Reforma universitaria. 
 Regimén económico de las Universidades     
 
 El Alcázar.    29/03/1967.  Páginas: 1. Párrafos: 6. 

Reforma universitaria

Régimen económico de las Universidades

A nuestro juicio, también y, sobre todo, en su régimen económico han de gozar de autonomía las

Universidades. Cada Universidad debe gozar de un patrimonio y de unos bienes económicos, que

distribuirá con libertad de ejercicio, pero con rendición de cuentas ante una instancia superior. Ella ha de

fijar los sectores preferenciales. Los aspectos de la investigación o de la docencia que exigen mayores

esfuerzos económicos. De ella será la responsabilidad de la gestión.

Si la Universidad no goza de autonomía, será difícil canalizar hacia ella aportaciones concretas de la

sociedad en que se aloja. Si la Universidad es del Estado y es gobernada por el Estado, la sociedad

tenderá a eludir —elude de hecho— toda responsabilidad de ayuda a los centros universitarios. De modo

que las fuentes de financiación se reducirán a los Presupuestos Generales del Estado y a las tasas

académicas, como hoy sucede en los centros estatales.

Esto no quiere decir que no deba ser el Estado la principal fuente de recursos para la Universidad. Pero no

de un modo mecanico, sino adoptado a la vitalidad de cada una de las Universidades. Será necesario fijar

un sistema de subvención que tenga en cuenta una serie de circunstancias, al modo de las actuales

subvenciones a los Colegios Mayores (número de alumnos, importe de las cuotas, rendimiento

académico, actividades culturales y sociales, gastos financieros, etcétera). O, si se prefiere, prestar una

ayuda concreta a las familias, en vez de a los centros, para que se potencie su libertad de elección.

Las tasas académicas sería siempre un porcentaje muy reducido del presupuesto universitario. Si se quiere

mantener el precio político —a pesar de su injusticia distributiva cuando el sistema fiscal no es

progresivo—, el Estado debe ayudar. Por ejemplo, en las Universidades inglesas los presupuestos

presentan los siguientes porcentajes medios en los últimos años: 70 por ciento a cargo del Estado; 11 por

ciento, ingresos por contratos de investigación de las Universidades, y 9 por ciento, tasas académicas. El

10 por ciento restante procede de donativos varios, ayudas de las corporaciones locales, ingresos propios,

etcétera.

Pero lo importante es que la Universidad tenga autonomía financiera. Que ella responda de la gestación

económica. Que ella —por propia iniciativa— cree los patronatos necesarios para conseguir nuevos

medios económicos de la sociedad. En este aspecto, el Estado debe limitarse a conceder Ias máximas

exenciones y bonificaciones fiscales para fomentar la generosidad de personas físicas y jurídicas hacia la

Universidad.

Y si la ayuda directa del Estado llega en función de criterios objetivos, se operará una saludable

competencia. Los propios profesores y los propios centros serán conscientes de que el aumento o

disminución de los recursos económicos estará en función de su calidad. Será un fuerte acicate,

beneficioso para la Universidad entera.

 

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