Comenzó en el Congreso el debate sobre el Estatuto de Centros Docentes. 
 La libertad de enseñanza enfrentó al Gobierno con la oposición     
 
 Diario 16.    01/11/1979.  Páginas: 3. Párrafos: 27. 

La libertad de enseñanza

enfrentó al Gobierno con la oposición

La ambigüedad del texto constitucional en su artículo 27 sobre libertad de enseñanza motivó ayer una

profunda confrontación en la Comisión de Educación del Congreso, que inició los debates sobre el

Estatuto de Centros Docentes no Universitarios.

La izquierda calificó el proyecto de «clasista, discriminatorio y autoritario. Ambas partes reconocieron

que no hay posibilidad de consenso y que cada uno debe defender sus principios».

Madrid - Los partidos de izquierda PSOE y PCE manifestaron ayer su intención de atacar frontalmente el

proyecto de ley sobre Estatuto de Centros no Universitarios, que comenzó a discutirse en la Comisión de

Educación del Congreso y al que UCD da una importancia capital en materia de educación.

Dos enmiendas a la totalidad, presentadas por los socialistas, fueron rechazadas y el proyecto pasó a la

ponencia que allí se nombró.

Gómez Llorente, por los socialistas, y Oscar Alzaga, por los centristas, intercambiaron sus planteamientos

opuestos del tema de forma radical en torno al Estatuto, en el que consideran de antemano como una

«aberración política» la posibilidad de llegar a un acuerdo.

Las actitudes de los parlamentarios, que en algunos momentos alcanzaron ribetes amenazadores por parte

de Gómez Llorente, quedó justificada por las palabras que el ministro de Educación dirigió a los

periodistas en rueda de prensa des pués: «Con el Estatuto de Centros nos jugamos el contenido de la

sociedad y la influencia social dentro de diez años.»

Mientras Manuel Gracia, del PSOE, afirmaba que el proyecto es inaceptable por clasista, discriminatorio

y autoritario, no válido para la democracia porque perpetúa los privilegios del anterior régimen; José

García Pérez, de UCD, declaraba que «no queremos que se introduzcan principios marxistas en la

educación, que esperen los social-comunistas a ver si ganan las próximas elecciones».

En realidad, el objetivo de las discusiones estuvo centrado en la distinta interpretación que se otorga al

artículo 27, punto 7, de la Constitución que habla de la participación de los distintos estamentos de los

colegios en el control y gestión de los centros. La libertad de enseñanza a partir de aquí tiene un

contenido diferente para la izquierda y el partido centrista en el poder.

Ambigüedad constitucional

La ambigüedad del texto constitucional en que se refleja esta cuestión fue intencionada como única

fórmula para llegar al consenso necesario en la Carta Magna.

Sin embargo, ahora, dijo el ministro de Educación, Otero Novas, «hay que romper la ambigüedad del

artículo 27, porque la indefinición no beneficia a nadie. Hay que aparecer como lo que somos cada grupo

y, por tanto, no hay ninguna posibilidad de pacto en este tema».

Todos los partidos parlamentarios parten de la aceptación de la libertad de enseñanza, entendida como

pluralismo ideológico. La divergencia nace al permitir el centro y la derecha la existencia de otros centros

con proyectos educativos coherentes o ideológicamente uniformes, como la enseñanza confesional, con

subvención estatal.

La izquierda parlamentaria, PSOE-PCE, acepta este último tipo de centros privados siempre que no

perciban ayuda económica oficial. Este sector entiende la libertad de enseñanza como el derecho de los

profesores, alumnos y sus padres, que forman la comunidad de la escuela, a determinar la linea educativa

e ideológica a seguir en cada centro.

Cuestión previa: Mas datos

Comenzó la sesión de la Comisión de Educación con la presentación por parte del grupo socialista de una

cuestión previa para que se pidiera al Gobierno antecedentes que sirvieran de fundamento al proyecto de

ley del Estatuto de Centros y que se abriera un periodo de información en el que se invitase a presentar

alegaciones por escrito a los diversos sectores educativos afectados.

Oscar Alzaga, de UCD, respondió que los cauces orgánicos habían sido suficientes y que la aceptación de

la propuesta socialista retrasaría la discusión del proyecto. Por 20 votos en contra de la cuestión previa y

14 a favor, fue rechazada.

A propuesta de UCD se aprobó que, una vez constituida la ponencia, se recabe información y

antecedentes al Gobierno.

Se pasó entonces a la discusión de las dos enmiendas a la totalidad presentadas por los grupos socialistas

del Congreso y Socialistas de Cataluña, ya que el grupo vasco retiró otra que tenía elevada.

Manuel Gracia, del PSOE, rechazó frontalmente el Estatuto por entender que «no es un instrumento

válido para la democratización de la enseñanza y perpetúa los privilegios de clase».

Respecto al ideario de centros, que permite al director de los centros marcar la idiosincrasia de cada

escuela, señaló que eso suponía introducir el despido ideológico y la caza de brujas con los profesores que

no comulgaran con las mismas ideas.

Marta Mata, de los socialistas catalanes, atacó al Estatuto por no tener consonancia con los principios

constitucionales y por la línea autoritaria y no de autonomía que debía mantener.

Respondió, en defensa del proyecto de ley, José García, del grupo centrista del Congreso, quien rechazó

cualquier tipo de anticonstitucionalidad.

«Todos estamos de acuerdo con el principio de la libertad de enseñanza, pero nosotros lo entendemos

como la posibilidad de elegir el centro educativo y el tipo de educación que se imparta.»

Eulalia Vintró, del PCE, criticó de nuevo el ideario de centros por entender que se opone a la libertad de

cátedra (libertad de expresión que compete a cada maestro para impartir la enseñanza) y facilita los

despidos ideológicos.

Después de la intervención de Hipólito Gómez, del grupo mixto, que rechazó la enmienda y pidió que se

respete la libertad de todos, tomó la palabra Oscar Alzaga en representación del Gobierno para rechazar

«el anatema de la inconstitucionalidad del proyecto».

«Si se reconoce el derecho de los padres, alumnos y profesores a participar en el control, aunque eso no

significa que los dirijan.» Aseguró que la mayoría de la población vive en las grandes ciudades y puede

ser posible ejercitar el derecho de elección del tipo de educación.

Se produjo entonces la votación a las dos enmiendas a la totalidad que fueron rechazadas por 21 votos

contra 15. UCD, CD y la minoría vasca y catalana se unieron contra el PSOE y el PCE. Se aceptó el

proyecto presentado para estudio de la Comisión y se nombró la ponencia.

Tono amenazador

En la explicación del voto, Gómez Llorente, especialista en temas de educación y portavoz del sector

crítico del PSOE, rechazó el Estatuto y se pronunció por la escuela laica, única —no discriminatoria por

los recursos—, con pluralidad ideológica y autogestionada.

Fue entonces cuando en torno amenazador y señalando con su dedo índice a Oscar Alzaga, habló de

intensa confrontación que .se puede producir a lo largo de todo el debate del proyecto.

Oscar Alzaga y Gómez Llorente

 

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