Autor: Barcia, Esteban S. . 
   La renovación del convenio de enseñanza privada, en punto muerto     
 
 El País.    16/12/1978.  Páginas: 1. Párrafos: 23. 

El siempre difícil diálogo entre empresarios y trabajadores,aun después del restablecimiento de las

libertades sindicales, en el mundo de la enseñanza parece no haber comenzado todavía. Evidente prueba

de ello es el hecho de que el curso pasado apenas pudieron iniciarse las negociaciones solicitadas por los

representantes de los trabajadores para revisar un convenio que, a su juicio, había quedado

sustancialmente afectado en los aspectos económicos por los acuerdos de la Moncloa. Entonces las

aspiraciones de los trabajadores quedaron diluidas en un laudo arbitral que ni satisfizo sus

reivindicaciones económicas ni entró en la consideración de determinados aspectos profesionales.

Finalizada la vigencia de dicho convenio el pasado 2 de diciembre, las negociaciones para su renovación

no se presentan con mejores perspectivas. Informa Esteban S. Barcia.

La renovación del convenio de enseñanza privada, en punto muerto

La «libertad de enseñanza», polémico principio que defienden las empresas confesionales de la

enseñanza, parece ser el verdadero trasfondo de las dificultades que los patronos encuentran para iniciar

un diálogo fructífero con los trabaja dores del sector

Con el telón de fondo del artículo 27 de la Constitución y toda una importantísima legislación pendiente

(ley de Financiación de la Enseñanza Obligatoria, estatuto de centros docentes, estatuto del

profesorado...) el desentendimiento entre patronos y trabajadores supone una grave amenaza para el

futuro de un sector que representa casi la mitad del aparato educativo del país.

Aparentemente, las dificultades para negociar el convenio no residen en una negativa radical al diálogo

por parte de la patronal. Esta manifiesta en todo momento su disposición, y culpa a las centrales

sindicales dé no saber ponerse de acuerdo.

Este supuesto desacuerdo entre los representantes de los trabajadores, que sería coherente, por otra parte,

con el principio de pluralis mo sindical, no ha impedido que seis centrales sindicales hayan sabido dejar a

un lado las diferencias derivadas de sus peculiaridades, para poder presentar un proyecto conjunto en la

mesa de las negociaciones. En ningún otro sector laboral se produce ni con facilidad ni con frecuencia la

capacidad de entendimiento de que, hasta la fecha, vienen dando muestras las federaciones de enseñanza

de CCOO, CSUT, SU, UGT y USO, a quienes se une también la Unión Confederal de Sindicatos de

Trabajadores de la Enseñanza (UCSTE).

El verdadero desentendimiento se produce entre esta coalición de centrales y la formada por FESIE y

FESITE, las dos federaciones de sindicatos independientes de la enseñanza.

Cuando en la pasada primavera las centrales sindicales habían convencido a las asociaciones patronales

para iniciar las conversaciones encaminadas a la mencionada revisión del convenio, el diálogo hubo de

interrumpirse en sucesivas ocasiones por la irrupción de los independientes, que no habían sido invitados

al mismo. FETE-UGT denunció públicamente la «invasión» de su sede por parte de los representantes de

los sindicatos independientes que se presentaron en sus locales con la intención de intervenir en una

reunión que allí se celebraba entre las centraleá y la patronal. La reunión había sido convocada casi en

secreto y teóricamente los sindicatos independientes, que no habían sido invitados, debían ignorar su

celebración. El incidente sirvió de pretexto a la patronal para interrumpir las conversaciones e invitar a los

representantes de los trabajadores a que se pusieran de acuerdo entre ellos, todo lo cual determinó el

laudo arbitral de las autoridades laborales.

Representatividad sindical

En el presente curso, antes de que llegase a su terminó la vigencia del actual convenio, los sindicatos

independientes manifestaron su voluntad de llegar a un planteamiento unitario con las centrales sindicales

con vistas a las negociaciones. La invitación no fue aceptada por éstas porque la suya es una «coalición

entre sindicales "de clase" que responde a una coherencia de planteamientos que no pueden

improvisarse».

La coalición de centrales, que apela al principio del pluralismo sindical, argumentó que nada impide a

cada grupo llevar a la mesa sus proyectos de convenio. Entre tanto, solicitaron que las autoridades de

Trabajo designaran a un moderador, nombramiento que recayó en el magistrado Arturo Fernández.

A partir de este momento, las federaciones de los sindicatos independientes, tras rechazar esta

designación por no haber intervenido en ella, ponen sobre el tapete el problema de la representatividad.

