Programa Económico del Gobierno. 
 Nuevo ordenamiento de la Economía     
 
 Arriba.    23/02/1977.  Página: 9-13. Páginas: 5. Párrafos: 209. 

nacional

Programa Económico del Gobierno

NUEVO ORDENAMIENTO DE LA ECONOMÍA

En la presentación a las Cortes Españolas de los proyectos de ley General Presupuestaria y Presupuestos

Generales del Estado para 1977, anuncié ya las líneas fundamentales de la política financiera que el

Ministerio de Hacienda se propone desarrollar en el año en curso. Hoy me corresponde hacer llegar a

ustedes, en nombre del Gobierno, el Programa General de Actuación Económica.

Partiendo de estudios elaborados por la propia Presidencia del Gobierno (Subsecretaría de Planificación),

la Comisión Delegada para .Asuntos Económicos, primero, y el Consejo de Ministros, después, han

examinado la panorámica económica del país y han redactado un texto que contiene las directrices que

piensa seguir, un programa de actuación a medio plazo y un catálogo de medidas inmediatas.

El documento que hoy se les entrega tiene un contenido extenso y complejo que requiere, sin duda, un

examen minucioso y detallado que no podemos abordar en este acto. Considero, con todo, importante

exponer a ustedes, y por su mediación a todos los españoles, algunos aspectos fundamentales del mismo.

El Gobierno ha considerado necesario, ante todo, situar su Programa de Actuación Económica en una

perspectiva más amplia que la meramente coyuntural. Nuestros problemas económicos actuales tienen

una raíz más profunda que la mera concurrencia de unas circunstancias desfavorables y una plena

solución de los mismos requiere que modifiquemos a fondo nuestra economía. En otras palabras, tanto las

previsiones para el año 1977 como- las medidas a corto plazo que el Gobierno se propone tomar

sucesivamente y a partir de este programa, se sitúan en una perspectiva a medio plazo, basada en la

definición previa de un nuevo ordenamiento de la economía española. El Gobierno entiende que este

nuevo ordenamiento ha.de responder al de una economía de mercado al servicio de la sociedad, es decir, a

una economía presidida por los principios de iniciativa privada, libre competencia y ausencia de

dirigismo, en la cual el Estado tiene un papel muy preciso: garantizar un mejor funcionamiento de la

economía de mercado, fomentar el desarrollo y la formación de capital social y elevar el bienestar social

mediante la provisión de bienes y servicios colectivos. Ello Implica un sector público más poderoso y un

sector privado más libre.

Este objetivo exige una profunda modificación de la situación actual, caracterizada por una serie de

prácticas intervencionistas e interferencias constantes del Estado en perjuicio, muchas veces, de la

racionalidad y eficiencia de nuestro sistema económico.

En este planteamiento general se insertan los objetivos fundamentales de la política económica a medio

plazo, objetivos que en el documento se enuncian con absoluta precisión. Lo mismo ocurre con las

políticas a medio plazo que el Gobierno pone al servicio de esos objetivos. Entre estos objetivos figuran:

moderar la inflación, conseguir un mayor equilibrio de la Balanza de Pagos, máximo nivel de empleo,

mejora de las condiciones de competividad de nuestra economía de cara a los mercados exteriores,

eliminación o atenuación de las diferencias regionales y mejora del cuadro de vida social, ambiental y

cultural. Sobre todos ellos es preciso decir con toda claridad que no cabe alcanzarlos y cumplirlos todos

simultáneamente y que no sería realista prever resultados espectaculares inmediatos que sólo podrán

obtenerse plenamente en un plazo de dos o tres años. Otra advertencia necesaria es la presencia inevitable

en el curso de la ejecución de este programa a medio plazo de las contradicciones inherentes a toda etapa

de transición que ofrecerán, sin duda, su flanco vulnerable a la crítica. Pero el Gobierno está seguro de

servir con este programa a las necesidades y las aspiraciones de la inmensa mayoría del pueblo español

que desea, no sólo en lo político, sino también en lo económico, una transición sin brusquedades hacia la

nueva situación.

Dentro de este programa a medio plazo se insertan , las previsiones que para el año concreto de 1977

formula el Gobierno para la economía española. Estas previsiones se contienen en el cuadro

macroeconómico incluido en el documento e implican para 1977 considerar a la inversión como un

elemento fundamental para conseguir los objetivos propuestos. En consecuencia, el Gobierno estima

imprescindible estimular la inversión privada y promover una inversión pública del orden de los 50.000

millones de pesetas, adicional a la ya presupuestada.

Sobre esta inversión adicional cabe hacer las siguientes consideraciones: 1), que las realizaciones de esta

inversión adicional no sólo han de ser contratadas, sino también ejecutadas dentro del año 1977. 2), que

ha de realizarse respondiendo a un triple criterio: su eficacia para remediar el paro, su grado de

productividad económica y su justa distribución- regional.

El cierre de los presupuestos del Estado de 1976 —ya terminado— constituye una plataforma importante

de este programa. Puedo confirmarles que este cierre, tal y como venía reiteradamente anunciando, nos

arroja un déficit de alrededor de 14.000 millones de pesetas, y esto sin tener en cuenta, a la hora de

valorar el déficit, los recursos procedentes del exterior que el Tesoro ha recibido en 1976. Este déficit es

sensiblemente equivalente al ejercicio de 1975, y el saneamiento financiero que implica, y que considero

absolutamente fundamental, nos permite enfrentamos con 1977 sobre unas bases muy firmes, sin

perjuicio de que en el año en curso debamos extender este saneamiento a los atrasos pendientes de

liquidación desde períodos anteriores.

