las aspiraciones mayoritarias

y de respetar las minoritarias. Faltaría más. Si no actuara así. el abuso de

poder y la usurpación de

funciones que implica su decisión de elaborar en el palacio de la Moncloa el

proyecto de Constitución

se transformaría en un acto de fuerza digno del antiguo procedimiento de emplear

a las Cortes orgánicas

como simple oficina de estampillado de leyes. En ese sentido suena casi a burla

que el Gobierno, tras

alzarse* con la elaboración del proyecto de Constitución, considere necesario

aclarar: «sin que esto

prejuzgue ni limite el correspondiente debate parlamentario y votación decisiva

por diputados y

senadores». ¿Era preciso conjurar con esas tranquilizadoras palabras los

espectros de don Esteban Bilbao

o de don Alejandro Rodríguez de Valcárcel?

Mal empieza la anunciada «puntualización de la responsabilidad del Gobierno ante

las Cortes». Se diría

que, a la inversa, lo que hay que regular es la responsabilidad de las Cortes

ante el Gobierno. Si en una

tarea tan peculiar y esencialmente parlamentaria como es elaborar la

Constitución, el Gobierno decide

reservarse el decisivo papel de redactar el proyecto sobre el que habrán de

discutir los diputados y

senadores, es de temer que la usurpación de las funciones de las Cortes en otros

terrenos será tan

avasalladora como extensa. Ciertamente, el Estado moderno precisa de un Poder

Ejecutivo fuerte; pero no

tan hercúleo que reduzca a la impotencia a unas Cortes cuya misión es,

precisamente, fiscalizar su actuación y hacer las leyes.

El establecimiento de unas relaciones democráticas y correctas entre el Gobierno

y las Cortes debe

comenzar por un debate a fondo, cuando la legislatura quede abierta, de esa

misma declaración que nos

presenta, injustificadamente, como un texto definitivo y cerrado. Las

conversaciones del señor Suárez con

los dirigentes de los principales partidos de la Oposición no deben su-plantar

ese imprescindible debate en

que los representantes del pueblo, y no sólo los jefes de las organizaciones en

que se hallan agrupados,

intervengan con luz y taquígrafos. No es aventurado suponer que una buena parte

de los españoles están

hartos de los conciliábulos en la sombra y de la política de pasillos, y que

acudieron masivamente a las

urnas el pasado 15 de junio, precisamente para que las Cortes se constituyan en

el ágora abierta de la

política nacional.

Por último, en la declaración se echan en falta algunos temas mal planteados o

mal resueltos en los

pasados meses, tales como el régimen jurídico de los partidos políticos y la ley

Electoral. Y, sobre todo, la

cuestión que más sangre ha hecho verter en el largo tránsito desde el franquismo

a la democracia: una

amnistía que haga posible la excarcelación de los presos políticos todavía

privados de libertad y la

definitiva liquidación de! recuerdo de cuarenta años de dictadura.

 

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