Texto del dictamen de la Ley de Orden Público  :   
 El estado de guerra llevará consigola inmediata constitución de tribunales de guerra. 
 ABC.    15/07/1959.  Página: 43-47. Páginas: 5. Párrafos: 181. 

A B C. MIÉRCOLES 15 DE JULIO DE 1959. EDICIÓN DE LA MAÑANA. PAG. 43

TEXTO DEL DICTAMEN DE LA LEY DE ORDEN PUBLICO

EL ESTADO DE GUERRA LLEVARA CONSIGO LA INMEDIATA CONSTITUCIÓN DE

TRIBUNALES DE URGENCIÁ

SE AJUSTARAN A LA LEGISLACIÓN VIGENTE LAS SANCIONES GUBERNATIVAS POR

HECHOS ANTERIORES AL 1º: DE SEPTIEMBRE DE 1959

LOS AGENTES DE LA AUTORIDAD NO PODRAN ENTRAREN EL DOMICILIO DE UNA

PERSONA SIN SU CONSENTIMIENTO O MANDAMIENTO JUDICIAL

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ABC. MIÉRCOLES 15 DE JULIO DE 1959. EDICIÓN DE LA MAÑANA. FAG. 47

El "Boletín Oficial de las Cortes" número 636 publica el dictamen de la Comisión especial encargada de

dictaminar el proyecto de ley de Orden Público, cuyo texto es el siguiente:

Capítulo primero

DEL ORDEN PUBLICO X AUTORIDADES ENCARGADAS DE su CONSERVACIÓN

Artículo 1.º El normal funcionamiento de las instituciones públicas y privadas, el mantenimiento de la paz

interior y el libre y, pacifico ejercicio de los derechos individuales, políticos y sociales, reconocidos en las

leyes, constituyen el fundamento del orden público.

Art. 2.° Son actos contrarios al orden público;

a) Los que perturben o intenten perturbar el ejercicio de los derechos reconocidos en el Fuero de los

Españoles y demás leyes fundamentales de la nación, o que Atenten a la unidad espiritual, nacional,

política y social de España.

b) Los que alteren o intenten alterar la seguridad pública, el normal funcionamiento de los servicios

públicos y la regularldad de los a/bastecimientos o de los precios prevaliéndose abusivamente de las

circunstancias. ,, !

,

c) Los paros colectivos y los cierres o suspensiones ilegales de empresas, aM como provocar o dar

ocasión a que se produzcan unos y otros.

d) Los que originen tumultos en la vía Pública y cualesquiera otros en que se emplee coacción, amenaza

o fuerza o se cometan o intenten cometer con armas o explosivos.

e) Las manifestaciones y las reuniones públicas ilegales o que produzcan desórdenes o violencias, y la

celebración de espectáculos públicos en iguales circunstancias.

f) Todos aquellos por Jps cuales se propague, recomiende o provoque la subversión o se haga la

apología de la violencia o .de cualquier otro medio para llegar a ella. -

g) Los atentados contra la salubridad pública y la transgresión de las disposiciones sanitarias dictadas

para evitar las epidemias y contagios colectivos.

h) Excitar al incumplimiento de las normas relativas al orden público "y la desobediencia a las decisiones

que la autoridad o sus agentes tomaren para conservarlo o restablecerlo.

i) Los que de cualquier otro modo no previsto en los párrafos anteriores, faltaren a lo dispuesta) en-,la

presente leyó alterasen la paz pública o la convivencia social.

Art. 3.° El Gobierno, todas las autoridades de la nación y sus agentes velarán por la conservación del

orden público. Su mantenimiento y defensa ´coínnete especial y direetameirte, en todo el territorio nacio-

nal, al ministro de la Gobernación y, subordinadamente, dentro de cada provincia, al respectivo

gobernador civil, y en cada municipio, a su alcalde.

Art. 4.° 1. El ministro de la Gobernación, para la conservación y restauración del orden público, ejerce el

mando superior de las fuerzas de seguridad del Estado, integradas por los Cuerpos General de Policía,

Policía Armada y de Tráfico. Cuerpo de la Guardia Civil yde todas las demás unidades de seguridad y

vigilancia o somatenes de carácter .nacional, regipnal.v provincial o "municipal y fuerzas auxiliares.

2. En caso de necesidad puede solicitar xi?or conducto reglamentario la cooperación de unidades militares

para desempeñar los servicios públicos que se les encomiende, siempre bajo el mando de sus jefes natu-

rales.

