El estatuto de centros docentes, tema de gran controversia en el nuevo curso escolar     
 
 El País.    16/09/1978.  Página: 20-21. Páginas: 2. Párrafos: 23. 

EL PAÍS, sábado 16 de septiembre de 1978

Uno de los problemas más importantes que se van a plantear en la enseñanza en el curso que va a dar

comienzo el próximo lunes en el nivel de Educación General Básica lo va a constituir, sin duda, El

estatuto de centros docentes no universitarios, cuyo anteproyecto fue remitido este verano por el Gobierno

a las Cortes. Portavoces significados del departamento de Educación y Ciencia han señalado que la

aprobación de este estatuto es un elemento fundamental para el encauzamiento y resolución, a corto y a

largo plazo, de los graves problemas que tiene pendientes nuestro sistema educativo. Equipo de Estudios

establece los términos en que se encuentra planteado este tema, que afecta a la casi totalidad del país,

desde los estudiantes, padres de alumnos y profesorado, hasta instituciones como la Iglesia, fuerzas

políticas y sindicales y el propio Estado.

El estatuto de centros docentes, tema de gran controversia en el nuevo curso escolar

Los expertos en la enseñanza distinguen con razón el problema de la democratización de la enseñanza

(relacionado con una verdadera igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos de un país en su

acceso a los conocimientos y al desarrollo completo de su personalidad), con el problema de la

democratización del aparato educativo, su jerarquización centralizada y piramidal, o control democrático

desde abajo, siendo evidente que el tema que nos ocupa pertenece a este segundo problema y no al pri-

mero, aunque probablemente ambos se encuentren íntimamente relacionados.

Precisado el campo del análisis, los expertos señalan que el problema se sitúa sobre las competencias que

el sistema educativo atribuya a cada una de las partes que intervienen en el proceso sobre las funciones

que en el mismo se realizan. La información, la consulta preceptiva, la responsabilidad de la ejecución, el

control sobre el funcionamiento, la decisión y la iniciativa son, en términos generales, las distintas

competencias tipo que pueden atribuirse a cada una de las partes que intervienen en un proceso o

actividad en cada una de las funciones en que se descompone la actividad de que se trate.

Al tratarse de centros de en señanza, el análisis de su grado de democratización debe realizarse sobre una

doble vertiende: el grado de autonomía de los centros en relación con la Administración, es decir, que

funciones se les atribuyen y cuáles son sus competencias para el desarrollo de estás funciones y a quién o

a quiénes, dentro de cada centro, atribuye el estatuto las distintas competencias para realizar las diversas

funciones.

Ni los pactos de la Moncloa, ni el texto de la Constitución ofrecen precisiones excesivas al respecto,

limitándose a orientaciones y criterios generales en favor de la democratización. Por eso es necesario e

interesante pasar al anteproyecto de estatuto y examinar, al propio tiempo, las distintas posturas que ante

el mismo han expresado ya algunas partes interesadas.

Autonomía de los centros docentes

La Constitución reconoce la autonomía de las universidades, pero no la de los centro no universitarios. En

el propio texto constitucional se establece que corresponde a los poderes públicos la programación

general de la enseñanza y la inspección y homologación del sistema educativo para garantizar el

cumplimiento de la ley. La creación de centros corresponde al Estado, aunque al propio tiempo se

reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, siempre que lo

hagan dentro del respeto a los principios constitucionales.

Según el proyecto de estatuto de centros, corresponde a la Administración el establecer la programación

general de los estudios, y a los centros, el desarrollo y aplicación de los planes y programas establecidos

con carácter general (artículo cuatro) y dentro de estos límites, «los centros tendrán autonomía para

establecer materias optativas, adaptar los programas a las características del medio en que están insertor,

adoptar métodos de enseñanza, organizar actividades culturales y extraescolares e incorporar las lenguas

y peculiaridades regionales en la medida en que no, constituyan discriminación para ningún miembro de

la comunidad» (artículo catorce). El grado de autonomía, pues, de los centros docentes, en relación con la

programación de las actividades, es pequeño, sus competencias, en general, se sitúan en el plano de la

ejecución y sólo les corresponde la decisión en las materias optativas dentro de las que se señalen como

posibles en los planes generales y la iniciativa para las actividades extraescolares y los métodos de

enseñanza.

