Autor: Badía i Margarit, Antoni María. 
   Pobre autonomía universitaria     
 
 El País.    26/07/1978.  Páginas: 1. Párrafos: 9. 

TRIBUNA LIBRE

Pobre autonomía universitaria

ANTONI MARÍA BADIAI MARGARIT Rector de la Universidad de Barcelona

La reciente orden ministerial de 1 de junio (Boletín Oficial del Estado del 5 de los corrientes), por la que

se anuncia concurso para la adscripción universal y obligatoria de más de 1.500 plazas de profesor

adjunto de Universidad, de las cuales unas 250 corresponden a dos Universidades de Barcelona (la

llamada Central y la Autónoma), ha sembrado la confusión en los medios universitarios catalanes, ha

provocado una profunda indignación en muchos de sus profesores y ha llenado de estupor a los equipos

rectorales de ambas instituciones. ¿Por qué? Muy sencillo: porque dicha disposición contraria la política

de profesorado que, no sin dificultades ni contradicciones, está siendo elaborada y propugnada en

Barcelona.

No se me oculta que, mientras no gocemos de la tan deseada autonomía, de nada ha de servir que

preparemos maneras de organizar el profesorado, ya que éste habrá de supeditarse a las normas emanadas

de quien tiene poder para dictarlas. Pero tampoco ignoro que, al unisono con otras aspiraciones de la

sociedad de hoy, la nuestra de poder darnos nosotros mismos una estructura para el funcionamiento de la

Universidad, que comprenda la formación y la selección de sus profesores, es un proceso irreversible que,

pese a obstáculos y cortapisas, acabará imponiéndose. Más todavía: es un proceso que está ganando

rápidamente terreno, incluso en ambientes que no injustificadamente han sido hasta hoy reacios a

admitirlo. Hace pocos días los rectores de las Universidades catalanas exponían en la Conferencia de

Rectores (Madrid, 10 y 11 de julio) las razones (de historia reciente, ambientales, de modo de ser

colectivo, etcétera) por las que en Cataluña se prefería la contratación dé profesores a las oposiciones a

escala estatal (por más que ahora el procedimiento reciba el nombre de habilitación, destinado a hacerlo

más aceptable que el muy criticado de oposiciones).

Ahora bien, todo lo dicho no bastaría para comprender la confusión, la indignación ni el estupor de que

hablaba hace unos instantes, sentimientos que ostensiblemente impregnan hoy los medios universitarios

barceloneses. Es que hay, en efecto, algo mucho más grave que contrariar la política de profesorado que

propugnamos nosotros y que acabo de calificar de irreversible. Y este algo es —si hay que decir las cosas

por su nombre— que el Ministerio de Educación y Ciencia, al anunciar el concurso para la adscripción de

adjuntos, ha roto el pacto que él mismo había convenido con las Universidades barcelonesas. Y ello es

así, y no hay que darle más vueltas: el día 6 de septiembre de 1977 el ministro de Educación, Iñigo

Cavero, acompañado del secretario de Estado de Universidades, Luis González Seara, y del director

general de Universidades, Manuel Cobo del Rosal, pactaba con el doctor Joan Obiols, rector en funciones

de la Universidad de Barcelona, y con Josep Laporte, rector de la Universidad Politécnica de Barcelona,

la congelación de todas las plazas de profesor adjunto que se hallaban vacantes a la sazón en las

Universidades de Barcelona. Al acto asistieron, entre otros, los profesores no numerarios María Teresa

Galcerán y Ramón Torrent (hoy, ambos,vicerrectores adjuntos de la Universidad de Barcelona) y,

asimismo, los parlamentarios Marta Mata y Carlos Güell de Sentmenat. Hubo más. Pocos días después

(27 y 28 del mismo mes de septiembre), el secretario de Estado de Universidades se reafirmaba, ahora en

Barcelona, y ante una buena representación de parlamentarios (Marta Mata, Josep Benet, Jaume

Sobrequés,.Felip Solé Sabaris, Alexandre Cirici y Josep M. Riera), en su posición de admitir que las

Universidades catalanas, como cualquier otra, «pueden bloquear el acceso de nuevo profesorado

numerario a las plazas actuales de cada Universidad». Por otro lado, no deja de ser redundante recordar

cuanto antecede, porque la prensa, la radio y la televisión se encargaron de difundir la noticia y de

subrayar su trascendencia.

