Autor: Simón Tobalina, Juan Luis de. 
 Aproximación al tema de las autonomías. 
 Las competencias regionales     
 
 Ya.    13/01/1978.  Página: 5-6. Páginas: 2. Párrafos: 10. 

Aproximación al tema de las aufonomías

LAS COMPETENCIAS REGIONALES

UN aspecto básico del problema regional es el relativo a la delimitación de competencias. ¿Qué es lo que

el Estado nacional debe reservarte por ser inherente a su soberanía y qué es lo que puede delegar, He aquí

el gran problema. Nadie censurará que una región, con o sin antecedentes autonómicos, asuma

competencias en materias administrativas cuya gestión, postula una descentralización, A nadie extrañará

que Galicia o Valencia, el País Vasco o Extremadura, obtengan autonomía suficiente para resolver sus

problemas de carreteras o ferrocarriles regionales, de beneficencia, de repoblación forestal, de fomento de

instituciones culturales, artísticas, científicas, deportivas, etc. Pero la polémica surgirá tan pronto como se

trate de reconocer a esas regiones un poder legislativo que pueda elaborar, por ejemplo, leyes civiles, de

régimen local, de organización de la justicia, etc. ¿Hasta dónde puede llegar la competencia de las

regiones? ¿Qué límites son infranqueables? Este es el meollo de la cuestión. Para hacernos una idea, no

para pretender resolver el problema en un artículo de periódico-lo cual sería ridículo-, conviene traer a

colación las soluciones constitucionales de la República Federal Alemana e Italia, recordar lo que decía

nuestra Constitución de 1931 y examinar sucintamente el "borrador" de Constitución.

ALEMANIA

LA ley Fundamental de la República Federal alemana te 23 de mayo de 1949 no constituye un modelo

perfecto para nosotros, porque no somos un Estado federal, sino un Estado unitario o, como decía la

Constitución republicana de 1931, un "Estado integral compatible con la autonomía de los municipios y

las regiones", pero es útil para saber qué reservas de soberanía son indispensables, incluso en un Estado

federal. En el alemán, su ley fundamental antes citada, después de decir que la facultad de legislar

pertenece a los "territorios" o "países", como otros traducen la palabra alemana "lander"-en la medida en

que la presente ley fundamental no confiera poderes legislativos a la Federación (artículo 70), distingue

entre legislación exclusiva y legislación concurrente. En esta última, los "territorios" "tendrán lo facultad

de legislar por tanto tiempo y en cuanto que la Federación no haya hecho uso de su derecho legislativo"

(artículo 72). Es decir, que, aun en materia de legislación concurrente, la Federación tiene prioridad o,

como dice el texto, "derecho legislativo". Los "dominios" a que se extiende la legislación concurrente los

detalla en veintitrés apartados el artículo 74. Sólo voy a citar, por vía de ejemplo, algunos de ellos: el

derecho civil, el penal y el de trabajo; la asistencia pública; el fomento de la investigación científica. Lo

que me urge decir es que la Federación tiene el derecho de legislación exclusiva-según el art. 75-en las

materías siguientes: asuntos exteriores; nacionalidad en la Federación; libertad de desplazamiento y de

establecimiento, régimen de pasaportes, inmigración, emigración y extradición; régimen de la moneda

bajo sus diferentes formas, régimen de pesas y medidas; unidad del territorio aduanero y comercial,

tratados de comercio y de navegación, Ubre circulación de mercancías; ferrocarriles federales y

navegación aérea; correos y telecomunicaciones; estatuto jurídico de las personas y de las corporaciones

de derecho público que afectan a la Federación; propiedad industrial, derecho de autor y derecho de

edición; colaboración de la Federación y los territorios sobre policía criminal y protección de la

Constitución, servicio federal de policía y lucha internacional contra el crimen; estadística de interés

federal.

La relativa cicatería de la Federación para otorgar poderes legislativos a "los "territorios" se convierte en

generosidad al conceder a éstos la ejecución de las leyes federales "a título de atribución propia" (art. 83),

si bien el Gobierno federal controla esa ejecución incluso nombrando comisarios delegados (art. 84). El

poder judicial lo comparten, dentro de un orden jerárquico, el Tribunal Constitucional Federal, el Tribunal

Federal Supremo para garantizar la unidad de derechos, los tribunales federales y los tribunales de

territorio (art. 92).

ITALIA

ITALIA, según su Constitución de 27 de diciembre de 1947, es "una República democrática fundada en

el trabajo" (art, 1.º), que "se divide en regiones, provincias y municipios" (art. 114). "Las regiones se

constituirán como entes autónomos con propios poderes y funciones" (art. 115). Gozan de amplias

facultades legislativas y ejecutivas que "no estén en oposición con el interés nacional o el de otras

regiones", en relación con las materias administrativas que detalla el artículo l17: "circunscripciones comunales; policía local, urbana y rural; ferias y mercados; beneficencia pública y asistencia sanitaria y hospitalaria; instrucción artesana y profesional y asistencia escolar; museos y bibliotecas de entidades locales; urbanismo; turismo e industria hotelera; tranvías y líneas automovilistas de interés regional; vías, acueductos y obras públicas de interés regional;

navegación y puertos lacustres; aguas minerales y termales; canteras y hornagueras; caza; pesca en aguas

internas; agricultura y montes; artesanía".