Art. 5." El director general de Seguridad cumplirá y hará cumplir a las autoridades gubernativas, sus

agientes y cuantos elementos le estén subordinados aun de manera accidental las órdenes que reciba o

dicte dentro de sus atribuciones. Como jefe de los servicios de orden público, .en la, provincia de Madrid,

adoptará las nie-didas oportunas para mantenerlo en el territorio de la, misma.

Art. §." 1. Los gobernadores civiles.,», los efectos de ésta ley, asumirán,, subordinados al ministro de la

Gobernación, el ejercicio de la autoridad gubernativa en el territorio de su respectiva provincia y

adoptarán las medidas adecuadas para la conservaci&jl y wfcataaciój» 4el ottíejS efi-blico, a cu3?«í

efecto tienen el mando en su provincia de .los Cuerpos y fuerzas mencionados en el artículo cuarto.

2. El Gobierno, por acuerdo del Consejo de Ministros, podrá nombrar por «1 tiempo que considere

necesario gobernadores civiles generales encargados especialmente de asegurar el orden público, con

jurisdicción sobre eT territorio de varias provincias o de "parte de ellas y con las facultades que el

propio Gobierno determine, las .cuales no podrán en ningún caso exceder de las definidas en esta ley.

3. Los gobernadores civiles podrán, a su vez, nombrar para zonas y casos determinados delegados de

su autoridad para el mantenimiento del orden público. Estos nombramientos habrán de recaer en fun-

cionarios públicos o en personas de reconocido arraigo o solvencia, y deberán, ea todo caso, comunicarse

al ministro de la Gobernación.

Art. 7.° 1. Bajo la autoridad y dirección del gobernador civil correspondiente, los alcaldes Coadyuvarán a

la conservación del orden público en sus respectivos términos municipales; ejercerán en los municipios

que no sean capitales de provincia la autoridad gubernativa cuando el gobernador civil no la asuma

personalmente o por un delegado especial, y obraran por pr^la iniciativa y responsabilidad cuando las cir-

cunstancias no les permitieran pedir o recibir instrucciones, dando cuenta de sus actos lo mas rápidamente

posible al gobernador civil.

Art. 8.º Toda persona que tuviere conocimiento de un hecho que perturbe el orden deberá ponerlo en

conocimiento de la autoridad gubernativa, y de no hacerlo incurrirá en la Inulta establecida por ej artículo

259 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Solamente a requerimiento .09 aquélla o dé sus agentes se

hallan obligados3 los particulares a colaborar en la restauración´ del mismo, siempre qué puedan hacerlo

sin grave perjuicio o riesgo personal.

Art. 9/ 1. "Para el mejor conocimiento y difusión de las prescripciones concernientes al orden y decoro

públicos, la autoridad gubernativa podrá publicar los oportunos bandos. Esta publicación será preceptiva

cuando dicha autoridad, para garantía del propio orden, dictare, dentro de sus atribuciones, disposiciones

especiales o previniere sanciones de carácter general. Los expresados bandos se Insertarán en el "Boletín

Oficial de la Provincia" y se divulgarán por los medios más eficaces. Su inserción en los periódicos y

difusión en las emisoras de la provincia o localidad tendrá carácter obligatorio cuando la autoridad así lo

disponga.

2. Igualmente, para unificar la actuación v mejor servicio de las autoridades delegadas de su jurisdicción,

podrá dictar la autoridad gubernativa las órdenes circurlares que estime convenientes, las que se

publicarán, asimismo, en el "Boletín Oficial", a menos que tengan carácter reservado, caso en que se

comunicarán individualmente a las autoridades delegadas que proceda.

3. De todos los bandos y órdenes de los gobernadores civiles se dará conocimiento al Ministerio de la

Gobernación, el cual podrá modificarlos o dejarlos sin efecto.

4. Asimismo, el gobernador civil podrá dejar sin efecto los publicados por .autoridades delegadas.

Capítulo 11

DE LAS FACULTADES GUBERNATIVAS ORDINARIAS

Art. 10. La autoridad gubernativa o, por órdenes concretas suyas, sus agentes, podrán realizar las

comprobaciones personales necesarias a fin de que no se tengan armas para cuyo uso se carezca de li-

cencia. También podrán "proceder a la ocupación temporal de las que se lleven con licencia, si se estima

indispensable hacerlo, con objeto de prevenir la comisión de algún delito, la alteración del orden o

cuando exista peligro fundado para la seguridad de las personas.

Art.ll. La autoridad gubernativa y sus agentes no podrán entrar en el domicilio de uña persona sin su

consentimiento o mandamiento judicial, salvo en los casos siguientes:

Primero. Cuando fueren agredidos desde él.

Ssgundo. En los casos de flagrante delito, tanto para la persecución de los presuntos culpables como para

la ocupación de los instrumentos y efectos del mismo y de cuanto pueda servir para su comprobación. .

