Autor: Peña, Marcos. 
   Correos: ¿Empresa pública?     
 
 Diario 16.    23/05/1977.  Página: 5. Páginas: 1. Párrafos: 12. 

Lunes 23 - mayo 77/DIARIO 16

OPINION/5

Correos: ¿Empresa públi

El día 17 a las siete de la tarde, Martín Villa dejó caer, ante la "comisión de los diez" la posibilidad de que

el servicio de Correos y Telecomunicaciones se reestructurara y pasara a ser servido por una empresa

pública o un organismo autónomo. Los rumores se iban confirmando. Al día siguiente, y tras superar

algunas susceptibilidades, las representantes de los trabajadores recibieron ios borradores de los decretos.

Examinar la alternativa que el Ministerio de a Gobernación intenta imponer no sólo a los carteros, sino a

todos los españoles, exige detenernos ante los problemas formales, los de fondo y los dos decretos que

nos ocupan

Las formas suelen ocultar una opción ideológica. Lo que aquí se esconde es el espíritu antidemocrático.

Del día a la mañana nos enteramos que el Estado pretende desprenderse de ios servicios de Correas y

Telecomunicaciones. Que estos servicios, y su personal, resulta que ahora son "molestos", que sobran.

Estos servicios no son una actividad cualquiera, aparte de su trascendental importancia para la

comunidad; conviene recordar que su patrimonio alcanza en pesetas los 1.188.238.000.000. Que sus

ingresos son del orden de 14.138.300.000, sus gastos 18.970.000.000- Y que da empleo a 40.000 familias.

Ahí están, además, las Cajas Postales de Ahorro, con un volumen de fondos de 88.558.900.000 pesetas

(datos, todas ellos, cerrados a 31-12-75). Curiosa situación ésta, las de las Cajas; según don Eugenio

Mazón parece que van a mantener una "autonomía atípica", ligadas al Banco de España.

El tema afecta a todos

De un plumazo todo este imperio va a transformarse en una empresa pública o en un organismo

autónomo.

El tema de Correos y Telecomunicaciones es demasiado importante para todos los españoles; no puede

quedar sometido a la voluntad exclusiva del ministro de turno. El tema afecta no sólo a los carteros, sino a

todos los españoles, por lo que deben ser éstos los que decidan la manera de gestionar sus servicios de

cartería y comunicación. Urge una meditación colectiva y un debate público: y esperar en todo caso a la

decisión de los representantes del pueblo en el Congreso.

Políticamente es necesario que nos preguntemos: ¿Qué es más útil para nuestra comunidad? No hay

que olvidar, ni por un momento, que este servicio es trascendental no sólo desde una óptica ciudadana,

sino también política, militar y económica. A todo esto se une que está en juego uno de los derechos

fundamentales del hombre: la inviolabilidad de su correspondencia. ¿Puede garantizar todo esto una

empresa pública? ¿Una empresa pública ajena al control ciudadano? Sinceramente pensamos que no.

Estas empresas están absolutamente desligadas de la participación comunitaria. Las recientes "escuchas

telefónicas" y el presumible apoyo prestado por la CTNE son un botón de muestra suficientemente

explicativo.

El servicio debe ser asumido y garantizado por el Estado. Y tengase en cuenta que una Administración de

corte democrático, será el mejor guardián de los intereses de la comunidad.

Dos decretos de un folio y medio cada uno, para dar respuesta a todas las interrogantes suscitadas. ¡Vive

el cielo! que la parquedad es excesiva. Su análisis no aporta otra cosa que pesimismo. Ambas soluciones

(empresa pública u organismo autónomo) son malas y se caracterizan por la falta absoluta de espíritu

democrático. Mientras que la tendencia generalizada en la gestión de los servicios públicos se acerca a

fórmulas tripartitas (trabajadores, usuarios y Administración), aquí se obvia toda participación

democrática y se mantiene la añorada inercia de designar a dedo. Este será el origen de los vocales del

Consejo de Administración; serán nombrados o por el director genera! o por el ministro.

Meter un gol

A los carteros se les ha querido meter un gol. En medio de sus reivindicaciones por la amnistía laboral, la

paga de diez mil pesetas y la lucha por la plenitud de derechos laborales y sindicales, se les suelta esta

"reestructuración" cuya aceptación implícitamente lleva pareja la concesión de las tan traídas y llevadas

cinco mil pesetas. "Tened en cuenta que así disfrutaréis de todos los derechos laborales." Nada más lejos

de la realidad. Si el servicio pasa a ser empresa pública (sometida al régimen mercantil), los funcionarios

quedarán en situación de "supernumerarios" y después se aplicará el "régimen estatutario". Y pregunten,

ustedes, al personal dependiente de los múltiples institutos ministeriales la cantidad de derechos que

otorgan estos estatutos. Para empezar, el organismo autónomo quedaría incluido en el artículo 5.° de la

ley de Entidades Estatales Autónomas, no afectado, pues, por su normativa; además las remuneraciones

serían fijadas por el Consejo de Ministros y todo esto sin contar con la facilidad que se da para contratar

eventuales y con el no reconocimiento, en todo caso, de la aplicación de la legislación laboral. Corno

antes, más o menos.

Hay que recordar, también, que los funcionarios de Correos y Telecomunicaciones lo que piden es, que

aquí y ahora y como trabajadores de la Administración Pública, tener reconocidos todos los derechos

laborales; petición, por otra parte compartida por todos sus compañeros de la Administración.

Barrunto que el tema quiere despacharse con excesiva prisa, y lo siento mucho, señores jefes, pero afecta

a todos los españoles y éstos son los que deben decidir. No les queda otro remedio, pues, que esperar a la

constitución de las nuevas Cortes, y que en ellas, y por primera vez después de tanto tiempo, los

representantes del pueblo ocupen plaza.

 

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