Autor: Simón Tobalina, Juan Luis de. 
   Aproximación al tema de las preautonomías  :   
 El problema catalán y el problema vasco. 
 Ya.    14/12/1977.  Página: 5-6. Páginas: 2. Párrafos: 9. 

APROXIMACIÓN AL TEMA DE LAS PREAUTONOMÍAS

II. EL PROBLEMA CATALÁN Y EL PROBLEMA VASCO

Tras un primer artículo (YA, 8 de diciembre), en el que Juan Luis de Simón

Tobalina examinó el difícil

problema regional, en éste analiza con mayor detalle la incidencia de ese

problema en Cataluña y en el

País Vasco.

/CATALUÑA ha sido siempre ^ e] punto álgido del problema de las autonomías

regionales, hasta el

punto de que loa debates sobre reivindicación llenan gran parte de laa sesiones

de las Cortes desde

finales del siglo pasado. Clave de dichas reivindicaciones es invariablemente la

recuperación de las

libertades políticas e Institucionales de Derecho público, perdidas como

consecuencia de la política

asimilísta de Felipe V, quien, en su real decreto llamado de Nueva Planta de 16

de enero de 1716—

inserto en el título IX de la Novísima Recopilación—, dotaba a Cataluña, al

igual que ae había hecho con

otros reinos y regiones, de una Real Audiencia, presidida por el capitán

general, "de manera que loa

despachos, después de empezar con mi dictado, prosiguen en mi nombre", en la

cual se sustanciarían "en

lengua castellana" todas las causas y pleitos. También se creaban corregidores

con determinación de

ciudades, villas, distritos y lugares.

SE inician, a partir de "la gloriosa" revolución de septiembre del 68, los

planteamientos federalistas que

reflejan el pacto de Tortosa de 1869 y el proyecto de Constitución para el

Estado catalán de 2 de mayo de

1883, aprobado por ei Congreso Regional Federalista. Mayor resonancia tuvieron

las bases de Manresa de

1892, en cuya redacción tuvo parte importante Prat de la Riba. La primera

.concesión .efectiva fue el

Estatuto para la mancomunidad catalana, aprobado por real decreto de 26 de marzo

de 1914, al amparo

del real decreto de 18 de diciembre de 1913, debidos ambos al sentido

constructivo, aunque nunca

audaz, de don Eduardo Dato. Desgraciadamente fue dejado sin efecto por una de

las disposiciones

transitorias del Estatuto provincial de 20 de marzo de 1925. Abierto cauce a las

autonomías regionales por

la Constitución republicana de 9 de diciembre de 1931, la ley de 15 de

septiembre de 1932 aprobó el

Estatuto de Cataluña. Pero ¿qué triste sino acarrea siempre a los catalanes la

interrupción del goce de

legítima autonomía ? La culpa suele ser compartida por el poder central y las

autoridades autonómicas de

Cataluña. La ley de Contratos de Cultivo, aprobada por el Parlamento catalán en

abril de 1934, fue

declarada inconstitucional por el Tribunal de Garantías Constitucionales y la

Generalidad cometió el error

de no aceptar el fallo. En la revolución de octubre de 1934 toma parte la

Generalidad y Companys

proclama el Estado catalán dentro de la República Federal Española... Y en julio

de 1936 estalla la guerra

civil. Ahora el problema se está encauzando de nuevo gracias a la buena

disposición, del Gobierno de

Madrid y de Tarradellas y loa dirigentes de la

Juan Luis DE SIMÓN TOBALINA

(Continúa en pág. sigt

Generalidad. ;Que esta vez la armonía sea definitiva!

LA distensión >jue parece haberse logrado en las relaciones entre el Estado

español y la renacida

Generalidad catalana contrasta con el duro planteamiento del problema

vasco, que la violencia de

la ETA, con extrañas complicidades por parte de quienes menos debían hacer

el Juego a esta

organización terrorista, hace difícil, pese a la óptima disposición del

Gobierno. BJ1 problema ae

Inicia al comprometerse Espartero en el Convenio de Vergara de 31

de agosto de 1839, qu«

puso fin a. la primera guerra carlista, "a proponer a las Cortes la

concesión o modificación de los

fueros". Al confirmar éstos, el real decreto de 25 de octubre de 1839 lo

condiciona a la "unidad

constitucional de la Monarquía". Disposiciones posteriores van

reduciendo las libertades forales.

