Autor: Ruiz Gallardón, José María. 
   Una sentencia francesa     
 
 ABC.    05/09/1976.  Páginas: 1. Párrafos: 6. 

ABC. DOMINGO 5 DE SEPTIEMBRE DE 197?

APUNTE POLITICO

UNA SENTENCIA FRANCESA

Por José María RUIZ GALLARDON

Según las referencias aparecidas en la Prensa de Madrid, el conocido etarra Francisco Javier Aya Zulalca

ha sido condenado por el Tribunal de Bayona a la pena de tres años de prisión como autor de un delito de

extorsión de fondos a industriales españoles con amenazas de muerte y realización de actividades en favor

de una organización política prohibida en Francia como es E. T. A. Dos de los tres años de condena

tienen carácter condicional.

Lo que me importa destacar de esta sentencia —cuyo texto literal desconozco— es el hecho de la

consideración como delito, de lo que es delito en cualquier país civilizado. No, no se trata de una

tautología. Lo que ocurre es que hemos asistido recientemente —estamos asistiendo todavía— a una

especie de inflación jurídica del delito político. Me explicaré. Un ciudadano cualquiera, un sujeto de

derecho en términos forenses, transgredía una ley común —en este, caso amenazaba—, y si su

motivación era de índole política, sus actos parecían lícitos. De esta suerte, conductas claramente

antijurídicas, perfectamente tipificadas en los textos penales, quedaban cubiertas por el velo de la

impunidad, cuando no con un cierto aroma de lo heroico. A muchos ciudadanos corrientes parecía —

dadas las campañas de Prensa montadas al efecto— que los tales delincuentes eran víctimas de una

justicia opresora. Y no hay tal.

Una organización judicial civilizada, como la francesa, ha venido, a mi juicio, a poner las cosas en su

sitio, o, por mejor decir, a reiterar lo que es doctrina común. ¿Se trata de dos figuras delictivas penadas en

el Código francés, la extorsión y las actividades en favor de una asociación política prohibida en el vecino

país? ¿Se trata de hechos cometidos en Francia por lo que son competentes aquellos Tribunales? ¿Se

comprueba que el autor de los mismos es el acusado? Pues se condena, lisa y llanamente. Nadie tiene el

menor motivo justificado de escándalo.

Buena lección, no para nuestros jueces, que no la necesitan, sino para nuestros políticos. Cuando se

cometen hechos previstos y penados en las leyes, se castiga. La motivación del agente, por muy política

que sea, influirá en el fallo a modo de atenuante —si es que hay fugar a ello—, pero el delito sigue

siéndolo y se pena al autor, al cómplice y al encubridor.

¿O cree alguien que las amenazas, las lesiones, los homicidios, los asesinatos, etcétera, dejan de ser actos

condenables por los Tribunales por el hecho de ser sus autores sujetos «políticamente motivados»?

Importante sentencia ésta del Tribunal de Bayona. Digna de meditación.

J. M. R. G.

 

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