Autor: Sánchez Agesta, Luis. 
   Confusiones sobre la autonomía en el proyecto constitucional     
 
 Ya.    03/01/1978.  Página: 7-8. Páginas: 2. Párrafos: 9. 

CONFUSION SOBRE EL PROYECTO EN EL PROYECTO CONSTITUCIONAL

EUROPA tiende a uniformar un sistema jurídico y a crear nuevos centros de decisión administrativa y

de organización de servicios. Es un tópico decir que el mundo es mas pequeño por la facilidad y la

rapidez de las comunicaciones y que a esa progresiva unidad del mundo debe corresponder una

progresiva unidad de los sistemas jurídicos, El fenómeno paralelo que compensa esta relativa

centralización jurídica es una desconcentración democrática de las decisiones administrativas, que

aproxima las decisiones ejecutivas a ámbitos menores, en que los hombres conocen sus problemas

peculiares y, como se dice vulgarmente, cada uno sabe mejor dónde le aprieta el zapato.

No parece que el proyecto constitucional haya tenido presente, o al menos no la expresa con claridad,

esta vertiente administrativa de la regionalizaclón. El artículo que regula la competencia del consejo de

gobierno de loa territorios autónomos les atribuye de una manera general las funciones ejecutivas y

administrativas que derivan de su competencia, asi como la potestad reglamentaria en relación con las

funciones propias y las delegadas. Esas funciones propias serán las que cada estatuto defina dentro del

marco de la Constitución. Pero también aquí la Constitución es sólo un mareo que sólo enuncia las

facultades del Estado y sin una neta distinción entre las facultades legislativas y administrativas.

Facultades propias son, pues, las que no estén atribuidas exclusivamente al Estado y ae definan en el

estatuto como competencia regional.

EL tema es aún mas confuso porque no se ha establocido una distinción entre funciones legislativas y

administrativas al definir las funciones exclusivas del Estado. Así, en contados casos se habla

efectivamente de leyes; en otroa, de "régimen"; en otros, de "relaciones jurídicas", y en otros la referencia

es a "leyes básicas", "normas básicas", "condiciones básicas" o "principios genérales" o incluso se

menciona escuetamente una materia, como en el caso de la "pesca marítima" o los "recursos mineros y

energéticos".

¿Es que en unos casos se reserva al Estado la ley, o las bases, o los principios generalas, y en otros la

materia en su integridad en el orden legislativo y administrativo?

¿Se podrá reclamar en un estatuto la ejecución -e incluso el desarrollo legislatiivo- de todas aquellas materias

en que la competencia exclusiva del Estado se limita a las "bases" o "las normas básicas"?

Y si se tiene en cuenta que en el ejercicio de los derechos y cumplimiento de los deberes constitucionales

sólo es competencia exclusiva del Estado "la regulación de las condiciones básicas que garanticen la

igualdad de todos los españoles", ¿podrá haber, por ejemplo, leyes electorales regionales en ese "marco"

que describe el proyecto cons titucional ? No entro ahora a valorar ni discutir, sino a.hacer conscientes a nuestros legisladores de las consecuencias que

pueden derivarse de esa curiosa redacción del proyecto constitucional.

ES claro que puede entenderse que no hay en todo esto más que un defecto de formulación que puede

corregirse en la discusión de las Cortes. Pero hay que volver a llamar la atención sobre otro precepto

sorprendente, que en el artículo inmediato a la enumeración de las facultades exclusivas del Estado

permite "autorizar por ley la asunción por parte del territorio autónomo de la gestión o ejecución da loa

servicios y funcionea administrativas que se deriven de las competencias que correspondan al Estado, tie

acuerdo con la precedente relación". Esa relación precedente comprende desde las relaciones

Internacionales y la representación diplomática y la defensa y las fuercas armadas hasta las obras

públicas de interés general o cuya realizaclon afecte a más de un territorio autónomo.

Sin duda esa cláusula comprende un "totum revolution" que no se ha meditado suficientemente, Al

margen del cauce constitucional del estatuto, permite transferir por ley, sin discriminación, la gestión y

ejecución de todos los servicios y funciones administrativas del Estado. Vuelvo a recordar que siguiendo

esa técnica federalista de la Constitución de 1931 de enumerar las facultades del Estado, se corre el riesgo

de producir una confusión caótica. Las constituciones alemana e italiana siguen el. camino Inverso:

enumerar las facultades quepueden asumir las regiones, lo que no obsta para que la Constitución alemana

conceda una amplísima autonomía a las reglones o países en la ejecución de las leyes.

IGNORO cual será la fortuna de estos artículos en la discusión constitucional. En mi opinión, éi texto

debiera haber establecido unas cuantas competencias irrenunciables del Estado y haber definido un

ámbito de competencias concurrentes en que primara la ley nacional o estatal siempre que un .problema

afectara a mas da un territorio autónomo, distinguiendo netamente las facultades legislativas y

administrativas. La discusión concreta de estas materias es un tema muy árido para las columnas de un

diario, pero hay los precedentes de los estatutos catalán y vasco, que habría sin duda que revisar y

actualizar, y los de otras estructuras regionales europeas. Me satisfaría mucho que nuestra Constitución

ofreciera una fórmula original, pero no está de mas tener en cuenta lo que ya se ha Inventado. Y que.al

menos se nos permita conocer el horizonte al que ese camino nos conduce.

LUÍS SÁNCHEZ AGESTA

 

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