Universidades Libres     
 
 Ya.    01/07/1967.  Páginas: 1. Párrafos: 6. 

YA 1 de julio de 1967 Editoriales

UNIVERSIDADES LIBRES

EL reciente escrito de 42 profesores oponiéndose a la institución de universidades libres ha hallado

amplísimo eco en la prensa de todo el país y ha agitado la opinión pública en multitud de pareceres y

criterios, sobre los que conviene puntualizar con cierto sentido orientador, especialmente en el campo de

los principios. Consideremos, ante todo, saludable esta movilización de ideas y juicios respecto a un

problema de tanto interés público y nacional como el universitario el cual ha permanecido estancado e

inerte durante muchos años, como si la universidad nunca fuese a entrar en la fase de renovación que los

tiempos demandan, a tono y proporción con el nuevo ritmo de la vida humana.

Es lógico que en esta promoción de opiniones vayan por delante las de los profesores universitarios,

quienes por su competencia y experimentada actuación merecen ser oídos con el máximo respeto. Sin ir

más lejos, en el escrito a que hemos hecho referencia se exponen algunos criterios muy dignos de estima

que es obvio tomar en consideración al plantear la reforma de la universidad española.

MAS, sin ánimo polémico y circunscribiéndonos al tema estricto de las universidades libres, hemos de

distinguir dos aspectos fundamentales: de una parte, los principios; de otra, la aplicación y ejercicio de la

libertad de enseñanza. En cuanto a lo primero, hemos de colocar en el plano de lo indiscutible, en

consonancia con loque constituye una tradición de muchos años en estas columnas, la libertad académica

rectamente entendida. El derecho educativo, que la Iglesia ha proclamado derecho natural de la persona

humana, carecería de valor si el sujeto de la educación no pudiese elegir, bien por sí propio o por sus

padres y delegados paternos, las instituciones docentes, públicas o privadas, donde educarse, en armonía

con la propia idoneidad y condiciones personales. Todo monopolio docente por parte del poder público

significa una contradicción clara y terminante del derecho natural educativo, que no se circunscribe a la

cultura mínima, sino que abarca todos los grados docentes, según la capacidad y aptitudes intelectuales

del educando.

Este principio de libertad de enseñanza no significa una novedad de la hora presente. Sobre él ha venido

resonando la voz pontificia, a lo menos desde que Pío XI proclamó en la "Divini illius miagistri" las bases

modernas de la educación cristiana de la juventud. Y de manera singular consta recientemente en las

declaraciones conciliares, en las que se subraya, respecto a la obra docente de todos los grados, la función

subsidiaria del poder público, "excluyendo cualquier monopolio escolar, el cual es contrario a los

derechos naturales de la persona humana, al progreso y a la divulgación de la misma cultura, a la

convivencia pacífica de los ciudadanos y al pluralismo que hoy predomina en muchas sociedades".

AHORA bien, una cosa es el principio y otra su aplicación a las circunstancias presentes de la vida

nacional. Ya lo hemos dicho en otra ocasión y lo repetimos ahora. Para el ejercicio de la libertad de

enseñanza en el grado superior se requiere en nuestro país un período no corto de preparación y prueba.

La creación de universidades libres no se improvisa. Necesita—y en esto no deja de ser razonable la

crítica de los 42 profesores—un equipo de maestros, con la formación adecuada, que exigen a lo menos

las facultades más directamente relacionadas con profesiones concernientes al bien público. Necesita

además edificios, medios didácticos y otras múltiples condiciones de tipo económico, que reclaman para

su acertada instauración parsimonia y madurez. Se trata, por tanto, no de negar el principio de las

universidades libres, sino de condicionar su régimen a normas de paulatino desenvolvimiento con el fin

de garantizar su estabilidad y buena marcha futura, previniendo y subsanando los fallos que señalan los

referidos profesores universitarios.

En este justo término medio de libertad reglamentada radica la virtud o está el fiel de la balanza. España

necesita precisamente ampliar, en los momentos actuales de desarrollo, sus centros de cultura superior.

¿Por qué no ensayar, con la prudencia debida, el sistema de las universidades libres, sin perjuicio de una

previa reglamentación que establezca condiciones de todo orden en la esfera didáctica, administrativa y

financiera?

 

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