En el terreno del estímulo a la inversión privada se procederá a potenciar aquellos instrumentos

financieros que, requiriendo tratamiento jurídico especial, sirvan para fomentar la captación del ahorro y

su inversión en bienes productivos.

Dentro de esta línea, y con referencia especial a la Bolsa, se dictarán las normas precisas para ampliar los

mecanismos de oferta, potenciar el mercado de títulos de renta fija y ampliar la información

proporcionada por las empresas, modificándose, en lo que fuera preciso, la actual legislación fiscal.

El cuadro macro-económico comporta también un esfuerzo exportador importante^ una contención

relativa de las importaciones. Y es obvio que para producir la plenitud de sus efectos dentro de las

previsiones formuladas debemos conseguir este objetivó sin recurrir a medidas que, por su propia

naturaleza, implicarían Un aumento de los precios en el interior. Por el contrario, las previsiones

formuladas implican una contención alcanzable del proceso inflacionario español, a cuya finalidad van

dirigidas una serie de acciones previstas en el documento, entre las que cabe destacar el control de los

precios de los artículos de consumo básicos, el control estricto del gasto público y la propia virtualidad

del procedimiento utilizado da expansión de la oferta a través da la inversión. En todo caso, es necesario

decir que la consecución de los objetivos últimos que persigue el programa dependerá, en buena parte, del

comportamiento de los ciudadanos ante las acciones que en él se fijan, tanto en el campo socio-laboral

como en los restantes.

El documento contiene una enumeración muy amplia de las acciones a iniciar de inmediato por el

Gobierno en muy diversos campos.

Estas acciones inmediatas son:

ACCIONES A INICIAR DE INMEDIATO POR EL GOBIERNO

Delineadas las coordenadas del modelo y del programa de actuación económica que se considera válido a

medio plazo, fijado el cuadro previsible de magnitudes macro-económicas para 1977,

el Gobierno entiende que debe emprender, entre otras, las siguientes´actuaciones:

Para moderar los precios y la inflación:

1.1. Controlar los precios de los productos básicos incluidos en el decreto de 26 de noviembre de 1976,

acudiendo si es preciso, al empleo de subvenciones.

1.2. Mantener, el crecimiento de las disponibilidades líquidas monetarias en el 21 por 100.

1.3. Mantener el crecimiento del crédito al sector privado en el 23 por 100.

2 Para reducir el déficit de la balanza de pagos:

2.1, Instrumentar la financiación prioritaria de las exportaciones, y cuantas medidas apoyen el proceso

exportador. 22. Agilizar la desgravación fiscal a la exportación. Asimismo, por el Ministerio de Comercio

se determinará e] origen de aquellos productos -que, por su volumen, más afectan a la balanza comercial.

2.3. Dotar, un programa especia] del Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas para

sustituir importaciones agrarias y obtener nuevos «inputs» de alta productividad con cargo a

transferencias del presupuesto del Ministerio de Agricultura.

2.4. Establecer un nuevo régimen para la creación de tecnología de productos y procesos industriales

utilizando el préstamo negociado con el Banco Mundial.

2.5. Dotar un plan de publicidad y promoción de nuestros recursos turísticos.

2.6. Incentivar las remesas de divisas de emigrantes. .

2.7. Establecer un procedimiento ágil para la compra de productos españoles libres de impuestos, por los

extranjeros.

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Miércoles 23 febrero 1977

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Programa Económico del Gobierno

(Viene de la pág, anterior)

3 Para fomentar la Inversión productiva y combatir el paro:

3.1. Aprobar un plan de inversión pública selectiva, ;de 50.000 millones de pesetas, adicional a la que

figura en el programa de inversiones públicas.

3.2. Elaborar un programa de inversiones públicas regionalizado que mejore la asignación espacial de

los recursos.

33. Autorizar al Ministerio de Agricultura por sí o sus organismos autónomos a celebrar conciertos con

entidades financieras con destino a Inversiones selectivas- y regionalizadas de la Agricultura.

3.4. Coordinar las dotaciones para prevención de paro y empleo comunitario, procurando suficiencia y

oportunidad en las áreas de mayores cifras de desempleo.

3.5. El Ministerio de Obras Públicas procederá, en el curso de 1977, al riego asfáltico de todas las

carreteras «macadam» de la red estatal.

4 Para comenzar a abordar los cambios estructurales:

4.1. Política fiscal y de gasto público.

4.1.1. Someter a información pública de Entidades, Corporaciones, Sindicatos y partidos políticos

legalizados el proyecto de reforma fiscal. Se tipificarán penalmente las infracciones tributarías que por su

gravedad sean acreedoras a tal tratamiento.

4.1.2. Implantar, de forma progresiva y con carácter obligatorio el Plan General Contable.

4.1.3. Establecer un sistema integrado de información fiscal.

4.1.4. Revisar todas las exenciones, bonificaciones y desgravaciones tributarias.

4.1.5. Revisar la actual política de subvenciones, transferencias y acciones concertadas.

4.1.6. Establecer nuevas normas de control financiero del Estado y sus organismos autónomos.

4.1.7. Implantar nuevas disposiciones que mejoren el control del gasto y la eficacia de la Seguridad

Social.

