Autor: Iglesias Selgas, Carlos. 
   Los partidos y la democracia     
 
 Pueblo.    25/02/1977.  Páginas: 1. Párrafos: 15. 

LOS PARTIDOS Y LA DEMOCRACIA

EL real decreto-ley 12/ 1977, de 8 de febrero. sobre el derecho de asociación política puede considerarse

un gran éxito del Gobierno en razón a que de modo inmediato las organizaciones políticas de facto han

acudido al Ministerio de la Gobernación a legalizarse. Con ello, en este punto al menos, se ha acabado

con la contradicción existente entre la España oficial y la España real.

JL Hay que reconocer a la oposición el esfuerzo desplegado, y al Gobierno, la altura de miras y la

perspicacia de que ha dado pruebas. Por este camino puede facilitarse la incorporación de todos los

sectores nacionales a la Monarquía que se presente como un régimen abierto a todos los españoles, con

lo que se hace efectivo en este punto el contenido del mensaje de Don Juan Carlos I el dia de la jura.

A lo largo de los últimos siglos los partidos políticos han sido el instrumento más importante de

participación del pueblo en los asuntos públicos, y constituye, en tal concepto, un medio de acción que

puede facilitar la expresión democrática, pero sin que ellos solos supongan la democracia.

En los Estados modernos, la democracia se expresa fundamentalmente con el reconocimiento de las

libertades cívicas y el sufragio universal Los partidos son, sin duda, su consecuencia natural pero lo

verdaderamente importante no son éstos, sino los mecanismos de participación basados en el sufragio

universal.

Esto explica que durante la Monarquia restaurada y durante la II República los partidos tuvieran

un valor meramente accidental. La ley Electoral del 7 y las disposiciones electorales de la II República

—decreto de 1931 y leyes de 1933 y 1934— no aludían en lo mas mínimo a los partidos políticos. Los

candidatos se presentaban con arreglo a procedimientos que eran de uso general, y como no había ayudas

económicas del Estado, los partidos eran, a efectos electorales, meras organizaciones de hecho.

No deja de ser sor prendente que partidos de este tenor, tan poco institucionalizados y realmente con tan

poca influencia, fueran convertidos durante muchos años en la bestia negra de la vida política española y

considerados como el mal político por excelencia. Es, sin embargo, cierto que, de muchos años a esta

parte, los políticos más perspicaces ya plantearon la necesidad de restablecer las

organizaciones politicas; José Luis de Arrese, José Solís Ruiz y Carlos Arias Navarro, entre otros,

constituyen muy destacados ejemplos.

Es evidente que los que en su dia se dejaron llevar —y aun cultivaron— por las prevenciones del general

Franco sobre los partidos no demostraron una particular perspicacia. El general, que en tantos otros

puntos acertó, se dejó llevar en éste de sus «demonios familiares», quizá por circunstancias que hoy

todavía no podemos juzgar.

Es curioso, sin embar go, que, todavía durante el Régimen anterior, la democratización se emprendió por

la vía de las asociaciones políticas —cuyo primer estatuto fue aprobado por el general Franco—. y no.

como hubiera sido natural, por el restablecimiento del sufragio universal.

Las libertades cívicas, el sufragio universal y los partidos han terminado por restablecerse, y en esta

operación han mostrado su sentido de futuro los que desde el Gobierno la han favorecido. Entre ellos

deben ser mencionados de manera particular Carlos Arias Navarro y Manuel Fraga, en un primer periodo,

y Adolfo Suárez y Rodolfo Martin Villa, posteriormente.

El restablecimiento de las libertades —y particularmente de la libertad de asociación— ha traído como

natural consecuencia el reconocimiento de los partidos políticos. Ahora bien: una cosa es que se

restablezcan los partidos y otra que se pase de un extremo al otro.

¿No habíamos quedado, durante muchos años, en que el arquetipo de democracia era la legislación de la

II República? Pues volvamos a ella sin reparos, y. entre otros aspectos, en éste de la legislación electoral.

Lo que algunos hoy proponen no tiene nada que ver con la legislación de la II República, ni aun siquiera

con las legislaciones electorales de las más importantes democracias occidentales.

Los partidos no deben convertirse en España en un medio de poner al pueblo frente a la disyuntiva de

votar o abstenerse. Esto es lo que, en definitiva, resulta de la utilización de listas «cerradas y bloqueadas».

Quienes no son capaces de mantener la disciplina entre los que piensan que pueden ser sus partidarios no

vacilan en recurrir a los procedimientos más drásticos, que no son aplicados ni en paisas como Francia.

Gran Bretaña, la República Federal Alemana o Italia estas dos últimas con un sistema electoral inspirado

en criterios proporcionales.

¿Por qué en España —esta España en que sólo hace dos años se proscribía a los partidos— se ha de

colocar a sus comités centrales en una situación que no disfrutan en ninguno de los países importantes de

Europa? Hasta en Italia, la lista cerrada es atenuada con el voto preferencial

Comprendemos perfectamente y participamos ardientemente en la legitima pretensión de la oposición al

desear limpieza en las elecciones. Por la forma como defendieron las libertades cívicas y el

restablecimiento del sufragio universal —sufriendo en ocasiones persecuciones—, nos merecen respeto

algunos de sus hombres. Pero no es lo mismo querer restablecer el sufragio universal y aplicar normas

imparciales que rebuscar en la legislación electoral comparada los procedimientos más discutibles que

nos convertirían en una anomalía electoral en Europa. Estas actitudes, en que se ve tan claro un propósito

personal, suscitan recelo y desmoralizan incluso a personas de antiguo afectas a la oposición.

Resulta muy extraño que, frente a los criterios presentados por la oposición —desde maximalismos de

los que estiman la propia conveniencia—, sólo salgan a la luz pública en tan contadas ocasiones otras

posiciones de parte de aquellos que pueden sentirse afectados. Es necesario abrir un amplio debate sobre

el tema, y con ello se ofrecería un contrapunto, facilitando la adopción por el Gobierno de posiciones

integradoras. En todo lo que afecta a la legislación electoral, los sectores conservadores vienen dando

pruebas de un silencio pertinaz, que induce a pensar —muy injustamente quizá— que sólo los hombres de

la oposición dan pruebas de imaginación en esta coyuntura.

Carlos IGLESIAS SELGAS

 

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