Tipos de interés     
 
 El País.    31/03/1977.  Páginas: 1. Párrafos: 6. 

Tipos de interés

HACE VARIOS días, algunos grandes bancos expusieron en las páginas de este diario sus opiniones

sobre las posibles ventajas e inconvenientes de la libertad de tipos de interés. Tratándose de tema tan

crucial era lógico esperar la falta de acuerdo que allí se manifestó. Es más, tampoco cabe calificar de

sorprendentes las discrepancias de enfoque y tratamiento formal: hubo quien contestó de forma concisa y

precisa, hubo quien en pocas líneas no contestó..., y quien tampoco respondió empleando muchas. A

todos EL PAÍS agradece su atención y no duda que la opinión pública estará ahora mejor informada

respecto a tan delicada cuestión.

Dicho esto; hemos de afirmar que no se pretende aquí glosar aquellas respuestas, pues respetamos tanto

las razones de las instituciones que están a favor de la liberalización como las de aquéllas que se oponen.

Intentamos sólo desvelar los motivos que pueden explicar las demoras sufridas por la puesta en práctica

de una medida anunciada por el Gobierno en dos ocasiones —octubre de 1976 y febrero de 1977—. Para

ello, y siguiendo el procedimiento deductivo, tan aplicado en las novelas policíacas, vamos a repasar los

supuestos intereses que los dos protagonistas principales —Ministerio de Hacienda y gran banca—

pudieran tener en este importante asunto, sin olvidar un personaje en segundo plano —las Cajas de

Ahorro— pero no por ello menos importante.

Para el Ministerio de Hacienda debe estar ya muy claro, que cualquier maniobra liberalizadora ha de

comenzar por los fondos públicos. La primera repercusión de ello sería un incremento en el coste de la

Deuda para el Tesoro, lo que le obligaría, tarde o temprano, a replantearse toda la «generosa» política

actual del crédito oficial. Esa libertad arrastraría la supresión del actual intervencionismo de la Junta de

Inversiones del Ministerio en las condiciones de emisión de los títulos privados de renta fija, permitiendo

que las empresas emitieran a tipos de mercado y negociaran directamente con los inversores

institucionales —fundamentalmente, aun cuando no solo, las Cajas— las condiciones de sus emisiones.

Semejante libertad acarrearía consecuencias que el Ministerio de Hacienda no puede por menos de temer.

En primer lugar, la libertad supondría un encarecimiento en la financiación de sectores como el eléctrico

o de empresas como las del INI, al cual seguirían una fuerte presión para elevar las tarifas de las primeras,

la necesidad de un cambio radical en la orientación de la empresa pública, o probablemente una mezcla

de ambas.

Las razones de la banca, o al menos de parte de ella, para oponerse a la libertad de los tipos son

diferentes. Sometidos a una presión creciente en sus beneficios, algunos grandes bancos, de mentalidad

conservadora y acostumbrados a vivir con las seguridades que les ha suministrado la falta de competencia

y la existencia de un margen confortable entre tipos activos y pasivos, rechazan una liberalización que

tendría para ellos tres consecuencias negativas: propiciar la competencia en el sector vía precios y no por

medio de servicios como hasta ahora; impulsar una mayor rivalidad por parte de las Cajas en operaciones

activas, por el momento patrimonio exclusivo de los bancos; y eliminar el´pretexto de la baja rentabilidad

de los fondos públicos incluidos en el coeficiente legal —incluso podría contemplarse su desaparición

paulatina—, enfrentando a la banca con la necesidad de participar en la financiación de proyectos a largo

plazo, en los cuales aparecen interesadas empresas con ella vinculadas y que, hasta ahora, corren a cargo

del crédito oficial.

Para terminar, dos líneas sobre los intereses de las Cajas en esta operación. Sumidas en la discreta

penumbra de un segundo plano, las Cajas no están por ello menos implicadas en esta comedia de

intereses, en la cual el único perjudicado parece que seguirá siendo el ahorrador español. Las Cajas se

juegan mucho en la operación. No puede olvidarse que, con el destino del 70 % de su activo fijado por el

Ministerio de Hacienda, difícilmente podrían soportar el encarecimiento de sus pasivos que supondrá la

subida de los tipos sin una reducción sustancial de ese porcentaje o un incremento notable de su

rentabilidad: En todo caso la operación es complicada, pero las dificultades se agrandan aún más cuando

se recuerda que las Cajas no son instituciones lucrativas como los bancos, si bien diariamente reivindican

una equiparación legal y operativa con ellos casi completa. Aquí existe una contradicción entre su

finalidad benéfico-social y sus deseos de convertirse en auténticos intermediarios financieros, que las

propias Cajas deberían aclarar cuanto antes en beneficio de su propia imagen y de un mejor

funcionamiento del sistema financiero.

 

< Volver