Tercero. Cuando en aquél se produjeren alteraciones que perturbaren el orden.

Cuarto. Si fueren requridos por sus moradores.

Quinto. ´ Cuando fuere necesario hacerlo para auxiliar a las personas o evitar daños inminentes y graves

en las cosas.

E] acta y atestado que con tal motivo se levantare serán entregados sin dilación a la autoridad judicial

competente, a los efectos que procedan, incluso el de corregir en su caso las extralimitaciones que se

hubiesen podido cometer. De toda extralimitación cometida se dará cuenta al gobernador civil.

Art. 12. 1. La autoridad gubernativa o sus agentes podrán detener a quienes cometan o intenten cometer

cualquiera de los actos contrarios al orden público, y a quienes desobedecieran las órdenes que les diera

directamente la autoridad o sus agentes, • en relación con, dichos actos.

2. Los detenidos serán puestos en libertad o entregados a la autoridad judicial en el plazo de setenta y dos

horas.

Art. 13. 1. Si en lugar público grupos de personas perturbaren el orden, se les intimará a disolverse.

Cuando las órdenes no fueren obedecidas, la autoridad o sus agentes harán hasta una tercera advertencia

conminatoria y, de ser ésta incumplida, los dispersará por los procedimientos más, adecuados a las

circunstancias, según su prudente arbitrio.

2. Si la perturbación acaeciere en locales cerrados o en edificios públicos no oficiales, los agentes de la

Autoridad podrán penetrar en ellos y adoptar las medidas pertinentes para restablecer el orden.

3. La entrada, en edificios ocupados por corporaciones o entidades públicas requerirá, salvo en casos de

notoria alteración del orden, el consentimiento del funcionario o persona que lo tuviere a su cargo.

Art. 14. 1. Cualquier reunión ilegal o manifestación no autorizada o que se desarrolle fuera, de los límites

o condiciones permitidos por la autoridad, podrá ser disuelta por las fuerzas encargadas del man-

tenimiento del orden. Antes de proceder a ello deberán intimar por tres veces consecutivas a los reunidos

o manifestantes, con intervalos de tiempo suficiente.

2. Cuando la manifestación revista carácter tumultuario, hayase o no autorizado aquélla legalmente,

bastará un solo toque de atención para que proceda la fuerza pública a disolverla. No será necesaria tal

intimación cuando hubiere sido atacada la fuerza por los manifestantes; pero no cabrá hacer fuego contra

los perturbadores. aun cuando persistan en su actitud de resistencia, sin haber dado antes un toque de

atención, salvo el caso en que los perturbadores disparasen contra la fuerza pública o los manifestantes se

produjeran con armas.

Art. 15. Las autoridades gubernativas adoptarán las medidas necesarias para asegurar que, con ocasión de

las reuniones o manifestaciones autorizadas, no se perturbe el orden público.

Se considerarán en todo caso autorizadas las reuniones o manifestaciones que celebren las organizaciones

a que se refiere el párrafo segundo del artículo 16 del Fuero de los Españoles.

Art. 16. Las asociaciones que fomenten o desarrollen cualquier actividad perturbadora del orden publicó u

organicen reuniones o manifestaciones ilegales, serán suspendidas por las autoridades gubernativas y sus

directivos y ejecutores sometidos a las sanciones que les correspondan, sin perjuicio de pasar el tanto de

culpa a la jurisdicción competente.

Art. 17. 1. En los cases en que se produjera alguna calamidad, catástrofe o desgracia pública, las

autoridades gubernativas deberán adoptar por sí mismas o de acuerdo con las demás, las medidas con-

ducentes a la protección, asistencia y seguridad de las personas, bienes y lugares afectables y darán

inmediata cuenta al Gobierno para que éste resuelva lo procedente.

2. En todo caso, la autoridad y sus agentes podrán requerir la ayuda y colaboración de otras personas y

disponer lo necesario en auxilio de las víctimas. Las resoluciones que adapten serán ejecutivas.

Art. 18. Las autoridades gubernativas podrán sancionar los actos contra el orden público a que esta Ley se

refiere, cualquiera que sea la forma de comisión, en la cuantía señalada en el artículo siguiente, sin

perjuicio de la competencia de los Tribunales o autoridades de otra jurisdicción.

Art. 19. 1. Los alcaldes podrán sancionar los actos contra el orden público con multas que no excedan de

250 pesetas en municipios de hasta diez mil habitantes: de 500 pesetas en los de diez mil a veinte mil; de

1.000 pesetas en los de más de veinte mil; de 2.500 pesetas en los de más de cincuenta mil, y de 5.000

pesetas en los de más de cien mil.

