El proyecto de ley de bases de contratos del Estado  :   
 Se trata de perfeccionar el sistema. 
 ABC.    16/11/1963.  Página: 59-60. Páginas: 2. Párrafos: 8. 

EL PROYECTO DE LEY DE «BASES DE CONTRATOS DEL ESTADO»

Se trata de perfeccionar el sistema

El Boletín Oficial de las Cortes, número 808, publica el proyecto de ley que lleva por título "Bases de

contratos del Estado", y en cuyo preámbulo se dice que la ley pretende establecer en nuestro ordenamien-

to una regulación completa de los contratos del Estado bajo principios jurídicos y administrativos. La

contratación del Estado es un instrumento decisivo para el desenvolvimiento de la acción social y para la

verificación de los planes de fomento, que coordina las posibilidades financieras públicas con las

finalidades reales, y éstas son el empresario, que ha de llevarlas a cabo a través de la ejecución de las

obras o servicios. El contrato persigue la ejecución de una obra, pero más importante que la ejecución es

la oportunidad de su promoción y la valoración de los fines públicos a que sirve.

Por eso la ley desenvuelve una serie de normas no sólo de la disciplina del convenio, sino de la

pertinencia del mismo, de su eficacia y de los órganos encargados de velar por el perfeccionamiento del

sistema. Se trata de perfeccionar una organización gestora y de conseguir la máxima actividad y

seguridad de sus actuaciones, sin merma de las garantías fiscalizadoras que el gasto público merece.

La selección del empresario se acometerá con toda la trascendencia que este último elemento de la

contratación ostenta, Los modos de adjudicación serán planteados de manera que puedan apreciarte por

la Administración todas las circunstancias convenientes en las proposiciones, huyendo tanto del

automatismo de los viejos procedimientos como de la designación discrecional del empresario, y podrá

darse paso en el futuro a la figura del contratista colaborador.

No cabe, añade el preámbulo, a semejanza de lo que ocurre en la contratación privada, una discusión o

mutuo tanteo entre las partes, una vez configurado el pliego de condiciones con los pactos libremente

fijados por la Administración, al empresario sólo le cabe, por regla general, aceptarlos en bloque o desistir

de la adjudicación. Esto no es óbice para que en determinados procedimientos, concursos y contratación

directa pueda el empresario formular contrapropuestas que, sin apartarse del pliego, mejoren la ejecución

de la obra o del servicio; lo que de ningún modo puede verificarse es la alteración discrecional del pliego

en beneficio de un licitador o la posibilidad de cláusulas distintas para éstos en función de un mismo tipo

de contrato.

Con el ánimo de simplificar y dar agilidad a la tarea administrativa, se reconoce el sistema existente de

los pliegos de condiciones generales, que contendrán el entramado obligacional típico que afecta a un

conjunto de contratos indeterminados; en esto se diferencia de los pliegos de condiciones particulares

meditados para regir en un solo convenio. La ley trata de impedir una elaboración inadecuada, exigiendo

una serie de informes y dictámenes especializados con un rigor nada corriente en el derecho

administrativo, lo que redundará en beneficio del interés público, del interés privado concurrente y de las

finalidades que se persiguen.

La selección adecuada de los contratistas constituye una de las,nietas perseguidas. En este sentido son de

resaltar dos medidas fundamentóles: romper eí viejo sistema que otorgaba a la subasta el primado

absoluto como forma de contratación del Estado, y otra el establecimiento de un registro de contratistas

que implica la previa clasificación de aquéllos en función de su idoneidad técnica y financiera. Se faculta

a los Departamentos ministeriales para optar libre e indistintamente entre la subasta y el concurso-subasta.

El sistema se complementa con la posibilidad de que la autoridad competente para adjudicar definitiva-

mente un contrato pueda, en todo caso, incluido el de subasta, rechazar la propuesta de las autoridades

inferiores en un sentido determinado. Ello implica llevar a sus últimas consecuencias el principio de que

la adjudicación provisional no genera derecho alguno en favor de su beneficiario. La cesión de contratas y

los subcontratos son objeto de regulación. Una de las situaciones más sobresalientes es el contrato de ges-

tión de servicios públicos, mediante el cual se simplifica el aparato burocrático de aquélla y se da entrada

a empresarios capaces de realizarlo y obtener, además, una garantía. Desde el punto de vista definidor de

la estructura de contratos los rasgos más expresivos son: la calificación contractual del vínculo, el

contenido económico necesario del servicio público, la corrección de los monopolios y la necesidad de

una clara expresión del ámbito de gestión. Se rectifica profundamente el capítulo V de la Ley de

Administración y Contabilidad en cuanto a los modos de contratar la gestión de los servicios públicos que

no coinciden ai en su fondo ni en su forma con los que rigen para la contratación de obras.

La ley prevé la regulación de los aspectos en orden a garantizar la continuidad y la eficacia d«l servicio.

Se fija una normativa positiva de tipo unitario en contrato de suministros.

La parte dispositiva de esta ley consta de diecisiete bases, tres disposiciones adicionales y dos finales, en

cada una de las cuales se recoge las puntualizaciones sobre la preparación del contrato de obras; los

contratos del Estado en general; selección de los contratistas, efectos del contrato de obras; modificación

del contrato; extinción de contrato; cesión de contratas y de los subcontratos; contratos de gestión de lo;

servicios públicos; modalidades de la contratación y formas de adjudicación; efectos de los contratos de

gestión de servicios públicos; extinción de dichos contratos; Contratos de suministros; clasificación de los

contratistas.

 

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