Última sesión plenaria de la legislatura. 
 Nuestro antiguo régimen de arrendamientos urbanos suponía una congelación de rentas y una depreciación del patrimonio inmobiliario  :   
 Palabras del ministro de Justicia, don Antonio Iturmendi. 
 ABC.    07/06/1964.  Página: 82-83. Páginas: 2. Párrafos: 10. 

«NUESTRO AITIGUO RÉGIMEN DE ARRENDAM1EI-TOS URBANOS SUPONÍA UNA

CONGELACIÓN DE RENTAS Y UNA DEPRECIACIÓN DEL PATRIMOIIO INMOBILIARIO»

Palabras del ministro de Justicia, don Antonio Ilurmendi

Seguidamente hizo uso de la palabra el ministro de Justicia, don Antonio Iturmendi, quien dijo que había

de reconocerse la ingente labor realizada por la Comisión que ha dictaminado el Proyecto de Ley,

eminentemente social, singularmente en lo que a viviendas se refiere. Tiene plena justificación, pues el

legislador hubo de actuar, tanto en España como en los demás países europeos, para resolver la delicada

situación socio-económica creada por la crisis de viviendas y locales, y fruto de esta previsión fueron las

medidas adoptadas sucesivamente: prórroga obligatoria del plazo contractual, tasa de rentas, protección

del fondo comercial y acceso a la propiedad del inquilino. Las exigencias de la justicia social son, en

efecto´, tenidas muy en cuenta en el Proyecto. Las viviendas construidas al amparo de leyes especiales

protectoras seguirán rigiéndose por las normas de las dichas leyes especiales, y únicamente en lo no

previsto en ellas, por la de Arrendamientos Urbanos, que constituirá el régimen locativo propio de las

demás edificaciones urbanas.

Se mantienen en la ley la estabilidad del inquilinato, el acceso del inquilino a la propiedad de la vivienda

y a la irrenun-ciabilidad de sus derechos. Se mantienen en vigor la exención del pago de alquileres al

productor en paro y la autorización concedida al Gobierno para decretar el alquiler obligatorio de aquellas

viviendas que, siendo susceptibles de ser ocupadas, no lo fuesen por nadie, así como el desahucio, por

razón de necesidad social, de las viviendas ocupadas que sin mediar justa causa se hallaren habitualmente

deshabitadas.

Trata de la revalorización de los alquileres y dice que lo que en el presupuesto familiar de 1939

representaba el 14,60 por 100 de los gastos para el pago de la renta de la vivienda, en el año 1958 sólo

alcanzaban el 4,96 por 100 en las familias que satisfacen alquileres antiguos, según un estudio realizado

por el Instituto Nacional de Estadística.

ACTUALIZACIÓN DE LAS RENTAS

El Plan de Desarrollo—añade—da al problema de la vivienda un tratamiento entrañablemente humano,

de sincera cooperación social, y, al mismo tiempo, denuncia nuestro régimen de arrendamientos urbanos,

como anteriormente lo hiciera el Plan Nacional de la Vivienda, y dice de él que supone una congelación

de rentas casi absoluta. Trata de las consecuencias que ello trae consigo, entre ellas la depreciación del

patrimonio inmobiliario urbano, cuando no su ruina, a causa de su deficiente conservación, aspecto este

último verdaderamente preocupante, pues por muchas que sean las nuevas viviendas que se construyan, el

problema seguirá latente si no sé atiende a la adecuada conservación de las 8.125.000 viviendas

españolas. De acuerdo con este criterio, se afronta el problema de la actualización de las rentas de los

contratos otorgados hasta el 11 de mayo de 1956, no así de los posteriores, sin perjuicio de que las rentas

de estos últimos arrendamientos, una vez que lleven cinco años de prórroga legal, puedan ser elevadas en

los porcentajes que señale el Gobierno, teniendo en cuenta la variación de los índices ponderados del

coste de la vida.

La actualidad de las correspondientes a locales de negocios y viviendas denominadas suntuarias trata de

lograrse de una manera gradual y en plazos prudenciales, mediante un flexible sistema de revalorización

establecido sobre la base de unos índices decrecientes. Según este sistema, si el importe de la diferencia

en más que resulte de la aplicación de los índices de revalorización, para locales de negocios y viviendas

suntuarias, respectivamente, no es inferior al 25 por 100 de la renta legal, no ha de hacerlo efectivo el

locatario desde el primer día de la vigencia de la reforma, sino fraccionadamente, en escalonados plazos,

a razón de un diez por ciento de dicha diferencia en cada semestre, plazo que pasa a ser anual en el

arrendamiento de locales ocupados por el Estado, Provincia y Municipio, y en los locales que el proyecto

asimila por primera vez a los de negocio. Por lo que afecta a las demás viviendas, el Gobierno, a partir de

1 de enero de 1965, teniendo en cuenta la evolución de las circunstancias económicas del país,

determinará los porcentajes de incremento de las rentas de estas viviendas, así como la forma y plazos en

que los mismos han de ser satisfechos.

RENOVACIÓN DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO URBANO

Habla de las viviendas construidas por el Estado, que vienen a paliar el problema,

pero que no es bastante. Ks preciso la inversión privada. L"a renovación y modernización a&L

patrimonio inmobiliario urbano; ya existente, es otra de las finalidades de la reforma. La necesidad y

trascendencia de renovarlo no son menores a las >iue representa la inversión en nuevas construcciones.

En este sentido era preciso llevar a la ley las soluciones posibles.

Creemos sinceramente—terminó el ministro que la orientación de la reforma ha de contribuir a ordenar de

un modo más Justo las complejas relaciones entre arrendadores y arrendatarios, y que de esta ponderada

relación han de derivarse consecuencias beneficiosas para el interés general del país. Esta convicción me

mueve a solicitar del Pleno de las Cortes la aprobación del dictamen de la Comisión de Justicia. El

discurso del: señor Iturmendi fue acogido con grandes aplausos.

Puesto a votación el Proyecto fue aprobado con trece votos en contra.

 

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