Autor: Contreras, Lorenzo. 
   La ley de Educación, dictaminada  :   
 La comisión de Hacienda no se pronuncia sobre su financiación. 
 Informaciones.    03/07/1970.  Página: 9. Páginas: 1. Párrafos: 22. 

CORTES

LA LEY DE EDUCACIÓN, DICTAMINADA

Por Lorenzo CONTRERAS (Cronista parlamentario de INFORMACIONES)

La ley general de Educación y de Financiamiento de la Reforma Educativa ha quedado totalmente

dictaminada tras una larga y accidentada etapa de elaboración y retoque en tres comisiones de las Cortes.

La primera, de ellas, la de Educación, dedicó, al estudio del proyecto nada menos que tres meses. Las dos

restantes, es decir, las de Presupuestos y Hacienda, examinaron anteayer y ayer, respectivamente, las

disposiciones adicionales del texto, que contemplaban los aspectos financieros necesarios para ta

ejecución de la reforma educativa.

La Comisióa d« Presupuestos —como sabrá ya el lector por nuestras noticias de ayer— aprobó una lista

de «cifras indicativas» para la aplicación de la ley hasta. 1981, año en el que la cantidad destinada a hacer

posible la gratuidad de la enseñanza general básica y otras reformas se elevaria —si las previsiones son

atinadas— a 93.520 millones de pesetas.

Para la dotación financiera de la ley, los autores del proyecto del Gobierno —entre los que inicialmente se

contó el actual ministro de Hacienda— habían previsto una serie de gravámenes o impuestos que

afectaban directamente a los beneficios de las sociedades, tráfico de empresas, etc. Muy pronto esta

disposición nacional fue sustituida, elaborando la ponencia de la comisión de Hacienda este otro texto:

«Él Gobierna remitirá a las Cortes el proyecto o proyectos de ley de reforma del sistema tributario, que

con una visión sistemática e inspirándose en criterios distributivos de claro carácter social y signo

progresivo se orienten a procurar al Erario los recursos financieros que puedan ser necesarios para cubrir

el incremento del gasto público que exija la puesta en práctica de la ley General de Educación, conforme

a las dotaciones presupuestarias aprobadas por las Cortes)

Ayer, la Comisión de Hacienda, que preside don Diego Salas Rombo, estimando que la Comisión dé

Presupuestos reunida el día anterior ya había propuesto, aunque sólo fuese indicativamente, las cifras de

financiación, renunció a examinar el tema. De entrada, la ponencia anunció que retiraba la disposición:

adicional, cuyo texto acatemos de transcribir.

Los señores Martínez Esteruelas y García Hernández fueron los principales abanderados de la operación.

El primero de ellos dijo: «Es inconcebible que con ocasión de una reforma educativa se haga un

planteamiento recaudatorio que solicita la reforma del sistema fiscal español.»

El señor García Hernández, abogado del Estado y consejero nacional manifestó: «Plantear la reforma del

sistema educativo equivale a sacar las cosas de quicio. Lo que tenemos que hacer, después de Jas

previsione aprobadas por la Comisión de Presupuestos, es disolvernos pacíficamente, La ley no va a

quedar sin dotación. Si las cosas después van por otro camino, será por culpa del Gobierno o de las

circunstancias.)

El subsecretario de Educación, señor Diez Hotchleitner, dijo: «Efectivamente, no procede hacer una

reforma parcial o general del sistema por culpa de una, concreta ley. Las palabras del señor Martínez

Esteruelas son muy oportunas a los efectos de subrayar la improcedencia de promover aquí una reforma

general fiscal, máxime habida cuenta de a coyuntura económica actual, que aun no siendo mala, sí

reclama, al menos, una cierta prudencia.» De todos modos, el subsecretario de Educación se mostraba

partidario de someter a trámite de votación una enmienda que había presentado el señor Díaz Llanos al

comenzar la sesión.