4.1.8. Reorganizar la Administración Territorial de la Hacienda Pública en base a la importancia

económica de las regiones y provincias.

El Programa ha sido considerado en una perspectiva más amplia que la meramente coyuntura!.

El Estado debe garantizar el mejor funcionamiento de la economía de mercado, fomentar la formación de

capital social y elevar el bienestar mediante la provisión de bienes.

Ello implica un Sector Público más poderoso y un Sector Privado más libre.

«El Gobierno está seguro de servir a las necesidades del pueblo español, que desea, en lo económico, una

transición sin brusquedades.»

El Ministro de Hacienda, Eduardo Carriles, presentó las líneas maestras del Programa de Actuación

Económica.

4.2. Política monetaria.

4.2.1. Proceder a la normalización y liberalización progresiva de los tipos de interés.

4.2.2. Dar mayor flexibilidad a los créditos a corto plazo que, el Banco de España concede a la

Banca.

4.3. Política laboral.

4.3.1. Establecer la libertad sindical de trabajadores y empresarios.

4.3.2. Reformar la normativa en materia de huelga atemperándola a los sistemas de los países de Europa

Occidental.

4.3.3. Actualizar la regulación de los conflictos colectivos.

4.3.4. Limitar la facultad que al Ministerio de Trabajo concede la ley de 16 de octubre de 1942 en

materia de condiciones mínimas de trabajo por ramas de actividad.

4.3.5. Establecer modificaciones en la normativa sobre contratación colectiva.

4.3.6. Liberalizar la actual rigidez legislativa en materia de despido colectivo, regulando la facultad de

las empresas en la reestructuración de sus plantillas.

4.3.7. Institucionalizar el fondo de garantía salarial.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Moderar la inflación • Reducir el desequilibrio de la Balanza de Pagos . Conseguir el máximo nivel de

empleo . Mejora de la competitividad con el exterior . Eliminación o atenuación de las diferencias

regionales • Mejora del Cuadro de vida social, ambiental y cultural

4.4. Política agraria.

4.4.1. Transformar y adaptar las organizaciones profesionales y las entidades asociativas agrarias.

4.4.2. Promulgar la normativa sobre seguros agrícolas con el fin de que el agricultor cuente con la

adecuada protección.

4.5. Política industrial y energética.

4.5.1. Liberar la instalación, ampliación y traslado de industrias en" base a razones objetivas,

suprimiendo el.vigente sistema dé mínimos técnicos sectoriales.

4.5.2. Utilizar la capacidad de gestión del INI para crear y potenciar Sociedades de Desarrollo

Regional.

4.5.3. Puesta en funcionamiento del Instituto de la Pequeña y Mediana Empresa.

4.5.4. Reestructurar la acción del Estado en el sector petrolífero.

4.5.5. Practicar precios reales en la energía.

4.6. Política de comercio interior.

4.6.1. Revisar nuevamente el régimen de precios autorizados y de vigilancia especia!.

4.6.2. Mejorar el equipamiento comercial en zonas de bajo nivel de renta o insuficiente dotación

comercia!.

4.6.3. Reglamentar los sistemas de defensa del consumidor.

4.7. Política turística.

4.7.1, Declarar «zonas saturadas» las creas geográficas que ofrezcan una concentración hotelera excesiva,

fomentando la construcción de instalaciones suplementarias que eleven el nivel de calidad de la oferta

turística y estimular la creación de nuevas zonas turísticas.

4.8. Política de urbanismo y vivienda.

4:8.1. Promulgar normas legales sobre política de suelo, para luchar contra la especulación, fijar valores

justos y objetivos del suelo y aumentar la oferta del mismo.

4.8.2. Aprobar las Bases de un Plan. Nacional de Ordenación del Territorio,

4.8.3. Apoyar técnica y económicamente a las Corporaciones Locales para la actualización y

agilización del planeamiento con el objetivo de obtener suelo urbanizable o corto plazo.

4.8.4. Acelerar y descentralizar la actuación de los órganos urbanísticos para urbanizar suelo ordenado.

4.8.5. Facilitar a los promotores y entidades privadas de crédito y ahorro la ejecución de! programa de

viviendas sociales.

4.8.6. Atender la demanda de la vi. viendo media y rural, con cargo al Presupuesto del INV, a! crédito

oficial y al ahorro institucional.

Estas normas de actuación irán siendo adoptadas sucesivamente, con el ritmo y por el orden más

oportuno, pero, en lodo caso, con carácter inmediato.

El Gobierno cree firmemente que una respuesta solidaría de los españoles al Programa de Actuación

Económica que ha formulado, nos permitirá superar la etapa difícil que atravesamos y enfrentarnos con

firme esperanza a un futuro prometedor.

I.—Introducción

Las nuevas coordenadas políticas que la sociedad española demanda en la actualidad, y que comienzan a

plasmarse en realidades, no deben posponer las también nuevas coordenadas económicas por las que debe

discurrir el quehacer económico español.

La situación actual de la economía española arranca del Plan de Estabilización de 1959. Los propósitos de

liberación en todos los frentes que aquél comportó, fueron, a los pocos años, condicionados por prácticas

intervencionistas y proteccionistas que generaron una estructura productiva no suficientemente eficaz.