2. Los delegados del Gobierno en las islas Canarias y Baleares, podrán sancionar las mismas faltas

con multas de hasta 2.500 pesetas. Los gobernadores civiles podrán hacerlo en cuantía que no exceda de

25.000 pesetas; el director general de Seguridad hasta 50.000 pesetas; el ministro de la Gobernación hasta

100.000 pesetas, y el Consejo de Ministros hasta 500.000 pesetas.

3. Seguirán encomendadas al director general de Seguridad las atribuciones que en este orden le

corresponden en Madrid y su provincia, sin perjuicio de las peculiares del gobernador civil en materia de

régimen local u otras cuestiones.

Art. 20. 1. Para la graduación de las multas se deberá tener en cuenta la gravedad y trascendencia del

hecho realizado, los antecedentes del infractor, su capacidad económica y cargas familiares.

2. Si la autoridad llamada en principio a sancionar juzgara que, por la gravedad o significación del hecho,

debiera ser éste corregido con multa que exceda de sus atribuciones, lo expondrá en comunicación

fundada a la autoridad superior para que la misma resuelva lo que estime pertinente.

,3. La autoridad sancionadora fijará el plazo dentro del cual deberá hacerse efectiva la multa sin que

pueda ser inferior al de tres días hábiles a partir del siguiente al de la notificación, pudiendo acordar el

fraccionamiento del pago.

4. Las multas se abonarán en papel de pagos al Estado.

Art. 21. 1. Contra las sanciones gubernativas sólo podrá el interesado interponer recurso, que tendrá el

doble carácter de súplica ante la autoridad que corrigió y de alzada ante el superior inmediato de aquélla.

2. El plazo de interposición de este recurso será el de diez días hábiles a contar del siguiente al de

notificación de la sanción.

3. Si se estimase totalmente como recurso dé súplica, perdería su carácter subsidiario de recurso de

alzada; si se desestimase total o parcialmente, o no fuese resuelto en el plazo de quince días, la autoridad

sancionadora cursará el escrito en que se contenga al superior correspondiente, acompañando, a modo de

informe, la resolución desestimatoria del recurso.

4. Para recurrir contra la imposición de una multa como sanción gubernativa, se verificará previamente

el depósito del tercio de su cuantía, salvo los casos de notoria incapacidad económica apreciada por la

autoridad que sancionó.

5. Para la resolución de los recursos de alzada son, superiores de los alcaldes y delegados del Gobierno

en las provincias insulares los gobernadores civiles respectivos; del director general de Seguridad y de

los gobernadores civiles, el ministro de la Gobernación; y de éste, el Consejo de Ministros.

Art. 22. 1. Una vez firme la resolución por no haberse interpuesto contra ella recurso o ser éste

desestimado, si la multa. no estuviere abonada, los gobernadores civiles, el director general de Seguridad

o el ministro de la Gobernación podrán disponer el arresto supletorio del infractor, hasta treinta días, o

bien oficiar al Juagado competente con copia auténtica de la resolución, para que proceda a su exacción

por la vía de apremio o, en su caso, a la, declaración de insolvencia total o parcial del multado, o

imposición de arresto supletorio que proceda, que no podrá exceder de treinta días.

2. -Los alcaldes y delegados del Gobierno darán cuenta a los gobernadores respectivos de la falta de

pago de las multas que hubieren impuesto a los efectos del párrafo anterior.

3. Los acuerdos del Consejo de Ministros serán tramitados por el Ministerio de la Gobernación para su

efectividad.

Art. 23. 1. Cuando de los antecedentes policiales o penales apareciese ser el inculpado infractor habitual o

estuviera conceptuado como peligroso para el orden público, o que por su conducta suponga una amenaza

notoria para la convivencia social, el gobernador civil, el director general de Seguridad y. el ministro de la

Gobernación podrán sancionarlo con multa en un cincuenta por ciento superior a la autorizada en el

artículo 19, sin perjuicio de que sea puesto, cuando proceda, a disposición, de la jurisdicción de Vagos y

Maleantes.

2. Si el inculpado a que se refiere el párrafo anterior, sea cual fuere la cuantía de la sanción impuesta,

careciese de arraigo en el lugar o de solvencia conocida, la autoridad gubernativa podrá disponer su

detención mientras no haga efectiva la multa o no presta caución suficiente a juicio de aquélla, por plazo

no superior a treinta días que le será de abono para el cumplimiento del arresto supletorio.

Art. 24. 1. Los menores de dieciséis años deberán ser puestos a disposición de la jurisdicción tutelar

propia. Los comprendidos entre esta edad y los dieciocho serán corregidos con atenuación, y caso de

imponérseles arresto supletorio, lo sufrirán con separación de aquellas personas que representen notorio

peligro para su moralidad.