Un principio de autonomía

Su trascendencia. Si, sin exagerar, se puede afirmar que la aceptación, por parte del Ministerio, de

bloquear las plazas de adjunto equivalía a reconocer un principio de autonomía, ya que el fundamento del

acuerdo era dar tiempo a la elaboración de propuestas razonables de contratación de profesores. En

definitiva, así el Ministerio se confesaba movido por el respeto a unas iniciativas y a una capacidad de

gestión de nuestras Universidades, que hasta entonces nadie había reconocido. Corrobora cuanto digo que

el conseller de Cultura y Enseñanza de la Generalidad de Cataluña Pere PiSunyer, afirmara, en el acto

público de presentación del nuevo equipo rectoral de la Universidad de Barcelona (10 de febrero de

1978), que, para él, era lógico y congruente que, a la espera de la autonomía universitaria, se mantuvieran

bloqueadas unas plazas cuya provisión había de ser precisamente una muestra de la autonomía ya en

marcha. Es obvio que sería injusto, humillante y hasta sarcástico que se nos concediera la libertad de

gestión en el funcionamiento de la Universidad (y, por tanto, en la formación, selección, contratación y

control del profesorado) en el momento en que todas sus plazas quedaran ocupadas por profesores de

reciente nombramiento. ¿De qué nos iba a servir, entonces, la autonomía´en materia de profesorado?

Huelga decir que el presidente de la Generalidad, así como el propio Consejo Ejecutivo (o Gobierno),

querían decir lo propio al manifestar su apoyo genérico a la política autonomista defendida por las tres

Universidades catalanas.

Lo que motivó el mencionado pacto de septiembre de 1977 fue una solicitud formal de congelación dé

plazas, suscrita por más de . 150 firmantes, todos ellos, por tanto, doctores y personas con capacidad legal

para presentarse á las oposiciones. A las oposiciones alas que ahora renunciaban, solidarizándose así con

la política propugnada por nuestras Universidades, orientada a resolver por medios más lógicos, más

propios y más justos la provisión, de puestos de profesor. Además, todo el mundo reconocía que entre los

que pedían la congelación y se comprometían a no presentarse a las oposiciones estaban los profesores

barceloneses que gozaban de mayor prestigio científico y académico y que, de ir a las oposiciones,

estaban prácticamente destinados a sacar los primeros puestos.

He tenido interés en recordar detalles que algunos tal vez habían olvidado porque, al haber tornado yo

posesión del rectorado dé la Universidad de Barcelona en él pasado mes de enero, me considero

formalmente ajeno a la gestación y a la formulación de un pacto por el cual, no obstante, me siento

vinculado de modo absoluto desde que fui elegido y nombrado rector. Y ello hasta tal punto que me

afecta lo indecible el que ahora se haya hecho caso omiso de lo convenido y que haya sido precisamente

la parte más poderosa la que haya prescindido de respetar el bloqueo concertado, sin ningún aviso previo

(es más: con una garantía verbal dada en el pasado mes de abril a quien esto escribe por un alto cargo

ministerial, en el sentido de que dicha congelación de plazas seguía siendo aceptada por la

Administración).

Aprovecho el traer a colación sucesos tan tristes como indignantes para hacer una precisión que juzgo

útil. Se ha dicho y repetido hasta la saciedad qué lo que nos interesaba a las Universidades catalanas era

colocar a nuestros profesores catalanes y recibir en Barcelona a aquellos que hoy se encuentran, por la

mecánica de las oposiciones, en Universidades de fuera de Cataluña. Nosotros nos esforzábamos, por lo

común en vano, en hacer ver que lo que deseamos es tener, más que profesores catalanes, buenos

profesores, y qué no deseamos establecer murallas en nuestras relaciones con otras Universidades. El

desgraciado episodio que motiva el presente artículo me ayuda a poner en claro nuestras intenciones, ya

que, con el concurso que se acaba de convocar, y contra el que me pronuncio, los que van a ser adscritos

como profesores adjuntos prácticamente son todos catalanes o. formados en las Facultades barcelonesas.

Ello no obstante, nos oponemos, como digo, a dicho concurso, no por las personas, sino por el

procedimiento, negador del mínimo de autonomía a que aspiramos. Voy a terminar. Baste por hoy

nuestra denuncia pública y leal del concurso para la adscripción de plazas de adjuntos, por el grave

incumplimiento de la palabra dada que supone. Sé muy bien que, desde el ángulo administrativo, la

cuestión.no es fácil. Pese a ello, nos lanzaremos con todas nuestras fuerzas a una denodada batalla en los

terrenos político y ético, y lo anuncio con la honestidad que marcará nuestras acciones. Todo en aras de la

necesaria autonomía universitaria. Que quede claro que, si no disponemos de la fuerza del Poder, no

renunciaremos en ningún momento a la fuerza de la razón. Tenemos detrás de nosotros un movimiento

generoso: el de los claustros universitarios, que, salvando defectos que somos los primeros en reconocer,

han aglutinado los mejores deseos de renovación universitaria y de modificar las estructuras de la vieja y

envejecida institución. La batalla que noblemente anuncio no será motivada por razones de índole

personal, sino por nuestro afán de servicio a la Universidad, a la ciencia y a la comunidad catalana

 

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