Por otra parte, si todo proceso de cambio tiene su coste, la factura pagada por la sociedad española al

pasar de una fase autárquica a otra de interrelación con otros mercados, ha sido, en algunos aspectos,

excesivamente alta. La crisis energética y de materias primas que se inició a finales de 1973 ha venido a

gravar los problemas, y a partir de 1974 nuestra economía presenta una crisis que se manifiesta en fuertes

tensiones ínflacionistas, paro creciente, elevado déficit exterior y estancamiento de la actividad

económica.

Esta compleja Crisis es más profunda, y el Gobierno estima que, dadas las circunstancias que concurren

en la situación política, económica y social española en una transición a nuevos modelos, la solución ha

de buscarse necesariamente mediante un perfeccionamiento de la economía de mercado, y una decidida

actuación del sector público. En consecuencia, las nuevas coordenadas por las que deberá- discurrir la

economía española deben basarse en un mercado que cumpla sus funciones, con una mayor intervención

del sector público, que corrija posibles deficiencias en la asignación de recursos que aquél analiza y se

dedique además, y de manera principal, a la inversión en bienes colectivos de los que tan necesitadas está

él país, lo cual por otra parte ayudaría a mitigar las actuales previsiones que hay sobre el paro para los

próximos años.

II.—Análisis y descripción del nuevo ordenamiento económico

Tanto las previsiones para el año 1977, como las medidas a corto plazo, han de situarse en una

perspectiva a medio plazo, con el fin de que se produzca .una articulación racional y operativa entre los

objetivos e instrumentos de acción inmediata con aquellos otros de tipo claramente estructural.

Ello, a su vez, requiere definir —al menos en líneas generales— los principios 6 coordenadas del

ordenamiento de la economía española.

A) El sistema económico y su reestructuración.

El modelo del sistema económico que se propugna es el de economía dé mercado al servicio de la

sociedad.

Este ordenamiento comporta una economía presidida por los principios de iniciativa privada, libre

competencia y ausencia de dirigismo, con el Estado como valedor de que se cumpla la disciplina del

mercado, como garante de la efectividad económica del sistema, y como potenciador del papel del sector

público.

En términos generales pueden diferenciarse tres grandes esferas de participación del sector público:

• La acción de fomento del desarrollo y formación de capital social.

• La acción de tutela encaminada a garantizar el mejor funcionamiento de la economía de mercado.

• La acción de elevación del bienestar social mediante la provisión de bienes y servicios colectivos.

Nuestro sistema económico se caracteriza por ser una economía de mercado con un alto grado de

intervencionismo estatal. Por ello, ante la nueva etapa que se ha iniciado en nuestro país se plantea la

cuestión de cuál es el nivel adecuando de la intervención del Estado. Desde el punto de vista económico,

lo es aquel que resuelva del mejor modo posible ios dos problemas fundamentales que, como todo sistema

económico, tiene planteados:

• El problema de la asignación de los recursos, es decir, de cómo se utilizan los recursos para que se

aprovechen en la forma más adecuada.

• El problema de la distribución, es decir, de cómo se reparten los recursos y los bienes entre tos

distintos miembros de la sociedad.

Si comparamos él grado de intervencionismo existen en nuestro país con el de otras comunidades que

siguen, como nosotros, el modelo de economía de mercado, podemos llegar a dos conclusiones que

parecen evidentes. La primera, que la importancia que en España tiene el sector público es inferior a la de

la mayoría de esas sociedades en régimen de economía de mercado. La segunda, que la intervención

administrativa, como elemento distorsionador del mercado, es superior en España a la de la mayoría de

las economías occidentales, debido en parte a nuestro inferior grado de desarrollo.

En conclusión, parecen deseables dos cosas. Primera, que se deje funcionar el mercado como tal, y

segunda, que el sector público vaya adquiriendo cada ve? mayor- peso y mayor nivel de eficacia y

productividad dentro de la actividad económica para atender adecuadamente la demanda de bienes

sociales que el país está ya requiriendo. Todo ello teniendo en cuenta que los resultados últimos que se

alcancen dependerán del comportamiento de los ciudadanos ante las medidas que se adopten,

incluyéndose en el lugar que justamente le corresponden las de naturaleza socio-laboral.

CUADRO MACROECONÓMICO PARA 1977

Tasa-objetivo de crecimiento para el PIB del 3,5 por 100

Especial importancia a un sensible aumento de la demanda interior

Mantener el ritmo de crecimiento real de las exportaciones

Programa Económico del Gobierno

ACCIONES INMEDIATAS

Controlar los precios de los productos básicos

Mantener el crecimiento de las disponibilidades líquidas monetarias en el 21 por 100

Mantener crecimiento del crédito al sector privado en el 23 por 100 ,

Agilizar la desgravación fiscal a la exportación

Plan de inversión pública selectiva adicional de 50.000 millones

Elaborar un programa de inversiones públicas regionalizado

B) Objetivos fundamentales a medio plazo.

En una perspectiva general, la política económica a medio plazo deberá encaminarse fundamentalmente

al logro de tos objetivos siguientes:

a) Moderar la inflación.

b) Conseguir un mayor equilibrio da la Balanza de Pagos.

c) Máximo nivel de empleo.

d) Mejora de las condiciones de compelitividad de nuestra economía de cara a los mercados exteriores, lo

que comporta un aumento de la productividad.

e) Eliminación o atenuación de las diferencias regionales.

f) Mejora del cuadro de vida social. ambiental y cultural.

C) Las políticas específicas a medio plazo,

En el cuadro de la actividad y del sistema económico a grandes írazos delimitado, el programa que se

propone contiene medidas sectoriales y reformas instrumentales.