2. Cuando se trate de mujeres menores de veintitrés años y mayores de dieciséis, que se hallaren

prostituidas o corran grave riesgo de corromperse, deberán ser puestas & disposición del Patronato de

Protección, a la Mujer, para que, aparte de cumplir la sanción que se les imponga, se provea a su tutela.

Capítulo III

DEL ESTADO DE EXCEPCIÓN

Art. 25. 1. Cuantío alterado el orden público resultarán insuficientes las facultades ordinarias para

restaurarlo, podrá el Gobierno, mediante decreto-ley, declarar el estado de excepción en todo o parte del

territorio nacional, asumiendo los poderes extraordinarios que en este capítulo se determinan. De igual

modo podrá hacerlo si la magnitud de una calamidad, catástrofe o desgracia pública lo aconsejare.

2. El decreto-ley que se dicte determinará que garantías jurídicas de las reconocidas por el Fuero de los

Españoles quedan suspendidas con arreglo a su articulo 35; y si no lo fueran todas, podrá acordarlo en

decretos-leyes sucesivos dictados en los casos y momentos que estime Pertinentes.

Art. 26. 1. El Gobierno deberá dar cuenta inmediata a las Cortes de los decretos-leyes mencionados en el

artículo anterior, así como de aquel por el que se restablezca la normalidad, sin que sea necesario el

trámite previsto en el artículo 10, núm. 3 de la ley de 26 de julio de 1957.

2. Si la normalidad no hubiera podido lograrse dentro de los tres meses siguientes a la declaración del

estado de excepción, el Gobierno pondrá en conocimiento de las Cortes las razones que aconsejen su

prórroga.

Art. 27. Las medidas que se adopten para la restricción parcial o total de las garantías suspendidas por los

decretos-le-yes que declararon el estado de excepción, se limitarán a los términos que en cada caso

aconsejen las exigencias del orden público.

Art. 28. Las autoridades gubernativas asumirán las siguientes facultades con arreglo al decreto o decretos-

leyes que se dicten:

a) Prohibir la circulación de personas y vehículos en las horas y lugares que en el bando se determinen;

la formación de grupos o estacionamiento en la vía pública; y los desplazamientos de localidad, o bien

exigir a quienes los hagan que acrediten su identidad presonal y el itinerario a seguir.

b) Delimitar zonas de protección o seguridad y dictar las condiciones de permanencia en las mismas, así

como prohibir en lugares determinados la presencia de personas que puedan dificultar la acción de la

fuerza pública.

c) Detener a cualquier persona si lo consideran necesario para la conservación del orden.

d) Exigir que se notifique todo cambio de domicilio o residencia con los días de antelación.

e) Disponer el desplazamiento accidental de la localidad o lugar de su residencia de las personas que

por sus antecedentes o conducta infundan sospechas de actividades subversivas.

f) Fijar la residencia en localidad o territorio de la nación, a ser posible adecuado a las condiciones

personales del individuo, de aquellos en quienes concurran las circunstancias del párrafo anterior.

Estas medidas cesarán con las circunstancias que las motivaron.

Art. 29. La autoridad gubernativa podrá ejercer la censura previa de la Prensa y publicaciones de todas

clases, de emisiones radiofónicas o televisadas y de los espectáculos públicos o suspenderlos en cuanto

puedan contribuor a la alteración del orden público.

Art. 30. , 1. Las autoridades gubernativas podrán disponer inspecciones y registros domiciliarios en

cualquier momento que se considere necesario.

2. En uno y otro caso, el reconocimiento de la casa, papeles y efectos tendrá qué ser siempre presenciado

por el dueño o encargado dé la misma, o por uno o más individuos de su familia y por dos

vecinos de la propia casa o de las inmediaciones si en ellas, los hubiere y, en su defecto, por dos vecinos

del mismo pueblo.

3. No hallando en ella al dueño o encargado de la casa, ni a ningún individuo de la familia, se hará el

reconocimiento a presencia únicamente de los dos vecinos indicados, levantándose acta que firmará con

ellos la autoridad o su delegado.

4. La asistencia de los vecinos requeridos para presenciar el registro será obligatoria.

5. En caso de no ser hallados vecinos que puedan presenciar el registro, se llevará a efecto haciendo

constar esta circunstancia en el acta.

Art. 31. 1. Los extranjeros transeúntes en España están obligados a realizar la presentación y a llenar las

demás formalidades que con respecto a ellos acuerde la autoridad. Quienes las contravienieren u

ofrecieren indicios de concomitancia con los revoltosos serán expulsados del país, salvo que los hechos

constituyan delito, caso en el que se les someterá al procedimiento correspondiente.

