Autor: R.. 
 Representación de las familias españolas en las Cortes. 
 El próximo día 29 serán elegidos dos procuradores por cada provincia entre los candidatos aclamados  :   
 Votarán los cabezas de familia, las mujeres casadasy los mayores de edad o menores emancipados en determinadas circunstancias. 
 ABC.    24/09/1971.  Página: 51. Páginas: 1. Párrafos: 27. 

ABC. VIERNES 24 DE SEPTIEMBRE DE 1971. EDICIÓN DE LA MAÑANA. PAG. 51.

EL PRÓXIMO DÍA 29 SERÁN ELEGIDOS DOS PROCURADORES POR CADA PROVINCIA

ENTRE LOS CANDIDATOS PROCLAMADOS

Votarán los cabezas de familia, las mujeres casadas y los mayores de edad o menores emancipados en

determinadas circunstancias

LIBERTAD DE ELECCIÓN Y DE PROPAGANDA ELECTORAL

El proceso electoral está en marcha. Dentro de breves días, el 29 de este mes, se constituirán de mañana

los colegios electorales para la emisión del voto de los ciudadanos. Los cabezas de familia y las mujeres

casadas depositarán las papeletas en jas urnas con entera libertad de preferencias por cualquiera de los

candidatos presentados. Y el tercio de representación familiar de los procuradores en Cortes de la

próxima legislatura quedará prácticamente constituido al hacerse públicos los escrutinios y a reserva de

cualquier posible impugnación. España habrá dado un paso más en el desarrollo político del ejercicio de

sus derechos de ciudadanía. El sufragio electoral es obligada y natural premisa de toda democracia.

LA REPRESENTACIÓN FAMILIAR

Según la ley Orgánica del Estado, que es nuestra Constitución vigente, aprobada oportunamente por el

país, formarán parte de las Cortes del Reino dos representantes de la familia por cada provincia. Ceuta y

Melilla elegirán un solo representante cada una. Se trata de dar participación en las tareas legislativas, es

decir, en el estudio, discusión y aprobación de las leyes, a las familias españolas. La familia es la célula

primaria natural de toda sociedad humana. Y no se puede prescindir de ella a la hora de dictar normas de

obligatorio cumplimiento para todos los españoles. Su presencia en el Parlamento, a trasvés de los

representantes—o sea, los procuradores—libremente elegidos constituye una garantía y defensa de los

intereses de ¡os hogares patrios.

ELECTORES Y CANDIDATOS

Son electores, a tenor con la ley, los cabezas de familia y las mujeres casadas que figuren inscritos en el

Censo electoral y se encuentren en el pleno uso de sus derechos civiles y políticos. Tienen la condición de

cabezas de familia los mayores de edad o menores amancipados en quienes concurran estas

circunstancias: que bajo su dependencia convivan otras personas en un mismo domicilio por razón de

parentesco, tutela, adopción, acogimiento, estado religioso o prestación de servicios domésticos. Que

vivan solos y con independencia de otras personas, aun en el caso de que esos servicios no sean

utilizados. Importa mucho advertir que la convivencia de varias familias en una misma casa no privará al

¡efe de cada una de ellas de su condición legal de cabeza de familia.

Ningún candidato—todos están ya proclamados—podrá presentarse por más de una provincia. Hay una

serie de prohibiciones de presentación de candidaturas a determinadas personas, entre ellas los que hu-

biesen abandonado a sus familias, los que hayan sido privados o suspendidos de la patria potestad y los

declarados culpables de la separación o divorcio civil o canónico. Tampoco pueden ser candidatos por Ja

provincia a que alcance su función los titulares denlos cargos provinciales de libre designación del Estado

y sus organismos autónomos, de la Diputación, del Movimiento, de la Iglesia católica o de cualquier otra

confesión religiosa que impliquen autoridad o tengan jurisdicción. Innecesario parece decir que no

pueden presentarse igualmente determinadas autoridades militares y civiles.

Con estas disposiciones se trata de impedir el acceso de aspirantes incompatibles moralmente con la

misión tutelar de la familia o cuyos nombres en las candidaturas pueda significar, en razón de sus

actividades, cualquier genero de coacción.

Los candidatos proclamados no se encuentran, pues, en ninguna de esas posibles circunstancias.