CONSTITUCIÓN DEL 31

COMO vemos, entre el régimen federal alemán y el de regiones autónomas italiano cabe toda una

gama de posibles regímenes abiertos al reconocimiento de la personalidad de las regiones y a la concesión

a estas de autonomía. En un punió intermedio entre sías dos concepciones; la federal y la propiamente

regional, estaba situada nuestra constitución republicana de 931 al reservar en su artículo 14 a "la

exclusiva competencia del Estado español" la legislación y la ejecución directa en las materias siguientes:

adquisicón y pérdida de la nacionalidad; relación entre las fiestas y el Estado y régimen de cultos;

representación diplomática y consular, declaración de guerra, tratados de paz y toda clase de relaciones

internacionales;, defensa de la seguridad pública en los conflictos de carácter suprarregional o

extrarregional; pesca marítima; deuda del Estado; Ejército , Marina de guerra y defensa nacional;

régimen arancelario, tratados de comercio, aduanas y libre circulación de las mercancías, abanderamiento

de buques mercantes; régimen de extradición; jurisdicción del Tribunal Supremo; sistema monetario;

emisión fiduciaria y ordenación general bancaria; régimen general de comunicaciones, líneas aéreas.

correos, telégrafos, cables submarinos y radiocomunicación; aprovechamientos hidráulicos e instalaciones

eléctricas, cuando las aguas discurren fuera de la región autónoma o el transporte de la energía salga de su

término; defensa sanitaria en cuanto afecte a intereses «extrarregionales; policía de fronteras,

inmigración, emigración y extranjería; Hacienda general del Estado; fiscalización de la producción y

comercio de armas.

También correspondía al Estado la legislación-mientras a las regiones podía corresponder la

ejecución-sobre: propiedad intelectual o industrial; eficacia de los comunicados oficiales y documentos

públicos; pesas y medidas; régimen minero y bases mínimas sobre montes, agricultura y ganadería;

ferrocarriles, carreteras, canales, teléfonos y puertos de interés general; bases mínimas de la legislación

sanitaria interior; régimen de seguros generales y sociales; aguas, caza y pesca fluvial; régimen de prensa,

asociaciones, reuniones y espectáculos públicos; derecho de expropiación; socialización de riquezas

naturales y empresas económicas; servicios de aviación civil y radiodifusión.

El proyecto constitucional, después de afirmar en su título 1 que "la Constitución se fundamenta en la

unidad de España y la solidaridad entre sus pueblos y reconoce el derecho a la autonomía de las

nacionalidades y regiones que la integran" (art. 2.º), nos ofrece, en el título VIII, el marco constitucional

"de los territorios, autónomos". La iniciativa en el proceso autonómico corresponde a los ayuntamientos

de una o más provincias limítrofes. La delimitación de la competencia de las regiones se hace, como en la

Constitución de 1981, mediante el sistema de precisar lo que se reserva el Estado y atribuir, en lo restante,

amplia autonomía a las regiones. Este método fue postulado por Ortega y Gasset en 1928; "La amplitud

en la concesión del "selfgovernement" debe ser extrema, hasta el punto de que resulte mas breve

enumerar lo que se retiene para la nación que lo que se entrega a la región. En principio, sólo el Ejército,

la justicia, una parte de las comunicaciones, la vida internacional, el derecho a intervenir los actos del

régimen local y la opción constante a establecer servicios reguladores de orden pedagógico, científico y

económico en todo el territorio peninsular quedarían en manos del órgano central del Estado. Salvo

omisión, todo el resto pasaría de las manos abstractas en que se hallaba a las manos concretas de los

provinciales."

El proyecto contiene una larga enumeración de materias (32 epígrafes) de la exclusiva competencia del

Estado, el cual, sin embargo, podrá autorizar la gestión o ejecución de los servicios respectivos a los

territorios autónomos. El criterio inspirador no es muy diferente del que siguieron los autores de la

Constitución republicana. Pero con bastantes las imprecisiones, como ha hecho notar en estas palmas

Sánchez Agesta. Lo importante es que sepamos comprender "la fecundidad-son palabras del Rey en su

mensaje navideño-que nace de la variedad y la pluralidad de las regiones españolas, distintas, pero no

contrapuestas; dotadas de diferente personalidad, pero esencialmente conjuntadas en el mismo destino

patrio".

Juan Luis DE SIMON TOBALINA

 

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