Autor: Martínez Esteruelas, Cruz. 
 Sobre la derecha. 
 Lo que implica el Estado social democrático por derecho     
 
 Ya.    22/03/1978.  Página: 5-6. Páginas: 2. Párrafos: 18. 

Pag. 5 YA

SOBRE LA DERECHA

L0 QUE IMPLICA EL ESTADO SOCIAL DEMOCRÁTICO POR DERECHO

LA actitud de derechas implica una idea sobre el Estado y sus funciones. Si en la raíz de su pensamiento

hay una constante-el realismo político-que le confiere una capacidad potencial, no siempre bien

ejercida, para tomar el camino preciso entre posiciones extremas, ese realismo es especialmente necesario

para adoptar una idea actual del Estado. Posición extrema es creer que el Estado contemporáneo ha de ser

una entidad inhibida que poco o nada tiene que ver con la sociedad y su dinámica, como no sea para

castigar de1itos, arbitrar distantemente ciertos tipos de conflicto y sostener unos cuantos servicios

públicos. No puede ser así. La compleja sociedad de nuestro tiempo requiere orientación global y

coordinación en sus objetivos económico-sociales; de otra parte, hay necesidades humanas que no pueden

satisfacerse sin su acción directa o indirecta, y, en fin, el Estado tiene que asumir un papel imprescindible

en aquellas políticas tendentes a crear un clima de igualdad, como ocurre, por ejemplo, con la

redistribución.

TAMBIÉN es posición extrema, más o menos encubierta, la que concibe el Estado, al que supone ajeno a

toda debilidad humana y suma expresión de la objetividad, como promotor virtualmente único de la vida

social y generador de toda iniciativa importante. Tampoco es esto. Hay realidades distintas del Estado con

vocación vital y derechos inseparables de protagonismo y realización: la persona humana y los grupos

sociales insertos en la comunidad, a cuyo servicio debe estar, justamente, el Estado. En otros tiemposy

aún hoy para algunos-la actitud de derechas se cifraba aproximadamente en el primero de estos

planteamientos en lo que concernía al papel del Estado. La derecha defendió con frecuencia la idea de un

Estado indiferente, inhibido y neutro en materia socioeconómica. Una derecha moderna ni es ni puede ser

así. Ello equivaldría a renunciar a su realismo, y no sólo en el sentido de que ésa es una causa imposible,

sino, además, porque es una causa injusta. Las derechas de Europa, desde Strauss a Giscard d´Estaing,

pasando por Chirac y los conservadores británicos, y la derecha de España, ni quieren ni deben volver la

espalda a hechos evidentes.

POR eso creen en el Estado social, consecuencia de un proceso de transformación. Bajo distintas

denominaciones, más o menos perfectas-nosotros preferimos la del Estado social-se trata de expresar

una nueva concepción del Estado que no ha nacido de repente, sino que se ha ido perfilando con los

trabajos y los días, como acontece con todos los grandes hechos sociales.

Compartimos la idea de que el Estado social no es exclusivo de la actitud de la derecha moderna y

sabemos cuánto se debe al socialismo moderado en su génesis y desarrollo. Como se ha dicho, puede

coexistir igualmente con la economía libre que con planteamientos económicos de signo contrario. Pero

entendemos que la idea de Estado social forma parte del patrimonio de Occidente. Por sí sola, como

tantas otras, no define a la derecha. Pero sin ella es imposible una derecha actual. Tampoco es esta la

ocasión para poner de relieve en qué medida la noción de Estado social hunde su raíz en el pensamiento

político más clásico.

En el terreno de la política activa, más acá de las definiciones de la ciencia política, cuando se habla del

Welfare State en su novísima acepción, cuando los democristianos ale

manes a c u fi a n la expresión "economia social de mercado" o cuando muchos asumen la o r i

ginariamente problemática Idea de Estado social, estén movidos por unos mismos análisis, inquietudes y

propósitos. En definitiva, convienen todos en que el Estado es un agente necesario de la vida colectiva

que no puede ser entendido como un ente neutro y apagado. La cuestión-y ésta es la posición específica

de la derecha a este respecto-es que no debe serlo e x c 1 u s ivamente y que, por otro lado, en su

concurrencia con los demás centros de iniciativa, debe operar de forma ponderada. Y se conviene,

también, en que ese Estado no es una entidad abstracta, sino que ha de estar penetrado por las fuerzas

sociales. La primera de estas exigencias-es decir, la negación del exclusivismo del Estado-constituye

un dato definidor de la derecha. El Estado es compatible con la libre iniciativa en casi todos los órdenes,

no sólo en el económico, oponiendo a la Idea de monopolio la de pluralidad, y a la de dirigismo, las de

orientación, ordenación y coordinación.

EL Estado social implica ciertas misiones que pudieran resumirse en estos puntos: asegurar la previsión o

procura de la existencia, el correcto funcionamiento del sistema económico y la redistribución social. El

primero de estos fines no sólo comprende la erradicación de la miseria material o cultural, sino, además, y

con unas miras radicalmente positivas, la creación de bienestar. Ese bienestar abarca la generación y

desarrollo de bienes sociales: educación, salud, empleo, seguridad en su más amplio sentido, medio

ambiente... La concepción humanista aporta a este respecto un planteamiento imprescindible: la búsqueda

de la realización personal, creando los climas necesarios al efecto. La derecha entiende, de otra parte, que

la existencia de tales misiones no supone ineludiblemente la gestión directa de todas y cada una de ellas

por el sector público. Las personas -bien aisladamente, bien concertadas en organizaciones privadas de

todas clases, ya sean empresas, asociaciones o fundaciones-tienen la posibilidad de protagonizar las

correspondientes actividades. En general, se tiene por criterio básico que esta gestión privada comporta

estímulos, eficacias y posibilidades de opción beneficiosas para la comunidad, evitando procesos de

burocratización y de concentración de poder.