La característica, fundamental es la de constituir a medio plazo un programa interrelacionado. Salvo

excepciones, no pueden, o no deben, dictarse medidas económicas aisladas para un sector. Por ello, el

programa pretende basarse en análisis de sistemas completos, planteando soluciones comprensivas. -

1 La política agraria tiene que romper progresivamente las rigideces que la condicionan.

Desde esta perspectiva pueden señalarse como objetivos a media plazo los siguientes:

1.1. Acercar nuestra mecánica de ordenación de producciones y precios a la utilizado en la Comunidad

Económico Europea, en la medida en que las. producciones sobre las que opere sean complementarias

de las de dicha Comunidad.

1.2. Impulsar la transformación de la agricultura hacia cotas más altas de exportación, tratando de

lograr una es. tructura de comercio exterior agrario de saldo positivo o al menos equilibrado»

1.3. - Extender el área de regadío, dadas las limitaciones del factor tierra y la necesidad de sustituir

cereales importados a coste competitivo, medíante actuaciones públicas o privadas, reforzando la

capacidad de estas últimas, entre otras cosas, con incentivos de carácter financiero, los cuales deben

extenderse a !a puesta en valor de recursos agrarios ociosos, y orientarlos a la producción de pastos y

madera.

1.4. Emplear nuevas prácticas de cultivo en el bosque español, complementando la labor de repoblación

realizada hasta el momento con una correlativa actuación en tratamientos selvícolas, acciones hidrológíco

forestales y caminos y atenciones silvoculturales, para aumentar el rendimiento de las masas forestales,

reducir los riesgos de incendios y proporcionar empleo en zonas generalmente-deprimidas.

2 En el sector industrial la política económica debe abordar, entre otras cosas, el problema dé la reducida

dimensión de las empresas industriales, su fusión sin coste fiscal, la corrección de su inadecuada

capacidad financiera, la elevación de nivel tecnológico, contemplando, asimismo, el saneamiento de la

industria básica, la potenciación de los recursos naturales y el logro de un equilibrio en la balanza

comercial de productos industríales. En otras palabras, la política económica industrial debe centrarse en

el planteamiento y la puesta en marcha de un proceso de reconversión industrial.

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Como todos estos obstáculos están Impidiendo actualmente una continuación del aumento de

participación de la producción industrial en el total nacional, es necesario:

2.1. Auxiliar a la pequeña y mediana empresa especialmente en los sectores complementarios con las

grandes empresas, o especialmente adecuados por su actividad a los recursos nacionales, creándose a

su vez nuevas modalidades de financiación con vistas a consolidar su actuación en los sectores en los que

su presencia se juzgue oportuna.

2.2. Suprimir la Intervención administrativa, y el régimen de autorizaciones salvo en los sectores

estratégicos de la economía.

2.3. Promover la concentración de empresas.

2.4. Colaborar, o través de la política industrial, a conseguir un equilibrio entre las reglones más

desarrolladas y las menos industrializadas.

3 Dada la relación existente entre el precio de la energía y el de los bienes industriales en general, así

como sus costes de producción, resulta evidente lo Importancia que adquiere la política de actuación en

este campo.

Hay que adoptar tas siguientes medidas:

3.1. Ahorrar en el consumo de energía, en línea con tas recomendaciones de la Agencia Internacional de

la Energía.

3.2. Practicar una política realista de precios de la energía, teniendo en cuenta los costes de explotación,

los precios internacionales y la debida interrelación entre los productos energéticos.

3.3. Coordinar las actividades industriales del Estado en el sector petrolífero.

3.4. Dar unidad a la acción del Estado en el sector petrolífero y favorecer la competencia en el mercado.

3.5. Modificar el sistema de compras de crudos de cuota del Ministerio de Comercio.

3.6. Revisar la política sobre transportes de crudo, sopesando adecuadamente la protección a la flota

nacional con la economía en el coste de dicho transporte. .

3.7. Fomentar al máximo las posibilidades adicionales de generación de energía hidráulica.

3.8. Fomentar la investigación en el campo energético, especialmente en lo que se refiere a nuevas

prospecciones petrolíferas y en e! campo nuclear. En este último campo es imperativo, dada la

dependencia exterior de nuestros suministros de uranio, promover la exploración interior y participar en

conciertos internacionales para su enriquecimiento.

4 Tradicionalmente se ha considerado al comercio interior como problema insoluble, en el sentido de que

ni admite ni tiene solución. Por ello debe ocupar un lugar preferente en un programa serio de actuación

económica. Con tal fin es necesario:

4.1. Estimular los procesos de reestructuración y modernización, potenciando la creación de modernos

canales de comercialización y de circuitos comerciales integrados.

4.2. Impulsar la información, divulgación y orientación comercial.

4.3. Desarrollar Ios mecanismos e instituciones tendentes al logro de una eficaz defensa del

consumidor, que conllevan una mejora en ¡a calidad de los productos, así como asegurar los sistemas de

defensa de la competencia.

4.4. intensificar los apoyos tendentes a la modernización de la pequeña y mediana empresa comercial.

4.5. Acelerar la formación profesional y asistencia técnica.

5 La situación de nuestro comercio exterior, más que un problema en sí, es, en gran parte, reflejo y

consecuencia de las deficiencias estructurales, y las distorsiones que afectan a nuestra economía en

general o a sectores concretos de la misma.