2. Los extranjeros con residencia en España debidamente autorizada y registrada quedarán sujetes a las

mismas disposiciones que les nacionales y a las normas que se establezcan sobre renovación o control de

su tarjeta de identidad o cédula de inscripción consular. Si en su conducta se apreciara connivencia con

los perturbadores, podrán ser expulsados del territorio nacional previa justificación sumaria de las

razones que lo motivan. Los interesados, sin perjuicio del Cumplimiento de lo acordado, podrán recurrir

en alzada.

3. Los apátridas o refugiados respecto de los cuales no sea procedente la expulsión, seguirán el Estatuto

de los nacionales.

Art. 32. 1. Asimismo y con carácter extraordinario se podrán acordar las siguientes medidas de seguridad

y prevención:

a) Revocar total o parcialmente los permisos de tenencia de armas.

b) Evitar que, prevaliéndose del uso de los servicios públicos de transportes, comunicaciones o

cualquiera otro, se coopere a provocar o mantener la alteración del orden.

O Vigilar y proteger los edificios, instalaciones, obras, servicios públicos e industriales, o explotaciones

de cualquier género,

d) Emplazar puestos armados en los lugares mas apropiados para asegurar la vigilancia.

Las medidas que se indican en los dos apartados anteriores llevarán consigo la obligación de los dueños,

moradores o encargados, de consentir las limitaciones que exija la utilización de las fincas o instalaciones

afectadas.

.

e) Dictar las normas necesarias para asegurar el abastecimiento de los mercados, la libertad de

comercio, el funcionamiento de los servicios públicos y de los centros de producción y trabajo, pudiendo

exigir la prestación personal obligatoria de sus trabajadores y empleados y considerárseles, en cuanto

duren las circunstancias, como funcionarios públicos al servicio del Estado y sometidos al Estatuto legal,

jerárquico y disciplinario de éstos, bajo las órdenes directas de la autoridad o sus delegados.

f) Movilizar los recursos del territorio o de las localidades en que se declare el estado de excepción,

pudiendo llegar, si fuera necesario para remediar la calamidad o dominar la perturbación, a disponer de

las armas y municiones, vehículos, carburantes, víveres, animales o materiales de toda clase o a la

intervención u ocupación de industrias, fábricas, talleres o explotaciones.

2. Cuando a consecuencia de la ejecución de estas medidas procediere alguna indemnización, ésta se

regulará de conformidad con lo que previene la ley de Expropiación Forzosa.

Art. 33. 1. Si algún funcionario o persona al servicio del Estado, provincia, municipio y entidad o

Instituto de carácter público u oficial, favoreciese con su conducta la actuación de los elementos perturba-

dores del orden o se negaren a cooperar, con la autoridad constituida, cuando le fuere expresamente

reclamado, podrá ser suspendido provisionalmente por ésta de su empleo, cargo o función y sueldo anejos

en tanto duren las circunstancias, sin que contra dicha resolución quepa recurso alguno.

2. Además, se pasará el tanto de culpa a la autoridad judicial correspondiente, y se notificara al superior

jerárquico; a los efectos de Oportuno expediente disciplinario.

Art. 24 Las autoridades podrán les la responsabilidad correspondiente o a eximirles de ella.

5. Los que no se avinieren a los medios persuasivos quedarán bajó la acción de los coercitivos que

disponga la autoridad para reprimir y dominar el desorden, así como el posterior enjuiciamiento de los

Tribunales marciales.

Art. 40. La autoridad militar podrá hacer uso de las mismas facultades que se conceden a la civil en los

Capítulos anteriores, de las demás que esta ley autoriza y de cuantas medidas entienda sean nece-sarias

para restablecer el orden o requiera la seguridad interior del Estado.

Art. 41. Las autoridades civiles conti-

tar el retraso jetó´ los autos, podrá hacer por edictos el ofrecimiento de acciones.

3: SI perjudicado, sin necesidad de formular querella, podrá mostrarse parte hasta´ el momento de la

celebración de la vista. Si compareciere en forma legal sin haber presentado calificación previa, se

entenderá´que provisionalmente se adhiere a la formulada por el Fiscal.

4. En el procedimiento de urgencia no se .permitirá el ejercicio de la acción pública.

Art. 47. 1. La Policía judicial deberá instruir el atestado correspondiente con la mayor celeridad,

procurando recoger cuantos elementos importantes de prueba estén. a su alcance.

2. El fiscal de !a Audiencia podrá designar a uno de sus subordinados para que lleve la inspección y

dirección de los atestados, disponiendo la práctica urgente de las diligencias que crea indispensables.