POR su parte, el correcto funcionamiento del s i s t e ma económico reclama, ciertamente, actuaciones

concretas del Estado. Pero de esta cuestión nos ocuparemos en el próximo artículo, al tratar de la

economía social de mercado.

La función redistributiva del Estado tiene como medio principal un sistema fiscal progresivo, y como

finalidad básica, la lucha contra la desigualdad a través de los efectos detractivos del impuesto y, sobre

todo, de la subsiguiente oferta a la comunidad de medios y servicios, La actitud de la derecha moderna no

puede ser otra que la promoción -y no la simple aceptación-de este principio. Con una posición

específica: el sistema fiscal ha de obedecer en su concepción y práctica al fomento del ahorro y de de la

inversión privados y al estimulo de actividades útiles al conjunto social, evitando el sofoco de las fuentes

de trabajo y de riqueza. No es ésta una utopía: alemanes y franceses, entre los europeos, lo han

conseguido señaladamente. Un sistema fiscal que ahogue las empresas o impida su expansión, o que

desaliente el ahorro personal, es una via encubierta hacia la estatificación y un agente inflacionista.

LA idea del Estado propugnada por la derecha no se agota ciertamente con la de Estado social. Nos

hemos detenido en ella por ser la más compleja y discutida, y también por serle dialécticamente negada

como parte integrante de su patrimonio político. La derecha moderna hace suyo el tríptico que consagran

las más modernas constituciones: Estado social, democrático y de derecho.

La democracia es el fruto de una larga experiencia en Europa y América. Como todo régimen político, no

es cosa que pueda vivir en abstracto, garantizada por su sola proclamación y establecimiento formal.

Requiere elementos df base, como son un desarrollo bastante, un consenso suficiente sobre puntos

muy esenciales, la aceptación de las reglas del juego político que conlleva y, en fin, frutos de paz y

progreso que la arraiguen día a día. El éxito de las democracias consolidadas es consecuencia de un

esfuerzo continuo: superar positivamente cuanto podía convertirse en arma arrojadiza contra ella o

hacer desear a las gentes el tránsito hacia otras formas políticas. Se ha acreditado demostrando su

capacidad para gobernar y para administrar. La derecha moderna ha adoptado en todas partes la actitud de

trabajar para la democracia prestando una singular atención a las exigencias que, de no satisfacerse,

la ponen en peligro. Y tiene en este sentido unas responsabilidades concretas. De una parte, cuando los

hechos adversos de la vida social generan decepción o desesperación, la misión de la derecha no es

capitalizar decepciones y desesperaciones para la destrucción del sistema. Hasta donde le sea posible ha

de contribuir a la esperanza colectiva, oponiendo a esos hechos adversos, con toda energía, dentro

de la ley, una acción bien definida que manifieste claramente que la democracia puede coexistir con

las libertades esenciales, con la seguridad, con el desarrollo y con el bienestar. Una derecha moderna no

es un pasajero inconstante y fugaz en la nave de la política de nuestro tiempo, sino un participe activo y

honesto de su andadura.

LA aceptación del Estado de Derecho, que es la gran aportación de los juristas a la vida colectiva,

responde a dos fines inseparables: libertad y seguridad. En nuestros días se ha hecho evidente que la

garantía de la libertad no sólo demanda medidas frente al Estado, sino frente a todo poder de cualquier

naturaleza que sea. La intimidación nace de la fuerza y reviste muchas y variadas formas.

El reto de este siglo a los jueces es inmenso: nace de gobiernos y parlamentos, de campañas de opinión y

de acciones terroristas, de acometidas ideológicas y de intereses, y nace también de un hecho

crecientemente notorio: los conflictos no sólo requieren, para su resolución, de decisiones de contenido

estrictamente jurídico, sino que comportan, más que nunca, la aplicación de saberes extraños al Derecho,

de naturaleza sociológica o económica. Piénsese en los conflictos colectivos, por ejemplo. El poder

judicial habrá de sufrir profundas transformaciones para desempeñar su cometido indispensable, mientras

sea verdad algo consustancial a nuestra civilización: que, en último término, todo conflicto ha de

canalizarse hacia un arbitraje imparcial en evitación de la ley de la selva.

EN la España actual, definirse sobre el Estado no se agota con la reflexión sobre lo que consideramos sus

rasgos ideales a escala universal. Las fuerzas políticas han de pronunciarse sobre la forma del Estado. La

forma del Estado es un elemento preciso de consenso en el orden político. A él puede llegarse desde

puntos bien distintos. No cabe pedir a todas las fuerzas políticas, en una nación de difícil historia como la

nuestra, aquella general adscripción emotiva que se da en otros países. Pero cabe, al menos, la decisión

racional. En lo que toca a una derecha española moderna, si es una tendencia que parte de actitudes como

la estabilidad, la racionalidad, el realismo y la coherencia. Si reconoce que una monarquía ha de

sustentarse en todas las fuerzas políticas sin ser exclusiva de ninguna. Si aplica a sus actos presentes las

lecciones de la historia nacional. Si al observar los acontecimientos-con todos sus problemas, tristezas y

amarguras-tiene en cuenta los escolios ya superados. Si esa derecha moderna, en fin, cree en la

necesidad de un arbitraje por encima de partidos y de grupos, su actitud ha de ser la defensa y

sostenimiento de la forma monárquica del Estado. Promoverla no como cosa propia, sino como cosa de

todos, valerosa y cordialmente.

Cruz MARTÍNEZ ESTERILLAS

 

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