Por ello se considera que deben cubrirse con una vigorosa acción del Estado los siguientes Objetivos:

Alcalzar un ritmo medio de crecimiento real en las exportaciones del 7 por 100 anual en un plazo de dos

años.

5.2. Conseguir que el incremento de las importaciones no supere el 3 por 100 anual.

5.3. Reducir la concentración geográfica de nuestro mercado exterior, dirigiéndolo a nuevos

mercados, y favorecer la creación de redes comerciales, así como la presencia industrial y tecnológica en

el exterior

6 Relacionada con lo anterior se ira encuentra nuestra política turistica, la actuación a medio plazo ha de

concretarse así:

6.1. Reordenar la oferta hotelera y extrahotelera, a través de un conocimiento real de la misma, y

aplicar criterios de selectividad en la concesión de créditos oficiales, en función del grado de

saturación de la zona.

6.2. Elaborar un plan coherente de comercialización turística, contrarrestando la situación de control

extranjero a través de la canalización de la demanda por medio de agencias nacionales de viaje, aumento

de los canales de venta en los países emisores de turismo y potenciación de las Oficinas de Turismo en el

exterior.

6.3. Aumentar cuantitativa y selectivamente el plan de publicidad y promoción turística.

7 En materia de urbanismo y vivienda las líneas generales de actuación se concretan en:

7.1. Medidas de ordenación territorial.

— Formular un Plan Nacional de Ordenación que, de modo coordinado con la política económica y

social, determine las directrices generales de la estructura urbanística y de la ordenación regional y

planteamiento del territorio.

— Concretar la ordenación urbanística del territorio, impulsando la formación de Planes Directores

Territoriales de Coordinación a nivel regional o supraprovincial, y acelerar la elaboración de aquéllos que

están ya en formación.

7.2. Medidas de planeamiento urbano y política de suelo.

— Fomentar, como medidas eficaces de lucha contra la especulación, la oferta de suelo urbanizable, su

urbanización y edificación, apoyando técnica y económicamente a las entidades locales en la realización

del planeamiento, incentivando a la iniciativa pública y privada, y aprovechando especialmente las Infra-

estructuras escasamente utilizadas.

— Modificar el régimen de cesiones obligatorias de suelo en el supuesto de incumplimiento de las

obligaciones de urbanizar y edificar, por encima de las legalmente vigentes, y, entre tanto, exigir de

Inmediato las fijadas en la ley del Suelo.

— Objetivar, a e f e c tos expropiatorios, las normas sobre valoración del suelo, para evitar la

especulación por quienes no edifican, y obtener a un precio justo el necesario para desarrollar la acción de

los órganos urbanísticos.

— Agilizar y descentralizar la. actuación de los órganos públicos con competencia en materias relativas a

la ordenación y ejecución del planeamiento urbano.

7.3. Medidas en orden a los asentamientos humanos y a la vivienda.

— Intensificar la acción del Estado en la vivienda social y fomentar la inversión en viviendas sociales de

la iniciativa privada.

— Actuar directamente en la mejora de las condiciones de los barrios de las ciudades y corregir las

deficiencias de los mismos en sus edificios, infraestructuras, dotaciones y servicios.

— Aumentar la acción del Estado en relación con la vivienda rural, apoyando la realización de la misma,

para mejorar las condiciones de vida y, teniendo en cuenta la necesidad de potenciar las cabeceras de

comarca y él sistema de ciudades medias:

— Atender, a través de los instrumentos de crédito y la política fiscal, a las necesidades de vivienda de

las clases medias.

— Liberalizar progresivamente el mercado de arrendamientos urbanos cuya estructura actual repercute

desfavorablemente en la propiedad urbana, consiguiendo que se obtenga rendimientos justos de la

propiedad, al tiempo que se incentiva la edificación de viviendas en alquiler.

— Proponer una ley de Asentamientos húmanos.

8 La política de transportes ha de procurar la coordinación de los distintos modos para asegurar la

prestación del servicio con el costo social mínimo. Las líneas directrices a medio plazo

deberán basarse en:

8.1. Dar nulidad a la gestión administrativa del transporte.

8.2. Desarrollar las infraestructuras de los distintos modos para que éstos alcancen el nivel adecuado

de servicio y calidad.

8.3. Coordinar las Inversiones con e! fin de conseguir una mejor utilización de los recursos disponibles.

8.4. Definir el papel de los ferrocarriles en el conjunto del transporte y ajustar adecuadamente la red, las

tarifas y las inversiones ferroviarias.

8.5. Potenciar la navegación de cabotaje.

8.6. Atender, en te planificación del transporte, a las necesidades que se derivan de la ordenación del

territorio, con especial atención a los servicios urbanos en las grandes áreas de población.

8.7. Revisar y actualizar la legislación de transportes de acuerdo con una correcta imputación de tos

costes de cada modo y una progresiva armonización con las directrices establecidas en !a materia para la

Comunidad Económica Europea.

POLÍTICA FISCAL:

Someter a consulta de entidades y partidos políticos,, el proyecto de Reforma Fiscal

Implantar de forma progresiva y con carácter obligatorio el Plan Contable

Reorganización de la Administración Territorial de la Hacienda Pública

9 Preocupación máxima es el desarrollo de nuestra investigación, A fin de lograr el máximo rendimiento

de los recursos disponibles es preciso una selección rigurosa de tos sectores y proyectos que habrán de

gozar de atención prioritaria en los planes de investigación, siendo preeminente en el marco de nuestra

economía la investigación tendente a la sustitución de importaciones y, en general, a reducir nuestro

déficit en la balanza industrial por concepto de fletes, royaties e inversiones. Teniendo en cuenta la

situación y características energéticas nacionales, la investigación y desarrollo de aplicaciones prácticas

en este campo debe gozar de un trato preferente.

