Boletín oficial de las Cortes. 
 La regulación de las incompatibilidades para ser procurador exige estudios reposados     
 
 Informaciones.    16/11/1972.  Páginas: 1. Párrafos: 14. 

«BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES))

La regulación de las incompatibilidades para ser procurador exige estudios reposados

MADRID, 16. (INFORMACIONES.)

La regulación de las incapacidades e incompatibilidades para ser procurador debe ser estudiada con

calma. Esta ha sido la respuesta del Gobierno al ruego que en su día elevó el procurador en Cortes señor

Esperabé de Arteaga, quien solicitaba que dentro del actual periodo de sesiones se remita al órgano

legislativo el correspondiente proyecto de ley. El señor Esperabé, representante familiar salmantino,

argumentaba en su escrito que la coordinación de funciones es principio constitucional cuya aplicación

exige «que distintas funciones publicas no sean desempeñadas por una misma persona, ya que en este

caso las funciones se enciman o conjuntan a la hora de su ejercicio y no las coordina nadie», Señalaba el

procurador que un «sinfín» ae compañeros suyos son, además de procuradores, funcionarios públicos con

intereses profesionales en las comisiones a las que pertenecen, altos cargos ejecutivos dependientes como

tales del Gobierno, y delegados y consejeros en empresas y entidades estatales v paraestatales. «Lo

anterior —concluía — pone en tela de juicio que tenga vivencia o realidad la exigencia del artículo 2,s II,

de la ley Constitutiva de las Cortes, que demanda que los señores procuradores no estén ligados por

mandato imperativo alguno, ya que no se puede servir al pueblo español y guardar a la vez la lealtad que

s? dfbe al superíor, sobre todo cuando los intereses de uno y otro se muestran contrapuestos. Pues ´a

personalidad humana no es más que una, y su desdoblamiento no se da más qu* «n milagrería .»

La respuesta del Gobierno dice textualmente en el «Boletín Oficial de las Cortes»: «La regulación de las

incapacidades e incompatibilidades parlamentarias a que se refiere el señor procurador es cuestión en

relación con la cual el Gobierno, con fecha de 26 del mes de julio pasado, contestando al ruego formulado

por el procurador señor Navarro Velasco. Indicaba que la elaboración de los. proyectos normativos a que

Se refiere la disposición final quinta del Reglamento de las Cortes, aprobado el 15 de noviembre de 1971,

exigre la realización de determinados estudios que es preciso llevar a cabo con el debido repuso y

procurando tener presentes los distintos aspectos que implican, y en su día el Gobierno remitirá a las

Cortes dichos proyectos, de acuerdo con el programa de trabajo que tiene previsto.»

SEPARACIÓN DE LOS CARGOS »E GOBERNADOR CIVIL Y JEFE PROVINCIAL

El mismo procurador ha pedido al Gobierno, en el ¿Boletín Oficial de la Cámara», que se proceda

inmediatamente a la separación de los cargos de gobernador ciyil y jefe provincial del Movimiento,

El señor Esperabé razona su ruego diciendo que L configuración del Movimiento omo comunión de los

españoles con los principios y, por consiguiente, como realidad abierta a la totalidad de los ciudadanos,

«pone en tela as juicio L. legitimación activa de las viejas estructuras organicistas de la Secretaría

General, que al mantenerse y ••seguir siendo unilaterales y monopolistas, convierten la constitucional

concurrencia de criterios en parcial reflejo rJe identidades». Refiriéndose a los inconvenientes i.e la í.stual

fusión de los cargos o^ gobernado; civil y jefe provincial del Movimiento, dice: «Esta unión personal,

artificial y artificiosa, que, por otra parte, vulnera el artículo 2.° de la ley Orgánica del Movimiento en

cuanto que los Gobiernas Civiles no son órganos a través de los cuales deba actuar aquél, motiva además

que a la hora de nombrar gobernadores civiles y que, por la corruptela que denunciamos, van a ser

también jefes provinciales del Movimiento, haya que llegar a una especie de «modus vivendi» entre la

Secretaría General del Movimiento y el Ministerio de la Gobernación, ya que, correspondiendo al

secretario general la propuesta de los primeros y al ministro de la Gobernación la de los segundos, está

fuera de la relación social y, por tanto, de la realidad, que la persona propuesta por uno para un cargo la

considere el otro como óptima para el segundo. Por lo que en la práctica se desemboca en un reparto

gubernativo de puestos encimados que frecuentemente termina con la cesación, al margen de su actuación

en el otro cargo, de un gobernador a instancia o petición de la Secretaría General o viceversa.»

 

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