Autor: Villar Arregui, Manuel. 
   Bloqueo a la función del Senado     
 
 Informaciones.    10/11/1977.  Páginas: 1. Párrafos: 10. 

Bloqueo a la función del Senado

HA transcurrido casi un año desde que las Cortes orgánicas aprobaron la ley para la Reforma Política,

refrendada por el pueblo español el 15 de diciembre de 1976. Ningún período, como el que Se extiende

desde entonces hasta ahora, ha sido tan rico en acontecimientos políticos, sociales y económicos en la

reciente historia de España. Ello explica que el contexto en qué la ley para la Reforma Política fuera

aprobada haya caído viríual-mente en el olvido.

Por entonces todavía estaba en vigor la bipolaridad dialéctica entre reforma y ruptura. Don Manuel Fraga

había trazado en sus proyectos de reforma, para los que recabó el consenso de una representación del

Consejo Nacional del Movimiento, las líneas de un futuro Parlamento bicameral. Desde la óptica de

aquella reforma, las Cortes que hubieren de sustituir a las que, a la sazón, tenían prorrogada su legislatura,

habrían dé limitarse a modificar las Leyes Fundamentales en que se enmarcó, con pretensiones jurídicas,

el conglomerado institucional del régimen autoritario. La ley para la Reforma Política, cuyo proyecto se

originó en el seno del primer Gobierno de don Adolfo Suárez, mantuvo el sistema bicameral. Sin duda, tal

diseño fue una concesión a grupos poderosos dentro de la oligarquía aún dominante. El sistema

mayoritario para la elección de senadores, en concurso con el hecho de que su número fuera idéntico para

cada provincia, con independencia del número de sus habitantes, constituía, a la luz de la situación

política de hace un año, una válvula de seguridad para oponer resistencia a veleidades constituyentes qué

pudieren originarse desde el Congreso de los diputados.

Ya entonces, desde la perspectiva de grupos y de partidos democráticos, se hizo una dura crítica al

sistema bicameral para la creación de unas Cortes Constituyentes. Pero el argumento no era ni podía ser

válido frente a las Cortés orgánicas y al Consejo Nacional del Movimiento, que pretendían perpetuar las

Leyes Fundamentales dé la época anterior. El Senado, en su origen político, se concibió como una

garantía de que las llamadas Leyes Fundamentales podrían sel- modificadas, pero, en ningún caso,

desplazadas por el resuelto propósito de elaborar una Constitución democrática de nueva planta.

Las elecciones del 15 de junio dieron a Alianza Popular sólo dos escaños en el Senado. La Comisión de

Constitución del Congreso ha designado la ponencia que elabora el primer borrador de Constitución. Hoy

nadie discute que las actuales Cortes son Constituyentes. A esta luz, el actual Senado puede parecer un

órgano disfuncional dentro del sistema. Es verdad que su composición no es idéntica a la del Congreso,

pero no es menos cierto que, a la hora de las votaciones, él Senado no se apartará un solo ápice de las

resoluciones que el Congreso previamente haya adoptado.

La llamada Cámara Alta tiene, no obstante, una . grave función que cumplir, aunque su presente

estructura haya de ser presumiblemente modificada en profundidad, en la Constitución que se redacta. Es

evidente que el Senado del futuro habrá de ser la Cámara en la que se exprese la solidaridad de las

distintas regiones de España y en la que se debatan las controversias interregionales para superarlas en el

horizonte de armonía del Estado español. Ese futuro Senado, con toda probabilidad, tendrá un ámbito de

competencia objetivamente fijado en la propia Constitución. No es difícil adivinar que aquélla se

orientará en la dirección de la unidad del Estado y de la pluralidad de las regiones. Cuanto concierne a las

relaciones exteriores de España, a su defensa, a la planificación económica y a su distribución entre las

regiones

Por Manuel VILLAR ARREGUI

serán esfera de atribuciones conferida al conocimiento, al enjuiciamiento y a la decisión del Senado.

Podrá y deberá ser, además, órgano de fiscalización de las tareas del Ejecutivo en específicos sectores de

su actuación.

Pero lo que ahora urge e importa es que el Senado encuentre el espacio de su acción política, como

Cámara colegisladora. Su función más obvia debiera consistir en estudiar los proyectos de ley elaborados

y aprobados por el Congreso de los Diputados, con el fin de perfeccionarlos. Esta es la típica función qué

las Constituciones que consagran el sistema bicameral atribuyen a la segunda Cámara.

Grupos parlamentarios del Senado, no dependientes de la disciplina de partido, han tratado, con meritorio

esfuerzo, de cumplir esta función de perfeccionamiento de un proyecto de ley, en la primera ocasión que

se les ha brindado. Lo han hecho desde un criterio de racionalidad jurídico-política. Esos grupos son

conscientes, por razón del número de senadores que los nutren, de la inviabilidad de alterar

sustancialmente el signo político de los proyectos de ley aprobados por el Congreso de los Diputados.

Blas ello no hubiera debido ser obstáculo para qué el Senado acoja sus iniciativas en cuanto

éstas se orienten al logro de leyes más claras, más precisas, más atenidas a las exigencias de la técnica

jurídica inspirada en principios democráticos, y, por lo mismo, más útiles para el servicio de la

comunidad.

Es cierto que la situación actual constituye un reto a la imaginación de los senadores para que ellos

mismos sean cauces de acción creadora y útil al servicio de la comunidad. Pero sería decepcionante que,

mientras tanto, el Senado apruebe sistemáticamente los mismos textos de ley que el Congreso le remita

para su examen.

Todo texto legal es perfectible. Si el Senado no acierta a enriquecer con nuevos matices o a superar

formulaciones redactadas por el Congreso habrá extendido el acta de su propia incapacidad.

En este trance de cambio político radical, es necesario que el pueblo español coavocado a las urnas para

elegir diputados y senadores no experimente el sabor amargo de la desesperanza por la inoperancia de las

nuevas instituciones. Los partidos mayoritarios debieran tener presente que hay un interés superior al

literal respeto de sus compromisos coyunturales. Ese interés superior es el de la democracia, y se

identifica con el esfuerzo por prestigiar las instituciones democráticas mediante la apertura a éstas de un

campo ilimitado para el ejercicio de su función.

 

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