Pero e» después de la tercera guerra carlista cuando Ja ley de 31 de

julio de 1876 hiere de muerte al

sistema foral, al hacer extensivos a los habitantes de las provincias

vascongadas los deberes que

la Constitución de la Monarquía impone a todos los españoles y facultar al

Gobierno para reformar el

régimen foral. La ley de 12 de enero de 1886 y varios reales decretos.

uno anterior y varios

posteriores( contienen normas reguladoras de los conciertos

económicos. El real decreto de 9

de junio de 1925, desarrollado por el reglamento aprobado por real decreto

de 24 de diciembre de

1926 i que lleva la firma de Calvo Sotelo, regula el último concierto

económico que ha regido para

Vizcaya y Guipúzcoa hasta que e! Decreto-ley de 23 de junio de 1937 lo declaró

abolido respecto a

dichas provincias, quedando vigente "en toda su integridad para la

provincia de Álava". La

subsistencia de dicho decreto-ley de 1937 fue confirmada por fl de 6 de junio

de 1968, pero declarando

suprimidos lo» párrafos segundo al quinto del preámbulo d« aquél por contener

"expresiones que no se

corresponden con el doble esfuerzo y laboriosidad que ha caracterizado siempre a

dichas provincias

(Guipúzcoa y Vizcaya i dentro de la unidad nacional". (Se aludía en dichos

párrafos a la, prodigalidad

qut dispensaron los conciertos económicos a las citadas provincias, al

levantamiento en armas de

ésta "contra el Movimiento Nacional", a su "torpe política antiespañola".

etc.) pur último, el real

decreto-ley de 30 de octubre de 1976, firmado por don Juan Carlos I, deroga

el decreto-ley de 23 de

junio de 1937, si bien declara subsistente "en las provincias de

Guipúzcoa y Vizcaya la legalidad

común vigente para el resto de las provincias españolas, que continuara

íntegramente en vigor en

tanto no resulte modificada por los regímenes administrativos especiales que

en lo sucesivo se acuerden

por los cauces legalmente procedentes".

DURANTE la II República las relaciones ó>l poder central con las

provincias vascongadas

giran en torno a la aprobación de un estatuto autonómico para éstas. El llamado

"de Estella", de junio de

1931, encontró un ambiente adverso on las Cortes y en el Gobierno. El elaborado

en marzo de 1932 fue

aprobado por las comisiones gestoras de las Diputaciones de Álava, Guipúzcoa,

Navarra y Vizcaya, pero

en junio del mismo año fue rechazado en la Asamblea general de Ayuntamientos

celebrada en Pamplona

—123 votos frente a 109 •, y quedó, de este modo, Navarra fuera del ámbito

estatutario vasco. En el

referéndum celebrado in las provincias vascongadas el 5 de noviembre de 1933,

ton arreglo a las normas

aprobadas por decreto de 29 de octubre del mismo año, fue aprobado el nuevo

texto del Estatuto,

elaborado por los representantes de los municipios vascos. Pero las elecciones

generales celebradas dos

semanas después dieron el triunfo a las derechas y al centro, y estas fuerzas

coaligadas

opusieron continuas dilaciones a la aprobación parlamentarla del Estatuto, lo

que inclinó & lo*

nacionalistas vascos a aliarte con loa partidos republicanos da izquierda. Sólo

la escalada al poder del

Frente Popular en febrero de 1936 dio vía libre a la aprobación del Estatuto

vasco, que, en efecto, se

efectuó iniciada ya la guerra civil, por ley de 6 de octubre d« 1936.

EN los momentos que escribo este articulo está en vías de salir el régimen

preautonómico para Euskadi,

incluida, eventualmente. Navarra. SU problema autonómico de laj provincias

vascongadas con o sin

Navarra, — es, como ya h« dicho, el más difícil, el más conflictivo de España. ´

Aprovecho la

oportunidad para lamentar una vez más que no m hayan subordinado las concesiones

autonómicas en la

aprobación de la Constitución y qu« no 8« haya articulado, hace por lo menos un

año, la base 40 d* la ley

de 19 de noviembre d« 1975 sobre mancomunidades provinciales. )

EN «1 preámbulo de) decreto-ley de 23 de Junio de 1937 se hace notar que la

singularidad de su régimen

jurídico y administrativo ha servido ".en la lealísima Navarra para exaltar

todavía más su sentimiento

nacional y el fervor de su adhesión al común designio >1« la patria". En efecto,

la singularidad navarra se

ha mantenido al través de loa slglos con algunas modificaciones favorables a la

legislación genital y

especialmente las contenidas en la ley de 16 de agosto de 1841 (llamada ley

paccionada).

LOS fueros de los reinos d« Aragón y Valencia corrieron la misma suerte al ser

derogados por el decreto

de Felipe V de 29 de junio de 1707, alegando la rebelión de sus vasallos, y si

bien el decreto de 20 de

Julio del mismo año, en reconocimiento por la existencia en dichos reinos de

"vasallos fieles", declaró la

subsistencia de fueros y privilegios en favor de éstos, estableció que "en

cuanto al modo de gobernarse

loa reinos y pueblos no debe haber diferencia de leyes y estilos, que han de ser

comunes a todos para la

conservación de la paz y humana sociedad". De este modo razonó Felipe V en

política asimilista., que

continuaría en los reinados sucesivos.

/~X>N referencias a tiempos ^s más recientes. Santamaría, Orduña y Martín Artajo

en este libro

"Documentos para la historia de España" no» recuerdan los intentos de

mancomunidades y estatutos de

autonomía aragonesa durante el reinado de Alfonso XIII y la II República y los

no más afortunados

llevados a cabo por los valencianos a partir de la ponencia nombrada por la

Diputación de Valencia en

1924.

Juan Luis DE SIMÓN TOBALINA

 

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