10 El desarrollo de la educación en sus distintos niveles merece especial atención. Preocupación

preferente debe ser la política de construcciones y equipamiento de los centros educativos para lograr una

escolarización al mejor nivel posible y una elevación de la calidad de la enseñanza, sin olvidar la

conservación de nuestro patrimonio artístico y la difusión y desarrollo de la actividad cultural.

11 No puede ser completo ningún programa de actuación económica sin considerar a la defensa. En

primer lugar, por la magnitud de los recursos que en ella hay que Invertir para alcanzar el grado de

potencia y eficacia que requiere la seguridad nacional, y en segundo lugar, por la positiva incidencia de

estas inversiones en la industria, tanto en las de armamento propiamente dichas como en las subsidiarias.

La influencia política de una nación en el plano internacional depende en gran medida de su potencia

militar y ésta, fundamentalmente, en su capacidad para fabricar sus propias armas.

Para aumentar la productividad ´de las industrias militares de armamento hace falta procurar su

concentración y la creación de un órgano superior de coordinación que permita coordinar la fabricación

de aquél.

Los Ejércitos han de determinar sus objetivos de fuerza a corto, medio y largo plazo, y el órgano superior

coordinador darlos a conocer, con la prudencia que exija la seguridad militar a las industrias de

armamento, para que éstas puedan trazar sus planes futuros de fabricación teniéndolos en cuenta.

12 La política ambiental española, como parte de la política económica, debe quedar enmarcada en las

coordenadas generales de la economía del país.

La estrategia operativa debe tener un sentida marcadamente territorial, acomodándose a los diferentes

niveles de desarrollo regional y buscando para cada categoría diferente de problemas ambientales el nivel

de acción (municipal, provincia!, regional o nacional), que mejor se adapte a su naturaleza.

13 La política fiscal como el conjunto de medidas de política económica encaminadas a lograr variaciones

relevantes en el nivel y composición de los ingresos y gastos públicos, asi como a una mayor eficacia de

estos últimos, ha de proponerse una multiplicidad de fines que en esencia son: redistribuir la renta y la

riqueza, lograr una estabilidad de la renta y de los precios compatible con un alto nivel de actividad,

mantener e! desarrollo económico y asignar mejor los recursos productivos, toda ¡o cual conduce a

alcanzar una más fusta política social.

El objetivo básico de la política fiscal viene impuesto por la necesidad de contar con un sector público

con dimensión adecuada y por ende disponer equitativamente de los recursos necesarios para otorgar a

aquélla el papel protagonista que le debe de corresponder si nos atenemos, como marco de referencia, a lo

que acontece en la Comunidad Económica Europea.

Debe precederse, pues, inmediatamente, a una reforma profunda del sistema fiscal, configurada en forma

armónica con el modelo de Comunidad Económica Europea y sin incidencias indeseables, no sólo

recaudatorias, sino y, sobre todo, sociales. Esta reforma ha de ser efectuada, habida cuenta de su gran

trascendencia, compulsando el sentir de los diferentes sectores de nuestra sociedad y en fases sucesivas.

14 La política monetaria debe contribuir en la medida de sus posibidades, al logro de los objetivos

perseguidos y a la resolución de los problemas actuales de la economía española, para lo cual se hoce

preciso modificar la estructura y el funcionamiento de los instrumentos de política monetaria y financiera;

Ello supone la fijación entre otros de los siguientes criterios:

14.1. En una economía en que la asignación de recursos se realice básicamente por el mercado, no puede

fijarse rígidamente el precio del dinero. La conclusión que se deriva de lo dicho es simple: la situación

actual con mu. ches de los tipos de Interés fijados administrativamente debe corregirse mediante una

sucesiva y progresiva normalización y liberalización de los mismos, tanto activos como pasivos sin más

excepción que el adecuado control de aquellos recursos que el. Estado asigne a! crédito oficial o de

aquellos sectores que por razones de interés nacional precisen de costos financieros limitados.

14-2. Los recursos del Crédito Oficial deben nutrirse exclusivamente de la aplicación de fondos con cargo

al Tesoro público y de aquéllos que puedan obtenerse en el mercado interior en competencia con otras

Instituciones financieras. Sólo excepcionalmente podrán obtener recursos a través de financiación

internacional o del Banco de España.

Los criterios que deben presidir la asignación de estos recursos, son los siguientes:

— Contribuir a la creación de puestos de trabajo.

— Atender a las. necesidades financieras de la pequeña y mediana empresa. .

— Servir de Instrumento a la política del Gobierno con respecto a sectores y zonas determinados.

— Fomentar la exportación.

— Contribuir al adecuado financiamiento de las actividades a cargo de las Corporaciones Locales,

14.3. A fin de estimular la competencia en el ámbito financiero y la aportación da recursos exteriores a

la economía nacional, se considera conveniente la presencia de entidades financieras extranjeras en el

mercado español.