3. Cuando el fiscal considere esclarecido el hecho y aportados lo.i datos necf-sa-rios para su

calificación, propondrá.la remisión de las actuaciones al Juzgado competente, con la petición de que,

previa ratificación de las declaraciones del inculpado y aquellas otras diligencias que él Juzgado

estime precisas para corroborar las ya practicadas, dicte auto de procesamiento por el delito cometido y

se dé al sumario la tramitación que corresponda.

Art. 48. Los jueces de Instrucción, mediante ininterrumpida, rápida y prsfert´n-te actividad, tramitarán los

sumarios ajustándose a lo dispuesto en el Título II, Libro IV, de la Le-y de Enjuiciamiento Criminal, con

las modificaciones siguientes:

a) Inmediatamente de recibidas las diligencias incoadas por la Policía, de admitida la querella o la

denuncia cuando proceda, o bien tan pronto,como tenga conocimiento directo del hecho, recibirán

declaración a los inculpados, haciendo constar, en su caso, las circunstancias que justifiquen la

ratificación total o parcial o la negación de las confesiones que flpa-´rezcan como suyas en el atestado,

adicionándolas con las,demás circunstancias que interese acreditar. Simultáneamente ,´en el más breve

plazo posible,-evacuarán las ci--tas testificales que estimen convenientes, aplazando para el acto del juicio

oral aquellas pruebas de que pudiera prescindirse para .calificar el hecho.

b> La identificación del procesado, si fuera precisa, se verificará mediante acta, en la que se consignarán

los particulares que interesen. Si no se pudiera aportar rápidamente el certificado de nacimiento, se suplirá

éste por cualquier otro medio de prueba.

c) Se reclamará con carácter urgente la hoja de antecedentes penales y, si no se recibiera antes de

terminar el sumario, se prescindirá de olla, sin perjuicio de llevarla al juicio oral si llegare a

tiempo de éste.

d) Se obtendrán por los servicios de Policía, siempre que sea posible, tres fichas dactilográficas del

inculpado,_ de las que una se incorporará a las diligencias y las otras dos se remitirán a los Gabinetes

de identificación de las Direcciones generales d-e Seguridad y Prisiones.

e) El informe p-ericial podrá ser presentado por un solo perito cuando el juez lo considere suficiente; si

el fiscal efTirna-re necesaria la intervención da un. segundo-perito, se cumplirá lo dispuesto en la

ley de Enjuiciamiento Criminal para los procedimientos ordinarios.

f) Si no fuera posible la determinación de los daños sin demorar gravemente el curso del sumario,

podrá prescindirse de tal diligencia, siempre?* que el juez, y el fiscal estuvieren de acuerdo sobre ello,

sin perjuicio de practicarla en el juicio oral cuando resulte indispensable para calificar los hechos.

En todo caso, las dilaciones o demoras que pudieran derivarse de la completa tasación de los daños, se

tramitarán en nie-zas separadas para los efectos de la responsabilidad civil y no impedirán el juicio oral ni

la ejecución de la´ sentencia, dentro de cuyo período se podrán fijar aquéllos.

Art. 49, l, .

JEá juía instructor djctará auto de procesamiento y prisión en cuanto aparezcan indicios de criminalidad

cor.tra determinada persona. La prisión será incondicional siempre que la pana señfila-dp» al delito sea de

privación de libertad. Contra este auto no se- dará .recurso de reforma ni de apelación, pero de oficio el

instructor o el Tribunal de urgencia podrán rsvocarlo en todo o en parte si razones especiales lo

aconsejaren.

2. El referido auto se notificará directamente al fiscal y al procesado, al que se recibirá´ indagatoria

.seguidamente, con apercibimiento que de no hacer designación de defensor, se le nombrará de oficio. El

procesado, por si o por medio de su abogado, podrá proponer antes de la conclusión del sumario las

diligencias q\ie estime conveniente a su descargo, de las que el.´juez practicaré sólo las que considere

útiles para el mejor esclarecimiento de los hechos, evitando que se/ retrase la tramitación. Contra esta

resolución del instructor no se dará ,rec.ürso alguno, si bien las- diligencias denegadas podrán ser pedidas

de nuevo para el acto del juicio oral

Art. 50. 1. El sumario se declarará concluso cuando el ministerio fiscal lo solicite, si hubiese intervenido

en su tramitación, y, en otro caso, cuando el juez lo .acuerde.

