Autor: Ruiz Gallardón, José María. 
   Al señor ministro de Justicia     
 
 ABC.    07/01/1977.  Páginas: 1. Párrafos: 6. 

ABC, VIERNES 7 DE ENERO DE 1977

APUNTE POLÍTICO

Al señor ministro de Justicia

Por José María RUIZ GALLARDON

Bien. Me parecen muy bien, señor ministro de Justicia, las disposiciones que acabo de leer en el «Boletín

Oficial del Estado», suprimiendo el T. O. P. He sostenido, desde antiguo, que los magistrados de las

Audiencias Provinciales se bastan y se sobran para hacer cumplir la ley penal con todas las garantías y

miramientos que exige un Estado de Derecho. Lo que no empece —antes, ni contrario, obliga— a que a

los señores Jueces de Orden Público y a los magistrados que formaron parte del T. O. P. les dedique

desde aquí el reconocimiento que se debe a su honestidad y que usted mismo, señor ministro, ha

proclamado en la entrevista que concedió al "Ya" del 5 de enero.

Pero hoy, señor ministro, me voy a permitir distraer su atención pidiéndole que, cuanto antes, active la

promulgación de una ley antilibelo. En esta materia estamos desamparados. No bastan con las viejas

normas de nuestros Códigos sobre injuria y calumnia. Usted me entiende. Resulta que una publicación

cualquiera —y cada día hay más— da a la luz un suelto, artículo o reportaje sobre una institución,

persona o familia. Y dice lo que se le antoja, poco, exacto o inexacto, tendencioso o escasamente

objetivo, injurioso o calumniador. (Recientemente, en un par de esas publicaciones, se han insertado

sendos reportajes sobre la familia del secuestrado presidente del Consejo de Estado, cuya sola lectura

suscitaría comentarios que exceden del marco del presente, pero que no puedo por menos de recordar.)

Pues bien —o, pues mal—: comienza el calvario.

El aludido tiene que iniciar el acto de conciliación correspondiente. Se celebra, y en muchas ocasiones se

ubica en más periódicos —la presunta injuria o calumnia se reproduce así multiplicándose sus efectos—.

Luego viene la tramitación del sumario —lenta, lentísima—, el juicio oral, el recurso al Tribunal

Supremo y,al fin ... una condena casi siempre simbólica.

No basta. Y no basta, sobre todo, cuando la legislación de Prensa no se aplica, tampoco. Aquello del

respeto » la verdad y a la moral, a las personas e instituciones y la salvaguardia de la intimidad y del

honor personal y familiar, es pura letra muerta o en el mejor de los casos «obiter dictum». Sobre todo,

cuando hay tanto reverencial temor en la Administración y el señor ministro de Información no parece

muy inclinado a releerse —en la práctica— los textos de la vigente ley de Prensa (que yo sepa, no se ha

derogado).

Hace falta, pues, una ley antilibelo. Y pronto. Una ley que proteja la libertad, sobre todo la libertad de

Prensa, que es lo contrario de la libertad de injuria, de calumnia o de intromisión en la intimidad personal

o familiar. Una ley que sancione a autores, informadores, directores y también a las empresas. Una ley

que dé garantías a los ciudadanos y a los gobernantes. Y que no obligue a seguir el lento calvario de

ahora. Una ley que se aplique, sobre todo, y que sea eficaz: que disuada antes que sancione.

Como soy —inmerecidamente— miembro de la Comisión General de Codificación, voy a pedir que, si es

posible, se me incluya en la sección correspondiente. Peor, mientras tanto, señor ministro, ¿por qué no se

pone manos a la obra?

J. M. R. G.

 

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