14.4. El papel que ocupa hoy la Bolsa española como canalizador de fondos para las inversiones

productivos es notoriamente insuficiente. Por ello hay que proceder a dar una mayor amplitud,

profundidad y transparencia al mercado de valores, dictándose, con esta finalidad, las normas precisas

para ampliar los mecanismos de oferta, potenciar el mercado de títulos de renta fija, agilizar los trámites

administrativos en cuanto a la liquidación y compensación de valores y ampliar la información

proporcionada por las empresas, modificándose al efecto y en lo que preciso fuera,-la actual legislación

fiscal.

15 Aspecto fundamental a considerar es el de las relaciones socioeconómicas. El nuevo marco político y

sindical hacía el que marcha la nación aconseja una reforma normativa en el ámbito de las relaciones

colectivas de trábalo en consonancia con los sistemas jurídicos imperantes en tos países de Europa

occidental e inspiradas en los principios da libertad y de profesionalidad. La huelga, los conflictos

colectivos, la sustitución paulatina de las reglamentaciones y ordenanzas laborales como fuentes

normativas de tas condiciones mínimas de trabajo, la flexibilización de las plantillas y la regulación del

Fondo de Garantía Salarial, constituyen materia cuya regulación debe hacerse acomodando tales

instituciones a la realidad viva en el ámbito de las empresas.

En el campo del empleo, las cifras de paro que existen en el país exigen una

respuesta de la economía que lleve consigo la creación de los puestos de trabajo necesarios. La movilidad

del trabajo habitual en una sociedad industrial moderna requiere las normas positivos adecuados, así

como los resortes de colocación, reconversión y perfecciona, miento profesional y ayuda a los

desplazamientos territoriales, así como acciones especiales para proporcionar trabajo temporal en aquellas

zonas de! país más afectadas por la coyuntura de desempleo.

La Seguridad Social necesariamente debe acomodarse a los esquemas financieros da los países del área

europea que nos circundan mediante una mayor aportación del Estado a sus recursos A estos efectos hay

que proceder a una reforma que contempla;

a) La mejora de la gestión, íncorporondo a la misma criterios empresariales, la reestructuración de las

actuales entidades gestoras, un programa de descentralización y la tecnifícación de tos unidades de

dirección de la Seguridad Social.

b) El replanteamiento de la asistencia sanitaria, en especial en el campo de la medicina asistencia!

primaria, con reordenación de Ja prestación farmacéutica y creación de una entidad gestora especializada

que mejore los niveles de asistencia sanitaria, en el contexto de principios de responsabilidad,

concurrencia y eficacia.

c) La implantación de nuevos criterios de gestión económica financiera, pues la excesiva carga que

supone para las empresa hace necesaria una reordenación de su financiación, con una progresiva

aportación del Estado.

d) El control parlamentario y la representatividad de los órganos de vigilancía.

Monetaria:

— Liberalización progresiva de las tipos de interés»

— Mayor flexibilidad a Sos créditos a corto plazo del Banco de España.

Política Laboral;

— Libertad sindical para trabajadores y empresarios,

— Reforma de la normativa en materia de huelga.

Política Industrial y Energética:

— Reestructuración de la acción del Estado en el sector petrolífero.

— Practicar precios reales en la energía,

XII.—Cuadro macroéconómico para 1977

Establecidos los criterios de actúa, don en materia económica y social y congruente con ellos se presenta

a continuación el cuadro macroeconómico para 1977.

El cuadro se basa en una tasa objetivo de crecimiento del Producto Interior Bruto para 1977 del 3,5 por

100. Hay tres aspectos que deben considerarse básicos:

1 Las tasas de crecimiento del Producto Interior Bruto por el lado de !a oferta se consideran

alcanzables.

2 Para alcanzar la tasa de crecímiento previsto (3 por 100) de la Formación Bruta de Capital, resulta

imprescindible estimular la inversión privada y promover una inversión pública muy selectiva, adicional a

la que figura en e! programa de inversiones públicas, del orden de "los 50.000 millones de pesetas, qué

debe materializarse en el ejercicio 1977.

3 Las tasas de crecimiento de las disponibilidades líquidas y de crédito al sector privado que implica el

cuadro macroeconómico deben permitir una moderación de la tasa de inflación de la economía española.

La estrategia adoptada para 1977 supone, como se deduce del cuadro, conferir especial importancia a un

sensible aumento de la demanda interior, considerando la inversión como la variable motriz en relación

con 1976, y al mismo tiempo mantener el ritmo de crecimiento real de las exportaciones habido en el

ejercido anterior, por otra: parte coherente con las estimaciones existen, tes en el seno de la OCDE para

este año en cuanto se refiere al comercio mundial.

Es importante poner de manifiesto que para alcanzar la tasa prevista de formación bruta de capital a través

de la inversión pública no hay que descartar la posibilidad de tener que recurrir a la financiación exterior.

A este respecto conviene también precisar que al valorar nuestro endeudamiento exterior debe tenerse en

cuenta no sólo la cuantía y plazos de nuestra deuda viva, sino también nuestra posición acreedora frente al

exterior, que reduce de manera apreciable al volumen total de aquélla.

A estos efectos se exponen a continuación los datos más significativos de nuestra posición exterior a 31

de diciembre último.

Endeudamiento total de la economía española con el exterior: 10.767 millones de dólares.

Parte del endeudamiento anterior correspondiente al sector público o garaa. tizado o avalado por el

Estado: 6.035 millones de; dólares.

Reserva neta de divisas: 4.952 millones de dólares.

Posición acreedora de España por operaciones de exportación a medio y largo plazo: 3.000 millones de

dólares.

Miércoles 23 febrero 1977

 

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