Significación de los procuradores de la familia     
 
   18/03/1967.  Páginas: 1. Párrafos: 5. 

SIGNIFICACIÓN DF LOS PROCURADORA DE LA FAMILIA

pN la tramitación de las t- constituciones e s pañolas nunca ha sido problema efectivo la mayor o menor

admisión de libertades. La verdad es que cada constitución, con doctrinas más o menos avanzadas^

aspiraba a ser un mecanismo para asegurar la hegemonía de un bando, un partido o una fracción. La

pequeña historia de nuestro siglo XIX acredita, con su inagotable anecdotario, esta intención

predominante. Nuestros gran des constitucionalistas ideológicos siempre pasaban a la crónica política con

la reputación de hábiles electoreros. Tales antecedentes explican,- en cierto modo, la d i ^_a t a d a

polémica de la Prensa sobre los métodos y sistemas que debían regir la elección de los procuradores en

Cortes, designados por sufragio directo de los cabezas de familia y las mujeres casadas.

i AS referencias que se L. han hecho públicas sobre el proyecto de ley de la representación familiar no

son completas, pero permiten deducir la índole de] mandato que se atribuye a los procuradores que han de

representar a la familia. Queda claro en el proyecto, como estaba en la Ley Orgánica, que el poder implí-

cito en el sufragio no es para hacer prevalecer una ideología política. Los procuradores familiares repre-

sentarán los intereses generales de las provincias que les dieron sus mayorías. En este sentido, los

procuradores de la familia completan el cuadro de una cámara legislativa compuesta por los

representantes de los diversos intereses de la sociedad: intereses orgánicos de los procuradores de los

municipios, intereses económicos y sociales de los procuradores sindicales e intereses peculiares de la

población de las diversas provincias e n c o -mendados1 a los procuradores electos por sufragio directo en

cada circunscripción provincial.

SE advierte que este género de función quedaría desnaturalizado con la interferencia de una disciplina

ideológica de cualquier género. En el orden político español no han de faltar los ámbitos adecuados para

el contraste de las tendencias y los pareceres, pero el lugar propio de estas tensiones no es el recinto

destinado a forjar las leyes. Por eso hay que aceptar que el mandato • concreto del procurador elegido

debe ser la defensa responsable de los intereses y las aspiraciones de su electorado. Y no dejaría de ser un

contrasentido que el mandatario hubiera de representar, antes que las conveniencias y ambiciones de su

circunscripción, los ideales y los programas de los grupos políticos que mantuvieron su candidatura y le

propiciaron los votos.

f AS noticias sobre el con-1— tenido del proyecto de ley de la representación familiar pueden

considerarse satisfactorias y así lo denota el hecho de que se hayan acallado las polémicas sobre el tema.

La garantía de re-presentatividad no procede en nuestro sistema —ni en ningún otro— de la definición

ideológica del candidato, sino de la libertad para presentación y defensa de la candidatura. En este aspec-

to, parece que ha imperado un criterio de amplitud reconocido por la mayoría de los órganos de opinión.

Puede decirse, pues, que la solución al problema de la significación de los procuradores de la familia ha

sido positiva —en líneas generales— y consecuente con el espíritu y la letra de la Ley Orgánica.

SE nos podré decir que el mandato familiar no es incompatible con la orientación política de los procu-

radores. Es este un problema que los representantes elegidos habrán de esclarecer con sus ejecutorias. Pe-

ro lo temerario hubiera sido interponer entre el electorado y las Cortes unos mecanismos políticos

extraños. La experiencia acredita que estos mecanismos de funciones electorales acaban por constituirse

en poderes efectivos, ya que condicionan, a la larga, la vida de los Gobiernos y las orientaciones de la

legislación.

 

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