En el artículo veinte se establece que corresponde a la Administración del Estado, en relación con los

centros docentes, la ordenación general de las enseñanzas, la determinación de los niveles mínimos de

rendimiento, la inspección y evaluación de rendimientos, la expedición o reconocimiento de títulos, la

creación, o en su caso autorización, de funcionamiento de centros públicos, así como su revocación y

supresión, la autorización de funcionamiento, clasificación y revocación de autorización de los centros

privados, la determinación con carácter general de los límites máximo y mínimo de alumnos por unidad,

así como la fijación de la plantilla de profesorado y demás personal de íos centros públicos. Además, y

según el artículo dieciocho, son competencias de la Administración, entre otras, dictar las orientaciones

pedagógicas y normas de obligado cumplimiento para la dirección de los centros y profesorado, sobre el

planeamiento y programación de la actividad educativa en su adaptación a las capacidades y aptitudes de

los alumnos, la evaluación continua de los alumnos y el desarrollo de las actividades de recuperación,

orientación y tutoría de los alumnos.

El nombramiento de los directores, jefes de estudio, secretario, contratación de profesores y de personal

no docente corresponde, en los centros estatales, a la Administración, y en los centros privados, al titular

de la propiedad.

Por último, el estatuto por el que se regirán los centros docentes, y en el que se establecen los detalles de

su organización interior, es realizado por el Estado y no por los propios centros. En este punto, sin

embargo, se establece una clara distinción entre los centros estatales y los centros privados, ya que en los

estatales la regulación de la organización es minuciosa y detallada, señalándose sus órganos de gobierno y

sus competencias y funciones, en tanto que en los centros privados se otorga a los titulares de la

propiedad unos márgenes importantes de organización: se les concede el derecho a establecer un ideario

educativo propio y a establecer un estatuto de organización y funcionamiento también propio, aunque en

el mismo deben establecerse como órganos de gobierno, al menos, la figura del director del centro, el

claustro de profesores, la junta económica y el consejo del centro.

En resumen, puede afirmarse que no existe una autonomía de los centros docentes no universitarios, falta

de autonomía que se acentúa en los centros estatales en relación con los centros privados. El proyecto, a

este respecto, es fuertemente centralista.

La autonomía de los centros no se plantea directamente por la Oposición

En general, la Oposición no se ha mostrado muy sensible a la falta de autonomía de los centros, en rela-

ción con la Administración. Unicamente podría señalarse, por parte de la derecha, una exigencia

vivamente defendida de autonomía para los centros privados y, dentro de ellos, los religiosos, y por la

izquierda, una exigencia de control de la Administración a los centros privados o subvencionados,

suprimiendo toda diferencia de control de éstos en relación con los estatales.

La competencia de la Administración para establecer la programación general de la enseñanza no es

puesta en cuestión, aunque se pretenden controles democráticos y participativos de los sectoresinteresados

para la elaboración de esta programación general. Otro tanto puede decirse respecto a la inspección.

En los Principios para la elaboración de un estatuto de centros docentes redactado por CCOO se

determina que se hace necesaria una inspección de nuevo tipo, democrática, en cuyos comités locales

participen, junto con los inspectores de la Administración, representantes de las asociaciones de padres,

de alumnos, sindicatos y asociaciones ciudadanas y ayuntamientos. Reivindicaciones similares de

democratización de la inspección y en la elaboración de la programación general se encuentran en las

alternativas del SU y de la CSUT, y en los proyectos elaborados por el PSOE y el PCE.

