Autor: TÁCITO. 
   Los pactos de derechos humanos     
 
 Ya.    15/10/1976.  Página: 7. Páginas: 1. Párrafos: 8. 

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LOS PACTOS DE DERECHOS HUMANOS

LA intensidad de la vida política, la acumulación diaria de una masa considerable de informaciones de

todo tipo y una quizá excesiva polarización de la prensa en torno a lo menudo y personal, con olvido de lo

mas trascendente, producen, como consecuencia, que actos importantes, pactos decisivos dados por el

Estado, sean casi silenciados o sólo muy ligeramente comentados. Parece como si fuera más trascendente

la anécdota que los actos realmente sustantivos.

RECIENTEMENTE, el ministro de Asuntos Exteriores, en su viaje a Nueva York, ha firmado en nombre

del Estado español los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, sentando así el compromiso más

serio que cabe dar, a escala internacional, de la voluntad democratizadora del Gobierno a que pertenece.

El gesto, la decisión que implica y la obligación que engendra es, creemos, de la mayor trascendencia, y

no ha sido debidamente considerado.

FRENTE a tanta palabra como en estos tiempos se malgasta, y al margen de toda actividad partidista,

pensamos que la decisión del Gobierno autorizando a su ministro de Asuntos Exteriores para adquirir un

compromiso formal de esa especie es un acto lleno de significación que honra a quienes lo realizaron y

que a nosotros nos satisface profundamente por su valor y por lo que ello significa.

LOS Pactos eran una vieja aspiración de las Naciones Unidas desde los tiempos fundacionales de San

Francisco, su preparación y discusión duraron largos años y en su elaboración intervinieron las más

eminentes personalidades y las más variadas corrientes de pensamiento. Significan un paso decisivo de la

voluntad de la comunidad internacional para reflejar lo que, en nuestro día, se entiende como mínimo

nivel de respeto a unos derechos del hombre que son irrenunciables para la mentalidad del tiempo en que

vivimos.

EN esencia se trata de dos pactos distintos aunque profundamente relacionados: el de derechos

económicos, sociales y culturales, y el de derechos civiles y políticos. Ambos fueron aprobados por la

Asamblea General de las Naciones Unidas celebrada en 1966, y ambos han entrado en vigor este año por

haber alcanzado el número de ratificaciones que cada uno de ellos exigía. En conjunto, son ya cuarenta

los Estados que firmaron y ratificaron esos documentos.

EL pacto de derechos económicos, sociales y culturales establece esencialmente el derecho a trabajar en

una actividad libremente escogida, a unas condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias, a fundar

sindicatos y a afiliarse a ellos, a la seguridad social, a una consideración de especial protección para la

familia, la salud, la educación y la participación en la vida cultural y en el progreso científico.

EL documento sobre derechos civiles y políticos protege el derecho a la vida, prohibe la tortura o tratos

crueles, la esclavitud, el trabajo forzoso, la detención o prisiones arbitrarias, las previsiones por

incumplimiento de obligaciones consensuales; establece el derecho a circular libremente, entrar y salir del

propio país; limita la expulsión de extranjeros legalmente establecidos; prevé la igualdad de todos ante los

Tribunales, así como una serie de garantías personales y procesales; prohibe las injerencias arbitrarias en

la vida privada, en la familia, en el domicilio, en la correspondencia o todo cuanto suponga ataques a la

honra y la reputación de las personas; establece también el derecho a la libertad de pensamiento, de

conciencia, de religión, de opinión, de expresión, de reunión pacífica, de asociación, de participación en

la dirección de los asuntos públicos, de votar y de ser elegido en elecciones periódicas, auténticas y

realizadas por voto secreto; establece, por último, la igualdad de todos ante la ley y un sistema de

protección para las minorías étnicas, religiosas o culturales.

LA mera enumeración del contenido de los principales artículos da una idea de la trascendencia que

supone adquirir la obligación internacional, libremente contraída, de respetar un código de principios tan

exigentes. Cierto que la firma de los Pactos exige su posterior ratificación para el perfeccionamiento de la

obligación, pero no es menos cierto que la seriedad del Estado está ya comprometida y que los

ciudadanos españoles tienen ahora la posibilidad de defender pública y legalmente unas aspiraciones que

su propio Gobierno ha hecho de modo solemne suyas.

TÁCITO

 

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