LAS MESAS ELECTORALES

En cada sección habrá una mesa encargada de presidir la votación, conservar el orden y velar por la

pureza del sufragio. ¿Quiénes integrarán esa mesa? Un presidente y dos adjuntos. A ella pueden ser aso-

ciados, en calidad de interventores, los designados por cada candidato. Esa intervención—hay que tenerlo

presente—resulta de vital interés por la garantía o control de supervisión del acto electoral. Es un derecho

de los candidatos e indirectamente de sus electores. Dichos interventores habrán de hallarse también

inscritos en la lista de la sección en que hayan de desempeñar su cometido. Todos las componentes de las

mesas deberán poseer el grado de instrucción necesario para ejercer acertadamente sus funciones.

También habrán de carecer de defecto físico que esas funciones dificulte o impida.

Sigue por tanto la ley, según .vamos viendo, rodeando de las máximas garantías la elección de

procuradores familiares. Con ello se persigue un objetivo esencial: el ejercicio de unas votaciones

auténticamente libres. Comicios, en definitiva, democráticos.

CAMPAÑAS DE PROPAGANDA

Lógicamente toda elección presupone una libertad de acción de los candidatos encaminada a la

propaganda en las circunscripciones donde se presentan. Esto es legítimo y razonable. La Ley lo

contempla por lo tanto. Y regula y ampara esa libertad con las disposiciones pertinentes. ¿ De qué ma-

nera? Veamos algunas medidas.

Las Juntas provinciales del Censo tendrán a disposición de ios candidatos proclamados, cinco

ejemplares de las listas correspondientes a la respectiva provincia. Dos días antes de la celebración de la

elección devolverán esas Juntas cuatro ejemplares a la Delegación Provincial de Estadística. Los

candidatos, además de ´llevar el con-^ trol de los electores, pueden asi enviar can-* didaturas al

domicilio de éstos.

La Prensa diaria de la capital de la provincia insertará gratuitamente, por el orden alfabético de los

primeros apellidos de loa candidatos proclamados, una fotografía reciente de cada uno de ellos, de

determinadas proporciones y un texto de extensión también determinada.

La remisión de la propaganda impresa a los electores de la provincia gorazá de franquicia postal

ordinaria.

Quedan prohibidas expresamente, cualquiera que sea la persona que las promueva o la forma en que se

realicen, las suscripciones, cuestaciones, colectas, festivales o • iniciativas análogas destinadas a allegar

fondos para,subvencionar las campañas de propaganda electoral.

Para celebrar reuniones o cualquier acto público de campaña electoral se requerirá la autorización de la

Junta provincial del Censo. Los Ayuntamientos pondrán a disposición de los candidatos, escuelas públi-

cas, salones públicos, edificios municipales u otros locales análogos para que puedan celebrar actos

públicos de propaganda elec-íQral. Esos actos serán de idéntica duración para cada candidato, sin rebasar

nunca dos horas en total en cada Municipio de la provincia y en días y a horas similares.

GASTOS DE LOS CANDIDATOS

He aquí un capítulo importante. Toda esa propaganda supone gastos. Tendrán esa consideración—gastos

de propaganda electoral—las cantidades que el candidato destine a la finalidad de atracción indiscrimi-

nada del electorado por medio lícitos.

Y entramos en consecuencia en el terreno de los gastos prohibidos.

Son gastos prohibidos, cualquiera que sea la .persona que los efectúe, aquellos que tengan por objeto

alguno de los conceptos a que se refiere el artículo 69 de la ley Electoral y cuanto se realicen con ocasión

de delitos sancionadas por la legislación penal, así como los que de cualquier modo puedan contribuir a

perturbar o alterar la normalidad de la vida ciudadana o a contravenir de algún modo el orden público, la

moral o las buenas costumbres.

Las Juntas provinciales del Censo, tan pronto como apreciaren indicios racionales de haberse efectuado

gastos prohibidos, pasarán el tanto de culpa a la jurisdicción penal por si los hechos pudieran ser consti-

tutivos de delito.

Y la rigurosidad de ese precepto se amplía con este otro.

El candidato que en el curso de la campaña electoral realizase gastos prohibidos vendrá obligado, tan

pronto se aperciba da filo, a. retirar su candidatura.

Esto incluso en el supuesto de que posteriormente a la toma de posesión del candidato de la vacante

obtenida—es decir, del cargo de procurador en Cortes—se apreciaren gastos prohibidos en sentencia fir-

me.—R.

 

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