Mayores diferencias se observan en la competencia del centro para el nombramiento de los cargos

directivos y la contratación de profesores. En el proyecto del PSOE corresponde al centro la elección del

director y del equipo directivo y el dictamen previo a la contratación de profesores, aunque hay que

advertir que este anteproyecto se refiere sólo a los centros estatales. En los citados principios de CCOO,

se prevé también que corresponde al centro la elección de sus órganos directivos y la contratación de

profesores; esta última competencia no aparece, sin embargo, en la propuesta del PCE. En la alternativa

de la CSUT se establece que corresponde al centro la elección de todos los cargos directivos y . también

la contratación de profesores.

En resumen, puede afirmarse que los grupos políticos de izquierdas no fuerzan la democratización de la

enseñanza sobre una mayor autonomía de los centros, sino sobre la democratización —o mayor

participación de los sectores interesados y de la sociedad en general— de los órganos centrales a quienes

corresponden funciones de planificación y orientación general de la enseñanza, pero a través de

mecanismos distintos al de la autonomía de tos centros y tambien, como veremos a continuación, por una

mayor democratización interna de los mismos para la ejecución de los planes y programas generales.

Centros fuertemente jerarquizados

El segundo punto de análisis sobre la democratización del sistema educativo se establece sobre a quién

corresponden las competencias para desarrollar las funciones que se atribuyen a los centros. El

anteproyecto de estatuto elaborado por el ministerio nos muestra una organización escasamente

democrática.

En este punto distingue claramente a los centros estatales de los centros privados y no distingue, dentro de

los privados, los subvencionados por el Estado de los que no se encuentran subvencionados.

En los centros estatales se regulan órganos de gobierno unipersonales, cuyo nombramiento corresponde a

la Administración, ya que en esto no se modifica la legislación

EL PAÍS, sábado 16 de septiembre de 1978

MARISA FLOREZ

Las distintas propuestas de los grupos que integran la oposición se centran en un aumento de la

participación de la base en las decisiones que afectan al funcionamiento de los centros

precedente; el director, el jefe de estudios, el secretario, como mínimo, y órganos colegiados: el consejo

de dirección, el claustro de profesores y la junta económica, también como mínimo, ya que en ambos

casos pueden existir otros, según las necesidades del centro.

Es evidente, tal como se encuentra redactado el anteproyecto, que a excepción de las que se atribuyen a

los órganos colegiados, corresponden a los unipersonales todas las competencias para desarrollar las

funciones que se atribuyen al centro.

Al consejo de dirección le corresponde aprobar el reglamento de régimen interior que ha sido elaborado

por el claustro de profesores, resolver los asuntos planteados en el centró en materia de disciplina de

alumnos y planificar y programar las actividades culturales y extraescolares. Además de estas tres

atribuciones de competencia de decisión (siempre dentro de las competencias limitadas por la función de

la Administración ya señaladas) le corresponde al consejo informar la programación general de las

actividades del centro, velar por el cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de admisiones

de alumnos, conocer la gestión económica, establecer relaciones de cooperación con otros centros

docentes, asistir y asesorar al director, informar y hacer propuestas a la Administración sobre la vida y

problemas de la institución docente.

El claustro de profesores tiene competencia para programar las actividades educativas del centro,

coordinar criterios sobre la labor de evaluación y recuperación de alumnos, elaborar el reglamento de

régimen interior, promover iniciativas en el ámbito.de la experimentación e investigación pedagógica,

elegir sus representantes en los órganos colegiados. Todo ello, como es natural, dentro de las limitadas

competencias que tiene el centro y el respeto de las normas y orientaciones de la Administración.

La junta económica no tiene atribuidas en el proyecto competencias precisas, ya que únicamente se

estipula que los centros tendrán autonomía para administrar sus recursos presupuestarios, sin una mayor

concreción sobre esta materia.

 

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