Autor: Pujol, Carlos. 
 Legal, ilegal, alegal. 
 Una teoría inquietante     
 
 Informaciones.    08/02/1977.  Páginas: 1. Párrafos: 7. 

Legal, ilegal, «alegal»

LEGAL o legítimo son sinónimos de uso habitual, para cada uno de cuyos vocablos son válidas las

mismas interpretaciones. La legitimidad de un acto, privado tanto como público, será su adecuación a lo

previsto en el orden jurídico establecido. Las leyes, decretos, reglamentos, órdenes, ordenanzas,

componen el entramado mediante el cual se regulan, con arreglo a un criterio determinado, las situaciones

múltiples que integran las relaciones entre quienes constituyen la sociedad. Quien compra un objeto y lo

paga, quien usa un servicio y lo abona, cumplan la ley; quien causa un perjuicio y lo indemniza, incumple

primero y cumple después la ley Imaginar una comunidad en la que nadie infringiera el orden legal es

quimera y antasía. Ni siquiera el primer hombre fue capaz de observar la norma, y comió la manzana.

Aquella debió ser, por tanto, la primera ilegalidad cometida por nuestra especie. Había, pues, una ley;

hubo una infracción; se aplicó el castigo. Para eludirlo, no sirvió de atenuante la extraordinaria presencia

de Eva, con sus evidentes dotes suasorias. El Señor no se dejó impresionar...

Frente a la idea de legalidad surge. por tanto, la contraria: existe ilegalidad cada vez que se quebranta el

precepto en vigor. Y existen unos principios morales de rango universal, generalmente adoptados como

validos en todo sistema jurídico. No matar, no robar, por ejemplo, son prohibiciones que tienen categoría

imperativa en el mundo y figuran en los códigos correspondientes. Las diferencias comienzan en cuanto

pasamos del campo de lo privado o la esfera de los derechos públicos, de la estructura del Estado y de sus

instituciones. El Estado, en efecto, ha de montar sus apoyos, ha de coordinar sus cimientos, Y tiene que

ampararlos si no quiere verlos desaparecer, arrastrando consigo a la sociedad que lo integra. Esto lo hacen

todos. De suerte que el Derecho francés, y el alemán, y el ruso, y el Inglés, y el norteamericano, han

previsto sanciones para los actos, los propósitos, individuales, o colectivos, cuya finalidad ulterior sea o

intente ser las alteración del orden establecido, el cambio violento de lo vigente.

No bay duda alguna de que quienes esta realizan están cometiendo claramente una ilegalidad, quedan

fuera de la ley. Tampoco hay duda de que en el cumplimiento de ésta habrá que imponerles la norma, con

el juego ulterior de las matizaciones que ella misma prevé. Pero si la ilegalidad existe, el Estado y, en su

nombre y representación, los órganos encargados de combatirla, tienen inexcusablemente que restablecer

su imperio. Cualquier injerencia del ejecutivo en la función judicial encaminada a entorpecer su misión, a

dilatarla, a detenerla, constituye un inequívoco abuso de poder.

De allí que nos haya sorprendido profundamente la postura que ha defendido un alevín de hombre pública

en un coloquio celebrado ante las cámaras de televisión. Según su criterio, además de la legalidad y la

ilegalidad existe una figura intermedia —que en el orden vital seria el hermafrodita, y en el metafísico el

ectopiásmico, suponemos— de acuerdo con la cual, en la España de hoy cabe, debe caber, la infracción

de la ley, sín que ésta se aplique: estaríamos en lo que el distinguido opinante denomina la «alegalidad»,

término este que no existe en el diccionario de la Academia ni en ninguno de los ordenamientos vigentes

y conocidos, salvo error por nuestra parte. Porque se trataría, en suma, de la situación que resulta de un

quebrantamiento de la norma no castigado ni sancionado, por así quererlo el Gobierno, manifestada tal

voluntad, de forma inequívoca al estamento judicial y al gubernativo. Ese dislate jurídico, que al

exponente en cuestión le parecía plausible, se referia, naturalmente, a la situación creada por cuantos

desprecian lo dispuesto en materia de opinión, manifestación y asociación. Estamos, vino a decir quien,

por cierto, milita en uno de los partidos del momento, en un periodo de transición, en un paréntesis

evolutivo, en el que. más o menos paternalmente, deben los poderes públicos tolerar determinadas

conductas, que son producto de la anormalidad del momento, de la proximidad del capitulo constituyente,

de la incertidumbre de lo que ciertas leyes vayan a ser dentro de poco. Entonces, ¿por qué no la misma

óptica para los delincuentes comunes?. preguntamos nosotros.

Conocíamos que una disposición penal no debe tener efecto retroactivo: castigar actos no delictivos antes

de ser declarados tales, contraviene todos los principios de Derecho y de moral. Pero suspender sin más

los efectos de una norma punitiva, que define actos que «van» a ser, pero no que no «fueron» cometidos

antes de aquélla, es algo que no se había intentado nunca, como tampoco habíamos escuchado defender

semejante teoría ante las pantallas de la televisión, que es órgano oficial.

Por fortuna, otro de los intervinentes en la sesión, persona de profunda formación jurídica, clausuró el

turno de opiniones pidiendo simplemente que se aplicara la ley en vigor, y que si no gustaba se procediera

a cambiarla. Era la actitud ortodoxa, era la de quien crece en el Estado de Derecho y en la necesidad

filosófica y pragmática de que la fuerza de aquél se aplique a la observancia de éste. Si es que los

ciudadanos merecen vivir bajo la tutela de un sistema legal efectivo, y no en plena anarquía; que, en

nuestro caso, estaría no por mucho tiempo ciertamente presidida por la Corona...

 

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