El señor Díaz Llanos había propuesto como disposición adicional quinta un texto que decía: «El

Gobierno, a propuesta del Ministerio de Hacienda, adoptará las medidas necesarias para la financiación

de lo establecido en las disposiciones adicionales anteriores (las de presupuestos) en relación con los

gastos corrientes y de inversión.»

La comisión de Hacienda, practicando el lema autorizaciones, no», se opuso a lai propuesta, que fue

rechazada, por 20 votos contra 13. El señor Díaz Llanos, tampoco insistió mucho en su propuesta.

A petición del señor Martínez Esteruelas, los procuradores aprobaron esta declaración: «La comisión de

Hacienda, considerando que la comisión de presupuestos ha hecho las aclaraciones oportunas respecto, a

la financiación de la reforma educativa, cree innecesario todo pronunciamiento fiscal al respecto,

identificándose coa el espíritu de las disposiciones adicionales aprobadas por dicha comisión.»

CUESTIÓN INCIDENTAL

Finalmente, el procurador familiar por Salamanca, señor Esperaba de Arteaga, planteó en ia comisión una

cuestión Incidental. Recordó que el 18 de junio del año pasado la comisión de Hacienda elaboró una

proposición de ley, firmada en primer término por el señor Fanjul, solicitando que los Jurados Tributarios,

presididos en la actualidad por un funcionario de Hacienda, lo fuesen en lo sucesivo por un magistrado

del Tribunal Supremo. El Gobierno, el 6 de marzo pasado, acordó no admitir a trámite dicha proposición

de ley, y el señor Esperaba entiende que el Consejo de ministros se arrogó unas facultades que sólo

pueden corresponder a las comisiones legislativas. En consecuencia, velando por el fuero parlamentario,

el señor Espe rabe solicito del presidente de la comisión, señor Salas Pombo, que hiciera ver al Gobierno

la nulidad de su actuación.

LA COMISIÓN DE HACIENDA NO SE PRONUNCIA SOBRE SU FINANCIACIÓN

El presidente contesto que daria cuenta al presidente de las Cortes de la petición formulada por el señor

Esperabe, no sin antes precisar que, a su juicio, y a la vista del artículo 56 del Reglamento de las Cortes,

el Gobierno había tomado una decisión perfectamente válida.

Proyecto de ley de peligrosidad social

La comisión de Justicia de las Cortes continuó ayer el examen del articulado del proyecto de ley de

peligrosidad social. Respecto a las medidas de seguridad que se contemplan en el artículo 5º, la comisión

aprobó los puntos siguientes:

Artículos 5º 8. Clausura del establecimiento de un mes a un año. Esta clausura no afectará a la relación

laboral, del personal que preste servicio en el establecimiento.

9. Obligación de declarar el domicilio o de residir en un lugar determinado por tiempo no superior a

cinco años.

10. Prohibición de residir en el lugar o territorio que se designe. La duración de esta medida será

fijada con el límite máximo de cinco años.

11. Prohibición de visitar establecimientos de bebidas alcohólicas y los lugares donde se hayan

desarrollado las actividades peligrosas durante el tiempo que se fije, no superior a cinco años.

12. Expulsión del territorio nacional cuando se trate de extranjeros. El sujeto a esta medida de

seguridad no podrá volver a entrar en España durante el plazo de cinco años.

13. Represión judicial.

14. Sumisión a la vigilancia de la autoridad. Esta vigilancia será ejercida por delegados especiales y

tendrá el carácter de tutelar y de protección. Los delegados cuidarán de proporcionar trabajo, según su

aptitud y conducta, a los sujetos de su vigilancia. La duración de esta medida será de uno a cinco años, y

podrá ser reemplazada por caución de conducta.

15. Multa de 1.000 a 50.000 pesetas.

16. Incautación en favor del Estado del dinero, efectos e instrumentos que procedan.

INFORMACIONES

 

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