Autor: Herrero y Rodríguez de Miñón, Miguel. 
   El presidente no es ministro     
 
 Diario 16.    02/05/1977.  Páginas: 1. Párrafos: 7. 

El presidente no es ministro

Miguel Herrero de Miñón

No. No basta con leerse las normas; además, es preciso interpretarlas. En ello se diferencia el jurista del

mero corrector de pruebas personaje que cuenta con todos mis respetos en la imprenta del "Boletín

Oficial". Interpretar, claro está, no resulta fácil y, por ello, la mencionada diferencia carece, a veces, de

suficiente nitidez. Los juristas, en ocasiones, se dejan atrapar en el lazo mortal de las letras no

debidamente interpretadas. Incluso, el más alto y docto de nuestros Tribunales puede llegar a demostrar

que la vocación de nuestro tiempo para la jurisprudencia no está repartida por igual.

Baste un ejemplo. La reciente normativa electoral declara inelegibles a los ministros y no falta quienes

consideren que el presidente del Gobierno se encuentra incurso en dicha causa de inelegibilidad. Cuando

son los corifeos de Alianza Popular quienes así opinan a muchos no nos extraña Tienen en su haber un

número suficiente de errores económicos y técnicos para que ahora vayamos a escandalizarnos por una

equivocación jurídica. Cuando el lapsus proviene de un jurista de nombre ilustre muy querido y admirado,

la cuestión resulta mucho más alarmante.

¿Acaso el presidente del Gobierno es un ministro? Evidentemente, no. La ley Orgánica del Estado´

distingue, dentro de la categoría genérica "miembros del Gobierno", varias especies. Y, entre ellas, el

presidente del Gobierno y los ministros (art. 13). No hay, dirá alguna, categoría intermedia entre el Jefe

del Estado y los ministros. Léase el alguno en cuestión la ley de Régimen Jurídico de Administración del

Estado y aprenderá que entre el Jefe del Estado y los ministros existen varios órganos jerárquicamente

ordenados y uno de ellos es, precisamente, el presidente del Gobierno (art. 2,1) con competencias, por

cierto, bien distintas y determinadas (nrts. 13 y 14).

¿Pues qué se dirán, no se encuentra el presidente al frente de un departamento ministerial llamado

"Presidencia"? En efecto, este Departamento existe (art 3, LHP), pero si algo está claro desde 1974 (ley

de 2 de enero y ´decreto de 3 de marzo) es que dicho Departamento tiene a su frente un ministro, el

ministro de la Presidencia, que elabora y dirige la política del mismo. El presidente del Gobierno no está a

la cabeza de este Ministerio, sino a la cabeza del Gobierno al que representa, dirige y coordina, (art. 14,

LOE).

Presidencia tiene ministro propio

Pero el presidente convoca, preside y dirige las deliberaciones del Consejo de Ministros. ¿Por ventura no

significa tal cosa que se trata de un ministro más, lie un primer ministro? Pues no, porque tales

competencia.? también las ostenta el Rey (atrículo 7,e, LOE, y 13,2, LRJ).

Ateniéndose a las leyes, única realidad para el jurista, e interpretándolas sistemáticamente, como el jurista

debe hacer, es claro que el presidente del Gobierno es un órgano de denominación, colación y

competencias diferentes de las correspondientes al órgano ministro. Por eflo la ley Orgánica del Estado

opone constantemente el presidente a los demás miembros del Gobierno, aunque sea para regular en

términos idénticas su juramento o su responsabilidad (artículos 19 y 20).

Cuando esta regulación idéntica no existe se someten a regímenes diferentes, v. gr., cuando se trata de

fijar las incompatibilidades de sus cargos (artículos 14,111, y 17, II, LOE). La ley Orgánica se remite,

sobre este extremo, a lo ´´que señalen las leyes" y una de ellas e?, precisamente, el decreto-ley de 18 de

marzo de 1977 que declara inelegibles a los ministros, pero no al presidente del Gobierno. Pretender

extender esta inelegibilidad a un supuesto no considerado en la norma, porque otras normas aplican a

ambos cargos las mismas incompotibilidades, es un puro disparate y viola, además, el principio restrictivo

que ha de guiar la interpretación de toda norma prohibitiva... Y esto sí que es ya una cuestión de ética no

tanto política como profesional.

 

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