Autor: Gundín, José Antonio. 
 Entrevista con el Director General de Asuntos Religiosos. 
 La ley de libertad religiosa, un paso más hacia la convivencia nacional     
 
 ABC.    12/12/1979.  Página: 22-23. Páginas: 2. Párrafos: 28. 

ABC. MIÉRCOLES, 12 DE DICIEMBRE DE 1979. PAG. 22.

REPORTAJE-Iglesia

ENTREVISTA CON EL DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS RELIGIOSOS

LA LEY DE LIBERTAD RELIGIOSA, DN PASO MAS HACIA LA CONVIVENCIA NACIONAL

EL proyecto de ley de libertad religiosa está a punto de entrar en el hemiciclo parlamentario para su

debate. Precisamente ayer tuvo lugar la primera reunión de la Ponencia que habrá de presentarlo ante

los distintos partidos políticos, una vez pasada la «inspección» de la Comisión de Asuntos

Constitucionales. De por medio, ahi están esas 70 enmiendas ya recogidas y que habrán de torearse o, en

su medida, aceptarse como buenas. El resultado final —de aquí a tres meses— será una de las primeras

leyes que desarrolle los contenidos de la Constitución; y, por encima de todo, una ley que por vez

primera en muchos años garantice y promueva los derechos y libertades religiosos del ciudadano

español. Y lo que es más, de esas 270 entidades religiosas lega lizadas desde 1967.

«No se van a otorgar privilegios especiales a las entidades religiosas, sino a reconocer un derecho de las

mismas a salvaguardar su identidad. »

Sobre este aspecto fundamental de la convivencia de todos los españoles hemos solicitado la opinión de

los principales protagonistas del proyecto. La de don Eugenio Nasarre, director general de Asuntos

Religiosos, por parte de la Administración; y . la de los representantes de las distintas confesiones que,

por su arraigo en nuestro país, han estado presentes como primeros interesados. Unos y otros han

coincidido en buena parte de sus respuestas y todos han expresado una misma esperanza en ese horizonte

que ahora se abre a la libertad religiosa en nuestro país.

—¿Qué se pretende con este proyecto de ley de libertad religiosa?

—«Se pretende desarrollar el art. 16 de Constitución, que garantiza la libertad religiosa de los individuos

y de las comunidades. Y al mismo tiempo, hacer posible el contenido del artículo 14 de no discriminación

de los españoles por motivos religiosos, entre otros. Creo que es necesaria una ley que desarrolle estos

principios, como así lo ha estimado el Gobierno y también el conjunto de las distintas fuerzas políticas.

Sobre todo, porque supone un cambio muy importante respecto al pasado. Venimos de un Estado

confesional que, si bien había aceptado con limitaciones el principio de libertad religiosa, lo hacía desde

planteamientos que ya no sirven.

El espíritu del proyecto que nos ocupa, en consecuencia, es establecer los principios fundamentales que

desarrollen este derecho de libertad reconocido en todas las constituciones democráticas.»

UN PROCESO SIN SOBRESALTOS

—¿Qué proceso se ha seguido hasta la actual fase del proyecto? ¿Qué aspectos más sobresalientes se han

producido en su elaboración?

—«El proceso ha sido bastante complejo porque, iniciado por mi predecesor en el cargo. Eduardo

Zulueta, se quiso contar con la participación de las propias confesiones religiosas. Entonces, se

desarrollaron una serie de reuniones en el Ministerio de Justicia, a lo largo de las cuales se fueron

sentando unas bases comunes a todos los participantes. Y estas bases han sido un elemento fundamental

para la redacción del articulado. Además, y valgan éstos como aspectos destacados, se han seguido

manteniendo conversaciones con las distintas entidades religiosas para que conocieran las sucesivas fases

de la tramitación. Y presentado ya en las Cortes, se han tenido unos últimos contactos con ellas a fin de

que pudieran plantear sugerencias al texto. Algunas de esas sugerencias han dado lugar a enmiendas de

varios grupos parlamentarios, que, a mi juicio, mejoran y perfeccionan el proyector

—¿No ha habido etapas conflictivas, momentos de tensión entre las distintas confesiones?

—«No. El conjunto de confesiones ha recibido el proyecto con una gran esperanza por considerar que

abría un nuevo clima, un nuevo horizonte en la vida española, y se han prestado a una colaboración muy

positiva, sin presentar planteamientos que no fueran legítimos o razonables. Este clima de entendimiento

mutuo puede ser muy fructífero de cara al futuro.»

—Pero, ¿no cree que hay algún artículo especialmente conflictivo, algún punto que en el Congreso creará

polémica?

—«Yo espero que no. Las enmiendas hacen referencia a puntos muy concretos, mejoradoras de la

redacción o que enriquecen algunos aspectos. Me consta que la actitud del grupo parlamentario de UCD

es de aceptar el mayor número posible de enmiendas. A este respecto, el trabajo de la Ponencia puede

lograr un texto que en sus aspectos fundamentales sea satisfactorio a todas las fuerzas políticas.»

—Sin embargo, no todas las enmiendas son meramente técnicas...