2. Dictado el auto de conclusión; se elevará seguidamente el sumario y las piezas de convicción al

Tribunal de Urgencia, previo emplazamiento d-e las partes por término de tres días. Dicho Tribunal

acordará, su paso inmediato al ministerio fiscal por un plazo de setenta y dos horas, en el que podrá pedir:

a) Si el sumario no hubiera sido inspeccionado por él, la revocación del auto de- conclusión liara la

práctica de nuevas diligencias, y devolución al instructor a tal fin, debiendo seguirse una vez evacuadas,

les mismos trámites antes señalados.

b) Pedir el sobreseimiento libre o provisional, total o parcial.

c) Formular escrito de calificación pro-i visional.

3. Despachada la cau.=:a por el fiscal, se dará traslado de modo sucesivo a las acusaciones privadas, si

las hubiere, por igual plazo que se fija en el apartado anterior.

4. Formalizados los escritos de calificación, se dará traslado a la defensa por

término de tres a seis días, según el volumen de los autos. También, acordará,, de ser varios los

defensores, que sin exceder d-e dicho plazo máximo les traslados sean sucesivo:;.

5. El Tribunal en ti plazo improrrogable de tres días, examinará los escritos presentados y

admitirá las pruebas que estime pertinentes, sin que contra esta*re-solución quepa recurso alguno.

6. Señalará día para la vista dentro de los ocho siguientes y ordenará, por el medio más rápido, que

se libren los despa-* c´-os necesarios para la citación de peritos y testigos que hayan de comparecer

en el acto de aquélla. Hasta el momento de ja misma, podrán incorporarse a los antecedentes sumariales

los informes, certificaciones y documentos reclamados por la Sala, solicitados por las partes, o remitidos

por el instructor y por las demás autoridades o funcionarios.

7. E! Tribunal dictará sentencia en el térmiso de veinticuatro horas siguientes a la vista.

8. Lo.s condenados no podrán disfrutar los beneficios de la condena condicional.

9. En todo lo demás se observarán los trámites señalados por la Ley tíe Enjuiciamiento Criminal.´

Art. 51.. 1. Contra la sentencia dictada podrán las partes interponer los recursos de casación por

infracción de ley o quebrantamiento de forma que autoriza y regula la Ley de Enjuiciamiento Criminal en

sus respectivos casos.

2. El recurso se preparará mediante escrito autorizado por el abogado del recurrente, dentro de los cinco

días •siguientes a la notificación de la sentencia.

3. En la resolución en-que se tenga por preparado dicho recurso, so emplazará á-las parte.´,: para que

comparezcan ante el Tribunal Supremo e´n el plazo improrrogable ds diez días, cuando se refiera a deci-

siones dictadas por los Tribunales de la Península y veinte en los demás,*

4. Interpuesto el recurso y sin esperar a que transcurra el término del emplazamiento, se designará el

magistrado ponente y se dispondrá que el secretario forme la nota autorizada del recurso en el plazo de

sesenta y dos horas. Seguidamente se instruirán el fiscal y las partes en el termine, que dentro del legal

se´señale, pu-diendo impugnar la admisión del recurso o la de la adhesión.

5. La Sala resolverá dentro de las cuarenta y ocho horas sobre la admisión o inadmisión y si acordase lo

primero se hará, el señalamiento para la vista cuííndo proceda y en plazo que no podrá exceder de cinco

días. D2ntro de otro término igual, se dictará sentencia.

6. En los recursos procedentes de la Audiencia de Madrid, no será necesario el nombramiento de

abogado y procurador, debiendo actuar, a falta de otra designación, les que en su caso lo hubieran ht´f^-

en la instancia.

Disposiciones finales

Primera. Quedan derogados la ley de 28 de julio d-e- 1933, oí decrrto-ley de 16 de febrero de 1937, el

decreto de 18 de octubre, de 1945, la ley do 17 de julio de 1948 y las demás disposiciones qus se opongan

a lo preceptuado en la presentó, qua empezará a regir el 1 de .septiembre próximo.

Segunda. Se autoriza al Ministerio de la Gobernación y en su caso al Gobierno, para dictar las normas

reglamentarias que pueda exigir la ejecución de los preceptos rto esta ley.

Disposiciones transitorias

Primera. Las s a 11 c i o ñes gubernativas por hechos anteriores al 1 de septiembre de 1959, se ajustarán a

la legislación hasta ahora vigente, sea´cual fuere el momento de. su aplicación.

Segunda. Seguirá entendiendo la jurisdicción militar da lor. delitos que, afectando al orden púolico, le

están atribuidos con arreglo a lo establecido en leyes especiales, sin perjuicio de las inhibiciones que: sé

acordaren en favor de la jurisdicción.qrdi-, naria y en tanto que el Gobierno revisé y unifique las normas

de competencia relativas, concretamente a dichos edictos, auto-* rizándosele especialmente para «lio.

 

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