Su criterio es que antes de iniciarse las negociaciones es preciso que cada grupo sindical acredite su

verdadero nivel de representatividad. De otra parte, los independientes plantean otra cuestión de

procedimiento: el convenio ha de ser discutido y votado artículo por artículo.

La acreditación de la representatividad en teoría debiera corresponder al Ministerio de Trabajo, pero éste,

en reiteradas ocasiones, ha manifestado su incapacidad para ello. En este sentido, el director general de

Trabajo manifestó en escrito reciente, en respuesta a solicitud del representante de CCOO, que «los datos

electorales obrantes en la actualidad en este Ministerio no reflejan el resultado global del sector

enseñanza».

Coincidencia entre centrales y Ministerio de Trabajo

La misma autoridad ministerial confirma en otro oficio que no es de aplicación en la actualidad la

legislación sobre convenios colectivos, (en la que parecen estar basados los argumentos de los

independientes en lo que respecta a la representatividad), entre otras razones porque ya no existen las

uniones de trabajadores y técnicos a las que hacía referencia la citada legislación. «Son las partes —añade

el director general— las que mutuamente se legitiman y reconocen capacidad negociadora, como ya es

criterio reiterado de esta Dirección General, sin que exista norma legal alguna que establezca porcentajes

de representación para participar en las deliberaciones.»

En cuanto a los argumentos de los independientes sobre la cuestión de procedimiento, una vez más, el

director general de Trabajo parece coincidir con los criterios de las centrales: «Las partes se obligan, en el

momento de la firma del convenio y para la totalidad del mismo, sin que los acuerdos parciales que se

consigan a lo largo de la deliberación vinculen hasta su firma.»

La disparidad de criterios entre centrales, independientes y patronos se ha sometido al juicio y análisis de

tres expertos en Derecho Laboral, quienes habrán de ponerse de acuerdo sobre estas cuestiones de

procedimiento.

Es conveniente no perder de vista el hecho de, que este convenio afecta a casi 200.000 trabajadores y a

millones de familias, y que en él entran enjuego aspectos que van a poner a prueba la interpretación de lo

que las diversas fuerzas políticas quisieron decir en los diez puntos del artículo 21 de la Constitución

recientemente refrendada.

En este sentido son significativos dos artículos, en concreto, del proyecto de convenio elaborado por la

coalición de centrales: el 42 («Ningún trabajador podrá ser discriminado en ningún momento en razón de

su afiliación sindical y todos podrán exponer en el centro libremente sus opiniones»), y el 46, que hace

referencia al consejo de centro.

Por lo que respecta a esta petición de garantías para la libertad de opinión y de sindicación, que parecen

gratuitas en el contexto de una sociedad que se ha definido como democrática, se justifica, según las

centrales, en la «amarga experiencia vivida en los últimos años por numerosos trabajadores, despedidos

únicamente por pertenecer a una central determinada».

Portavoces de estas centrales han declarado a EL PAÍS que «todavía, en estos precisos momentos, a punto

de ser promulgada la Constitución, hay muchos trabajadores que no se atreven a confesar su militancia

sindical».

En el proyecto de FESITE y en el documento de trabajo del SIE, de Madrid, en torno a este segundo

convenio estatal, no aparece está petición de garantías sobre la libertad de sindicación y de opinión.

Por lo que respecta al consejo de centro, en él proyecto de la coalíción de centrales se asignan al mismo,

entre otras, «funciones de decisión sobre el establecimiento, organización, desarrollo o modificación de

las enseñanzas y asuntos que conciernen a la formación del alumnado y se asigna también a este consejo

la función de supervisar la situación económica y controlarla cuando se trate de centros subvencionados.

Asimismo, el consejo de centro intervendrá en el nombramiento de director y subdirector y en centros

subvencionados al ciento por ciento elegirá estos cargos».

El SIE, por su parte, pone en relación al consejo escolar con el «ideario» y asigna a aquél la misión de

«equilibrar todas las actuaciones de órganos y personas en las escuelas con pluralismo ideológico para

ofrecer una coherencia mínima, sobre todo a los alumnos más pequeños».

No hay, al menos en el documento estudiado por EL PAÍS del proyecto de FESITE, alusión alguna a la

participación en la gestión de los centros.

Las centrales sindicales denunciaron en un comunicado reciente «la actitud de deliberado retraso del

inició de las negociaciones del convenio por parte de la patronal, que se apoya en los sindicatos FESIE y

FESITE para cumplir las recomendaciones de la CEOE».

 

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