—«Sí, hay algunas que son bastante significativas. Por ejemplo, la que estima que los acuerdos de

colaboración con el Estatado, previstos en el proyecto, habrán de tener rango de ley y, por consiguiente,

contar con la aprobación de las Cortes. Esta enmienda, junto con UCD, la comparten varios grupos

parlamentarios. Hay otra que prevé la participación de las distintas confesiones en la Comisión Asesora

de Libertad Religiosa, junto a la Administración...»

¿DERECHO O PRIVILEGIO?

—¿No cree que la enmienda más importante es la presentada al artículo seis, en

el que se asegura a las Iglesias, confesiones y comunidades religiosas el poder de establecer cláusulas «de

salvaguardia de su identidad...»? Estas cláusulas se han interpretado como un privilegio...

—«Bueno, efectivamente a ese artículo se ha presentado una enmienda... Pero me consta que en estos

momentos hay conversaciones entre los parlamentarios para llegar a un acuerdo. El espíritu con el que

está redactado ese artículo no es el de otorgar especiales privilegios a las entidades religiosas, sino

reconocer un derecho de las mismas a salvaguardar su identidad, sin menoscabo del derecho de no

discriminación por motivos religiosos... Yo confío en que este problema se solucione satisfactoriamente.»

—Disculpe mi insistencia en este punto, señor Nasarre, pero tengo entendido que la Iglesia ha presionado

al respecto; la última reunión de la Permanente habría estimado «conveniente» llamar la atención sobre

este artículo seis...

—«No, no es cierto que la Iglesia haya presionado.»

—¿Y los partidos políticos? ¿Han hecho oír de una u otra forma sus criterios? ¿O les ha traído sin cuidado

la elaboración del proyecto?

—«Bueno, los partidos políticos han demostrado gran interés en la elaboración

de este proyecto como lo demuestra el número de enmiendas presentado y, aún antes, las reiteradas

manifestaciones en las Cortes de desarrollar cuanto antes los contenidos de la libertad religiosa.

Pero de este clima de interés de las fuerzas políticas yo subrayaría algo muy importante: no ha sido un

clima —ni lo es ahora— de confrontación, de grandes polémicas o debates. Esto indica que la cuestión

religiosa ha dejado de ser motivo de querellas y reacciones virulentas...»

DEL CONSENSO A LA PACIFICACIÓN

—Quiere decir que estamos ante una ley para la pacificación, ante un proyecto de consenso...

—«Sinceramente, creo que sí. Han participado las distintas confesiones y la misma brevedad y concisión

del proyecto no pretende más que establecer un marco legal y jurídico para el ejercicio de unos derechos

democráticos. En este aspecto, uno de los puntos más positivos es que esos derechos de libertad religiosa

no se limitan al individuo, sino que engloban también a las comunidades.»

—¿Cómo enjuiciaría la participación de la Iglesia católica en este proyecto de pacificación? ¿Ha habido

resistencias de los mas conservadores? ¿Se han dejado sentir viejas inercias?

—«El comportamiento de la Iglesia católica en este proceso ha sido enormemente positivo. No sólo ha

aceptado el principio, sino que además ha apoyado la regulación del mismo. Hay que tener en cuenta que

la Iglesia católica ha desempeñado un activo papel en la etapa de cambio y ha sido consciente de lo que

ello suponía: la pérdida de sus privilegios. Y lo ha aceptado de manera radical —ahí están los numerosos

documentos de la Conferencia Episcopal y del mismo presidente, cardenal Tarancón—, al respecto. La

Iglesia no quiere privilegios; únicamente desea un espacio de libertad para realizar su misión en la

sociedad.»

LA COOPERACIÓN CON EL ESTADO

—¿Ha influido en el proyecto el hecho de que la Iglesia católica sea nominada en la Constitución?

—«Bueno, tengo que decir que no es un tema que personalmente me haya planteado elementos de

recusación... En el proyecto no se cita a la Iglesia católica. Por lo demás, la nominación constitucional no

es un hecho insólito (en Polonia también se da) y se trata del reconocimiento de una realidad sociológica;

así fue explicado en los debates constitucionales...»

—Con todo, señor Nasarre, el proyecto que ahora va a ser discutido en las Cortes garantiza la igualdad de

trato. ¿También una igualdad de oportunidades? Estoy pensando en los acuerdos de colaboración con el

Estado que se establezcan en el futuro...

—«Bueno, el proyecto está en consonancia con lo que afirma la Constitución: el Estado colabora teniendo

en cuenta las crencias religiosas de los españoles. Por lo tanto, como ocurre en otros países, se necesitará

un arraigo, una significación social y un peso específico para que el Estado colabore; si éste no tiene

garantías de continuidad ni de una base sólida..., estaría haciendo el ridículo, colaborando con una

entelequia. Ahora: lo que no se va a hacer es crear situaciones de priivilegios o monopolios en favor de

una u otra confesión.»—José Antonio A. GUNDIN.

ABC. MIÉRCOLES. 12 DE DICIEMBRE DE 1979. PAG. 23.

REPORTAJE-Iglesia

«No es cierto que la Iglesia católica haya presionado. Su colaboración ha sido enormemente positiva»

 

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